Sentencia Definitiva nº 204-2006 de Sala de Lo Contencioso Administrativo, Marzo 09, 2009

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204-2006

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las catorce horas veintisiete minutos del nueve de marzo de dos mil nueve.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por la sociedad SERVICIOS DE MERCADEO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL, que se abrevia SERMERINT, S.A. DE C.V. y también SERMERINT, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, por medio de su apoderado general judicial, licenciado José Ricardo Chavarría Tablas, impugnando la ilegalidad de la resolución pronunciada por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.

Han intervenido en el juicio: la parte actora, en la forma antes indicada; el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, como parte demandada; y la licenciada Thelma Esperanza Castaneda de Monroy en su carácter de delegada y representante del Fiscal General de la República.

I. CONSIDERANDOS:

A. ANTECEDENTES DE HECHO ALEGATOS DE LAS PARTES a) Actos Impugnados y autoridades demandadas.

La parte actora dirige su pretensión de ilegalidad contra la resolución pronunciada por Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor de las ocho horas cincuenta minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil seis, mediante la cual se resuelve sancionar a la sociedad demandante con multa por haber cometido la infracción prevista en el artículo 44 letra e) de la Ley de Protección al Consumidor.

b) Circunstancias.

La empresa SERMERINT, S.A. de C.V. conocida como "Club Sermerint" celebra contratos de afiliación de membresía con los compradores, la cual le permite a los usuarios recibir diferentes servicios para vacacionar, entre ellos hoteles y reservaciones con tarifas preferenciales, programar su descanso con ahorro' significativo y a su vez proporciona más acceso a turismo en hoteles de alta calidad.

La sociedad actora fue demandada por la Presidenta de la Defensoría del Consumidor ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, alegando infracciones a la Ley de Protección del Consumidor y la existencia de violación a derechos difusos, ya que existían cláusulas abusivas en los contratos de afiliación a membresía utilizado por SERMERINT, S.A. de C.V.

El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor en su resolución estableció: a) inexistencia de derechos difusos por considerar que la infracción existía en la redacción del contrato quedándose en un ámbito abstracto y no concreto en la lesión de los derechos del consumidor, y b) existencia de cláusulas abusivas. En relación a este segundo punto la Administración Pública realizó un estudio al contrato de afiliación e hizo observaciones a cuatro cláusulas del mismo. En razón de lo anterior manifiesta la parte actora que realizó un estudio minucioso del relacionado contrato con la finalidad de subsanar las observaciones apuntadas, y posteriormente con el fin de garantizar el apego del nuevo documento contractual a la Ley sometió a revisión el contrato a la Presidencia de la Defensoría del Consumidor.

Por otra parte, manifiesta la sociedad actora que el Tribunal Sancionador antes relacionado estableció en su resolución que "No percibe este Tribunal que haya existido dolo en la inclusión de las cláusulas abusivas, lo que incide en la valuación de la sanción respectiva". No obstante se le sancionó con una multa de ocho mil Dólares de dos Estados Unidos de América equivalentes a setenta mil Colones.

c) Argumentos jurídicos de la pretensión.

La sociedad demandante hace recaer la ilegalidad de los actos controvertidos en:

a) Violación del Principio de Proporcionalidad en relación a la infracción - sanción, y b) Transgresión a principio constitucional regulado en el artículo 113 de la Carta Magna.

d) Petición.

Que se declare la ilegalidad de la resolución impugnada y se modifique la resolución respecto de la cuantía de la multa impuesta por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.

2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.

Se admitió la demanda, se tuvo por parte a la sociedad SERVICIOS DE MERCADEO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; se solicitó a la parte demandada rindiera el informe de ley; y se suspendió provisionalmente la ejecución de los efectos del acto administrativo impugnado (folios 14).

3. INFORMES DE LAS PARTES DEMANDADAS.

La autoridad demandada al rendir el primer informe requerido admitió haber emitido el acto impugnado y a su vez remitió el expediente administrativo relacionado con el presente proceso.

De conformidad a lo regulado en el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se solicitó nuevo informe a la autoridad demandada, se confirmó la medida cautelar y se ordenó notificar el presente proceso al Fiscal General de la República.

Posteriormente al rendir el informe justificativo la autoridad demandada señaló:

I. Que respecto al principio de proporcionalidad, lo que la sociedad demandante se encuentra reclamando es la cuantía de la multa que considera excesiva y no la imposición legal de la misma.

Que ese Tribunal reconoce que el principio de proporcionalidad tiene plena aplicación en el procedimiento administrativo sancionador previsto por la Ley de Protección al Consumidor, aún cuando no aparezca expresamente mencionado en la misma. El artículo 49 de la norma en comento impone la necesidad de apreciar ciertos criterios al momento de determinar la multa, una vez haya concluido su procedencia, los cuales en el presente caso han sido justa y debidamente observados razón por la cual no puede considerarse como excesiva la cuantía de la multa impuesta a la actora, aplicando correctamente las reglas de dosimetría punitiva correspondientes.

Que las razones por las cuales se puede considerar la reacción represiva por parte del Estado es acorde a la gravedad de los hechos ilícitos cuya existencia se comprobó en contra de SERMERINT, S.A. DE C.V. son las siguientes:

1) En primer lugar, debe de tomarse en cuenta que el primer juicio de proporcionalidad de la sanción asignada al infractor está realizado por al misma Ley de Protección al Consumidor. Esta normativa clasifica las diferentes infracciones en leves, graves y muy graves, las cuales tienen un límite en la sanción imponible. En cuanto a este primer parámetro se puede apreciar del texto de la resolución impugnada, que la sanción impuesta a la sociedad demandante se encuentra dentro del rango de las multas previstas legalmente, no para las sanciones muy graves, sino por el contrario, correspondiente a las sanciones leves, no obstante de haberse comprobado el cometimiento de una infracción regulada como muy grave artículo 44 letra e) de la Ley de Protección al Consumidor- consistente en la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

2) En segundo lugar, se ha dado expreso cumplimiento al artículo 106 de la Ley de Protección al Consumidor en cuanto a la obligación inherente de motivar la resolución por la cual se fija la multa a imponer, pues de su lectura se constata que se valoró el grado de intencionalidad de la actora, y por ello se impuso una sanción próxima al límite superior o al punto medio de los parámetros cuantitativos señalados para casos como el presente,...

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