Sala pide a Fiscalía investigar delitos por exigencia de PCR

Ricardo FloresDesobediencia, actos arbitrarios, coacción e incumplimiento de deberes son algunos de los delitos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) considera que se pudieron haber cometido por incumplir la orden de no exigir una prueba PCR negativa a covid-19 como requisito para el retorno de salvadoreños y residentes permanentes en El Salvador.La Sala decidió certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los posibles delitos y "la autoría y participación de los posibles implicados" en la desobediencia.Entre los funcionarios que exigieron públicamente esa exigencia para ingresar al país están el presidente de la república, Nayib Bukele; el ministro de Salud Francisco Alabí; el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker; y el director general de Migración, Ricardo Cucalón.La Sala de lo Constitucional señaló que "a pesar de que el titular de Migración manifestó cumplir órdenes emanadas de un superior jerárquico, eso no significa que esté exento de responsabilidad, pues la obediencia a una orden inconstitucional o ilegal está proscrita por nuestro ordenamiento constitucional".El 11 de septiembre pasado, a través de un memorándum, CEPA notificó a las aerolíneas que los pasajeros que busquen viajar a El Salvador deberían presentarles un certificado negativo de PCR.Sin embargo, la Sala de lo Constitucional suspendió la exigencia porque el derecho de los salvadoreños a ingresar al país está protegido por la Constitución. De hecho, advirtió que las resoluciones judiciales son obligatorias y en caso de inobservancia de la medida cautelar se certificaría a la FGR por el posible cometimiento de delito.A pesar de la orden de la Sala, el sábado 19 de septiembre, fecha de la reapertura de vuelos comerciales en el aeropuerto internacional, Cucalón ofreció declaraciones contradictorias: primero dijo que la prueba ya no sería exigida; sin embargo, horas más tarde se retracto al decir que había mal interpretado las instrucciones del presidente Bukele y que la prohibición seguía vigente.Los magistrados constitucionalistas también detallaron ayer, en la resolución del amparo, que el Gobierno se reunió con aerolíneas...