Sentencia nº 130-2007 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 10 de Agosto de 2009

Fecha de Resolución10 de Agosto de 2009
EmisorSala de Lo Constitucional
Número de Sentencia130-2007
Tipo de ProcesoHábeas Corpus
Tipo de ResoluciónSentencia Definitiva

130-2007

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con veintidós minutos del día diez de agosto de dos mil nueve.

El presente proceso constitucional de hábeas corpus se inició a solicitud del licenciado A.A.R., a favor del señor G.L.D., quien está siendo procesado en el Juzgado de Primera Instancia de Tejutla, Departamento de C., por el delito de homicidio doloso.

Leído el proceso y considerando:

  1. El impetrante sostiene que el derecho de libertad del favorecido ha sido violado por el Juez de Primera Instancia de Tejutla, por los motivos que a continuación se señalan:

    El día dieciséis de mayo de dos mil siete, el señor L.D. fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil, mediante una orden judicial de captura girada por el Juez de Primera Instancia de Tejutla, a causa de un supuesto homicidio ocurrido el día dos de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

    El día cinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el Juzgado mencionado decretó auto de archivo por el tiempo de la prescripción, y habiéndose cumplido la misma, el Juez de la causa no declaró la prescripción ni las medidas derivadas de ésta, tal como sobreseer definitivamente al procesado y levantar la orden de captura girada en su contra. De acuerdo a los artículos 125 numeral y 126 del Código Penal derogado, en cuya vigencia fue cometido el delito por el cual se procesa al beneficiado, al momento de ejecutarse la captura del señor L.D. la acción penal ya había prescrito.

  2. En la forma prescrita por la Ley de Procedimientos Constitucionales, se nombró J.E., quien en lo medular expuso que de conformidad a los artículos 125 ordinal y 126 inciso último del Código Penal derogado, la acción penal para perseguir el supuesto ilícito penal atribuido a la persona del favorecido ya ha prescrito.

  3. Previo a resolver la pretensión incoada, debe advertirse que en el proceso penal consta del folio 152 al folio154, el auto de las nueve horas con treinta minutos del día veintiuno de agosto de dos mil siete, mediante el cual el Juez de Primera Instancia de Tejutla declaró extinta la acción penal por vía de la prescripción y en consecuencia sobreseyó definitivamente al favorecido, ordenándose su inmediata libertad.

    No obstante lo anterior, esta S. en base a su jurisprudencia -sentencia de hábeas corpus 113-2002 de fecha 09/08/2002- entrará a conocer de las posibles violaciones constitucionales alegadas, con la finalidad de otorgar -en caso de comprobarse el agravio constitucional- una tutela a efecto que la persona que estuvo detenida pueda optar por una vía en la que logre el resarcimiento o indemnización por los daños y perjuicios posiblemente ocasionados.

  4. De lo alegado, se infiere que el acto reclamado se traduce en una posible violación al derecho de libertad física del favorecido, en virtud que el Juez de Primera Instancia de la ciudad de Tejutla, al momento en que éste fue capturado, no declaró la prescripción de la acción penal a su favor de acuerdo a lo establecido en los artículos 125 numeral y 126 del Código Penal derogado, y en consecuencia restituirle en su derecho de libertad.

    Ahora bien, el presente fallo no está orientado a atribuirse competencias que por ley corresponden a los jueces penales, ya que esta S. no es el Tribunal competente para pronunciarse de manera general sobre la prescripción penal; sin embargo, sí a partir de la inaplicabilidad de un precepto legal por parte de un juez se genera la violación a un derecho constitucional que deviene en una restricción ilegal al derecho fundamental de libertad de una persona, esta S. se encuentra habilitada para conocer el caso en concreto con la finalidad de detener o declarar -en el supuesto que ésta ya haya cesado- la afectación constitucional.

    En razón de la falta de indicación por parte del peticionario de las categorías constitucionales por las cuales considera se ha vulnerado el derecho de libertad física del favorecido, este Tribunal en atención a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, encauzará el estudio de la pretensión dentro de los artículos 2 inciso y 15 de la Constitución de la República, referidos al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad; siendo acertado citar los siguientes fundamentos jurídicos.

    1. Sentencias de amparo número 62-97 de fecha 21-VII-98 y 424-2000 de fecha 10-10-2001. Por seguridad jurídica debe entenderse la certeza que el individuo posee, que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y autoridades competentes, ambos establecidos previamente.

    2. El principio de legalidad encuentra su asidero en los artículos 15 y 86 inciso de la Constitución, y ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Sala, verbigracia en la sentencia de amparo 148-97 de fecha 21-VII-1998, considerando IV 1: "tal principio rige a los tribunales jurisdiccionales, por lo que toda actuación de éstos ha de presentarse necesariamente como ejercicio de un poder o competencia atribuidos previamente por la ley, la que los construye y delimita. Lo anterior significa que los tribunales jurisdiccionales deben someterse en todo momento a lo que la ley establezca. Este sometimiento implica que los tribunales jurisdiccionales deben actuar de conformidad a todo el ordenamiento jurídico y no sólo en atención a las normas que regulan una actuación en específico, tal como lo establece el art. 172 inc. Cn. y el principio de unidad del ordenamiento jurídico. En virtud de lo anterior, el principio en cuestión se ve vulnerado cuando la Administración o los tribunales realizan actos que no tienen fundamento legal o cuando no actúan conforme a lo que la ley de la materia establece".

    3. Esta Sala estima oportuno citar los artículos 125 numeral , y 126 del Código Penal derogado, a efecto de evidenciar si efectivamente la omisión de la autoridad judicial demandada de no declarar la prescripción de la acción penal, implicó una inobservancia al principio de legalidad y con ello transgredió el derecho a la seguridad jurídica del favorecido, ocasionando una restricción de libertad contraria a la Constitución.

      El artículo 125 del Código Penal derogado establece: "Prescripción de la Acción Penal.- La acción penal prescribirá, salvo el caso de que la ley disponga otra cosa: 2°)- A los diez años, en los delitos sancionados con pena de prisión cuyo máximo sea superior a quince años;".

      Por su parte, el artículo 126 Pn. derogado señala: "Comienzo de la Prescripción. El tiempo de la prescripción de la acción penal comenzará a contarse: 1°)- Para los delitos perfectos o consumados, desde el día de su consumación; (...) En los casos en que se hubiera iniciado procedimiento, si se abandonare éste, el término de la prescripción comenzará a correr desde la fecha de la última actuación judicial." d) En la sentencia de fecha 16-VI-2004, dictada en el proceso de hábeas corpus número 174-2003, esta S. se pronunció sobre la prescripción de la acción penal en los términos siguientes: "la prescripción de la acción penal es entendida, como la imposibilidad de realizar el juzgamiento penal de un hecho delictivo por el transcurso de determinados plazos señalados en la ley a partir de su comisión, durante los cuales el procedimiento no se ha seguido contra el culpable, o cuando dirigido contra una persona determinada, se ha paralizado por el tiempo igualmente señalado en la ley." V.- Expuesto el argumento jurídico base para sustentar el contenido del presente fallo y habiéndose tenido a la vista los pasajes procesales vinculados con el acto alegado, es menester iniciar el análisis de constitucionalidad respectivo; en ese sentido, es dable señalar que el Juez de Primera Instancia de Tejutla, al momento de recibir al favorecido -folio 114- en virtud de haber sido capturado por agentes policiales el día dieciséis de mayo de dos mil siete, debió analizar su situación jurídica con respecto a la prescripción de la acción penal, a efecto de observar el principio de legalidad y garantizar su derecho a la seguridad jurídica, previendo una posible detención ilegal del señor L.D..

      Así, se advierte que desde la fecha en que se cometió el delito, el día dos de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve -folio 2-, hasta el día en que el señor L.D. fue capturado -dieciséis de mayo de dos mil siete-, transcurrieron aproximadamente diecisiete años con cinco meses; en ese sentido, sobre la base del principio de legalidad y el derecho fundamental a la seguridad jurídica, contenidos en los artículos 15, 86 inciso y 2 inciso de la Constitución de la República, y de acuerdo al instituto jurídico de la prescripción en materia penal, la potestad estatal para perseguir el delito por el cual se procesaba al beneficiado, ya había precluido al momento de ejecutar la orden de captura que pendía en su contra, por no haber sido posible su cumplimiento en el plazo determinado por la ley; por lo tanto, la autoridad judicial demandada debió haber constatado dicha situación y declarado la extinción de la acción penal poniendo inmediatamente en libertad al señor L.D. .

      De lo expuesto en el párrafo precedente y vista la forma de proceder por parte del Juez de Primera Instancia de Tejutla, resulta indispensable señalar que de acuerdo a los preceptos jurídicos contenidos en los artículos 125 numeral y 126 del Código Penal derogado, con estrecha relación a lo preceptuado por la Constitución en sus artículos 15 y 86 inciso 3°de la Constitución, es que la referida autoridad judicial debió cumplir con los mandatos contenidos en las disposiciones legales secundarias mencionadas y así garantizar el imperio de la ley, en el sentido de proteger los derechos fundamentales del favorecido en la forma declarada por el ordenamiento jurídico; lo anterior cobra mayor importancia desde el momento en que el beneficiado resulta afectado por la actuación judicial en su derecho fundamental de libertad.

      Mediante el presente análisis, esta S. ha logrado constatar que el modo de proceder de la autoridad judicial demandada se apartó completamente del ordenamiento jurídico secundario -Código Penal derogado-, y consecuentemente inobservó el principio de legalidad, transgrediendo derechos de relevancia constitucional, verbigracia la seguridad jurídica y libertad física del señor L.D..

      En consecuencia, habiendo sido demostrada la existencia de vulneraciones constitucionales, las cuales incidieron directamente en el derecho fundamental de libertad física del señor L.D., es que este Tribunal considera oportuno declarar que la privación de libertad sufrida por el favorecido, por un período de tres meses con cuatro días, menoscabó su derecho fundamental a la seguridad jurídica, en consecuencia, le queda expedito el derecho de promover ante el tribunal competente y conforme a la legislación procesal común, el proceso civil correspondiente, a efecto de obtener un resarcimiento por los daños morales y materiales ocasionados.

      Por todo lo antes expuesto y de conformidad a los artículos 2 inciso , 15 y 86 inciso3° de la Constitución de la República, esta Sala

      RESUELVE:

    4. Declárase haber existido violación al derecho constitucional de libertad física del señor G.L.D.,; b) en aplicación del artículo 245 de la Constitución, queda expedito al favorecido el derecho de promover ante el tribunal competente y conforme a la legislación aplicable, el juicio que corresponda para requerir la indemnización de daños y perjuicios por la vulneración constitucional señalada; c) certifíquese la presente resolución y remítase junto a la certificación del proceso penal, al Juzgado de Primera Instancia de Tejutla Departamento de Chalatenango; d) notifíquese; y e) archívese este hábeas corpus. ---J.B.J.---F.M.---J.N.C.S.---E.S.B.R.---R.E.G.B.---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---E. SOCORRO C.---RUBRICADAS.

14 temas prácticos
14 sentencias

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR