Sentencia Definitiva nº 397-2007 de Sala de Lo Contencioso Administrativo, 21 de Octubre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 402560178

Sentencia Definitiva nº 397-2007 de Sala de Lo Contencioso Administrativo, 21 de Octubre de 2009

Fecha de Resolución:21 de Octubre de 2009
Emisor:Sala de Lo Contencioso Administrativo
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397-2007

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las catorce horas del día veintiuno de octubre de dos mil nueve.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por el señor Francisco Orlando Velasco contra el Ministro de Hacienda, por la denegación presunta que se perfiló ante la petición realizada el trece de junio del año dos mil siete; por medio de la que se solicitó la programación del pago de la compensación económica a la que dio lugar la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 820, del trece de enero de dos mil, publicado en el Diario Oficial No. 31, tomo 346, del catorce de febrero del mismo año (en adelante Decreto Legislativo No. 820), que contiene las reformas a la Ley de Privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones.

Han intervenido en el juicio: el señor Francisco Orlando Velasco, como parte actora; el Ministro de Hacienda, como autoridad demandada; y, en representación del Fiscal General de la República, la licenciada Karla Elizabeth Muñoz Durán.

I. CONSIDERANDOS:

A. ANTECEDENTES DE HECHO ALEGATOS DE LAS PARTES 1. DEMANDA a. Acto impugnado y autoridad demandada El demandante dirige su pretensión contra el Ministro de Hacienda por la desestimación presunta de la petición realizada el trece de junio del año dos mil siete, mediante la cual se solicitó que se programara el pago de la compensación de veinticinco mil colones que por derecho adquirido le correspondía, en atención a lo prescrito en el Decreto Legislativo No. 820, que modificó el artículo 47 letra g) de la Ley de Privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, en adelante Ley de Privatización de ANTEL.

b. Circunstancias El peticionario, amparándose en el Decreto Legislativo relacionado, presentó el trece de junio del año dos mil siete una solicitud al Ministro de Hacienda, en la cual pidió se programara el pago de la compensación que por derecho adquirido le correspondía, en atención al artículo 47 letra g) la Ley de Privatización de ANTEL. El actor alega que cumple con todos los requerimientos legales para que se le conceda tal compensación porque, en primer lugar, está jubilado y, además, no se encuentra comprendido en ninguna de las exclusiones previstas en la referida ley.

Es, pues, ante la pasividad de la Administración Pública demandada y habiendo transcurrido sesenta días hábiles -a que hace referencia el artículo 3 letra b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa- sin que se haya emitido una respuesta a la solicitud del pago de la compensación, que la parte actora entiende se ha configurado un acto denegatorio presunto y, consecuentemente, desestimado su petición en sede administrativa.

a. Argumentos jurídicos de la pretensión La parte demandante afirma que con el acto denegatorio presunto se ha violado el artículo 18 de la Constitución, ya que el Ministro de Hacienda no emitió resolución alguna contestando la petición que formalmente, y por escrito, le presentó el trece de junio del año dos mil siete.

El actor se ampara en el Decreto Legislativo No 820, antes detallado, que contiene la reforma al artículo 47 letra g) de la Ley de Privatización de ANTEL. En tal disposición, se determinan los requisitos necesarios -los cuales aduce cumplir-para gozar de la cantidad de veinticinco mil colones, en concepto de compensación por las prestaciones a las que tenía derecho y que ya no gozaría debido a la privatización que inició la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

En concordancia con lo anterior, hace hincapié en el hecho que la disposición citada establece las personas que están excluidas de gozar de tal beneficio, pero que él no se encuentra dentro de éstas y, además, que a la fecha no se le ha pagado aún dicha compensación. Por ello sostiene que se ha incumplido con la mencionada disposición y se ha vulnerado su derecho a recibir la referida compensación.

b. Petición El demandante solicita que en la sentencia se declare la ilegalidad del acto denegatorio presunto en que incurrió el Ministro de Hacienda, que la autoridad le conteste de forma expresa la petición realizada y, también, que se le indemnice por los daños y perjuicios ocasionados por la actitud ilegal del referido funcionario.

2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Este Tribunal admitió la demanda, tuvo por parte al señor Francisco Orlando Velasco y requirió informe a la autoridad demandada, dentro del término de cuarenta y ocho horas, para que se manifestara respecto del acto denegatorio presunto que se le atribuyó en la demanda, conforme a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

3. INFORMES DE LA PARTE DEMANDADA El Ministro de Hacienda, al evacuar el primer informe requerido por este Tribunal, expresó que no eran ciertos los hechos que se le atribuyen en la demanda.

Esta Sala ordenó a la parte demandada rendir el informe a que hace referencia el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. A su vez, se ordenó notificar al Fiscal General de la República la existencia del proceso, para los efectos del artículo 13 de la citada ley.

La autoridad demandada, al rendir el segundo informe requerido, manifestó que no se ha trasgredido el derecho de petición del demandante y que su actuación ha sido legal. En relación con la vulneración del artículo 18 de la Constitución, el Ministro de Hacienda aseveró que el proceso contencioso versa sobre la legalidad de la denegación presunta de la solicitud de compensación económica interpuesta por el actor y no respecto a la trasgresión del derecho constitucional de petición.

El principal argumento de legalidad que esgrime la parte demandada versa en la idea que no se configuró la denegación presunta, ya que no se cumplen los requisitos para que se materialice tal ficción procesal. Lo anterior lo sustenta en las siguientes explicaciones:

a. El peticionario fundamentó su reclamo en la falta de respuesta a su solicitud de programarle el pago de la compensación económica, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Privatización de ANTEL, reformado por el Decreto Legislativo No. 820.

b. Para que pueda configurarse la denegación presunta, como parte del silencio administrativo, es necesario que la Administración Pública -ante la cual se presenta la solicitud- se encuentre obligada a emitir un pronunciamiento sobre lo pedido.

c. La Ley de Privatización de ANTEL establece claramente las personas que tienen derecho al beneficio de la compensación económica y la autoridad competente para hacerla efectiva, para el caso es la Comisión Liquidadora de los Bienes Remanentes de ANTEL, conforme lo prescribe el citado artículo 47.

d. El artículo referido por el actor fue reformado por el Decreto Legislativo No. 141, del seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, publicado en el Diario Oficial No. 218, tomo 337, del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete (en adelante Decreto Legislativo No. 141), en el cual se adicionaron las letras f) y g). En la última reforma se instituyó el pago de una compensación económica de veinticinco mil colones a cada uno de los ex-empleados de la institución, por todas las prestaciones que la Administración extinta le otorgaba a sus jubilados, y se determinó que tal compensación se pagaría mediante un sólo desembolso, de conformidad con el listado que tiene registrado la Comisión Liquidadora de los Bienes Remanentes de ANTEL. En consecuencia, se eximió al Ministerio de Hacienda de cualquier responsabilidad u obligación con los respectivos jubilados posteriormente.

e) La ley en discusión, que se toma de base para solicitar la compensación, no otorgó facultades potestativas al Ministerio de Hacienda para resolver a lo pedido por el demandante.

La autoridad demandada, con la intención de garantizar el Estado de Derecho de su entidad y su relación con los administrados, recibió la solicitud presentada por la parte actora, a efecto de analizar e investigar en la documentación archivada del proceso de privatización si el peticionario se encontraba comprendido en el listado de beneficiarios que señalaba la ley. Se hace hincapié en el hecho que el Ministerio realizó tales diligencias porque el demandante no presentó, junto con su solicitud, la documentación que respaldaba su petición. Tales diligencias se siguieron para acatar lo prescrito por la ley, que estipula que el referido pago se ejecutaría con base en un listado elaborado por la Comisión Liquidadora sobre el cual debía circunscribirse la acción del Ministerio.

La parte demandada justificó la dilatación de la respuesta al peticionario, en el largo período de tiempo transcurrido desde la privatización de ANTEL (mil novecientos noventa y siete) hasta el momento de presentación de la solicitud (dos mil seis). Además, no se contaba con la información necesaria para contestar la petición del actor de forma inmediata. En ese sentido, afirma que tuvo que designarse un personal específico para indagar la información pertinente, a fin de verificar si el solicitante estaba incluido en el listado de personas beneficiarias con la compensación o, si por el contrario, ya había recibido beneficio alguno como trabajador de ANTEL. De lo cual se comprueba que la institución invirtió tiempo y personal para dar una respuesta al peticionario, con el objeto de garantizar su derecho de respuesta, a pesar que no era la autoridad competente para ampliar el listado y programar los pagos a nuevos beneficiarios.

Finalmente, el Ministro de Hacienda concluyó que el demandante no figura en el listado de beneficiarios y, además, que él no es competente para incluirle en la lista y ordenar el pago en concepto de compensación económica. Por tanto, sostiene que no existió denegación presunta, a lo cual se debe sumar que el peticionario...

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