Sentencia (Cámaras de Apelaciones)

El procurador de la sociedad actora, presentó demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Ana, por medio de la cual ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V., pretendía iniciar un proceso común a fin de determinar la ilegalidad del Estado de Cuenta de ALMACENES SIMÁN S.A. DE C.V., emitido por el Departamento de Recuperación de Mora de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, mediante el cual

La inconformidad del recurrente consistió en que se rechazó la demanda ejecutiva en virtud del documento privado autenticado de contrato de apertura de crédito rotativa para la emisión y uso de tarjeta de crédito, ya que según el juez aquo, el acta levantada por notario no cumple con lo establecido en la Le de Notariado, pues en la misma no se expresaron las cláusulas esenciales del documento...

El agravio del apelante está centrado en la aplicación que del artículo 178 Código Procesal Civil y Mercantil, hizo el Juez A quo por cuanto manifestó que evacuó la prevención realizada dentro del término de los tres días concedidos para ello, pero que el judicante no realizó de forma correcta el cómputo de dicho plazo, resolviendo por consecuencia la inadmisibilidad de la demanda. Revócase en...

La cámara de segunda instancia declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto, por falta de formalización, al no cumplir con los requisitos que en técnica de recurso de apelación exige el Código Procesal Civil y Mercantil.

La demandante pretende que en sentencia se declare la nulidad del embargo decretado en el proceso ejecutivo promovido en su contra en el Juzgado de Paz de Candelaria de la Frontera, por no existir un expediente en que conste el juicio ejecutivo ni el documento base de la pretensión, por lo que -a su juicio- dicho acto es nulo por haberse dictado en contravención a las disposiciones citadas.

Juez. Justicia. Imparcialidad judicial. Proceso

Arguyó la parte recusante que existieron anormalidades en cuanto al emplazamiento, del cual se solicitó su nulidad. Asimismo, denunció la falta de igualdad procesal para las partes, con relación a plazos de resolución y formas de notificación, razones por las cuales se denunció a la operadora judicial ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, lo cual puede inducir

La recurrente inconforme con el auto impugnado, sostuvo que la jueza aquo realizó una errónea aplicación de las normas, pues estimó que el contrato fundamento de la causa de pedir tenía inconsistencias que hacían inteligible dicho documento, tal defecto generó que se declarara improponible la demanda, y es ahí precisamente donde radicó la disconformidad de lo proveído, pues la resolución...

Derecho a la seguridad jurídica. Demanda mediante resolución. Cantidad. Proceso

El Estado de El Salvador, por medio de la Fiscalía General de la República, promovió proceso declarativo de enriquecimiento sin causa justificada de funcionario público, en contra del diputado propietario de la Asamblea Legislativa y su cónyuge. Luego del trámite legal correspondiente y del análisis de la prueba que desfiló en el proceso, la cámara procedió a declarar no ha lugar a la existencia...

Se presentó recurso de apelación pero al señalar la resolución impugnada se señaló incorrectamente la hora y fecha de emisión por lo que no se encontró en el expediente una resolución de esa fecha y se declaró inadmisible el recurso.-

El recurrente sostuvo no estar de acuerdo con la sentencia de primera instancia que declaró la caducidad de la instancia. Alegó que el juez a quo no le dio trámite a lo que establece el artículo 138 del Código Procesal Civil y Mercantil, para determinar si la inactividad que provocó la caducidad fue por fuerza mayor, tal y como se había alegado.

El apelante en su calidad de demandante basó los agravios derivados de la resolución impugnada, en que el juez aquo declaró la improponibilidad de la demanda por considerar que en el documento base de la pretensión la cantidad concedida es menor a la cantidad reclamada por el actor en la demanda.

La parte apelante expresó que por parte de la jueza de la causa se interpretó erróneamente los documentos públicos presentados, pues la argumentación de su parte de que no se acreditó la reincidencia deviene de la errónea interpretación y valoración de la prueba que realizó, específicamente del acta de comprobación de la reincidencia levantada y del auto de comisión de la fedatario que de...

La parte apelante se encuentra inconforme con la sentencia pronunciada por la juez aquo en el proceso ejecutivo, por considerar que existe una errónea interpretación de la ley, ocasionando que se tenga por desistida de su parte la oposición que planteara al no haberse presentado a la audiencia de prueba en el proceso señalado.

La parte recurrente reclamó como agravio la revisión de la valoración de la prueba, manifestando que la Jueza A-quo al pronunciar su sentencia, no tomó en cuenta prueba la prueba documental por ella presentada y con la cual se demostraba que de parte de la sociedad demandada había sido interrumpida la prescripción que corría a su favor.

El agravio invocado por la apoderada de la parte apelante consistió básicamente en que la información relativa a indicar la residencia y acreditar en legal forma la muerte del padre del causante, no es de conocimiento de su representada. Además de que la la juzgadora omitió la aplicación del artículo 314 Ord. 2° del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que se establece que están exentos de...

El apelante alegó que el juez a quo incurrió en error al haber interpretado de manera errónea el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil, puesto que valoró incorrectamente el documento base de la acción ejecutiva, consistente en una certificación de resolución de imposición de multa de parte del Ministerio de Salud emitida en un proceso sancionatorio, a la cual dicho funcionario le...

El punto apelado en el que la mandataria de la parte demandante hizo recaer su inconformidad con el auto definitivo impugnado, consistió básicamente en que la demanda fue declarada inadmisible, no obstante haber cumplido de forma correcta con las prevenciones que se le hicieran en legal forma, a pesar que dichas prevenciones eran improcedentes, pues lo que se pedía aclarar ya constaba en la...

El punto de apelación consistió esencialmente en la errónea interpretación del artículo 289 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que en la sentencia recurrida, se desestimó el pago de los intereses convencionales, aduciéndose la preclusión de la oportunidad procesal para agregar el documento que acreditaba el porcentaje reclamado.

Se presentó demanda ejecutiva, en sentencia definitiva se condeno al ejecutado pero en lo que respecta al pago de los intereses moratorios el juez aquo condeno al pago de los mismos por calculados por cada cuota del capital adeudado por lo que se apeló del mismo.-

La inconformidad del recurrente con el auto definitivo impugnado, radicó en que la Jueza A-quo rechazó la demanda ejecutiva por él promovida, declarándola improponible bajo el argumento que el documento privado de mutuo no reunía los requisitos exigidos por el artículo 52 de la Ley de Notariado, pues dijo que el notario autorizante, al finalizar el acta de legalización, no dio fe de la...

El demandante pide la Resolución del Contrato de Promesa de Venta en la que convinieron que le prometió vender al demandante una porción de terreno, que segregaría de los anteriores inmuebles; se dio una parte del precio y el resto sería cancelados al darse la aprobación de la Porción a desmembrar por el departamento de Catastro del Centro Nacional de Registros, comprometiéndose el promitente...

La parte recurrente alegó que el señor juez aquo al dictar la sentencia definitiva, infringió los artículos 71 lit. a) y 72 de la Ley del Fondo Social para la Vivienda, pues en estos artículos se establece que las certificaciones sobre sumas adeudadas al Fondo por cualquier concepto, constituyen títulos ejecutivos, y que además, pueden ser emitidas por el Director Ejecutivo o por el Gerente...

El demandante según manifiesta es propietario de cinco octavas partes, equivalentes a un sesenta y dos punto cincuenta por ciento de un inmueble, que convino en dar en arrendamiento dicho inmueble, de manera verbal, por un lapso de seis meses, para el establecimiento de un taller de reparación de vehículos pagando mensualidades anticipadas, fijas y sucesivas de ciento veinticinco dólares cada una,

La sociedad apelante alegó, por medio de su apoderado, y en base artículo 510 ordinal 2º del Código Procesal Civil y Mercantil, una aplicación indebida de las reglas del onus probandi que regula el artículo 321 del mismo Código, y que ello conlleva a una errónea interpretación de los hechos y a emitir una conclusión errónea del fallo. Alegó que no está obligada a presentar la prueba que para la...

El recurrente por medio de su apoderado expone como finalidad de la apelación la revisión de los hechos probados y la valoración de la prueba, respecto de la invasión y la posesión del solicitado. Como segunda finalidad del recurso invoca el derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate en relación a la aplicación de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad y Posesión...

Los impetrantes dijeron que en el proceso se argumentaron los motivos de oposición de conformidad con el artículo 464 Código Procesal Civil y Mercantil, y para acreditarla se ofrecieron una serie de medios probatorios, habiéndose solicitado la celebración de la audiencia especial. Sin embargo, jueza a-quo se negó a la realización de dicha audiencia y se limitó a pronunciarse sin un fundamento...

La parte apelante expresó su inconformidad contra el auto definitivo de improponibilidad de la demanda pronunciado en el proceso ejecutivo por ella promovido, por existir errónea interpretación del derecho y de la norma procesal, causándole agravio la denegación del acceso a la justicia.

El motivo por el cual el recurrente, por medio de su apoderado, recusa al señor juez ambiental de conocer del proceso declarativo común de indemnización de daños y perjuicios, consiste en que tiene conocimiento de los hechos objeto del proceso sometidos a su consideración a través del reconocimiento judicial, y haber impuesto medidas cautelares como acto previo, no obstante la existencia de una...