CÁMARA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SANTA TECLA (Cámaras de Apelaciones)

Se interpone recusación contra la Jueza Primero de lo Contencioso Administrativo, doctora IJHG, quien en lo sustancial se fundamenta, que entre la juzgadora y la abogada de la parte contraria existe un vínculo de amistad, una afinidad y relación de carácter académica y profesional, tanto es el caso que los posteos de redes sociales que se encuentran “PÚBLICOS”.-

Las autoridades demandadas solicitaron que se declarará la finalización anticipada del proceso, bajo la figura del allanamiento, por tener relación directa los actos administrativos declarados ilegales por esta Cámara en el proceso con referencia NUE: 00158-20-ST-COPC-CAM y los actos administrativos que se están conociendo en el proceso. Por lo que, esta Cámara procedió a suspender la celebración

El apelante considera que el Juez A quo le impuso una vía procesal errónea al declarar improponible la demanda por considerar que tuvo que haberse presentado conforme a lo regulado en el art. 5 de la LJCA y no de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4 de dicho cuerpo normativo.-

La parte recurrente ha solicitado como motivo de apelación, la vulneración al principio de seguridad jurídica y principio de legalidad por falta de aplicación del principio de iura novit curia por incumplimiento del instituto de la prescripción regulado en el artículo 34 del Código Procesal Penal, al procedimiento seguido por el TSDC.-

La parte demandante señala que el IAIP ha incurrido en un exceso respecto a sus potestades, pues establece una obligación para documentar las reuniones de los diputados de forma indistinta, sin establecer ningún parámetro; y que dicha obligación no se encuentra establecida en la ley.-

De la lectura de la demanda se identifica que la parte actora ha solicitado la declaratoria de ilegalidad y anulación del acto administrativo por la supuesta vulneración a los derechos de audiencia y defensa al omitirse el procedimiento regulado por la legislación aplicable a los servidores públicos del TSE; sosteniendo la parte demandante corresponder al régimen de servicio civil, por ende, al...

La procuradora de las autoridades recurrentes alega que el Juez A quo ha realizado una errónea e indebida aplicación de los artículos 120, 121 y 122 de la LGTM, ya que considera que la sociedad demandante de conformidad a lo establecido en el artículo 90 numeral 3º de la citada ley, tenía la obligación formal de informar en el plazo de treinta días a la municipalidad de San Salvador sobre las...

La parte apelante expresó como motivos de apelación que existe una interpretación equivocada por inobservancia del derecho que protege la propiedad privada y la seguridad social, y que por ende ha vulnerado el derecho de seguridad jurídica, sobre la protección de estos derechos, por parte del Estado.-

El motivo de apelación según lo planteado en el recurso de apelación y ratificado en audiencia, en síntesis, consiste en que se revoque la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, pronunciada a las ocho horas con veinticinco minutos del día veintitrés de febrero de dos mil veintidós, por inobservancia del artículo 204 número 1 de la Constitución con relación

Los procuradores de la parte recurrente exponen que el Juez A quo, incluyó las disposiciones legales referidas, pero, al momento de interpretar las mismas, se apartó del sentido con el que originalmente fueron creadas. En ese contexto, argumentaron que, en el procedimiento de licitación pública N° 01/2019 denominado “SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS”, el Hospital Nacional Rosales...

La parte actora alega la violación a la seguridad jurídica por inobservancia del precedente vertical de la Sala de lo Constitucional en las sentencias de los procesos de amparo con referencia 390-2017 de fecha 20-V-2019 y 192-2016 de fecha 04-III-2019,asimismo, las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo con referencias 243-2016 de fecha 27-X-2020 y 322-2015 de fecha 13-X-2020, con

El procurador de la impetrante plantea como motivos de apelación específicamente lo relativo a la violación a la seguridad jurídica por inobservancia del precedente vertical de la Sala de lo Constitucional en las sentencias de los proceso de amparo con referencias 390-2017 de fecha 20-V-2019 y 192-2016 de fecha 04-III-2019, entre otros.” y violación al principio de legalidad por inobservancia a...

La parte recurrente manifiesta que el agravio que se causa con el pronunciamiento de la sentencia impugnada, es que el juzgador sentenciador le vedó a su representada la protección judicial del derecho a recurrir (art. 2 Cn.) limitándole una oportunidad adicional para poder defender su derecho al patrimonio al denegar el reclamo sobre violación del derecho a recurrir causada por una...

Se admitió el recurso de apelación, estableciéndose como motivos de impugnación los siguientes: Infracción por errónea valoración de la prueba (solicitud de aplicación de la norma tributaria correcta se realizó conforme al derecho de petición y respuesta que tienen los administrados, art. 18 de la Constitución; y, el primer acto impugnado no constituye una resolución de calificación,...

Se admitió el recurso de apelación, estableciéndose como motivos de impugnación los siguientes: Infracción por errónea valoración de la prueba (solicitud de aplicación de la norma tributaria correcta se realizó conforme al derecho de petición y respuesta que tienen los administrados, art. 18 de la Constitución; y, el primer acto impugnado no constituye una resolución de calificación,...

Se admitió el recurso de apelación, estableciéndose como motivos de impugnación los siguientes: Infracción por errónea valoración de la prueba (solicitud de aplicación de la norma tributaria correcta se realizó conforme al derecho de petición y respuesta que tienen los administrados, art. 18 de la Constitución; y, el primer acto impugnado no constituye una resolución de calificación,...

El presente caso versa sobre la impugnación de la resolución definitiva dictada por el IAIP en el procedimiento NUE 206-A-2019, en la que se ordena, entre otros, al titular del MH que se entregue versión pública de copias certificadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública de ese Ministerio, del contenido de diversos correos electrónicos.-

El procurador de autoridad apelada, manifestó: “Se opone al recurso de apelación en el sentido que, tal como se esgrimió en el auto definitivo impugnado, el acto impugnado en la demanda interpuesta por la parte actora, es un acto reproductorio que de acuerdo al artículo 11 letra c) de la LJCA, está excluido del conocimiento del juzgado, es más, está excluido de deducir en alguna pretensión, por...

La parte apelante sostiene que el Juez A quo en la sentencia venida en apelación, específicamente en la parte relativa al restablecimiento del derecho violado, aplicó indebidamente el artículo 75 inciso 5° de la LCAM ordenando pagar los salarios caídos; sin embargo, expone que debió aplicar el contenido de la disposición prevista en el artículo 61 inciso 4° de la LSC, que habilita al pago...

La parte apelante sostiene que el Juez A quo en la sentencia venida en apelación, específicamente en la parte relativa al restablecimiento del derecho violado, aplicó indebidamente el artículo 75 inciso 5° de la LCAM ordenando pagar los salarios caídos; sin embargo, expone que debió aplicar el contenido de la disposición prevista en el artículo 61 incido 4° de la LSC, que habilita al pago...

La parte actora señala que la LAIP establece los supuestos para que una información sea inexistente, siendo una de ellas que nunca se haya generado el documento. Asevera que en ese sentido, la información solicitada únicamente podía ser proporcionada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ya que ninguna otra dependencia de la Corte Suprema de Justicia cuenta con los registros de las

La parte apelante planteó como motivos de agravio: falta de motivación de la sentencia y errónea aplicación del precepto legal, referente al art. 121 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.-

La parte actora alegas, la inobservancia de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional sobre los cargos de confianza, carrera administrativa y estabilidad laboral y errónea aplicación e interpretación de los arts. 4 letra “g” y 20 letra “d” de la Ley de la Escuela Nacional de Agricultura.-

El procurador de la parte apelante alega que el Juez A quo aplicó indebidamente los artículos 4, 5, 129, 130 y 131 de la LGTM, artículos 131 ordinal 6° y 204 ordinal 1° de la Constitución y los precedentes verticales correspondientes a las resoluciones dictadas por la Sala de lo Constitucional en los procesos de amparo con referencia 35-2017, 189-2015, 390-2017, 1096-2008, 596-2016, entre otras.-

El apelante plantea que el Juez A quo realizó una errónea aplicación de la norma al caso en comento, inobservando lo dispuesto en el art. 5 de las DTPARAP, ya que las disposiciones de carácter procesal o procedimental entran en vigencia de manera inmediata a los procedimientos en trámite.-