Sentencia nº 438-2013 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 11 de Julio de 2014

Fecha de Resolución11 de Julio de 2014
EmisorSala de Lo Constitucional
Número de Sentencia438-2013
Tipo de ProcesoHÁBEAS CORPUS
Derechos VulneradosDerechos de audiencia y defensa con incidencia en la libertad personal
Tipo de ResoluciónSentencia Definitiva

438-2013

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas del día once de julio de dos mil catorce.

El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el abogado, H.J.D.C. contra actuaciones del Juzgado Primero de Paz de San Miguel y el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel, a favor del señor J.A.F.C., procesado por el delito de falsedad ideológica.

Analizado el proceso y considerando:

  1. E1 peticionario sostiene que "...[1]a Audiencia Inicial se resolvió con base al requerimiento F., por no estar presente en la audiencia inicial el señor Flores Cruz (...); el (...) Juez de Paz decret[ó] la [d]etención [p]rovisional en contra del señor J.A.F.C. (...), dicha resolución dada por el Juez de Paz, fue confirmada por el Tribunal Primero de Instrucción de la ciudad de San Miguel; Honorable Sala en el proceso penal que se instruye (...) se violentaron las garantías [c]onstitucionales y del debido proceso (...) cuando se celebró audiencia inicial en el Tribunal de Paz, el señor J.A.F.C., no estuvo presente debido que tiene domicilio en el extranjero; aquí es eventual su residencia e incierta..." (sic)

    Agrega que durante la etapa de instrucción dicha situación se mantuvo, y "no se le notificó" al favorecido, por lo que alega que dicha "detención" es ilegal.

  2. Conforme lo establece la Ley de Procedimientos Constitucionales se procedió a nombrar juez ejecutor, labor, encomendada a Y.I.H.L., quien en su informe rendido a esta sala expuso: "...a dicha persona se le decretó una detención provisional ilegal debido a que en [el] transcurso del proceso no fue asistido por ningún defensor por lo que se vulnera la garantía constitucional del debido proceso (...) [al imputado] se le ha girado orden de captura encontrándose sujeto a detención provisional a pesar que no se le ha capturado hasta esta fecha (...) se ha vulnerado el derecho de (...) defensa (...) ya que no consta en el proceso penal que este haya sido asistido por defensor..." (sic).

    A su informe adjuntó la documentación que le fue requerida.

  3. Las autoridades demandadas, a requerimiento de este tribunal remitieron su respectivo informe de defensa, así se tiene:

    1. El Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel mediante oficio número 84 recibido el 22/1/2014, informó que el ahora favorecido fue citado para la realización de la audiencia preliminar en su contra, por medio de auxilio judicial y por edicto, y se le solicitó defensor público; posteriormente, y al no comparecer a la misma se le declaró rebelde con fecha 25/9/2013 y se libraron las respectivas órdenes de captura, siendo esa la situación jurídica en que se encuentra el procesado.

    2. El día 27 de enero del presente año, se recibió oficio número 146, proveniente del Juzgado Primero de Paz de San Miguel, en el que expuso que en esa sede se conoció del proceso seguido en contra del ahora favorecido, cuya situación jurídica se resolvió con la sola vista del requerimiento fiscal, en virtud de no haber comparecido a la audiencia inicial, pues no pudo ser citado; causa penal que fue remitida al juzgado de instrucción competente.

    Agregó, que ante la Cámara de la Primera Sección de Oriente se presentó proceso de hábeas corpus, a favor del encartado, en el cual se dictó un sobreseimiento.

    Las referidas autoridades anexaron a su informe los pasajes del proceso penal que consideraron pertinentes.

  4. 1. El reclamo planteado pretende prevenir la ejecución de una orden de captura devenida de la imposición de la detención provisional, la cual se afirma es ilegal por haberse decretado al favorecido sin ser citado y sin la presencia de su defensa técnica -v. gr. resolución HC 145-2008R de fecha 28/10/2009, en casos de control constitucional de órdenes de restricción en vías de ejecución-.

    A.A. respecto, se ha sostenido que la Constitución bajo ciertos supuestos, permite la posibilidad de que cualquier persona pueda enfrentar una privación de libertad en el desarrollo de un proceso, aun y cuando no haya sido condenada -art.13 Cn.-; como necesidad extrema del deber estatal de perseguir eficazmente el delito, entre otras causas.

    Así ha señalado la existencia de diversos tipos de "órdenes de detención", como instrumentos al cual se recurre para efecto de asegurar -entre otros- los fines de un proceso penal. Esas órdenes de detención pueden originarse por diferentes causas, de entre las que, debe señalarse, las órdenes de captura, dictadas como consecuencia de la declaratoria de rebeldía de un procesado que no haya justificado su ausencia al juicio.

    Ese supuesto de detención, tiene asidero legal en los artículos 86 y 87 Pr. Pn. de los cuales se puede inferir un deber u obligación jurídica de un imputado de estar presente en todo el desarrollo de un proceso o al menos cuando la autoridad judicial así lo requiera a efecto de salvaguardar los intereses públicos que convergen en el proceso penal respectivo. Su naturaleza de "deber" se refuerza, si se considera además que el incumplimiento a una citación judicial de una persona a quien se impute un hecho punible, podrá convertirse en fundamento de una orden de detención provisional, según regula el artículo 330 número 1. Pr.Pn. aplicable al caso concreto, v.gr. resolución HC 145-2008R de fecha 28/10/2010.

    Por otra parte, la medida cautelar detención provisional, el cual constituye otro de los supuestos legales habilitantes -artículo 13 inc. Cn.-, para restringir el derecho de libertad física. En la utilización de este instituto, debe buscarse el debido equilibrio, a efecto de conciliar de manera sostenible, por un lado, los intereses del Estado de garantizar el resultado de un proceso penal, y por otro, los derechos fundamentales de la persona a quien se imputa la comisión de una conducta delictiva, de manera primordial el derecho fundamental de libertad personal, y que cumple las características de ser instrumental, provisional, de urgencia y excepcional.

    Debiendo cumplir, previo a su imposición, con los presupuestos procesales de: la existencia de apariencia de buen derecho y peligro en la demora.

    Aclarado la diferencia entre la detención provisional y la declaratoria de rebeldía como privaciones de libertad cuyas finalidades son diversas en el proceso penal y que pueden coexistir sin depender necesariamente una de la otra; en reclamos como el presente, en el que se objeta únicamente en contra de la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, el análisis de esta sala se circunscribe a verificar si previo a ser decretada, la autoridad demandada cumplió con los parámetros constitucionales, pues no se ha reclamado de las órdenes de captura emitidas por la declaratoria de rebeldía.

    1. Respecto del derecho de defensa se ha sostenido -por ejemplo en la sentencia emitida el 10/11/2004, HC 34-2003- que: "...a fin que la persona contra quien se sigue un proceso penal' no vea vulnerado su derecho de defensa, la decisión del Juez de Paz de resolver con sólo la vista del requerimiento debe ser precedida de una serie de actos que dejen de manifiesto que se procuró por todos los medios posibles de dar a conocer al inculpado la existencia de una imputación en su contra, y que éste contó -en todo momento- con la posibilidad de acceder al proceso penal, así como, de ser oído por la autoridad judicial; para lo cual, el agotamiento de los medios de comunicación constituye el elemento diferenciador -en este caso- entre el respeto o la vulneración del derecho de defensa, puesto que como reiterada jurisprudencia de esta S. lo ha sostenido, los actos procesales de comunicación al potenciar el efectivo conocimiento de las providencias judiciales, confieren a las partes las garantías para su defensa".

    En otras palabras, una vez que el imputado ausente decida intervenir, cuenta con todas las facultades tales como nombrar un defensor particular o solicitar el nombramiento de uno de carácter público, así como la de proponer diligencias tanto al fiscal del caso como al juez de instrucción competente, participar en actos procesales de producción de prueba, plantear excepciones, entre otras (sentencia emitida en el proceso de inconstitucionalidad número 8-2011, de fecha 22/2/2013).

    En la citada sentencia también se sostuvo, la idea de la defensa técnica se relaciona con una persona determinada que ha tenido oportunidad de conocer la imputación en su contra y decidir que un abogado lo represente en el proceso como defensor para garantizar una intervención procesal compatible con sus intereses. Si él ha tenido la oportunidad de conocer la imputación y de nombrar un defensor, pero ha elegido abstenerse de intervenir en esa fase, resulta válida la opción legislativa de potenciar el avance procesal mediante la resolución "con la vista del requerimiento".

    Se sostuvo, además, que si los órganos de persecución penal carecen de los datos necesarios para localizar al imputado y facilitar su intimación, el eventual desarrollo de la instrucción se dirigirá precisamente, entre otros objetivos, a la obtención de esa información y a la realización de dicho acto o, en su defecto, a la comunicación procesal aplicable en los casos de personas de paradero desconocido.

    De lo anterior, se deduce la conformidad constitucional de poder realizar la audiencia inicial sin la presencia del imputado o su defensor, si el primero -conforme los actos procesales de comunicación pertinente- ha tenido conocimiento de la apertura del proceso penal en su contra y se abstiene de intervenir en él, no designando siquiera defensor público o particular que lo represente.

    Así, la obligación de la autoridad judicial es garantizar plenamente las posibilidades de defensa material durante las diferentes fases del proceso, no obstante, este derecho y la facultad y formas de ejercitarlo radican en la voluntad del imputado -véase Sentencia de HC 179-2007R, de fecha 30/9/2008-.

    En ese sentido, la autoridad jurisdiccional debe realizar el agotamiento de los actos procesales de comunicación para dar a conocer la citación, y posibilitar así el ejercicio real del derecho de defensa y audiencia de la persona citada -ver resolución de HC 112-2010 de fecha

    5/11/2010-.

    1. Por otra parte, es de señalar que, de la documentación agregada a las presentes diligencias, se tiene que también se solicitó ante la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, hábeas corpus a favor del beneficiado alegándose el mismo motivo; autoridad que mediante resolución de 16/10/2013, emitió sobreseimiento por considerar la falta de actualidad en el agravio expuesto, pues señaló que al momento en que se promovió en esa sede el hábeas corpus, la medida cautelar reclamada "había dejado de surtir efectos" y su restricción dependía de las órdenes de captura devenidas de la declaratoria de rebeldía; confundiendo de esa forma restricciones que son de distinta naturaleza, como así lo ha sostenido esta sala, según la jurisprudencia relacionada en líneas supra.

    El día 13/11/2013 -posterior a la resolución de sobreseimiento emitida por la cámara- se presentó ante esta sede una nueva incoación de un proceso constitucional basado en la misma pretensión.

    En este caso, al no existir una decisión definitiva sobre el tema propuesto -así lo ha sostenido esta sala en el amparo 763-2006, de fecha 12/12/2006- se desvirtúa el impedimento de la "cosa juzgada" y aunado a que nos encontramos frente a la imposibilidad de emisión de una resolución en similares términos, fundamentado en un criterio jurisprudencial homogéneo al de la cámara -lo que volvería inútil el dispendio de la actividad jurisdiccional- pues el motivo que generó el rechazo en esa sede no es compartido por este tribunal, a partir de lo expuesto en párrafos precedentes; por lo que, al haberse verificado que no existe impedimento para conocer de lo propuesto, se procederá al presente análisis.

    Cabe aclarar que este tribunal no entrará a verificar lo actuado por la cámara en ese hábeas corpus, pues no se ha incoado recurso de revisión de dicha decisión; por lo que el análisis versará únicamente en los términos que fueron planteados en la solicitud presentada ante esta sala.

  5. 1. Determinado lo anterior, según la documentación incorporada a este hábeas corpus, el día 20/6/2013 el Juzgado Primero de Paz de San Miguel en el acta de audiencia inicial señaló en cuanto al imputado no detenido J.A.F. -y otro-: "quienes no comparecieron a manifestar lo relativo a su defensa y no han nombrado defensor"; -sin que tampoco hubiere comparecido defensor a su nombre- "por lo que en relación a ello se resolverá lo pertinente."

    Al respecto, mediante resolución de fecha 21/6/2013 se decretó la detención provisional para el ahora favorecido y se ordenó librar las correspondientes órdenes de captura.

    No obstante, no se advierte la citación efectiva del referido imputado a dicha audiencia, pues solo se tiene el oficio remitido por el Juzgado de Paz de Yucuaquin del departamento de la Unión, de fecha 14/6/2013 en el que informó que dicho imputado no pudo ser citado.

    Posterior a ello, el proceso fue remitido al Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel, autoridad que dictó auto de instrucción formal con detención provisional.

    1. A pesar de tener conocimiento que la citación del favorecido no fue efectuada por afirmarse que éste se encontraba "fuera del país" -según el oficio relacionado supra- y no constan otras actuaciones respecto de esta; se tiene que el juez del Juzgado Primero de Paz de San Miguel, con vista del requerimiento fiscal le decretó la detención provisional a aquel, en virtud de argumentos referidos, entre otros, a la gravedad del delito y su posible participación en éste, y señaló la necesidad de aplicar dicha medida.

    2. Tomando en cuenta la importancia de los actos de comunicación dentro de un proceso penal en el que se haya emitido una orden de restricción al derecho de libertad del imputado; este tribunal considera que si bien se solicitó auxilio a otra sede judicial para citar al favorecido para la celebración de la audiencia inicial a efecto de que asistiera a la misma y ejerciera los derechos que en calidad de imputado tenía; de los datos objetivos que se extraen de los pasajes del proceso se tiene que esta citación no fue llevada a cabo, como lo manifestó mediante oficio la autoridad judicial a la que se le requirió el diligenciamiento de dicha citación y no constan actuaciones posteriores que procuraran su comparecencia a ello; además, la autoridad demandada no refiere otras actuaciones en su informe de defensa.

    De tal forma, que dicha medida cautelar se impuso bajo el supuesto que el imputado sí fue citado y éste no compareció a ejercer su defensa, como así lo refirió la propia autoridad.

    Sin embargo, como se ha verificado no consta que este haya sido previamente convocado a la misma y que a partir de ello, se le hubiere dado la oportunidad de comparecer al proceso a ejercer su derecho de defensa. Pues, como ya se dijo, solo a través de la comunicación efectiva de las decisiones judiciales se habilitará a la persona que figure como imputado, el despliegue de todas las herramientas que le garanticen el efectivo ejercicio de tal garantía.

    De manera que, antes de la adopción de una restricción al derecho de libertad es necesario que la persona en contra de quien se dirija la orden de este tipo -en este caso, la detención provisional- haya tenido conocimiento de su obligación de concurrir a las diligencias del proceso penal instruido en su contra.

    Y es que, pese a que en el caso que nos ocupa la autoridad judicial fundamentó la detención provisional haciendo alusión a los presupuestos de la detención provisional, y no propiamente en la incomparecencia de este a dicha audiencia; sin embargo, asumió que fue el propio encartado quien no compareció a "ejercer su defensa", cuando de acuerdo a lo que consta en el proceso, con las actuaciones realizadas por aquella no se consiguió la finalidad de comunicar la realización de dicha audiencia celebrada en su contra.

    Pues, como lo ha sostenido esta sala, el resolver con "solo la vista del requerimiento fiscal", debe ir precedido del agotamiento por parte de la autoridad judicial de todos los procedimientos legales de comunicación para hacer comparecer al inculpado.

    Por tanto, la orden de detención provisional impuesta en contra del beneficiado -que ha sido la única sometida a conocimiento en esta sede- no cumple con el parámetro constitucional que habilita la restricción al derecho de libertad personal, al no concurrir los supuestos legales que la legitiman, con lo cual deberá dejarse sin efecto la orden de captura derivada de dicha actuación inconstitucional (resolución de HC 492-2011, de fecha 7/12/2012).

  6. En cuanto a los efectos de esta decisión debe decirse que, determinada la vulneración a los derechos fundamentales del favorecido por esta sala, la detención provisional impuesta en audiencia inicial por el Juzgado de Primero de Paz de San Miguel y ratificada por el Juzgado Primero de Instrucción de esa misma ciudad no puede continuar surtiendo efectos.

    Sin perjuicio de lo dicho, esta S. no puede desconocer que al favorecido, con posterioridad a la imposición de la detención provisional -objeto de control- se le declaró rebelde por parte de la última autoridad citada, según resolución de 25/9/2013, en la que señaló que el procesado fue citado legalmente y además por edicto, sin que éste hubiere comparecido, y por ello, giró nuevas órdenes de captura en su contra; dicha decisión no ha sido sometida a control constitucional en esta sede, y constituye un acto de restricción distinto al cuestionado, por lo que éste no puede verse afectado con lo decidido en el presente proceso, en tanto que son privaciones de libertad con finalidades diversas, como se reseñó en el considerando IV de esta sentencia.

    Lo anterior, no obsta para que durante la tramitación del proceso penal que nos ocupa la autoridad judicial a cargo del mismo, de considerarlo procedente, y cumpliendo con los parámetros que establece la norma constitucional, disponga decretar -nuevamente- la medida cautelar de la detención provisional.

    Por todo lo expuesto y de conformidad con los artículos 11 inciso y 12 de la Constitución, y 71 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala

    RESUELVE:

    1. D. ha lugar al hábeas corpus promovido a favor del señor J.A.F.C. por haberse vulnerado los derechos de audiencia y defensa en la decisión que decretó la detención provisional al favorecido, en consecuencia déjense sin efecto las órdenes de captura emitidas en su contra producto de dicha providencia, quedando vigentes las derivadas de la declaratoria de rebeldía decretadas con posterioridad, las cuales no han sido sometidas a control en este proceso.

    2. N..

    3. A..

    J.B.J.----------E.S.B.R.----------R.E.G.----------FCO. E. ORTIZ

    R.-------------------G. A. ÁLVAREZ----------------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES

    MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN----------E. SOCORRO C.----------SRIA.----------RUBRICADAS.

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