JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN MIGUEL (Juzgados de Primera Instancia)

La parte actora, expresa que el acto administrativo originario, relativo a la resolución de fecha 9 de agosto de 2022, emitida por la Unidad de Tributos Municipales de El Tránsito, es nulo de pleno derecho de conformidad a lo establecido en el art. 36 letra b) de la Ley de Procedimientos Administrativos, al haberse omitido o prescindido del trámite legalmente estipulado para tal efecto.-

La sociedad demandante aclara que el municipio de Jucuapa emitió dos estados de cuenta por dos torres de telecomunicaciones, pero que ella únicamente es propietaria de una torre de telecomunicaciones, la cual se encuentra instalada en dos inmuebles de propiedad privada; es por ello que hace referencia a dos ubicaciones de propiedad colindantes entre sí.-

La parte actora alega la violación al principio de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria, y en consecuencia violación al derecho de seguridad jurídica, por cuanto el art. 14 números 14.18.2.8 y 14.18.2.1 de la OTSMY, pretende regular la permanencia en propiedad privada de torres de telecomunicaciones y postes de telefonía, sin que esta contemple ningún tipo de actividad atribuible...

La parte actora, solicita se declare la nulidad de pleno derecho del acto administrativo impugnado por la falta de procedimiento previo a la sanción impuesta, de conformidad al art. 36 letra b) LJCA.-

El demandado, Municipio de Moncagua, no ha cumplido su obligación de pago a la demandante del valor de la obra ejecutada, no obstante habérsele requerido en tres ocasiones.-

La demandante planteó la ilegalidad del acto impugnado, por vicios de nulidad de pleno derecho, en razón de haberse emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la determinación de la obligación tributaria, con fundamento en los arts. 36 letra b) LPA y 106 LGTM.-

Como fundamentación jurídica, BANCO AGRÍCOLA, S.A., adujo la violación al art. 102 LGTM, por cuanto se procedió a emitir un acto administrativo de determinación sin contar con habilitación legal expresa, ya que dicha disposición no otorga competencia al ALCALDE MUNICIPAL DE ANAMORÓS, para determinar el tributo sujeto a debate.-

La demandante, PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ES, S.A. DE C.V., plantea que la disposición legal que establece un tributo por mantener torres y antenas dentro del municipio de Sensembra, es ilegal, pues -a su juicio- el municipio no realiza ninguna contraprestación, en tanto las torres se encuentran dentro de un inmueble de propiedad privada. Concluyendo que no es competencia de la municipalidad...

La parte actora alega que, debido a que los municipios no están habilitados por la constitución para decretar impuestos –al encontrarse reservado para la Asamblea Legislativa-, la creación de la tasa establecida en art. art. 3, número 5, letra i) de la ORTSMC que pretende el cobro sin una contraprestación al encontrarse sus torres en propiedad privada y no pública, es contraria al ordenamiento...

La demandada expresa Indica que, partiendo de una revisión minuciosa del expediente administrativo que lleva internamente la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, se han identificado anomalías en el proceso administrativo de adjudicación realizado a la demandante, señora NYGM.-

La demandante, SBA TORRES EL SALVADOR S.A. DE C.V, plantea que la disposición legal que establece un tributo por derecho de uso de suelo por permanencia de torres de telecomunicaciones dentro del municipio de El Carmen, es ilegal, pues -a su juicio- el municipio no realiza ninguna contraprestación, en tanto las torres se encuentran dentro de inmuebles de propiedad privada. Concluyendo que no es...

La parte actora señala, no habérsele permitido realizar la deducción de pasivos conforme a la documentación presentada. Por lo que, si la Administración tributaria municipal presentaba dudas de la misma, debió proceder a dar inicio al procedimiento de determinación de oficio establecido en los arts. 105 y 106 LGTM.-

La demandante, PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ES, S.A. DE C.V., plantea que la disposición legal que establece un tributo por mantener torres dentro del municipio de Chapeltique, es ilegal, pues -a su juicio- el municipio no realiza ninguna contraprestación, en tanto la torre se encuentra dentro de un inmueble de propiedad privada; concluyendo que no es competencia de la municipalidad regular sobre...

La demandante, PHOENIX TOWER INTERNATIONAL ES, S.A. DE C.V., plantea que la disposición legal que establece un tributo por mantener torres y antenas dentro del municipio de San Dionisio, es ilegal, pues -a su juicio- el cobro mensual de una tasa por la solo permanencia de la torre de telecomunicación que la sociedad demandante tiene instalada en el municipio de San Dionisio en terrenos de...

La parte actora alega violación al principio de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria, y en consecuencia violación al derecho de seguridad jurídica, pues considera que el art. 7 número 4 letra f) romano II de la reforma a la ORTSMA, pretende regular la permanencia en propiedad privada de torres de telecomunicaciones, sin que esta contemple ningún tipo de actividad atribuible al...

La demandante, ES TOWER I, S.A DE C.V., plantea que la disposición legal que establece un tributo por mantener torres y antenas dentro del municipio de Ozatlán, es ilegal, pues -a su juicio- el cobro mensual de una tasa por la solo permanencia de la torre de telecomunicación que la sociedad demandante tiene instalada en el municipio de Ozatlán en terrenos de propiedad privada, no se encuentra...

La parte actora, alega violación al principio de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria, y en consecuencia violación al derecho de seguridad jurídica, pues considera que el art. 7 numeral 22.5 ORTSMSM, pretende regular la permanencia en propiedad privada de torres de telecomunicaciones, sin que esta contemple ningún tipo de actividad atribuible al municipio, es decir, una...

La parte actora expresa que la Administración pública, no ha ejecutado una obligación derivada de un acto administrativo, a pesar de habérsele solicitado el pago por medio de escrito dirigido al Concejo Municipal de Alegría, omitiendo esta, pronunciarse sobre la cancelación de dicho pago al demandante.-

La parte actora alega violación al principio de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria, y en consecuencia violación al derecho de seguridad jurídica, pues considera que el art. 8, numeral 7, letra a), literal a.2) de la ORTSMET, pretende regular la permanencia en propiedad privada de torres de telecomunicaciones, sin que esta contemple ningún tipo de actividad atribuible al municipio,

La parte actora, alega violación al derecho de audiencia, de defensa y debido proceso, por este punto, recae en la falta del procedimiento determinado en los arts. 105 y 106 LGTM.-

Los entes públicos demandados alegan que Banco Atlántida El Salvador, S.A., es contribuyente del municipio en virtud de realizar una actividad económica financiera dentro de la jurisdicción de Usulután, por lo que encaja dentro de los supuestos establecidos en el art. 11 LIMU. De acuerdo a dicha disposición tributaria, la base o parámetro empleado para cuantificar el gravamen es el activo neto o...

La parte actora fundamenta su pretensión, estableciendo que, a tenor de las disposiciones legales ante dichas, la Administración pública debía resolver su petición en el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que fueron recibidas las solicitudes, habiendo finalizado ya dicho plazo, configurándose con ello el silencio administrativo positivo, según el art. 113 LPA.-

La parte demandante fundamenta su pretensión en la eventual inexistencia de una tasa. Para aquella, al encontrarse sus torres en suelo y subsuelo de propiedad privada, no se configura ninguna actividad o contraprestación por parte del Municipio.-

La demandante tiene como giro principal, el arrendamiento de espacios aéreos para la instalación de antenas y equipos de comunicación en torres, monopolos y postes, y ha instalado siete infraestructuras de telecomunicación o radio bases en propiedad privada, dentro de la circunscripción territorial del municipio de Jiquilisco, cuya función es servir de infraestructura para la instalación del...

La demandante expone que tiene como negocio o giro principal, el arrendamiento de espacios aéreos para la instalación de antenas y equipos de comunicación en torres, monopolos y postes, y que ha instalado cuatro estructuras de telecomunicación en propiedad privada, dentro de la circunscripción territorial del municipio de San Simón, cuya función es servir de estructura para la instalación del...

SBA TORRES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. funda su pretensión de ilegalidad de los actos tácitos de determinación tributaria, en la indebida aplicación del art. 6 número 6.15.3 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales del Municipio de San Miguel, aduciendo que este no hace referencia a si regula las torres que se encuentran en sitios públicos o privados, por lo que a su juicio,...

En términos generales, BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A., demanda la ilegalidad de un acto administrativo de determinación tributaria municipal emitido por la Administración Tributaria Municipal de San Francisco Gotera, en el que se determinó tributos a la referida sociedad, por la cantidad de $7,549.83 mensuales, por la referida agencia por el periodo tributario 2018, así como el acto...

La parte demandada, argumenta como defecto procesal, que el “estado de cuenta” no constituye una determinación tributaria, ni de manera tácita, y que la determinación se hizo con base en la solicitud presentada por la demandante, bajo el procedimiento de los arts. 82, 100, 101 y 102 LGTM.-

El actor indica como vicios de ilegalidad la violación al derecho de propiedad por inobservancia de los arts. 126 y 127 LGTM, y de la jurisprudencia establecida en la resolución de amparo 471-2016 de fecha 21 de abril de 2017; indica además que mediante resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil siete, en el proceso de amparo número 471-2016, la Sala de lo Constitucional determinó que es...

El actor bajo el principio de eventualidad procesal, adujo además la violación al principio de legalidad tributaria, al derecho de audiencia, defensa y debido proceso, a los arts. 72, 74 y 109 LGTM por la falta de competencia del Encargado de Cuentas Corrientes del Municipio de La Unión, al derecho de propiedad por inobservancia de los arts. 126 y 127 LGTM y de la resolución de amparo del 28 de...