CÁMARA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SANTA TECLA (Cámaras de Apelaciones)

La Parte demandante ha planteado, el acto impugnado es nulo de pleno derecho de conformidad al artículo 36 letra h) de la LPA; además, el acto impugnado es nulo de pleno derecho de conformidad con el art. 36 letra d) de la LPA; y, Existe nulidad de pleno derecho conforme al artículo 36 letra a) de la LPA por tratarse de actos dictados por autoridad manifiestamente incompetente.-

La parte actora, manifiesta la ilegalidad relativo a la supuesta ausencia del requisito de validez del procedimiento, tanto respecto de la orden de desclasificación de información reservada, como de la revocatoria de la resolución emitida por la Oficial de Información, la parte demandante señaló que se han omitido ciertas fases que la LPA prescribe para los procedimientos administrativos.-

Los procuradores de la coalición sindical demandante manifiestan, que la autoridad demandada se extralimitó en sus facultades; expusieron que solicitaron tres certificaciones de Laudo Arbitral al TSC, pero fueron denegadas porque el fallo del Tribunal Arbitral no contenía los requisitos de validez contemplados en el art. 119 de la LSC, dicha interpretación y aplicación ha sido calificada como “err

El procurador de la sociedad demandante sostuvo que se ha vulnerado la seguridad jurídica, básicamente porque a su juicio no se motivó el Informe de Incumplimiento para Inhabilitación de fecha 28 de mayo de 2019, emitido por el Jefe de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales del FISDL. Consideró que este constituye un acto arbitrario de informar un incumplimiento sin fundamentar las...

El actor alega la violación sobre el derecho aplicado: negativa del juzgado a aplicar las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la Administración Pública, y admitir concurrencia de nulidad absoluta.-

La parte demandante señaló que el acto impugnado se encuentra viciado de nulidad de pleno derecho por utilizar un procedimiento distinto al fijado por la ley.-

El procurador de la sociedad apelante plantea la ilegalidad del acto de administrativo por considerar que, a la fecha de emisión del respectivo acto impugnado, el procedimiento sancionador seguido ante el TSDC había caducado conforme la aplicación inmediata de las DTPARAP, específicamente sobre la base de los artículos 5 incisos 1° y 2° y 7 inciso 1° literal b).-

Se tiene por desistida la pretensión planteada por el Alcalde Municipal de Santa Tecla, contra el Instituto de Acceso a la Información Pública; y en consecuencia, se tiene por finalizado anticipadamente el presente proceso.-

Se declara inadmisible el recurso de apelación planteado, contra contra la sentencia.-

La parte apelante ha sostenido que la Jueza a Quo en su sentencia a página 31 valoró erróneamente las compras realizadas y pagadas en efectivo a los proveedores, afirmando que la interpretación textual contenida en el artículo 29-A numeral 23 del LISR provoca perjuicios no permitiendo el descubrimiento del verdadero sentido y alcance de la norma tributaria.-

El apelante señala como uno de sus motivos de apelación lo referido a la prueba indebidamente inadmitida, directamente en el punto E de la demanda, en los siguientes términos: “(...)E) Punto relativo a la denegación de prueba de parte de la Dirección General de Impuestos Internos y del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas y el aval y falta de control legal de dicha...

La parte demandante sostiene que el acto impugnado adolece de los siguientes vicios: respecto del primer acto impugnado se alega la vulneración de los principios de legalidad y razonabilidad por vulneración de los arts. 24 letra d) LAIP, 25 LAIP y el art. 40 del Reglamento de la LAIP, en relación al secreto bancario; y, respecto del segundo acto administrativo, por contravención a los principios...

El actor alega vulneración del derecho de audiencia, por cuando el Juez A quo no tomó en consideración o ignoró lo expresado por la parte actora en su demanda y al momento de subsanar prevenciones: lo peticionado en la demanda presentada, la procedencia con el proceso iniciado y errónea aplicación del derecho; Vulneración a la seguridad jurídica y el derecho de audiencia al pretender imponer una...

La parte recurrente plantea como objeto de impugnación lo referente a la errónea valoración de la prueba por parte del Juez A quo y plantea como infracciones los submotivos siguientes: errónea valoración de la prueba con vulneración a la seguridad jurídica del TEG y con incidencia en el principio de legalidad; errónea valoración de la prueba con vulneración al principio de legalidad del TEG al...

Manifiesta la parte actora que los actos administrativos impugnados son ilegales y nulos de pleno derecho por falta de motivación, por violación a los artículos 11 Cn., 100, 101 y 106 ordinal 7º numeral 5 de la LGTM, lo que genera una transgresión en sus derechos de defensa y de propiedad.-

la parte apelante sostuvo como punto de impugnación la errónea aplicación del art. 61 inciso 4° de la LSC, en el sentido de no estar de acuerdo con la medida de pleno restablecimiento de los derechos vulnerados aplicada por el Juez A quo, que consiste en condenar al Consejo Municipal De Villa Del Carmen, del departamento de Cuscatlán, A pagar tres meses de salario dejados de percibir.-

La parte actora alega la supuesta vulneración al principio de legalidad, con relación a los artículos 19 y 21 de la LAIP, en el sentido de ordenar la desclasificación de información reservada.-

La parte recurrente la subdivide en tres en parte; la primera, relaciona una omisión de valoración de la prueba contenida a folios 32 y 42 del expediente administrativo por parte del Juez A quo, en cuanto de haberse valorado se advertiría que el procedimiento administrativo sancionador no hubiese iniciado debido al avenimiento en la etapa de medios alternos de solución de conflictos; en la...

La Presidencia planteó demanda contencioso administrativa, pidiendo se declare la ILEGALIDAD y que como consecuencia se anule el acto administrativo detallado en el preámbulo de esta sentencia. siendo esta admitida, se otorgó la medida cautelar solicitada, consistente en la suspensión de los efectos del acto impugnado, Se tuvo por contestada la demanda y se convocó a audiencia inicial

El apelante a invocando aparentemente una de las finalidades del recurso de apelación regulada en el Art. 510 Ord. 3°. CPCM, bajo el epígrafe de errónea interpretación del derecho aplicado; introduce una causal de Nulidad del Laudo arbitral regulada en el Art. 68 número 2 LMCA, que según la jurisprudencia de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera sección del Centro, previamente citada,...

Se presentó demanda contencioso administrativo de la cual se dicto un auto definitivo, el cual se apela.

La parte actora ha alegado por la sociedad demandante diversos motivos de ilegalidad relativos al procedimiento de registro de marcas y otros signos distintivos.-

La parte recurrente ha solicitado como motivo de apelación, aplicar al procedimiento administrativo sancionador desarrollado por el TEG, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativo relacionada a la figura de la prescripción durante el procedimiento estipulada en el art. 34 del Código Procesal Penal.-

Proceso por satisfacción extraprocesal de la pretensión. Proceso contencioso administrativo. Expediente judicial. Nuev

La parte actora ha alegado por la sociedad demandante diversos motivos de ilegalidad relativos al procedimiento de registro de marcas y otros signos distintivos.-

La parte demandante alega la vulneración del principio de legalidad, tomando como base los arts. 58, 73 y 96 LAIP, señalando que el IAIP ha excedido las atribuciones que le ha conferido la ley al ordenar una nueva búsqueda de la información que ha sido declarada inexistente, esto con relación a que la autoridad demandada parte de una premisa errónea que es suponer que el documento debe existir.-