Cámara Segunda de Lo Civil de la Primera Sección del Centro, San Salvador (Cámaras de Apelaciones)

No obstante los agravios alegados en el escrito de apelación, la cámara de segunda instancia advirtió en la demanda un defecto sobre el cual se pronunció oficiosamente, anulando las actuaciones procesales a partir de la demanda, al haberse omitido por el demandante el ofrecimiento y la determinación de los medios probatorios relativos a los presupuestos de la acción reivindicatoria.

Impugnación. Definitividad de la resolución. Auto de caducidad. Centavos de dólar

Juez. Justicia. Imparcialidad judicial. Proceso

Definitividad de la resolución. Jornada ordinaria de trabajo. Centavos de dólar. Impugnación

Indemnización de daños y perjuicios. Acciones violatorias de derechos. Responsabilidad personal de los funcionarios públicos. Proceso de cobro contra el deudor subsidiario

La recurrente inconforme con el auto impugnado, sostuvo que la jueza aquo realizó una errónea aplicación de las normas, pues estimó que el contrato fundamento de la causa de pedir tenía inconsistencias que hacían inteligible dicho documento, tal defecto generó que se declarara improponible la demanda, y es ahí precisamente donde radicó la disconformidad de lo proveído, pues la resolución...

Derecho a la seguridad jurídica. Demanda mediante resolución. Cantidad. Proceso

El Estado de El Salvador, por medio de la Fiscalía General de la República, promovió proceso declarativo de enriquecimiento sin causa justificada de funcionario público, en contra del diputado propietario de la Asamblea Legislativa y su cónyuge. Luego del trámite legal correspondiente y del análisis de la prueba que desfiló en el proceso, la cámara procedió a declarar no ha lugar a la existencia...

Impugnación. Carga argumentativa

Competencia. Apoderaras judiciales. Fundamentación del recurso de apelación. Error

Error. Impugnación. Recurso apelación. Competencia

Competencia funcional. Nulidad procesal. Cámara por mandato de ley

El apelante en su calidad de demandante basó los agravios derivados de la resolución impugnada, en que el juez aquo declaró la improponibilidad de la demanda por considerar que en el documento base de la pretensión la cantidad concedida es menor a la cantidad reclamada por el actor en la demanda.

La parte apelante se encuentra inconforme con la sentencia pronunciada por la juez aquo en el proceso ejecutivo, por considerar que existe una errónea interpretación de la ley, ocasionando que se tenga por desistida de su parte la oposición que planteara al no haberse presentado a la audiencia de prueba en el proceso señalado.

El apelante alegó que el juez a quo incurrió en error al haber interpretado de manera errónea el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil, puesto que valoró incorrectamente el documento base de la acción ejecutiva, consistente en una certificación de resolución de imposición de multa de parte del Ministerio de Salud emitida en un proceso sancionatorio, a la cual dicho funcionario le...

La parte apelante expresó su inconformidad contra el auto definitivo de improponibilidad de la demanda pronunciado en el proceso ejecutivo por ella promovido, por existir errónea interpretación del derecho y de la norma procesal, causándole agravio la denegación del acceso a la justicia.

La cámara de segunda instancia en el proceso declarativo de existencia de obligación, declaró improponible la demanda por falta de legítimo contradictor al haberse demandado al Hospital Nacional Rosales, siendo una institución sin personería jurídica propia dependiente del Estado de El Salvador.

El Estado de El Salvador, por medio de la Fiscalía General de la República, promovió proceso declarativo de enriquecimiento sin causa justificada de funcionario público, en contra del ex Director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, su cónyuge, y el Banco Hipotecario de El Salvador, Sociedad Anónima, este último en su carácter de acreedor hipotecario. Luego del trámite legal...

El recurrente alegó dos motivos de apelación: El primero, consiste en la supuesta violación en perjuicio de su mandante, de las garantías procesales del principio de legalidad y derecho de defensa y contradicción; y el segundo, la errónea interpretación del derecho aplicado, específicamente la inobservancia del artículo 7 de la Ley contra la Usura.