Sentencia nº 30-COMP-2014 de Corte Plena, Corte Suprema de Justicia, 1 de Julio de 2014

Fecha de Resolución 1 de Julio de 2014
EmisorCorte Plena
Número de Sentencia30-COMP-2014
Tipo de ProcesoCONFLICTOS DE COMPETENCIA EN DERECHO PENAL
Tribunales en conflictoTribunal de Sentencia de Sensuntepeque vrs. Juzgado Especializado de Sentencia 'A' de San Salvador
Sentido del FalloExtorsión

30-COMP-2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las doce horas con dieciséis minutos del día uno de julio de dos mil catorce.

La presente solicitud para dirimir competencia ha sido remitida por el Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador, en virtud de haberse declarado incompetente para conocer del proceso penal instruido contra los imputados K.M.P.R., G.M.P. de V., C.Y.A.H., F.S.G.M., R.I.P.M. y E.O.N.G., por la comisión del delito de extorsión.

Leído el proceso; y considerando:

  1. El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, en resolución de las diez horas con treinta minutos del catorce de mayo del año en curso, declaró su incompetencia para conocer del proceso seguido contra los procesados antes mencionados, por considerar que se cumplen con los parámetros establecidos por la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja -en adelante LECODREC-, ya que los hechos fueron cometidos por nueve personas entre presentes y ausentes, durante la investigación se determinó que distintas personas se presentaron a recibir la "renta", advirtiendo que con ambos aspectos se verifican dos presupuestos: la multiplicidad de sujetos activos y la permanencia en el tiempo.

    Concluyó que se trata de un delito de realización compleja, pues existió un grado de asociación para ejecutar el propósito criminal, ya que además fue una investigación que tuvo permanencia con las características descritas en el Art. 1 inc. 1° LECODREC, y que en consecuencia era procedente declararse incompetente.

  2. Por su parte, el Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador, en resolución de las ocho horas del diecinueve de mayo del presente año, hizo alusión a los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional -sentencias de inconstitucionalidad 6-2009 y 2-2010- relativos a los alcances de la LECODREC, que utilizó para rebatir los puntos en que fundó el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque su incompetencia.

    Así advirtió que el aspecto de multiplicidad de personas "no puede considerarse de forma aislada del resto de requisitos que exige la ley para la configuración de la delincuencia organizada; pues que en caso contrario, si consideráramos como único parámetro la cantidad de personas involucradas en un proceso penal, se caería en el error de catalogar siempre como crimen organizado, todo aquel ilícito cometido por dos o más personas, sometiéndose a conocimiento obligatorio de la competencia especializada, mientras que solo aquellos delitos cometidos por una sola persona se tramitaría bajo la competencia común, lo cual evidentemente sería una interpretación incoherente." (sic.)

    En cuanto al elemento de permanencia temporal, estimó que el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque confunde las definiciones de permanencia temporal de la organización criminal con el lapso de tiempo en que se lleva a cabo la investigación, pues la primera implica la existencia de la estructura criminal, antes, durante y después de la comisión de uno o varios hechos delictivos; y que se haya realizado la investigación en un transcurso de cuatro meses, mediante cinco dispositivos de entrega controlada, es diferente a lo que debe entenderse como permanencia de la organización criminal.

    Por lo que concluyó que no existen elementos que indiquen que las personas involucradas forman una estructura criminal con existencia anterior a la interposición de la denuncia, tampoco "atisbos de jerarquía" en las personas involucradas al caso, ni de asignación de roles definidos entre los miembros de la organización.

  3. En este caso, esta Corte advierte que se está ante un conflicto de competencia funcional negativa, y previo a resolver el mismo, es necesario hacer algunas consideraciones sobre la competencia material y funcional de los jueces y tribunales penales.

    1. La competencia en términos generales es la distribución de la potestad jurisdiccional, que de acuerdo a parámetros objetivos se divide en material, territorial y funcional. La primera se encuentra determinada por las diferentes áreas de conocimiento del derecho: civil, mercantil, penal, laboral, entre otras; la segunda, por la circunscripción a una específica área territorial de la República; y la tercera, atiende a específicas atribuciones encomendadas legalmente a las autoridades judiciales.

      En ese orden de ideas, los jueces y tribunales a quienes se les ha designado legalmente conocer sobre las causas relativas a la comisión de acciones delictivas, indistintamente de la gravedad, complejidad o sencillez de las mismas, tienen competencia en materia penal; estos a su vez, tienen la potestad para conocer sobre determinados procedimientos especiales en los que se dilucidan ese tipo de acciones, a lo que se le denomina competencia funcional.

      De modo que tanto jueces penales ordinarios como especializados de acuerdo al Código Procesal Penal y a la LECODREC, tienen competencia en materia penal; pero ambos tienen designados distintas atribuciones legales en las que se distribuye su competencia funcional, y en

      este aspecto es en el que puede existir controversia entre ellos.

      La anterior aclaración resulta necesaria en vista que en este caso en el que se ha generado conflicto, el Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador se declaró incompetentes en razón de la materia, cuando lo correcto es en razón de su función, pues tanto dicho tribunal como el de Sensuntepeque, tienen la potestad de conocer en materia penal, más no en los procedimientos que no les han sido designados legalmente; de tal forma que, a los jueces y tribunales penales ordinarios les corresponde la tramitación de los casos comunes no complejos, y a los especializados, la de casos de crimen organizados o delitos de realización compleja de acuerdo a la LECODREC.

    2. Ahora bien, ante el conflicto de competencia funcional negativa planteado, resulta necesario referirse a los conceptos de crimen organizado y delitos de realización compleja, sostenidos en la sentencia de inconstitucionalidad 6-2009, pronunciada por la Sala de lo Constitucional, a las dieciséis horas del día diecinueve de diciembre del año dos mil doce, que en lo pertinente expresa lo siguiente:

      "La LECODREC brinda un concepto de Crimen Organizado que pese a lo escueto de su redacción, puede ser objetivamente delimitado interpretativamente en orden a las características de generalidad y precisión semántica que debe tener la formación normativa para señalar la competencia. Tal delimitación debe comprender los siguientes elementos: a) Grupo compuesto de dos o más personas; b) Estructurado; c) Que exista durante cierto tiempo; y d) Actúe concertadamente con el propósito de cometer dos o más delitos. Si bien es cierto, que tal disposición hace referencia a la confabulación de dos o más personas para la realización de un sólo delito, gramaticalmente cuando se utiliza el término "organización", ella requiere dentro de una concepción adecuada y estricta del término, que los miembros de la misma actúen dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos, con posibilidad de sustitución de unos a otros mediante una red de reemplazos que aseguren la supervivencia del proyecto criminal con cierta independencia de las personas integrantes de la organización y que dificulten de manera extraordinaria la persecución de los delitos cometidos, aumentando al mismo tiempo el daño posible causado.

      En consonancia con lo anterior, es posible comprender la plenitud de tales requisitos, en orden a evitar dificultades probatorias, tomando como base un concepto de crimen organizado orientado a las consecuencias, en cuya esencia dos o más personas programen un proyecto, un plan o propósito para el desarrollo de la acción criminal, sin que sea precisa la existencia de una organización más o menos perfecta, bastando únicamente un principio de organización de carácter permanente. En este último sentido, ha de requerirse judicialmente una especial continuidad temporal o durabilidad que vaya más allá del simple u ocasional consorcio para el delito.

      Quedando descartado entonces, dentro del programa normativo del Inc. 2 del Art. 1 de la LECODREC -pese a que una lectura fraccionada del texto lo señale-, la mera confabulación aislada para cometer un sólo delito o la mera coautoría en la ejecución de un sólo delito o aún de varios sin permanencia o continuidad de esa conjunción de personas o sin al menos el principio de una composición organizacional estable, que se proyecta más allá de sus miembros.

      El Segundo término utilizado por la ley para fijar la competencia y que corresponde analizar es qué se entiende por delitos de realización compleja. En este ámbito, la ley fija como tales de acuerdo con el Inc. 3° del Art. 1 LECODREC los delitos de homicidio simple o agravado; secuestro y extorsión, siempre y cuando se cumpla alguna de las circunstancias siguientes: a) H. sido realizados por dos o más personas, b) Que la acción recaiga sobre dos o más víctimas, o c) Que su perpetración provoque alarma o conmoción social. Es evidente que el término realización compleja el legislador lo ha delimitado a tres figuras delictivas, cuya naturaleza jurídica no se modifica en modo alguno cuando -de acuerdo con su simple tenor literal- comprenda en su amplitud a la mera coautoría o al número de titulares de bienes jurídicos individuales que resulten afectados.

      En cuanto a la complejidad en materia procesal, esta se relaciona con las dificultades probatorias que entraña la persecución de los denominados delitos no convencionales, estos son aquellos que generan un enorme daño social, concreto o potencial, para el desarrollo político, social y económico de la población en general, y en los que se afectan prioritariamente intereses colectivos y difusos.

      Dentro de tales, destacan los delitos socio-económicos cuya ejecución se realiza en el marco de la vida económica de un país o en estrecha relación con el referido medio, y en los que la instrumentalización de personas es una constante para su comisión.

      Dentro del ámbito de la no convencionalidad, se relacionan -y se mencionan sin pretensión de exhaustividad- los delitos contra el medio ambiente, fraudes fiscales, monopolio,

      oligopolio, competencia desleal, defraudaciones bancarias, fraudes al consumidor, y delitos que afectan a la Administración Pública, en particular la corrupción pública-malversación, cohecho, peculado, negociaciones ilícitas".

      Por otra parte, la sentencia en comento también expresa: "...es posible efectuar una interpretación sistemática del referido Inc. 3° en relación con el Inc. 2° del mismo Art. 1 LECODREC, entendiendo que es aplicable como criterio de competencia si el Homicidio Simple o Agravado, Secuestro o Extorsión es realizado por una organización criminal de las características descritas en el inciso primero.

      En síntesis, la realización compleja a que hace referencia la ley se relaciona con las dificultades probatorias que acaecen cuando los hechos descritos en el Inc. 2 son realizados por organizaciones delictivas, y en los que la determinación de la autoría criminal presenta varias dificultades probatorias derivadas de los rasgos propios del colectivo criminal, tales como la multiplicidad de personas, rangos dentro de la organización, responsabilidades asignadas a mandos medios y miembros, relaciones entre integrantes de la cúpula decisoria y los ejecutores, operaciones delictivas concretas planeadas y realizadas, etc.".

    3. Determinado lo anterior, es preciso pronunciarse en relación con el planteamiento expuesto por las autoridades judiciales relacionadas en este incidente, respecto a la existencia de los elementos que permiten considerar que las acciones delictivas atribuidas a los imputados pueden definirse bajo la modalidad de crimen organizado.

      Así el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque señaló no ser competente para conocer de la causa por tratarse de multiplicidad de sujetos activos, cuya agrupación tiene permanencia en el tiempo, por lo que se trata de un delito de realización compleja.

      Por su lado, el Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador, declinó su competencia por estimar que además de concurrir multiplicidad de sujetos activos deben verificarse los demás presupuestos que exige la ley cuyo alcance ha sido ampliado por la jurisprudencia constitucional, y además, por considerar que no se puede confundir permanencia en el tiempo de la organización criminal con el lapso de tiempo en que transcurre la investigación, pues se trata de dos cosas distintas.

      De la certificación de las actuaciones remitidas a este Tribunal, y específicamente del dictamen de acusación fiscal se tiene que la investigación inició mediante denuncia interpuesta el dieciséis de octubre de dos mil once, por la víctima identificada con clave "Afganistán", quien manifestó ser sujeta de extorsiones por parte de un sujeto que dijo pertenecer a la mara [...], quien en fecha quince de octubre del mismo año, se comunicó a su negocio, atendiendo la llamada un empleado, a quien le exigieron la "renta" mensual de trescientos dólares, que de no acceder a dar esa cantidad de dinero mandarían a unos "homeboys" a tirar una granada al negocio, manifestándole aquel que el propietario no se encontraba pero que le llamaría al día siguiente a las diez horas con treinta minutos, para negociar con él. A raíz de esa denuncia, se conformaron equipos policiales para proceder a realizar cinco dispositivos de entrega controlada, de fechas treinta y uno de octubre de dos mil once, uno y treinta, ambos de diciembre de dos mil once, y dos y veintitrés de febrero de dos mil doce, en distintos lugares de la jurisdicción de Cabañas, que tuvieron como resultado la individualización y captura de los procesados.

      Con base en lo anterior y de las actuaciones certificadas, este Tribunal advierte que, el modus operandi de los imputados K.M.P.R., G.M.P. de V., C.Y.A.H., F.S.G.M., R.I.P.M. y E.O.N.G., cumple con los parámetros indicados en la Sentencia de Inconstitucionalidad, con referencia 6-2009, así como también los requisitos legales del Art. 1 inc. 2° de la LECODREC, es decir, que los mismos forman parte de un grupo estructurado por dos o más personas, con un propósito para el desarrollo de la actividad delictiva, con carácter permanente, que va más allá del simple u ocasional consorcio para la confabulación del delito, lo que es deducible de la forma en que se ejecutó el hecho que se les atribuye.

      Con respecto a la participación de multiplicidad de sujetos activos, como presupuesto para que el caso se conozca por el juzgado especializada, es importante advertir que efectivamente no puede verse de forma aislada del resto de presupuestos, y para el caso concreto, debe comprenderse a la luz de las circunstancias en que se cometió el hecho delictivo, que llevó a realizar cinco dispositivos de entrega controlada por el lapso de cinco meses, en las que si bien las acciones no eran realizadas por las mismas personas en todas las ocasiones, si existía cierta definición del papel que ejercía cada miembro en ellas, que a su vez era sustituible.

      Al ser así, queda en evidencia que el grupo se encontraba medianamente organizado, con roles distribuidos reemplazables; y sobre este aspecto es además dable advertir que no es necesario que la organización sea sofisticada, es decir, con altos estándares de jerarquización y composición, sino basta con que se refleje cierto grado de orden de la agrupación, observable de las circunstancias en que se ejecutó el hecho delictivo, tal como la participación reiterada de algunos de sus miembros en las entregas, ya fuera recibiendo el dinero o acompañando a quien lo recibía.

      En cuanto a la permanencia, es importante acotar que si bien el tiempo en que transcurrió la investigación no es sinónimo de permanencia de la estructura criminal, la misma determinó de forma indiciaria la operatividad temporal de la agrupación delictiva, de manera que fue posible inferir que el grupo se encontraba constituido para la comisión de acciones ilícitas extorsivas de manera indefinida, hasta el momento en que fueron interceptados por los agentes policiales, cinco meses después de la denuncia.

      En tal sentido, es de considerar que la multiplicidad de sujetos activos no se ve de forma aislada del resto de presupuestos que hacen viable la competencia especializada, pues los mismos constituyen una agrupación con cierto nivel no sofisticado de organización, cuya permanencia va más allá del simple consorcio para cometer el delito, pues la investigación permitió evidenciar su temporalidad.

      Por tanto, en este caso es dable afirmar que concurren los presupuestos exigidos por la LECODREC y la jurisprudencia constitucional, es decir, se trata de una agrupación de dos o más personas, organizada para la comisión de hechos delictivos, en la que logran destacarse roles y cierto grado de permanencia evidenciada con la investigación llevada a cabo.

      Con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 182 atribución segunda de la Constitución, y 1 de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja esta Corte

      RESUELVE:

    4. D. competente al Juzgado Especializado de Sentencia "A" de San Salvador, a fin de que conozca del proceso penal promovido en contra de los imputados K.M.P.R., G.M.P. de V., C.Y.A.H., F.S.G.M., R.I.P.M. y E.O.N.G..

    5. E. certificación de esta resolución al referido Juzgado y al Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, para los efectos correspondientes, y además remítase al primero la certificación del proceso penal relacionado a este incidente.

      F.M.B.J.S.B.R.E.G.B.. F.----------M. REGALADO----------D. L. R. GALINDO----------J. R.

      ARGUETA----------PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN----------S. RIVAS AVENDAÑO----------SRIA.---------- RUBRICADAS.

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