¿Y la Ley del Agua?

Centro de Estudios Jurídicoscentrodeestudiosjuridicos.cej@gmail.comLas recientes noticias sobre la contaminación del agua potable en distintos puntos de la zona metropolitana de San Salvador, el tiempo de respuesta y la forma en la cual las autoridades administrativas competentes reaccionaron ante dicha crisis son prueba de la necesidad de fortalecer y mejorar el marco normativo en relación con el uso, provisión y manejo del agua. Lo anterior, con el objeto de garantizar una mejor calidad, distribución y utilización de la misma.La Sala de lo Constitucional ha afirmado que "el derecho al agua se adscribe interpretativamente al derecho al medio ambiente, en relación con los derechos a la vida y a la salud". En consecuencia, ese derecho implica derecho al goce, preservación y protección ante amenazas, y el "derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico". Lo anterior, según la Sala, exige que la misma "no debe contener microorganismos ni sustancias químicas o de otra naturaleza que constituyan una amenaza para la salud de las personas". Consecuentemente, el acceso a agua potable, por cañería, a nivel rural o urbano, es un derecho fundamental exigible.Actualmente, el agua como recurso hídrico está regulada por distintas normativas, tales como la Ley de Medio Ambiente (LMA), la Ley de Riego y Avenamiento (LRA) y la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), las cuales establecen competencias a diversas autoridades administrativas en relación con su uso, gestión, protección, provisión y manejo.La LMA establece que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente supervisar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico a la población nacional. La LRA establece que el Ministerio de Agricultura tiene la competencia de preparar y realizar los estudios, investigaciones, proyectos, planes y programas de aprovechamiento...