Sentencia nº 601-2013 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 8 de Agosto de 2014

Fecha de Resolución: 8 de Agosto de 2014
Emisor:Sala de Lo Constitucional
Número de Sentencia:601-2013
Tipo de Proceso:AMPAROS
Derechos Vulnerados:Propiedad, por inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria
Tipo de Resolución:Admisión
RESUMEN

Se advierte que el presente amparo se admitirá para controlar la constitucionalidad del D.M. número 1, del 2-V-2013 emitido por el Concejo Municipal de San Sebastián Salitrillo, mediante el cual se decretó la reforma de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales, específicamente, el art. 8 número 8 letra j), que determina un tributo municipal con un quantum mensual por cada torre ubicado en dicho municipio de $375.00. Tal admisión se debe a que, según sostiene el apoderado de la actora, la referida disposición vulnera el derecho de propiedad, por inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria, de su mandante, debido a que el Concejo Municipal San Sebastián Salitrillo ha establecido un impuesto, el cual no tiene competencia para decretar, pues la sociedad actora no recibe una contraprestación o beneficio por el pago del tributo impugnado. Ahora bien, es menester resaltar que al optarse por la vía del amparo para cuestionar constitucionalmente una actuación normativa imputada al Concejo Municipal, como en el presente caso, para su adecuada tramitación, la parte actora necesariamente deberá atribuirse la existencia de un agravio personal, directo y de trascendencia constitucional a su esfera jurídica, cuya existencia deberá ser acreditada durante la tramitación del proceso; es decir, lo argüido por aquella deberá evidenciar, necesariamente, la afectación a alguno de sus derechos fundamentales como consecuencia de la disposición impugnada.

 
CONTENIDO

601-2013

Amparo

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las ocho horas y veintitrés minutos del día ocho de agosto de dos mil catorce.

Analizada la demanda de amparo y escrito presentado por el abogado S.E.A.B. como apoderado de CTE TELECOM PERSONAL, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V., junto con la documentación que anexa se hacen las siguientes consideraciones:

  1. El representante de la parte actora manifiesta que impugna la reforma de art. 8 número 8 letra j) del D.M. número 1, del 2-V-2013 emitido por el Concejo Municipal de San Sebastián Salitrillo, publicado en el Diario Oficial número 119, tomo número 400 del 1-VII-2013, mediante el cual se decretó la reforma de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales -ORTSM-, disposición en la que se determina un tributo municipal en concepto de tasas por derecho de uso de suelo y subsuelo por cada torre, con un quantum mensual por torre ubicada en dicho municipio de $375.00.

    La disposición impugnada prescribe:

    "Art. 1.- Refórmese el art. 8 [...] numeral 8 Derecho por uso de suelo y subsuelo [...] N° 8 DERECHO POR USO DE SUELO Y SUBSUELO

    j) Por torres de red telefónica, cada una al mes $375.00 [-]".

    Al respecto, al abogado de la parte actora sostiene que la disposición impugnada lesiona el derecho de propiedad y la seguridad jurídica por vulneración al principio de reserva de ley en materia impositiva o tributaria de su mandante, en tanto que señala "... las municipalidades carecen de competencia para establecer tributos que graven la operatividad y funcionamiento de tal clase de infraestructuras, y de mismo modo, las municipalidades están impedidas de gravar la permanencia de los bienes que constituyen en sí dicha estructura...".

    Y es que, sostiene que el servicio de telefonía no puede prestarse sin la construcción o instalación de la infraestructura indispensable, entre ella, la instalación de postes para el soporte del cableado y que este tributo ha venido a imponer un gravamen tributario municipal que "...constituye un gasto para la producción y provisión del servicio de telefonía..."

    Así, señala que "... siendo que la disposición impugnada en esta demanda establece como hecho generador un derecho por uso de suelo y subsuelo por cada poste de la red telefónica instalada en San Sebastián Salitrillo, ello significa que mensualmente se grava el mero hecho de la permanencia de los postes en la circunscripción geográfica del municipio de San Sebastián Salitrillo; y bajo tal circunstancia, CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V., -en tanto titular de postes en San Sebastián Salitrillo- se encuentra comprendida en el ámbito personal del tributo impugnado y es, por lo tanto, directa, inmediata y realmente afectada, en forma negativa y sin necesidad de acto aplicativo, por la disposición impugnada.

    Además, sostiene que "... debe examinarse, pues, si gravar, no la instalación de una torre, sino la mera permanencia de este dentro de la circunscripción territorial del municipio ( que es lo que hace la disposición impugnada), es propio de un interés eminentemente local o si, por el contrario, tal gravamen municipal incide en el interés nacional en el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y en la potestad regulatoria del gobierno central del servicio público de telefonía: la intervención municipal de una actividad de interés nacional y cuya regulación está confiada al gobierno central, sólo se justifica si existe un aspecto concreto de municipio que la diferencie del resto del territorio municipal."

    En ese sentido, expone que la disposición impugnada ha sido creada mediante la infracción o incumplimiento de las atribuciones competenciales de las municipalidades, lo que supone una lesión al derecho de propiedad de su mandante por inobservancia al principio de reserva de ley tributaria.

  2. Expuestas las consideraciones que constituyen el relato de los hechos efectuado en la demanda, en atención al principio iura novit curia -el Derecho es conocido para el Tribunal- y al artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, realizar ciertas consideraciones referidas a los términos en que ha sido planteada la queja de la sociedad demandante.

    1. Así, se advierte que el abogado A.B. invoca como vulnerados los derechos a la seguridad jurídica y propiedad de su mandante en virtud de que, a su parecer, no existe contraprestación o beneficio por el pago respectivo lo que ocasiona perjuicio en la esfera económica de aquel.

    2. Con relación a la seguridad jurídica, -verbigracia las sentencias emitidas en los Amp. 548-2009 y 493-2009 los días 26-VIII-2011 y 31-VIII-2011, respectivamente- esta S. ha establecido que si bien el contenido del derecho a la seguridad jurídica alude a la certeza derivada de que los órganos estatales y entes públicos realicen las atribuciones que les competen con observancia de los principios constitucionales -como podría ser, en este caso, el principio de reserva de ley-, el requerimiento de tutela de este derecho es procedente siempre y cuando la transgresión alegada no encuentre asidero en la afectación del contenido de un derecho fundamental más específico.

    De lo expuesto, se advierte que los alegatos expuestos por el referido profesional para fundamentar la transgresión del "derecho a la seguridad jurídica" están referidos más bien a la presunta vulneración al derecho de propiedad -por inobservancia del principio de reserva de ley -de la sociedad interesada y en ese sentido deberá entenderse el presente caso.

  3. Determinados los argumentos esgrimidos por el abogado de la sociedad actora, se advierte que el presente amparo se admitirá para controlar la constitucionalidad del D.M. número 1, del 2-V-2013 emitido por el Concejo Municipal de San Sebastián Salitrillo, publicado en el Diario Oficial número 119, tomo número 400 del 1-VII-2013, mediante el cual se decretó la reforma de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales - ORTSM-, específicamente, el art. 8 número 8 letra j), que determina un tributo municipal con un quantum mensual por cada torre ubicado en dicho municipio de $375.00.

    Tal admisión se debe a que, según sostiene el apoderado de la actora, la referida disposición vulnera el derecho de propiedad -por inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria- de su mandante, debido a que el Concejo Municipal S.S.S. ha establecido un impuesto, el cual no tiene competencia para decretar, pues la sociedad actora no recibe una contraprestación o beneficio por el pago del tributo impugnado.

    Ahora bien, es menester resaltar que al optarse por la vía del amparo para cuestionar constitucionalmente una actuación normativa imputada al Concejo Municipal -como en el presente caso-,para su adecuada tramitación, la parte actora necesariamente deberá atribuirse la existencia de un agravio personal, directo y de trascendencia constitucional a su esfera jurídica, cuya existencia deberá ser acreditada durante la tramitación del proceso; es decir, lo argüido por aquella deberá evidenciar, necesariamente, la afectación a alguno de sus derechos fundamentales como consecuencia de la disposición impugnada.

  4. Establecidos los términos de la admisión del presente amparo, corresponde en este apartado examinar la posibilidad de decretar la medida precautoria requerida por el abogado de la sociedad actora.

    1. El referido profesional expone que -a su criterio- en el presente caso concurren los presupuestos para decretar la suspensión provisional del tributo impugnado, ya que, por una parte, el pago del tributo impugnado acarrearía "... en obligar a CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V., a desembolsar cantidades de dinero por un lapso incierto y sin contraprestación municipal que justifique el pago, se reduce la capacidad financiera y de inversión de CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V., así como se generan costos de oportunidad, perjuicios que de ninguna forma son reparables por una eventual indemnización de daños y perjuicios."

    2. Al respecto, este Tribunal en las resoluciones de fechas 8-VI-2012, 31-VIII-2012 y 19-XII-2012 pronunciados en los Amp. 631-2011, 347-2011, 645-2012 y 646-2012, respectivamente, se decretó la medida cautelar solicitada, en tanto que de los documentos anexados en dichos procesos se advirtió la existencia de un proceso judicial (ejecutivo) iniciado en contra de las sociedades actoras, en los que por medio de una decisión judicial se ordenó el embargo de bienes de las sociedades demandadas por una determinada cantidad de dinero, en concepto de adeudo por el tributo no satisfecho a las autoridades demandadas.

      En razón de ello, en tales casos, se señaló que ante dicha circunstancia había un efectivo peligro en la demora, ya que de no paralizar los efectos de los procesos judiciales iniciados en contra de las sociedades pretensoras podrían afectarse los patrimonios de estas. Por lo que en los mencionados antecedentes jurisprudenciales, la medida cautelar consistió en ordenar a las autoridades judiciales correspondientes se abstuvieran de continuar tramitando los procesos ejecutivos iniciados en contra de las sociedades actoras.

    3. Diferente fue en el caso de los Amp. 259-2011, 651-2012 y 653-2012 de fechas 20-I-2012 y 25-I-2013 (las dos últimas) respectivamente, en los cuales la medida cautelar no fue adoptada porque los argumentos planteados en la demanda, referidos al peligro en la demora, eran meramente especulativos y se fundamentaban -únicamente- en el riesgo o la posibilidad de realización de ciertas situaciones que pueden o no suceder, ya que no se proporcionaban datos objetivos que demostraran que efectivamente aconteciera de manera irremediable una disminución en el patrimonio de demandante.

    4. No obstante lo anterior, en el presente caso, este Tribunal considera pertinente adoptar nuevamente los argumentos reseñados en el auto del 29-VII-2010 pronunciado en el Amp. 241-2010, en el cual se consideró que "... existe apariencia de buen derecho en virtud, por una parte, de la invocación de una presunta vulneración de derechos constitucionales de la sociedad pretensora y, por otra, de la exposición de circunstancias fácticas y jurídicas en las que se hace descansar aquella. De igual forma, se puede observar que existe un efectivo peligro en la demora,

      ya que de no paralizar los efectos de la normativa impugnada podría afectarse el patrimonio de la referida sociedad...".

      En razón de lo anterior, resulta procedente ordenar la suspensión de los efectos de la disposición controvertida, ordenando a la municipalidad de San Sebastián Salitrillo que se abstenga de exigir la sociedad actora, el pago del tributo regulado en el D.M. número 1, del 2-V-2013 emitido por el Concejo Municipal de San Sebastián Salitrillo, publicado en el Diario Oficial número 119, tomo número 400 del 1-VII-2013, mediante el cual se decretó la reforma de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales -ORTSM-, específicamente, el art. 8 número 8 letra j), que determina un tributo municipal con un quantum mensual por cada torre ubicada en dicho municipio de $375.00, así como tampoco deberá ejercer acciones administrativas o judiciales tendentes al cobro de dicho tributo municipal, ni se generarán intereses o multas por su falta de pago.

  5. Por otra parte, con relación a la tramitación del proceso de amparo y, en particular, respecto a la forma en que deben realizarse los actos de comunicación procesal a la Fiscal de la Corte como sujeto interviniente en el proceso, es procedente requerirle, tal como este Tribunal ha ordenado en su jurisprudencia -verbigracia en las resoluciones de fecha 5-VII-2013 y 19-VII-2013, pronunciadas en los Amp. 195-2012 y 447-2013, respectivamente- que al contestar la audiencia que se le confiere conforme al artículo 23 de la L.Pr.C., señale un lugar para oír notificaciones dentro de esta ciudad o un medio técnico para recibir los actos procesales de comunicación, caso contrario, las notificaciones deberán efectuarse en el tablero del tribunal.

    Por todo lo expuesto y conforme a lo establecido en los artículos 12, 19, 21, 22, 79 inciso 2° y 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala

    RESUELVE:

    1. Admítese la demanda planteada por el abogado S.E.A.B. como apoderado de CTE TELECOM PERSONAL, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V., contra el Concejo Municipal de San Sebastián Salitrillo, departamento de S.A. por la emisión del D.M. número 1, del 2-V-2013 emitido por el Concejo Municipal de San Sebastián Salitrillo, publicado en el Diario Oficial número 119, tomo número 400 del 1-VII-2013, mediante el cual se decretó la reforma de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales -ORTSM-, específicamente, el art. 8 número 8 letra j), que determina un tributo municipal con un quantum mensual por cada torre de red telefónica en dicho municipio de $375.00, por la presunta vulneración al derecho constitucional de propiedad -por inobservancia del principio de reserva de ley en materia tributaria-, en los términos señalados en el considerando III de esta resolución.

    2. S. inmediata y provisionalmente los efectos de la normativa impugnada, medida cautelar que ha de entenderse en el sentido que, mientras se tramita este amparo, la municipalidad de San Sebastián Salitrillo, departamento de S.A., deberá abstenerse de exigir a CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V., el pago del referido tributo, así como tampoco deberá ejercer acciones administrativas o judiciales tendentes al cobro de dicho tributo municipal, ni se generará intereses o multas por su falta de pago. Lo anterior mientras se mantenga la verosimilitud de las circunstancias fácticas y jurídicas apreciadas para la adopción de tal medida.

    3. Informe dentro de veinticuatro horas el Concejo Municipal de San Sebastián Salitrillo, departamento de S.A. quien deberá expresar en su respectivo informe si son ciertos los hechos que se le atribuyen en la demanda.

    4. Ordénese a la Secretaría de este Tribunal que, habiéndose recibido el informe requerido a la autoridad demandada o transcurrido el plazo sin que esta lo rindiere, notifique el presente auto al Fiscal de la Corte, a efecto de oírlo en la siguiente audiencia.

    5. P. alF. de la Corte que, al contestar la audiencia que se le confiere conforme al art. 23 de la L.Pr.C., señale un lugar para oír notificaciones dentro de esta ciudad o un medio técnico para recibir los actos procesales de comunicación, caso contrario, las notificaciones deberán efectuarse en el tablero de este tribunal, en virtud de lo dispuesto en los arts. 170 y 171 C.Pr.C.M. -de aplicación supletoria en los procesos de amparo-.

    6. Identifique la autoridad demandada el medio técnico por el cual desea recibir los actos procesales de comunicación.

    7. Tome nota la Secretaría de este Tribunal del lugar indicado y personas comisionadas para recibir los actos procesales de comunicación.

    8. N..

    A.P.. ------F.M.. ------E.S.B.. R. ------R.E.G.. ---------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LOS SUSCRIBEN. ------E.

    SOCORRO. C. ------SRIA. ------RUBRICADAS.