Sentencia nº 915-2008 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 26 de Mayo de 2014

• Fecha de Resolución: 26 de Mayo de 2014
• Emisor: Sala de Lo Constitucional
• Número de Sentencia: 915-2008
• Tipo de Proceso: AMPAROS
• Derechos Vulnerados: Tributación equitativa, propiedad, a la seguridad jurídica —en sus vertientes de la interdicción de la arbitrariedad y razonabilidad del acto público y libertad de empresa, este último como manifestación de la libertad económica
• Tipo de Resolución: Sentencia Definitiva

915-2008

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. S.S., a las diez horas y un minuto del día veintiséis de mayo de dos mil catorce.

El presente proceso de amparo ha sido promovido por la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable (CTE, S.A. de C.V.), por medio de su apoderado S.E.A.B., contra la Asamblea Legislativa, por la emisión de disposiciones que estima atentatorias de los derechos fundamentales a la "tributación en forma equitativa", a la "interdicción de la confiscación tributaria" o "prohibición de tributos confiscatorios", propiedad, a la seguridad jurídica, este último en sus expresiones de la "interdicción de la arbitrariedad" y la "razonabilidad del acto público", y a la libertad de empresa, este último como manifestación del derecho a la libertad económica.

Han intervenido en la tramitación de este amparo la parte actora, por medio de su apoderado, la autoridad demandada y el F. General de la República, en carácter de representante del Estado de El Salvador.

Analizado el proceso y considerando:

1. 1. La sociedad actora manifestó que reclamaba en contra de la Asamblea Legislativa por haber emitido los arts. 1, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Impuesto Específico a las Llamadas Telefónicas Provenientes del Exterior que Terminan en El Salvador (Ley de Impuesto Específico). promulgados originalmente mediante el Decreto Legislativo n° 651, del 12-VI-2008, publicado en el Diario Oficial n° 131, Tomo 380, del 14-VII-2008 y, posteriormente, reformados por medio del Decreto Legislativo n° 691, del 24-VII-2008, publicado en el Diario Oficial n° 139, Tomo 380, del 24-VII-2008, los cuales disponen:

   "Art. I.- La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de un Impuesto Específico al tráfico telefónico proveniente del exterior y terminado en El Salvador, a través de cualquier persona natural o jurídica o cualquier agrupación de personas que estén autorizadas como operadores concesionarios del servicio público de telefonía, bajo cualquier tecnología existente o que surja en el futuro, incluyendo las llamadas de cobro revertido salientes de El Salvador.

   Art. 4. Son sujetos pasivos obligados al pago del Impuesto específico establecido en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas o cualquier agrupación de personas que estén autorizadas como operadores concesionarios del servicio público de telefonía que presten el servicio de terminación de llamadas procedentes del exterior; incluyéndose además las que presten servicios de llamadas de cobro revertido salientes de El Salvador. (--) En los casos en que la prestación del servicio de terminación de llamadas provenientes del exterior se realice a través de dos o más operadores de servicios de acceso o de servicios intermedios, el sujeto pasivo responsable del pago del

   impuesto total causado será el operador de servicios que inicialmente gestiona la llamada. (--) En los casos en que la prestación del servicio de terminación de llamadas de cobro revertido salientes de El Salvador se realice a través de dos o más operadores de servicios de acceso o de servicios intermedios, el sujeto pasivo responsable del pago del impuesto total causado será el operador de servicios intermedios que gestiona la llamada hacia el exterior. (--) Para los efectos de este Decreto, no les será aplicable las disposiciones del mismo, a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras establecidas en El Salvador que se dediquen a la prestación de servicios internacionales de Centro Internacional de Llamadas, conocidos en el comercio internacional como call center, entendiéndose como aquellos servicios que utiliza una persona natural o jurídica para proveer a la población en general diversos servicios a través de una recepcionista/operador, usando como medio de acceso la red pública de telefonía nacional y cuya finalidad no sea la prestación de cualquier servicio con fines comerciales que involucre tráfico telefónico o reoriginación de llamadas y que utilice dicho Centro para completar la comunicación en redes nacionales o extranjeras.

   Art. 5. Constituye hecho generador del impuesto específico, el tiempo expresado en minutos del total del tráfico de las llamarlas telefónicas entrantes provenientes del exterior que terminen en El Salvador, incluyendo las de cobro revertido, con independencia de la ubicación geográfica de los puertos a través (le los cuales se hayan cursado, determinarlas y verificables a través del Registro de Detalles de Llamadas Crudo o CDR Crudo. (--) Para los efectos de la presente disposición, se entenderá por llamada telefónica entrante proveniente del exterior que termina en El Salvador, aquélla en la cual el abonado que origina dicha llamada se encuentra fuera del territorio nacional y el abonado receptor de la misma se encuentra dentro del territorio de El Salvador. En el caso de llamadas de cobro revertido, el abonado que origina la llamada se encuentra dentro del territorio nacional y el abonado receptor se encuentra fuera del territorio de El Salvador, siendo facturada la misma directa o indirectamente al receptor. En ambos casos se aplicará independiente de la tecnología existente o que surja en el futuro. (--) Para los efectos de la presente disposición, se entenderá por Registro de Detalles de Llamadas Crudo o CDR crudo, el registro de datos que contiene información sobre los detalles de las llamadas telefónicas que mantiene la condición de no haber sufrido ningún tipo de alteración, ocultación, omisión, manipulación o cualquier modificación. Estos registros usualmente se encuentran almacenados en cualquier medio electrónico, óptico o magnético, los cuales pueden ser extraídos desde cualquier centro de conmutación o sistemas equivalentes con función de tasación que procesen tráfico telefónico. Por lo general, el almacenamiento se hace utilizando formatos: B., Hexadecimal, ASCII y Texto, entre otros.

   Art. 6. El impuesto se entiende causado para las llamadas telefónicas entrantes provenientes del exterior que terminan en El Salvador, en el momento en que se envía la señal de respuesta por parte del operador ubicado dentro del territorio salvadoreño y finaliza en el momento en que este último envía o recibe del operador ubicado en el extranjero la señal de liberación del circuito. (--) Para el caso de llamarlas de cobro revertido salientes de El Salvador, el impuesto se entiende causado en el momento que se genere la señal de respuesta y finaliza en el momento en que se envía y recibe la señal de liberación del circuito.

   Art. 7. Se establece un impuesto específico de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América ( $0.04) por minuto, al tráfico telefónico proveniente del exterior que termine en El Salvador y al tráfico telefónico de cobro revertido saliente a cobrar en el extranjero, en el período tributario correspondiente. (--) Para efecto de calcular la base imponible al tráfico telefónico en el período tributario correspondiente, se tomará como base la sumatoria de la duración en segundos de todas las llamadas telefónicas sujetas al impuesto convertirla a minutos causadas durante

   el período tributario correspondiente."

   Además, señaló que CTE, S.A. de C.V., es concesionaria del servicio público de telefonía y presta el servicio de terminación de llamadas generadas en el extranjero y finalizadas en las redes de acceso ubicadas en El Salvador y, por ello, es sujeto pasivo del referido tributo. Agregó que las disposiciones que crearon el impuesto eran de naturaleza autoaplicativa, por lo que se encontraba obligada directamente a pagarlo, resultando afectada sin necesidad de algún acto posterior de aplicación de la referida normativa.

   Expresó ser titular de una red de telecomunicaciones de servicios de acceso, en esencia, red de telefonía de servicio fijo, y que presta servicios intermedios de telecomunicaciones. Explicó que existen dos vías para que los usuarios reciban llamadas telefónicas provenientes del extranjero: el tráfico internacional indirecto y directo. El primero consiste en celebrar contratos de interconexión con operadores nacionales que se dedican al tráfico internacional entrante.

   El tráfico internacional directo consiste en celebrar contratos de corresponsalía o de terminación de tráfico con operadores internacionales o corresponsales, a efecto de que estos le envíen el tráfico telefónico desde el extranjero y lo transporte hacia El Salvador. En tales contratos de corresponsalía pueden preverse diversas formas para la liquidación financiera del tráfico telefónico: a) que los operadores pacten un precio de terminación de tráfico telefónico internacional, lijado en función de un valor por minuto; o b) que tales sujetos pacten el intercambio de llamadas internacionales mediante un mecanismo denominado "SKA" -vender keeps all-, en el cual los operadores no pagan por la terminación internacional en la red de otro operador, sino que conservan íntegramente las sumas de dinero recaudadas de los usuarios por el uso de su propia red, sin que exista remuneración económica entre los operadores.

   Expone que las disposiciones impugnadas trasgreden los "derechos" a la "tributación en forma equitativa" y a la "interdicción de la confiscación", este último en su manifestación de la "interdicción de la confiscación tributaria" o de "prohibición de tributos confiscatorios", en virtud de que establecen un impuesto a un hecho que, por sí solo y desde un plano fáctico, no acredita capacidad contributiva, ya que se grava en forma directa el tiempo de la prestación del servicio, no las utilidades o ganancias que eventualmente se generen por la operación.

   Asimismo, arguye que no necesariamente se perciben ingresos por la actividad de terminación de tráfico internacional, ya que cuando los operadores han pactado la modalidad SKA no hay remuneración económica por las llamadas entrantes, sino sólo intercambio de tráfico telefónico. Además, el impuesto grava la totalidad del tiempo de la prestación del servicio, sin tomar en cuenta los gastos en que se incurre. Finalmente, el quantum del impuesto es excesivo y desatiende la capacidad contributiva, pues iguala o supera los ingresos que se obtienen por la actividad económica.

   Por otro lado, aduce que las disposiciones contra las que reclama vulneran su derecho a la propiedad, pues han configurado los elementos esenciales de un tributo de efectos confiscatorios, generando la privación de parte sustancial de sus ingresos y renta. En otro orden, la normativa impugnada conculca sus "derechos" a la "interdicción de la arbitrariedad" y a la "razonabilidad del acto público", como expresiones del derecho a la seguridad jurídica, ya que grava la mera prestación del servicio en sí y no las utilidades o ganancias que eventualmente podría generar. Agrega que el hecho generador, la base imponible y el quantum del impuesto no reflejan capacidad económica y que es un tributo con fines estrictamente fiscales, pues no se dirige a desincentivar ciertas actividades y, en tal sentido, su justificación solo podría apoyarse en la capacidad contributiva.

   Aduce que el impuesto ha implicado la determinación de un "piso" o costo mínimo del minuto para la llamada internacional entrante, por lo que, para evitar un resultado deficitario, los operadores de El Salvador deben cobrar a los operadores internacionales un valor superior a los $0.04 por minuto, lo que supone efectos indeseables, tales como el aumento del costo de las llamadas telefónicas desde el extranjero hacia El Salvador. Tal impuesto afecta la estabilidad y previsibilidad del marco jurídico, así como la certeza y estabilidad de la inversión.

   En otro orden de ideas, afirma que las disposiciones impugnadas afectan su derecho a la libertad de empresa, como expresión de la libertad económica, ya que el gravamen de $0.04 por minuto que se cobra a los operadores concesionarios del servicio de telefonía, en la medida en que le impone un costo mínimo al minuto de tráfico internacional entrante, constituye un obstáculo para la rentabilidad de sus operaciones. Esto representa una desventaja frente a nuevas tecnologías facilitadas por otros operadores que no son concesionarios del servicio público de telefonía en El Salvador y que materialmente son sustitutos de la telefonía internacional.

   Además, asegura que el impuesto genera un efecto negativo grave para el mercado de las telecomunicaciones, ya que impone a los concesionarios un precio mínimo para el costo de la llamada, lo cual reduce la demanda de servicios prestados por los operadores concesionarios e incentiva que los consumidores se trasladen a los productos sustitutos de la telefonía tradicional antes mencionados. La imposición de ese costo mínimo le veda fijar los precios por sus servicios, imposibilitándole establecer su política de comercialización.

   En virtud de lo anterior, solicitó que se admitiera su demanda, se ordenara la suspensión cautelar de los efectos del acto reclamado, se siguiera el trámite del proceso de amparo y se pronunciara sentencia estimatoria a su favor.

   2. A. Mediante el auto del 7-X-2008 se admitió la demanda con la finalidad de controlar la constitucionalidad de los arts. 1, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Impuesto Específico, por la supuesta vulneración de los derechos a la "tributación en forma equitativa", "interdicción de la confiscación tributaria" o "prohibición de tributos confiscatorios", propiedad, seguridad jurídica, este último en sus expresiones de la "interdicción de la arbitrariedad" y la "razonabilidad del acto público", y a la libertad de empresa, este último como manifestación concreta del derecho a la libertad económica, de CTE, S.A. de C.V.

      2. En la misma interlocutoria se declaró sin lugar la suspensión de los efectos de las disposiciones impugnadas, en virtud de que no concurrían los presupuestos básicos para la adopción in limine de una medida cautelar, específicamente el fumus boni iuris en su vertiente negativa y el periculum in mora. Además, se pidió a la Asamblea Legislativa que rindiera el informe establecido en el art. 21 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L. Pr. Cn.) y se ordenó que se hiciera saber la existencia de este amparo al F. General de la República, en su carácter de representante de los intereses del Estado.

   3. A. El apoderado de CTE, S.A. de C.V., solicitó que se revocara la resolución antes mencionada, específicamente en cuanto a la denegatoria de la suspensión de los efectos de las disposiciones impugnadas y, consecuentemente, que se decretara la medida cautelar respectiva. Dicha petición fue reiterada mediante dos escritos más.

      2. Por su parte, la Asamblea Legislativa rindió el informe solicitado, en el cual señaló que ella tiene la facultad exclusiva de decretar impuestos y, asimismo, que con la emisión de los artículos impugnados no existe ningún agravio, pues se actuó con apego al art. 246 Cn. en el sentido de que el interés público tiene primacía sobre el interés privado. Asimismo, adujo que la recaudación de fondos que el Estado recibe mediante dicho impuesto es para sufragar compromisos financieros y, por consiguiente, para satisfacer las necesidades de la población.

      3. Mientras tanto, el F. General de la República solicitó intervenir en el presente proceso en calidad de representante de los intereses del Estado.

   4. A. Mediante la resolución del 23-VIII-2010 se declaró sin lugar la revocatoria solicitada por el apoderado de CTE, S.A. de C.V., debido a que ni sus argumentos ni los elementos de convicción incorporados hasta esa fecha ponían en evidencia que se hubieran modificado las circunstancias por las cuales se denegó la suspensión de los efectos de las disposiciones legales impugnadas y, en consecuencia, se confirmó el auto del 7-X-2008.

      2. En el referido proveído se ordenó a la Secretaria de esta Sala que devolviera al abogado de la sociedad actora el sobre cerrado y sellado por notario que presentó junto con uno de sus escritos en el que solicitó que sólo tuvieran acceso a tal instrumento los Magistrados de esta Sala y que no se incorporara al expediente correspondiente. La resolución aludida se basó en que, bajo tales condiciones, los demás sujetos procesales no tendrían conocimiento del contenido de dicho sobre, situación que afectaría el equilibrio procesal, la igualdad de armas y la contradicción propia de los procesos jurisdiccionales en los que existe contención de partes.

      3. Además, se autorizó la intervención del F. General de la República como representante de los intereses del Estado y se resolvió que, en virtud de que en este proceso la F.ía General de la República intervendría en nombre del tercero beneficiado y no como un consultor técnico del tribunal, se omitiría en los momentos procesales oportunos conceder la audiencia y los traslados que prevén los arts. 23, 27 y 30 de la L. Pr. Cn. al F. de la Corte, con el objeto, también, de potenciar los principios de igualdad procesal, contradicción, celeridad y economía procesal. Por consiguiente, se pidió a la autoridad demandada que rindiera el informe justificativo regulado en el art. 26 de la L. Pr. Cn.

   5. A.P., el apoderado de CTE, S.A. de C.V., solicitó que se acumularan a este proceso los amparos con refs. 123-2009, 178-2009 y 304-2010, en virtud de que consideraba que entre dichos procesos existía identidad en cuanto al sujeto pasivo - Asamblea Legislativa las disposiciones impugnadas y el fundamento jurídico de las pretensiones.

      2. Por su parte, la Asamblea Legislativa rindió el informe que le fue requerido con base en el art. 26 de la L. Pr. Cn., argumentando que el derecho a la propiedad privada es un derecho real que implica el ejercicio de las facultades más amplias que el ordenamiento jurídico concede respecto a un bien y se encuentra limitado por las exigencias del bien común, la necesidad ajena, la ley y el deber moral. Agregó que, por el principio de generalidad, los tributos se deben exigir a todos los que manifiesten la capacidad económica tipificada en los hechos imponibles de los tributos y que estén situados en el ámbito territorial del poder tributario del ente público.

      Asimismo, el principio de igualdad está íntimamente relacionado con el concepto de capacidad económica y el principio de progresividad. De este modo, alegó que no existe trasgresión a la seguridad jurídica, específicamente a la "interdicción de la arbitrariedad", al derecho a la propiedad o a la "tributación en forma equitativa".

   6. A. Mediante resolución del 14-X-2010, se declaró sin lugar la solicitud del abogado de la sociedad actora de acumular a este proceso otros amparos --antes citados- , en virtud de que se podía producir un grave retardo en la sustanciación de los expedientes con ref. 123-2009 y 178-2009, en la medida en que estos se encontraban en ese momento en la fase final del trámite de amparo. Por otro lado, se advirtió que hubiese sido prematuro decretar la acumulación del expediente con ref. 304-2010 a este proceso, ya que el primero se encontraba en la etapa inicial del trámite de amparo y, en esa medida constituiría una contingencia el hecho de que se continuara con su sustanciación. Además, el ordenar la suspensión del presente proceso --para esperar que el amparo con ref. 304-2010 se encontrara en el mismo estado-- hubiese ocasionado un excesivo retraso en su tramitación.

      2. En esa misma providencia se confirió traslado a la parte actora por el plazo de tres días, de conformidad con el art. 27 de la L. Pr. Cn., el cual fue evacuado mediante escrito en el que, además, interpuso recurso de revocatoria contra la decisión precitada, en lo concerniente a la denegatoria de la acumulación de procesos solicitada, y pidió que se omitieran el plazo probatorio y la fase de traslados prevista en el art. 30 del referido cuerpo normativo y que se incorporaran la documentación y el medio de almacenamiento de información -disco CD-RW- que presentó, conteniendo este último archivos electrónicos de los manuales de indicadores de telecomunicaciones de los años 2003 a 2009.

   7. A. Por medio de la resolución del 2-II-2011, se declaró sin lugar la revocatoria solicitada por el apoderado de la sociedad actora, debido a que sus argumentos no desvirtuaron los motivos en virtud de los cuales se denegó la acumulación de procesos. Asimismo, se declararon sin lugar las peticiones de omitir el plazo probatorio y la fase de traslados prevista en el art. 30 de la L. Pr. Cn., en razón de que este amparo no se encontraba en el momento procesal oportuno para determinar si estaba suficientemente controvertido el tema objeto de debate y, así, establecer si era innecesario el plazo probatorio, sin perjuicio de que se examinaran de oficio tales circunstancias en la etapa procesal pertinente.

      2. También se tuvieron por presentadas las reproducciones electrónicas de los instrumentos que se encontraban en el disco CD-RW; se ordenó a la Secretaria de este Tribunal que imprimiera tales documentos para que fueran incorporados al expediente de este proceso y pudieran ser consultados por los intervinientes; y se previno al abogado de la sociedad actora que, en lo sucesivo, presentara la documentación en medios de almacenamiento de datos que garantizaran que su contenido no sería alterado.

      C En ese mismo proveído, se confirió traslado al F. General de la República, representando al Estado de El Salvador en carácter de tercero beneficiado, con base en el art. 27 de la L. Pr. Cn., el cual fue evacuado mediante escrito al que anexó prueba instrumental.

   8. Posteriormente, el abogado de CTE, S.A. de C.V., presentó dos escritos en los que solicitó -entre otros- que se excluyeran de este expediente ciertos documentos que fueron presentados por el F. General de la República, se omitiera el plazo probatorio en el presente proceso, se ordenara la celebración de audiencia para la exposición oral de los alegatos finales y se incorporaran como prueba las copias digitalizadas de las declaraciones de impuesto que presentó en un disco CD-R.

   9. En este estado del proceso, el entonces Magistrado Presidente de este Tribunal, doctor J.B.J., presentó escrito mediante el cual manifestó que se abstenía de conocer de este amparo. Así, por medio de la resolución del 27-VI-201 1 se declaró que había lugar a la solicitud de abstención planteada y, en consecuencia, se le separó del conocimiento del presente amparo y se llamó para sustituirlo al Magistrado suplente licenciado F.E.O.R..

   10. A.P., mediante auto del 26-VII-2011, se declaró sin lugar las solicitudes del apoderado de CTE, S.A. de C.V., de excluir de este expediente de amparo las certificaciones de las declaraciones de impuesto sobre la renta de la sociedad actora, correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, así como de entregarle dichas declaraciones, tanto las originales como las copias, a su patrocinada; resolución que se fundamentó en que tales medios probatorios sí reunían los requisitos de pertinencia y utilidad y, además, resultaba aplicable la excepción a la reserva de la información tributaria de los contribuyentes que prevé el art. 28 inc. último del Código Tributario.

       2. En ese mismo proveído se admitieron las reproducciones electrónicas de las declaraciones de impuesto específico que presentó el apoderado de la parte actora.

       3. De igual modo, se ordenó omitir el plazo probatorio, con base en el art. 29 de la L. Pr. Cn., por cuanto de los distintos elementos de hecho y de Derecho vertidos en el proceso -

          escritos, informes y documentación- se colegía que la pretensión constitucional planteada se encontraba suficientemente delimitada y controvertida.

       4. Finalmente, se declaró sin lugar la audiencia solicitada por el apoderado de la sociedad actora en sustitución de los traslados del art. 30 L. Pr. Cn., debido a que no existe un vacío normativo en cuanto a la forma procesal de los alegatos finales dentro del amparo y, en todo caso, se prescindiría del plazo probatorio en el presente proceso. En consecuencia, se ordenó traer para sentencia el presente proceso.

   11. A.P., el F. General de la República presentó escrito en el que se pronunció en desacuerdo con las peticiones del apoderado de la parte actora de excluir ciertos documentos de este expediente de amparo, omitir el plazo probatorio y ordenar la celebración de audiencia para la exposición oral de los alegatos finales; asimismo, pidió que se continuara con el "trámite previsto por la ley" en este proceso.

       2. Por su parte, el apoderado de CTE, S.A. de C.V., interpuso recurso de revocatoria en contra del auto del 26-VII-2011, en lo concerniente a la denegatoria de excluir de este expediente las declaraciones de impuesto sobre la renta, así como de devolver estas últimas a la sociedad actora.

   12. Por auto del 21-III-2014, se llamó a la Magistrada suplente S.D.B. de Segovia, a efecto de que esta Sala estuviese conformada por cinco Magistrados y, de este modo, se emitiera la decisión correspondiente en el presente caso.

   13. Posteriormente, mediante resolución del 7-V-2014 se denegaron las peticiones del F. General de la República y del apoderado de CTE, S.A. de C.V., en virtud de que, el primero, no expresó motivos que justificaran la apertura del plazo probatorio en este proceso y, el segundo, no expuso razones que indicaran la supuesta incorrección argumentativa de la decisión mediante la cual se declaró que no había lugar a las peticiones de excluir de las certificaciones de impuesto sobre la renta, así como de devolver sus certificaciones y copias a la sociedad actora.

   14. Luego de transcurrido el trámite establecido en la L. Pr. Cn. para este tipo de procesos, el presente amparo quedó en estado de pronunciar sentencia.

2. Expuesto lo anterior se realizaran ciertas consideraciones respecto de algunos de los planteamientos efectuados por la sociedad actora en este proceso.

   1. El derecho a la propiedad se encuentra estrechamente relacionado con la equidad tributaria (art. 131 ord. 6° de la Cn.) y, en razón de ello, tanto los principios formales - reserva de ley y legalidad tributaria- como los principios materiales -capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscación- del Derecho Constitucional Tributario funcionan como garantías -en sentido amplio- de dicho derecho. En ese sentido, la inobservancia o el irrespeto de alguno de los mencionados principios ocasiona una intervención ilegítima en el citado derecho fundamental, por lo que su vulneración perfectamente puede ser controlada por la vía del proceso de amparo, tal como lo dispone el art. 247 inc. 1° Cn.

      Por consiguiente, no obstante que la sociedad actora alegó como vulnerados los derechos a la "tributación en Forma equitativa" - -rectius: equidad tributaria- y a la "interdicción de la confiscación tributaria" o "prohibición de tributos confiscatorios", el derecho que pudo resultar vulnerado con la emisión de las disposiciones impugnadas es el de propiedad, en relación con los principios de capacidad económica y no confiscación tributaria. Y es que aquellos no son derechos fundamentales, ya que la primera es un concepto jurídico indeterminado que abarca globalmente los principios de Derecho tributario que la concretan, entre los cuales se encuentra el principio de no confiscación.

      En atención a lo expuesto, en virtud de haberse determinado que el derecho a la propiedad responde de una forma más concreta a la afectación constitucional argüida, el agravio de la sociedad demandante no se entiende directamente vinculado con los "derechos" a la "tributación en forma equitativa" y a la "interdicción de la confiscación tributaria"; por consiguiente, debe sobreseerse este extremo de la pretensión incoada, de conformidad con el art. 31 n°. 3 de la L. Pr.Cn,

   2. La sociedad actora alegó la vulneración de los "derechos" a la "interdicción de la arbitrariedad" y a la "razonabilidad del acto público", como expresiones del derecho a la seguridad jurídica. Al respecto, si bien el contenido del derecho a la seguridad jurídica alude a la certeza derivada de que los órganos estatales y entes públicos realicen las atribuciones que les competen con observancia de los principios constitucionales, el requerimiento de tutela de este derecho es procedente siempre y cuando la transgresión alegada no tenga asidero en la afectación al contenido de un derecho fundamental más específico.

      En ese sentido, no obstante que la sociedad actora alega la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, de sus argumentaciones se entiende que el derecho que pudo haber resultado vulnerado con la emisión de las disposiciones impugnadas es el de propiedad - art. 2 inc. 1° Cn.Y es que, en su opinión, los elementos configuradores del impuesto han generado el establecimiento de un costo mínimo al minuto de llamada internacional entrante y, con ello, a su vez, se ha motivado la reducción de la demanda de servicios prestados por la pretensora, afectándose la certeza y la estabilidad de su inversión.

      Así, el derecho a la propiedad implica un haz de facultades jurídicas más específicas atribuidas a su titular que las que podrían derivarse del derecho a la seguridad jurídica. Así, en virtud de que otro derecho responde de una forma más concreta a la afectación constitucional alegada, el agravio a los derechos de la sociedad demandante no se entiende directamente vinculado con su derecho a la seguridad jurídica y, por consiguiente, deberá sobreseerse el presente proceso en relación con la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, con base en el art. 31 n° 3 de la L.Pr.Cn.

   3. A. En cuanto al derecho a la libertad de empresa, como expresión de la libertad económica, CTE, S.A. de C.V., alega que el gravamen de $0.04 por minuto que se cobra a los concesionarios del servicio de telefonía constituye un obstáculo para la rentabilidad de sus operaciones, ya que se les impone un costo mínimo al minuto de tráfico internacional entrante, en el sentido de que el concesionario debe cobrar arriba de $0.04 el minuto. Esto representa una desventaja frente a nuevas tecnologías facilitadas por otros operadores que no son concesionarios de ese servicio en El Salvador y que materialmente son sustitutos de la telefonía internacional. Con la imposición de un costo mínimo se veda a CTE de fijar los precios por sus servicios, imposibilitándole establecer su política de comercialización.

      2. Sin embargo, los argumentos de la sociedad actora, más que poner en evidencia una posible afectación a su libertad de afectar o destinar bienes para la realización de actividades económicas relacionadas con la producción e intercambio de bienes y servicios, van dirigidos a sustentar un posible perjuicio patrimonial como consecuencia de la carga económica que implicó la entrada en vigencia del tributo en controversia.

         Y es que, no obstante que la sociedad pretensora afirma que tuvo que subir el precio mínimo del minuto de tráfico internacional entrante y que ello le ocasionó desventajas frente a nuevas tecnologías facilitadas por otros operadores, se observa que tales circunstancias no representaron una incidencia negativa en la libertad de gestión de la empresa, sino en los ingresos monetarios que aquella presuntamente dejó de percibir por el efecto que generó el cobro del nuevo tributo en su economía interna.

         Desde esta perspectiva, no se observa una enervación de la libertad de dirección empresarial de CTE, S.A. de C.V., toda vez que la supuesta reducción que esta alegó respecto de la demanda de sus servicios y la aparente afectación a su política de comercialización y de precios más bien constituirían aspectos que se encuentran relacionados con el supuesto perjuicio al derecho a la propiedad que también ha invocado.

      3. Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto la inexistencia de un perjuicio concreto en el derecho de libertad de empresa alegado por la sociedad pretensora, ya que por la misma naturaleza de sus efectos, las disposiciones legales impugnadas no podrían ocasionar un menoscabo en el referido poder de actuación del sujeto activo de la pretensión. Tal situación se configura como un defecto en la pretensión constitucional de amparo que impide la conclusión normal del presente proceso en cuanto a las alegaciones efectuadas en torno a ese derecho.

         En ese sentido, dado que de las mismas argumentaciones de la parte actora se colige la inexistencia de un agravio de trascendencia constitucional respecto del derecho a la libertad de empresa, como manifestación concreta del derecho a la libertad económica, es procedente sobreseer el presente amparo en los términos antes señalados, de conformidad con el art. 31 núm. 3 de la L. Pr. Cn.

   4. A. En otro orden de ideas, en cuanto a las disposiciones impugnadas, la sociedad demandante manifiesta reclamar por la emisión de los arts. 1, 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Impuesto Específico. Sin embargo, al examinar los motivos en los cuales sustenta la inconstitucionalidad de las citadas disposiciones, se advierte que en esencia ataca los arts. 1, 4 incs. 1° y 2°, 5 inc. 1° y 7 de la referida ley, puesto que en tales disposiciones se encuentran contemplados los elementos básicos del tributo -sujeto pasivo, hecho generador, base imponible y cuota- que asegura que le ocasionan una conculcación concreta en sus derechos.

      2. Ahora bien, en el art. 4 incs. 3° y 4° de la Ley de Impuesto Específico se precisan, por un lado, cuáles son los sujetos pasivos en los supuestos del servicio de terminación de llamadas de cobro revertido salientes de El Salvador y, por otro, las personas que se encuentran exentas del pago del tributo, aspectos concretos que no fueron planteados por la sociedad pretensora como atentatorios a sus derechos. En similares términos, si bien el art. 5 incs. 2° y 3° define lo que debe entenderse por "llamada telefónica entrante proveniente del exterior que termina en El Salvador" y por "Registro de Detalles de Llamadas Crudo", dicho precepto no configura elementos tributarios que la sociedad demandante haya alegado como vulneradores de sus derechos fundamentales. Finalmente, no obstante que el art. 6 establece el momento en el cual el impuesto se entenderá causado, tal previsión no sería susceptible de causar por sí sola un agravio de trascendencia constitucional a la parte actora, toda vez que no se refiere a alguno de los componentes esenciales del impuesto que, a su criterio, afectan sus derechos.

      c. Desde esta perspectiva, dado que los arts. 4 incs. 3° y 4°, 5 incs. 2° y 3° y 6 de la Ley de Impuesto Específico no serían susceptibles de causar un perjuicio concreto a la demandante, existe un defecto en este punto de la pretensión constitucional de amparo que impide la conclusión normal del proceso, por lo que es procedente sobreseer el presente amparo al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 31 n° 3 de la L.Pr.Cn.

   2. Así depurada la pretensión, el orden lógico en el que se estructurará la presente resolución es el siguiente: en primer lugar, se determinará el objeto de la presente controversia

      (III); en segundo lugar, se hará una breve referencia a los principios del Derecho Tributario, en el marco de la interpretación del art. 131 ord. 6° de la Cn., y al contenido del derecho fundamental alegado (IV); en tercer lugar, se analizará el caso sometido a conocimiento de este Tribunal (V); y, finalmente, de ser procedente, se desarrollará lo referente al efecto de esta decisión (VI).

3. 1. De acuerdo con la demanda y el auto de admisión, el presente proceso reviste la modalidad de un amparo contra ley autoaplicativa, que es un instrumento procesal por medio del cual se atacan aquellas disposiciones que contradicen preceptos constitucionales y que, además, vulneran derechos fundamentales, produciendo efectos jurídicos desde el momento de su entrada en vigencia.

   Al respecto, en la Sentencia del 6-IV-2011, Amp. 890-2008, se acotó que si se opta por la vía del amparo para cuestionar la constitucionalidad de una ley, dicha pretensión no solo deberá cumplir con los requisitos de procedencia de los procesos de inconstitucionalidad, sino que, además, el sujeto activo tendrá que atribuirse la existencia de un agravio de trascendencia constitucional a sus derechos por encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la disposición considerada inconstitucional.

   2. En el caso que nos ocupa, el objeto de la controversia puesta en conocimiento de este Tribunal estriba en determinar si la Asamblea Legislativa, al emitir los arts. 1, 4 incs. 1° y 2°, 5 inc. 1° y 7 de la Ley de Impuesto Específico, conculcó el derecho a la propiedad de la sociedad CTE, S.A. de C.V.

   3. En relación con ello, se debe aclarar que mediante la Sentencia del 19-III-2014, pronunciada en la Inc. 39-2010, se declararon inconstitucionales, de un modo general y obligatorio, los arts. 1, 5 y 7 de la Ley de Impuesto Específico, por vulnerar el principio de capacidad económica, como concreción del principio de equidad tributaria consagrado en el art. 131 ord. 6° Cn., y, por conexión, los arts. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13 y 13-A del mismo cuerpo normativo, al constituir normativa de desarrollo de la ya declarada inconstitucional.

   Ahora bien, pese a la aludida declaratoria de inconstitucionalidad, es procedente pronunciar la sentencia correspondiente en el presente amparo, ya que existe la posibilidad de conocer sobre las presuntas vulneraciones ocasionadas a los derechos de la sociedad interesada durante el tiempo en que tal normativa se ha mantenido vigente y, por ende, determinar las consecuencias jurídicas que sean aplicables.

4. En este apartado se hará una breve referencia a los principios del Derecho Tributario, en el marco de la interpretación del art. 131 ord. 6° Cn., y al contenido del derecho considerado vulnerado con el acto reclamado.

   1. A. En la Sentencia del 9-VII-2010, Inc. 35-2009, se expuso que el Derecho Tributario, en la medida en que pone en juego derechos fundamentales -como el de propiedad- y se encuentra ligado con aspectos vitales de la comunidad política organizada -como el financiamiento de los gastos públicos-, es una materia que debe regularse en los escalones superiores del ordenamiento .jurídico de un Estado.

      La Constitución salvadoreña no es una excepción a dicha regla, pues a lo largo de su articulado se encuentran contemplados distintos preceptos de contenido tributario, que si bien forman parte de las normas financieras en general, son perfectamente diferenciables de estas. Al conjunto de tales normas, previstas de manera sistemática en el texto constitucional, se le conoce como "Derecho Constitucional Tributario". Para el análisis de esos preceptos, deben retomarse los principios del Derecho Tributario formulados por la doctrina y que, desde la perspectiva del Derecho Constitucional, se conciben como límites 'ármales y materiales al poder tributario del Estado. En el supuesto planteado, solo nos referiremos a estos últimos.

      2. Los límites materiales del Derecho Tributario tienen como referente normativo el art. 131 ord. 6° de la Cn., del cual se desprende la exigencia de equidad del sistema tributario. Sobre el particular, en la aludida Inc. 35-2009 se sostuvo que dicha "justicia" o "equidad" de los tributos no puede ser objeto de un enjuiciamiento abstracto, sino que, en esencia, su análisis debe efectuarse mediante la verificación de que el sistema completo o un tributo específico cumplen con los mandatos concretos que la Constitución establece en materia impositiva.

         En el citado precedente jurisprudencial se reformuló el elenco de principios que hasta ese momento habían sido considerados los informadores de la equidad tributaria y se puntualizó que, en definitiva, la equidad del sistema tributario o de un tributo puede predicarse por la presencia de los siguientes principios: capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscación. En los siguientes apartados, estudiaremos cada uno de ellos, profundizando en el análisis del primero y del último, en atención al caso planteado en este proceso.

      3. a. Según el principio de capacidad económica, las personas deben contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado en proporción a la aptitud económico-social que tengan para ello. Se trata de un principio que limita a los poderes públicos en el ejercicio de su actividad financiera, pero que, además, condiciona y modula el deber de contribuir de las personas. En ese sentido, puede afirmarse que el aludido principio actúa como presupuesto y límite de la tributación.

         Así, la capacidad económica se puede determinar en la ley a partir de índices -como el patrimonio o la renta- o de indicios -como el consumo o el tráfico de bienes-. Es decir, en su concreción normativa, opera el principio de normalidad, según el cual, cuando el legislador configura una determinada situación como hecho generador, debe atender a un supuesto que normalmente es indicativo de capacidad económica.

         La capacidad económica es una exigencia del ordenamiento tributario globalmente considerado, así como de cada tributo. No obstante, respecto a las tasas y contribuciones especiales, que se rigen por el principio del beneficio, el principio de capacidad económica no se exige como en el caso de los impuestos, aunque ello no obsta a que el legislador lo considere como baremo en su potestad de crear tributos.

         b. El principio de capacidad económica tiene dos manifestaciones:

         (i) La primera es la capacidad abstracta de los contribuyentes de ayudar al sostenimiento de las cargas públicas. Es aquella capacidad que el legislador toma en cuenta cuando configura el hecho generador de un tributo específico. Su finalidad es asegurar que solo se van a gravar actos, hechos o negocios que efectivamente revelen capacidad económica.

         (ii) La segunda, por su parte, es aquella que sirve para orientar o modular, respecto a un contribuyente en particular, la carga tributaria que en concreto debe sufrir según sus objetivas y particulares posibilidades de hacerlo, ya que si bien el sujeto tiene la obligación de tributar, debe hacerlo conforme a su riqueza efectivamente disponible. Por consiguiente, la situación económica de la persona que va a ser objeto de gravamen por un tributo en particular debe valorarse conforme a parámetros que reflejen que aquella tiene aptitud contributiva y que la imposición no implicará un menoscabo sustancial de su patrimonio o renta; de este modo, sus circunstancias personales y familiares deben ser tenidas en cuenta al momento de determinar su riqueza imponible.

         Desde esta perspectiva, la capacidad económica para contribuir con los gastos públicos comienza una vez que el sujeto ha cubierto sus necesidades básicas; es decir, el Estado no debe exigir aportaciones cuando las personas no disponen del mínimo indispensable para su existencia. Dicha condición tiene concreción en un principio más específico: el de no confiscación.

         c. La capacidad económica se proyecta en dos planos: vertical y horizontal.

         (i) En el plano vertical, este principio se relaciona con los derechos a la propiedad y libertad económica, los cuales deben resguardarse frente a tributaciones excesivas. Así, el porcentaje de los ingresos de los contribuyentes que puede ser legítimamente afectado por un impuesto no debe ser desmedido respecto a su riqueza objetivamente disponible.

         (ii) Por su parte, en el plano horizontal, la capacidad económica supone que el cúmulo de tributos que afectan a un contribuyente debe configurar un "sistema" regido auténticamente por indicadores o indicios que reflejen la aptitud contributiva del sujeto pasivo. En este último plano, resultan contrarios a la capacidad económica y, en consecuencia, al derecho a la propiedad los casos en que, por ejemplo, una misma riqueza, con independencia de la configuración legal de los hechos imponibles respectivos, se grava dos o más veces o, por el contrario, cuando una riqueza no sufre gravamen alguno.

         d. Por otro lado, el Órgano Legislativo debe respetar el principio de capacidad económica en la configuración de dos aspectos del tributo: la capacidad objetiva y la intensidad del gravamen.

         (i) El primer aspecto pasa, a su vez, por tres exigencias: en primer lugar, si conforme al principio de capacidad económica debe gravarse la riqueza disponible, solo deben cargarse los rendimientos netos, aunque ello no impide que el legislador, por razones de practicabilidad administrativa, utilice, por ejemplo, técnicas que se ajusten más o menos a dicha exigencia -v. gr. que solo se permita la deducción de los gastos indispensables para obtener los ingresos-; en segundo lugar, el gravamen debe cuantificarse en relación con un período impositivo determinado, a fin de, por ejemplo, evitar que la renta obtenida en un solo período se vuelva a gravar posteriormente o que se desconecten ingresos y pérdidas y se termine afectando la regla de que solo debe imponerse el neto objetivo; y en tercer lugar, el gravamen debe recaer únicamente en rendimientos efectivos, no ficticios, por lo que gravar la capacidad productiva, la riqueza probable o las utilidades puramente nominales puede resultar contrario al principio analizado en algunos casos.

         (ii) En virtud del segundo aspecto, la capacidad económica también debe incidir -al igual que los otros principios tributarios materiales-- en la determinación de la intensidad del gravamen. Así, el principio de capacidad económica se optimiza cuando el legislador configura el sistema fiscal en términos equitativos con relación a la riqueza objetivamente disponible de los contribuyentes. Esto se relaciona con el principio de progresividad, por cuanto este último sirve para modular el monto que cada sujeto debe aportar al Estado para el mantenimiento de las necesidades esenciales de la población. De esta forma, se busca corregir, por ejemplo, el efecto regresivo de los impuestos indirectos. En todo caso, la intensidad del gravamen tiene como límite la confiscatoriedad.

      4. La igualdad es uno de los valores fundamentales que la Constitución anuncia en su pórtico -art. 1 inc. 1°- . Asimismo, es un principio que rige tanto las actuaciones de los poderes públicos como las relaciones entre los particulares -art. 3 inc. 1°-, por lo que puede ser invocado como derecho fundamental. La igualdad tiene una dimensión formal igualdad ante la ley- y una dimensión material -igualdad en la ley-.

         Ahora bien, así como en el Derecho Procesal la igualdad cobra especial relevancia porque hace realidad el contradictorio, en el Derecho Tributario la igualdad es uno de los pilares sobre los que se construye todo el régimen y, en ese sentido, aunque estemos ante un principio general del Derecho Constitucional y que, por ello, debe inspirar todo el ordenamiento jurídico, se justifica considerarlo como principio autónomo del Derecho Tributario.

         En el plano tributario, la igualdad exige que situaciones económicamente idénticas sean tratadas de la misma manera atendiendo a que la capacidad económica que se pone de relieve es la misma -la igualdad como mandato de equiparación- y, viceversa, que situaciones económicamente desiguales se traten de distinta manera -la igualdad como mandato de diferenciación-.

         Y es que la igualdad, como concepto relacional, implica que se comparan por lo menos dos personas, cosas o situaciones con base en una o varias características comunes, que constituyen el término de la comparación. Un materia fiscal, esto se traduce en que los criterios con base en los cuales se ha establecido el tributo sean objetivas y teniendo en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes, a efecto de no generar un tratamiento desequilibrado entre los sujetos.

      5. El principio de progresividad se encuentra estrechamente relacionado con los principios de capacidad económica e igualdad. Así, la imposición que cada sujeto sufre debe ser proporcional a su capacidad económica y a igual riqueza debe establecerse igual gravamen. Pero la exigencia de proporcionalidad entre capacidad económica y tributo, así como el mandato de equiparación, pueden resultar insuficientes desde el punto de vista constitucional. Por ello, si se admite que la igualdad reconocida en el art. 3 inc. 1° de la Cn. tiene una dimensión material, la ley debe introducir "correctivos" para que la igualdad trascienda del plano legal al plano fáctico.

         De ahí que, con el objetivo de alcanzar la equidad, el principio de progresividad indica que, por regla general, la alícuota o porcentaje de la contribución tiene que irse elevando a medida que aumenta el capital imponible. En ese sentido, este principio orienta la actividad legislativa del Estado al momento de establecer el elemento cuantitativo del tributo, por cuanto este, además de ser proporcionado con la capacidad contributiva de los obligados, debe conducir a un tratamiento igualitario entre estos desde un punto de vista formal y material. Podemos afirmar, entonces, que un tributo es equitativo cuando combina adecuadamente la capacidad económica, la igualdad y la progresividad.

      6. a. El principio de no confiscación, como límite material al poder tributario del Estado, prohíbe que los tributos detraigan una parte sustancial del capital gravado, de la renta devengada o de la que se hubiera podido devengar explotando racionalmente su fuente productora. En todo caso, debe asegurarse un mínimo vital exento de toda tributación a las personas, a efecto de que estas puedan cubrir sus necesidades básicas.

         La mayor dificultad que plantea la aplicación de este principio es la determinación concreta de la "parte sustancial" de un patrimonio más allá del mínimo vital. No existe una respuesta única a este problema. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán considera que la carga contributiva individual no debe sobrepasar el 50% de los ingresos; por su parte, la Corte Suprema de Justicia argentina ha fijado el 33% como tope de validez constitucional de ciertos tributos. Sin perjuicio de la utilidad de estos criterios, la equidad de un tributo, en términos de no confiscación, solo puede establecerse en cada caso concreto tomando en consideración el tiempo,

         el lugar, los montos y los fines económico- sociales de cada tributo.

         b. Ahora bien, para determinar si un tributo es confiscatorio o no, su elemento cuantitativo debe contrastarse con los réditos reales -o, en su caso, potenciales-- y no con los ingresos brutos, ya que estos son equívocos para el establecimiento de la porción que el Estado detrae, en un caso particular, de las ganancias del contribuyente -que es lo que realmente interesa-.

         En definitiva, lo que el principio constitucional examinado prohíbe es, en primer lugar, que se agote la riqueza imponible -esta exigencia solo aplica para los impuestos indirectos- y, en segundo lugar, que se destruya en su significado económico la utilidad de esa riqueza - impuestos directos- o se haga imposible o económicamente inútil la operación que tiene por objeto dicha riqueza -impuestos indirectos-.

         c. El principio de no confiscación puede verse afectado por un único tributo o por la concurrencia de dos o más tributos.

         (i) Cabe la posibilidad de que un tributo individualmente traspase el límite de la confiscatoriedad; sin embargo, es difícil fijar ese límite en abstracto, por lo que deberá demostrarse la confiscatoriedad en cada caso concreto. En ese sentido, lo que se pretende con el principio de no confiscación es que el contribuyente pueda mantener su nivel de vida y actividad productiva a pesar del tributo respectivo.

         (ii) Asimismo, una transgresión al límite de la confiscatoriedad por parte del sistema fiscal puede ocurrir como consecuencia de la doble o múltiple imposición o de que, a pesar de que cada tributo individualmente considerado esté apegado a los parámetros constitucionales, la suma de todos ellos tenga como resultado demostrable la exclusión del contribuyente del mercado. Las vulneraciones a la prohibición de confiscación, como efecto de una acumulación de impuestos, se explican por el hecho de que si bien la capacidad económica se exterioriza de distintas maneras y, por ello, existen diferentes tributos, el patrimonio afectado, respecto a un contribuyente, siempre es uno.

   2. A. El derecho a la propiedad --art. 2 inc. 1° de la Cn. faculta a una persona a: (i) usar libremente los bienes, que implica la potestad del propietario de servirse de la cosa y de aprovechar los servicios que rinde; (ii) gozar libremente de los bienes, que se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que deriven de su explotación, y (iii) disponer libremente de los bienes, que se traduce en actos de enajenación respecto a la titularidad del bien.

      En suma, las modalidades del derecho a la propiedad, esto es, el libre uso, goce y disposición de los bienes, se ejercen sin otras limitaciones más que aquellas establecidas en la Constitución o la ley. Así, la propiedad se encuentra limitada por el objeto natural al cual se debe: la función social.

      Además, cabe aclarar que, en virtud del derecho a la propiedad, no solo se tutela el dominio, sino también las reclamaciones que se basan en algún otro derecho real como la herencia, el usufructo, la habitación, la servidumbre, la prenda o la hipoteca -art. 567 inc. 3° del Código Civil-.

      2. Por otro lado, tal derecho se encuentra estrechamente relacionado con los tributos y, en razón de tal conexión, tanto los principios formales -reserva de ley y legalidad tributaria- como los principios materiales -capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscación- del Derecho Constitucional Tributario funcionan como garantías -en sentido amplio- de dicho derecho. En ese sentido, la inobservancia o el irrespeto de alguno de esos principios puede ocasionar una intervención ilegítima en el citado derecho fundamental, por lo que su vulneración perfectamente puede ser controlada por la vía del proceso de amparo, tal como dispone el art. 247 inc. 1° de la Cn.

5. Desarrollados los puntos previos, corresponde en este apartado analizar si la actuación de la autoridad demandada se sujetó a la normativa constitucional.

   1. En primer lugar, se procede a valorar la prueba aportada por los intervinientes en este amparo.

      1. a. La sociedad actora ofreció los siguientes medios probatorios: (i) impresión de la versión electrónica del boletín estadístico de la Superintendencia General de Electicidad y Telecomunicaciones (SIGET) del año 2008, emitido por la Gerencia de Telecomunicaciones de la SIGET, disponible en versión PDF en el sitio de internet http://www.siget.gob.sv; (ii) un disco CD-RW, que contiene la edición en formato PDF de los manuales de indicadores de telecomunicaciones publicados en la referida página electrónica de la SIGET de los años 2003 a 2009, documentos cuya impresiones fueron incorporadas a este expediente; (iii) impresiones de estadísticas de CTE, S.A. de C.V., específicamente de un cuadro de datos relativo a la cantidad de minutos de tráfico internacional entrante terminados en la red de la sociedad actora desde enero de 2008 hasta octubre de 2010, así como la gráfica de dicha información; y (iv) un disco CD-R, que contiene copias digitalizadas de las declaraciones de impuesto específico realizadas por la parte actora entre julio de 2008 y febrero de 2011, en las que aparece una razón en la que se hace constar que la referida sociedad no aceptó o reconoció la validez o legitimidad constitucional de dicho tributo.

         b. La autoridad demandada no presentó ni ofreció elementos probatorios tendentes a

         comprobar sus respectivas afirmaciones.

         c. Por su parte, el tercero beneficiado ofreció los siguientes medios probatorios: (i) informe de fecha 10-IX-2010, suscrito por el Gerente de Telecomunicaciones de la SIGET, relacionado con el tráfico telefónico de llamadas provenientes del exterior que terminan en El Salvador que CTE, S.A. de C.V., ha efectuado como operador local desde el mes de julio de 2007 hasta diciembre de 2009; (ii) certificaciones expedidas por la Supervisora Jurídica del Departamento de Tasaciones del Ministerio de Hacienda de las declaraciones de impuesto específico de la sociedad actora, correspondientes a los períodos tributarios comprendidos entre julio de 2008 y julio de 2010; y (iii) certificaciones de la Supervisora Jurídica del Departamento de Tasaciones del Ministerio de Hacienda de las declaraciones de impuesto sobre la renta de la sociedad pretensora, relativas a los años 2007, 2008 y 2009.

      2. a. Los documentos públicos, según el art. 331 del Código Procesal Civil y Mercantil

         (C.Pr.C.M.), de aplicación supletoria al proceso de amparo, son aquellos expedidos por un notario, una autoridad o un funcionario, en el ejercicio de su cargo, y que, cuando se aportan en original o testimonio y no se ha probado su falsedad, constituyen prueba fehaciente de los hechos o actos que documentan, de la fecha, de los intervinientes y del fedatario o funcionario que los expide.

         La prueba presentada por el Ministerio Público consistente en un informe suscrito por el Gerente de Telecomunicaciones de la SIGET y en las certificaciones expedidas por la Supervisora Jurídica del Departamento de Tasaciones del Ministerio de Hacienda de ciertas declaraciones de impuestos de la sociedad actora son documentos públicos, en virtud de que fueron emitidos por funcionarios en cumplimiento de las atribuciones que legalmente les han sido conferidas, por lo que se han comprobado tanto los datos que se relacionan en el aludido informe como la existencia de las mencionadas declaraciones de impuestos.

         b. El referido art. 331 del C.Pr.C.M. resulta analógicamente aplicable cuando se aporten en el proceso dibujos, Fotografías, planos, mapas, croquis u otros instrumentos similares que, si bien no reúnan plenamente las características de documentos públicos, hayan sido expedidos por los referidos funcionarios o autoridades en el ejercicio de sus funciones, en consonancia con la regla que prevé el art. 343 del aludido cuerpo normativo.

         La sociedad actora presentó una impresión de la edición electrónica del boletín estadístico de la SIGET del año 2008, emitido por la Gerencia de Telecomunicaciones de la SIGET, disponible en formato PDF en el sitio de internet http://www.siget.gob.sv, así como un disco CDRW, que contiene en formato PDF los manuales de indicadores de telecomunicaciones publicados en la referida página electrónica de la SIGET de los años 2003 a 2009, documentos cuya impresiones Fueron incorporadas a este expediente. Si bien en estos documentos no consta firma o sello alguno de funcionario o autoridad pública, proceden de la página oficial de internet de la SIGET, por lo que han sido expedidos por una autoridad pública en el ejercicio de sus Funciones, específicamente por el titular de la Gerencia de Telecomunicaciones de la SIGET. En ese sentido, se ha comprobado la información consignada en los relacionados documentos electrónicos, pues no se ha establecido su falsedad.

         e. Con relación a los medios de almacenamiento de información, el art. 397 del C.Pr.C.M. prevé que los recursos de almacenamiento de datos o de información podrán ser propuestos como medio de prueba, para lo cual se aportarán las cintas, discos u otros medios en los que esté contenido el material probatorio. Tales medios deben ofrecer garantías mínimas de que los datos contenidos en ellos no puedan ser alterados.

         El art. 332 del C.Pr.C.M. establece que los documentos privados son aquellos cuya autoría es atribuida a los particulares o que no cumplen las formalidades que la ley prevé para los instrumentos públicos. Dichos instrumentos acreditan su contenido y otorgantes si no ha sido impugnada su autenticidad o esta ha quedado demostrada -art. 341 inc. 2° del C.Pr.C.M.-.

         Los instrumentos privados presentados por la parte actora mediante un disco compacto - las copias digitalizadas de declaraciones de impuesto específico en las que aparece una razón en la que se hace constar la no aceptación de la legitimidad constitucional del tributo- hacen también plena prueba de su contenido, pues su autenticidad no ha sido impugnada por los demás intervinientes en este proceso, ni ha sido acreditada su falsedad.

         d. Además, de conformidad con el art. 343 del C.Pr.C.M., se considerarán analógicamente instrumentos privados los dibujos, fotografías, planos, mapas, croquis u otros instrumentos similares cuya autoría sea atribuible a particulares.

         Las impresiones de estadísticas de CTE, S.A. de C.V., específicamente de un cuadro de datos de lo minutos de tráfico internacional entrante terminados en la red de la sociedad actora desde enero de 2008 hasta octubre de 2010, así como la gráfica de dicha información, son instrumentos privados, a pesar de que consta firma o dato alguno de la persona encargada de su elaboración, de lo que se entendería que la responsabilidad por su contenido la ha asumido la parte que las presentó. La autenticidad de tales impresiones no ha sido impugnada por los demás intervinientes en este proceso, ni ha sido acreditada su falsedad.

      3. Con base en los elementos de prueba presentados, valorados conjuntamente y conforme a la sana crítica, se tiene por establecido que CTE, S.A. de C.V., es un operador local de telefonía que presta el servicio de terminación de llamadas procedentes del extranjero que finalizan en El Salvador y que es un sujeto pasivo del tributo regulado en la Ley de Impuesto Específico en los términos que establece el art. 4 inc. 1° de ese cuerpo normativo. De esa forma, se ha comprobado que la sociedad pretensora se encuentra en el ámbito de aplicación de las disposiciones impugnadas.

   2. A. a. El principio de capacidad económica es uno de los cuatro principios que dan contenido concreto a la equidad tributaria proclamada en el art. 131 ord. 6° de la Cn. y constituye una cualidad del sistema tributario globalmente considerado. En virtud de este principio, el legislador es llamado a estructurar un sistema tributario en el que el deber de las personas de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado se efectúe en proporción a la aptitud económico-social que tengan para ello.

      En el caso de los impuestos, tanto el hecho generador como su elemento cuantificador deben basarse en la capacidad económica de los obligados, tomando en consideración que este tipo de tributo no tiene relación con alguna actividad específica del Estado. Así, las manifestaciones de riqueza u objetos de gravamen imaginables -aunque se especifiquen desde distintos puntos de vista-, son limitados, pues la capacidad económica se mide por medio de cuatro indicadores generales: el patrimonio, la renta, el consumo o el tráfico de bienes. En ese sentido, la capacidad económica se presenta como una exigencia constitucional ineludible para la emisión de los impuestos, en atención a la naturaleza de su hecho generador.

      b. En las sentencias de fechas 22-IX-2010 y 2-II-2011, A.. 455-2007 y 1005-2008, respectivamente, se sostuvo que, en cumplimiento del principio de capacidad económica el legislador sólo puede elegir como hechos que generen la obligación de tributar aquellos que,

      directa o indirectamente, reflejen, revelen o guarden relación con una cierta capacidad económica; por tanto, no puede elegir como hechos significativos, a la hora de repartir la carga tributaria, situaciones que no tengan tal significado.

      En el caso concreto del impuesto impugnado, el art. 5 inc. 1° de la Ley de Impuesto Específico identifica -aparentemente- el hecho generador de aquel, siendo "el tiempo expresado en minutos del total del tráfico de las llamadas telefónicas entrantes provenientes del exterior que terminen en El Salvador, incluyendo las de cobro revertido".

      Ahora bien, uno de los elementos que configuran al hecho generador es el aspecto material, el cual se concretiza en la descripción abstracta del hecho que el destinatario legal del tributo realiza o la situación en la que este se encuentra, por lo que siempre se puede reconducir a un verbo -tener, hacer, dar, etc. -, el cual, a su vez, recae en un bien, una operación jurídica o un concepto tributario. En definitiva, el aspecto material es el que individualiza cada tributo y debe, en principio, revelar capacidad económica.

      Desde esta perspectiva, tal como se señaló en la citada Inc. 39-2010, el hecho generador del impuesto cuestionado no es propiamente el que establece el art. 5 inc. 1° de la Ley de Impuesto Específico, aunque este se puede identificar al interpretar sistemáticamente esa disposición legal junto con lo contemplado en el art. 1 de dicha ley, el Considerando II de su decreto de emisión y, particularmente, en el art. 4 inc. 1° de ese cuerpo normativo, que explícitamente menciona la prestación del servicio de terminación de llamadas provenientes del exterior. Es esto último el hecho generador del tributo en cuestión.

      Y es que el tiempo de duración de la llamada al que alude el art. 5 inc. 1° de la referida ley formaría parte del elemento cuantificador del impuesto y no de su hecho generador, ya que aquel no es un aspecto del supuesto fáctico, sino de la consecuencia jurídica que opera cuando la prestación del servicio se realiza, constituyéndose así el mandato de pago tributario. En el caso del impuesto en análisis, el elemento contemplado en la precitada disposición legal permite cuantificar la deuda tributaria en concordancia con las reglas que contempla el art. 7 de la normativa impugnada, que se refieren a la base imponible y a la cuantía del impuesto.

      c. Así las cosas, cuando se está ante el fenómeno de las llamadas telefónicas se ven implicados diferentes sujetos: por una parte, los operadores del servicio y, por otra parte, los suscriptores de dichos operadores. De esa forma se entablan relaciones jurídicas entre dichos sujetos, pero también entre los mismos operadores, tal como acontece en el presente caso.

      Concretamente, el impuesto impugnado está referido a la relación entre dos operadores internacionales de telecomunicaciones, uno domiciliado en nuestro país y otro no domiciliado en él. Estos operadores se vinculan por medio de un contrato en el que, por lo general, las partes se obligan, una, a prestar un servicio, el de terminación de las llamadas provenientes del exterior, y la otra, a pagar un precio por dicho servicio.

      La celebración de dicho contrato da lugar a la posibilidad de realizar el hecho generador y revela la capacidad económica de una de las partes -la que paga el precio por el servicio-, no el tiempo de las llamadas, que es un mero dato abstracto, técnico e instrumental. De lo anterior se colige que el impuesto regulado en la Ley de Impuesto Específico ha sido formulado como un impuesto al consumo de un servicio: el de terminación de las llamadas provenientes del exterior. El sujeto que consume dicho servicio es la operadora internacional de telefonía no domiciliada en El Salvador.

      Ahora bien, por regla general, en los impuestos al consumo el principio de capacidad económica se manifiesta de la siguiente manera: en la medida en que la riqueza disponible - capacidad económica objetiva- se utiliza para consumir bienes o servicios que superan el mínimo necesario para que la empresa pueda continuar realizando su actividad, se incrementa la responsabilidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

      d. Partiendo de lo anterior, corresponde ahora analizar si el hecho generador y los componentes del elemento cuantificante -base imponible y "tasa" o cuota impositiva- del impuesto regulado en la Ley de Impuesto Específico revelan capacidad económica.

      i. En general, los impuestos al consumo también deben ajustarse al principio de capacidad económica. Sin embargo, este principio no es una cualidad que se exija únicamente de cada tributo individualmente considerado, sino también, y sobre todo, del sistema fiscal en su conjunto. Por ello, en el plano vertical, el conjunto de la imposición que sufre un contribuyente debe ajustarse a su capacidad económica, dejando intacta una porción de sus ingresos y, en el plano horizontal, se deben gravar todas las manifestaciones de riqueza, pero solo una vez.

      Desde esta perspectiva, al analizar la estructura tributaria vigente se advierte que el art. 74 inc. 2° de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (Ley del IVA) establece que: "[n]o se entenderán utilizados exclusivamente en el extranjero [por lo tanto, no constituyen exportación], las prestaciones de servicios realizadas en el país, a usuarios que no tienen ni domicilio ni residencia en él, consistentes en la conexión, continuación o terminación de servicios originados en el exterior, en cuyo caso debe aplicarse la tasa estipulada en el art. 54 de la presente ley" [resaltado suplido]. Y esta última disposición prescribe: "La tasa del impuesto es el trece por ciento aplicable sobre la base imponible".

      Al respecto, si bien el art. 8 inc. 3° de la Ley de Impuesto Específico establecía, entre otros aspectos que el tributo impugnado no formaría parte de la base imponible del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), dicha disposición fue parcial y tácitamente derogada por el referido art. 74 inc. 2° de la Ley del IVA -reforma efectuada mediante el Decreto Legislativo N° 224, de fecha 12-XII-2009, publicado en el Diario Oficial N° 237, Tomo 385, de fecha 17-XII-2009-, que grava la "conexión, continuación o terminación de servicios originados en el exterior".

      De este modo, la riqueza que el impuesto impugnado pretende cargar también se grava mediante el IVA. Entonces, estamos ante un caso de doble imposición, no por concurrencia del mismo hecho generador en dos impuestos -lo que no es inconstitucional per se-, sino por gravarse la misma manifestación de riqueza --el consumo del mismo servicio contratado-, lo que sí es contrario al principio de capacidad económica.

      Esta conclusión se mantiene aun reconociendo que el principio de capacidad económica podría verse desplazado mediante ponderación por otro principio constitucional, situación que no puede inferirse en el presente caso de la lectura de la normativa impugnada. Y es que, a pesar de que el legislador le denomina "impuesto específico" y que el art. 5 inc. 1° de la ley en análisis sugiere un hecho generador diferente que ya se desvirtuó-, el análisis efectuado no permite evidenciar en él ninguna especificidad. Además, como ya se ha dicho, el propio Considerando II del decreto de emisión de la Ley de impuesto Específico confirma que es un impuesto con fines recaudatorios -como el IVA-, limitándose a manifestar que los ingresos recaudados por medio del impuesto controvertido "pueden ser orientados al financiamiento de programas de interés social". Ni de ello ni de los informes rendidos por el órgano Legislativo en este amparo se puede deducir un fin extrafiscal que justifique el impuesto impugnado, mucho menos este Tribunal puede conjeturar al respecto, ya que atribuirle una finalidad de esa naturaleza, cuando esta no se desprende con meridiana claridad de la ley, implicaría adentrarse en el campo de la actuación legislativa.

      En virtud de lo anterior, ya no es necesario analizar si el hecho generador correspondiente revela en el caso concreto -más allá de lo que la doctrina dice sobre los impuestos al consumo-

      capacidad económica. Hacerlo implicaría, además, analizar indirectamente la constitucionalidad del art. 74 inc. 2° de la Ley del IVA, lo que excedería, en términos de estricta congruencia procesal, el objeto del presente proceso.

      ii. Por otro lado, como se dijo anteriormente, el tiempo de las llamadas que menciona el art. 5 inc. 1° de la Ley de Impuesto Específico debe considerarse uno de los componentes del elemento cuantificante del impuesto, ya que; en esencia, dicho parámetro hace alusión a la base imponible que también contempla el art. 7 inc. 2° de esa normativa. De esas disposiciones se desprende que el tributo se calculará con base en la sumatoria de la duración de todas las llamadas telefónicas entrantes provenientes del exterior que terminen en El Salvador, expresadas en minutos, causadas durante el período tributario correspondiente. Es sobre esa cantidad que se aplicará la cuota del tributo de $0.04 por minuto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 inc. 1° del citado cuerpo legal.

      Ahora bien, el parámetro utilizado por el legislador para establecer la base imponible del impuesto no revela capacidad económica alguna, ya que la duración de las llamadas no es un criterio idóneo para medir la aptitud contributiva de los sujetos obligados en relación con el consumo del servicio de terminación de llamadas provenientes del exterior. Y es que el legislador, en todo caso, debería haber tenido en cuenta el precio pactado en el respectivo contrato que la operadora no domiciliada paga a la operadora domiciliada que presta el servicio de terminación de llamadas.

      En similares términos, la cuota del impuesto -$0.04- no permite que la determinación del monto a pagar a la Administración Tributaria se haga de conformidad con la capacidad económica de los sujetos pasivos de la relación-fiscal, toda vez que dicha carga se formula con base en una cantidad específica de dinero que se aplica sobre el tiempo de duración de las llamadas telefónicas, sin tomar en consideración -se reitera- el precio que las operadoras han acordado respecto del servicio de terminación de llamadas. De lo anterior se colige que el operador que presta el servicio no necesariamente podrá trasladar el costo del impuesto a sus usuarios, porque ya existen las condiciones y precios pactados en cada contrato. De este modo, la referida cuota no se establece confirme a un parámetro que refleje riqueza objetivamente disponible, por lo que también resulta contraria a la capacidad contributiva de los sujetos obligados.

      Por consiguiente, se concluye que los componentes del elemento cuantificante del

      impuesto impugnado -base imponible y cuota de pago-, contempladas en los aras. 5 inc. 1° y 7 de la Ley de Impuesto Específico, tampoco respetan el principio de capacidad económica y, por ende, vulneran ¿ficho principio constitucional, consagrado en el art. 131 ord. 6° de la Cn.

      iii. En este amparo se ha acreditado que CTE, S.A. de C.V., se encuentra en el ámbito de aplicación de las disposiciones legales impugnadas, por ser un operador concesionario del servicio público de telefonía que presta el servicio de terminación de llamadas procedentes del exterior. Asimismo, la sociedad actora ha acreditado dentro de este proceso que efectuó declaraciones de impuesto específico entre julio de 2008 y febrero de 2011.

      En consecuencia, CTE, S.A. de C.V, resultó afectada en su derecho film-lamenta/ a la propiedad, en vista de que los arts. 1, 4 incs. 1° y 2°, 5 inc. 1° y 7 de la Ley de Impuesto Específico, que regulan el impuesto específico a las llamadas telefónicas provenientes del exterior que terminan en El Salvador --específicamente su hecho imponible y los componentes de su elemento cuantificante-, atentaron contra el principio de capacidad económica en materia tributaria, por lo que es procedente amparar a dicha sociedad.

      2. a. La sociedad actora alega la vulneración de su derecho a la propiedad, en relación con el principio de no confiscación, en virtud de que las disposiciones impugnadas generan efectos confiscatorios para la referida sociedad. Adujo que la implementación del referido tributo supuso la privación de parte sustancial de sus ingresos y renta, por cuanto ella padeció la exacción de su propiedad mediante una confiscación encubierta o indirecta de una parte sustancial de sus ingresos y de su renta.

      b. Al respecto, el principio de no confiscación, como límite material al poder tributario del Estado, prohíbe que los tributos detraigan una porción significativa de la renta. devengada o de la que se hubiera podido devengar explotando racionalmente su fuente productora. En definitiva, lo que el principio constitucional examinado prohíbe, en el caso de los impuestos al consumo - como el que grava el servicio de terminación de llamadas telefónicas provenientes del exterior-, es que se agote la riqueza imponible o que se haga imposible o económicamente inútil la operación que tiene por objeto dicha riqueza. Ahora bien, la equidad de un tributo, en términos de no confiscación, solo puede establecerse en cada caso concreto, tomando en consideración el tiempo, el lugar, los montos y los fines económicos-sociales de aquel.

      c. Sin embargo, los elementos probatorios incorporados a este proceso no acreditan cuál fue el porcentaje de riqueza de CTE, S.A. de C.V., que, a partir de la prestación del servicio de llamadas telefónicas provenientes del exterior que terminan en El Salvador, resultó afectado por el impuesto en mención durante cada período tributario; tampoco demuestran que el margen de beneficio que quedó después del pago del tributo fuera tan bajo que desalentara el ahorro y la inversión del sujeto.

      Y es que si bien con la versión electrónica del boletín estadístico de la SIGET del año 2008, los manuales de indicadores de telecomunicaciones de los años 2003 a 2009 publicados en la página electrónica de la SIGET y las estadísticas de CTE, S.A. de C.V., se acredita que existió una disminución del tráfico telefónico internacional entrante a El Salvador y, específicamente, a la red de esa sociedad, tales datos por sí solos no permiten colegir que la referida reducción en el trafico de llamadas telefónicas .fue necesariamente consecuencia de la implementación del impuesto en mención y, mucho menos, podrían llevar a concluir que el tributo impugnado detrajo una porción significativa de la renta devengada por la sociedad actora explotando racionalmente su fuente productora.

      En similares términos, de las declaraciones del impuesto en estudio efectuadas por la parte actora -presentadas tanto en certificación como en copia digital- no se podría colegir que existió un agotamiento de la riqueza imponible, puesto que en aquellas se consignó únicamente la cantidad expresada en minutos de las llamadas telefónicas internacionales entrantes y el monto que correspondió pagar al realizar el cálculo aritmético con base en la cuota del impuesto, pero no se consignó en tales documentos la renta obtenida por CTE, S.A. de C.V., en virtud del servicio prestado a los operadores no domiciliados en el país.

      De igual modo, de la lectura de las certificaciones de las declaraciones de impuesto sobre la renta de los años 2007, 2008 y 2009 tampoco se puede colegir la existencia de una confiscación encubierta de las ganancias generales de CTE, S.A. de C.V., como efecto del tributo impugnado, toda vez que en aquellas no se especificó la procedencia de los gastos e ingresos de dicha sociedad en los relacionados períodos tributarios.

      d. De esta forma, en este proceso no se ha comprobado que el impuesto a las llamadas telefónicas provenientes del exterior sea confiscatorio, toda vez que no consta información respecto de los réditos sobre los cuales recae el tributo en controversia a efecto de establecer cuáles son la porciones que el Estado ha detraído de las ganancias del 'contribuyente y si estas desajustaron su capacidad productiva.

      En consecuencia, dado que no se ha demostrado en este amparo que mediante el tributo en referencia se agote la riqueza imponible de CTE, S.A. de C.V., o que se grave una porción significativa de la renta que esta devenga por el servicio prestado, se concluye que no se ha establecido la vulneración que la sociedad actora alegó respecto de su derecho a la propiedad, en relación con el principio de no confiscación, por lo que es procedente desestimar en este punto la pretensión formulada.

6. Determinada la vulneración constitucional derivada de la actuación de la Asamblea Legislativa, corresponde establecer el efecto restitutorio de la presente sentencia.

   1. A. a. Tal como se sostuvo en la Sentencia del 15-II-2013, Amp. 51-2011, el art. 245 de la Cn. regula lo relativo a la responsabilidad por daños en la que incurren los funcionarios públicos como consecuencia de una actuación dolosa o culposa que produce vulneración de derechos constitucionales, la cual es personal, subjetiva y patrimonial.

      Asimismo, dicha disposición constitucional prescribe que, en el caso de la responsabilidad aludida y cuando dentro de la fase de ejecución del proceso en cuestión se constate que el funcionario no posee suficientes bienes para pagar los daños materiales y/o morales ocasionados con la vulneración de derechos constitucionales, el Estado, en posición de garante, asume subsidiariamente el pago de dicha obligación la que, en principio, no le correspondía-.

      En este último supuesto, siguiendo el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia del 4-II-2011, Amp. 228-2007, cuando el funcionario responsable pertenece o perteneció a una autoridad municipal o a una institución oficial autónoma, en virtud de que a estas se les reconoce personalidad jurídica, un patrimonio estatal propio y un poder de decisión o de administrarse a sí mismas, la referida posición de garante no la debe asumir el Estado central, sino el ente descentralizado correspondiente.

      b. Por otro lado, el art. 35 de la L.Pr.Cn. establece, en su parte inicial, el efecto material de la sentencia de amparo, el cual tiene lugar cuando existe la posibilidad de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional. En cambio, cuando dicho efecto no es posible, la sentencia se vuelve meramente declarativa, dejándole expedita al amparado la incoación de un proceso en contra del funcionario por la responsabilidad personal antes explicada.

      Ahora bien, tal como se sostuvo en el Amp. 51-2011, la citada disposición legal introduce una condición no prevista en la Constitución y, por ello, no admisible: el que la "acción civil de indemnización por daños y perjuicios" solo procede cuando el efecto material de la sentencia de amparo no es posible. Y es que esta condición, además de injustificada, carece de sentido, pues el derecho que establece el art. 245 de la Cn. puede ejercerse sin necesidad de una sentencia estimatoria de amparo previa.

      Teniendo en cuenta que en la actualidad el proceso de amparo está configurado legal y jurisprudencialmente como declarativo-objetivo y, por ende, no tiene como finalidad el establecimiento de responsabilidad alguna, en la sentencia mencionada se concluyó que, según el art. 35 de la L.Pr.Cn., interpretado conforme al art. 245 de la Cn., cuando un fallo es estimatorio, con independencia de si es posible o no otorgar un efecto material, se debe reconocer el derecho que asiste al amparado para promover, con base en el art. 245 de la Cn., el respectivo proceso de daños directamente en contra del funcionario responsable por la vulneración de sus derechos fundamentales y subsidiariamente contra el Estado.

      2. a. Ahora bien, el régimen de responsabilidad establecido en el art. 245 de la Cn. no debe confundirse con la obligación del Estado o de los entes descentralizados o desconcentrados públicos de responder por los daños ocasionados a los particulares como consecuencia del cumplimiento normal o anormal de las funciones estatales y de la gestión de los servicios públicos, a la cual la doctrina denomina "responsabilidad patrimonial de la Administración" -Sentencias del 20-I-2009 y 4-II-2011, Inc. 65-2007 y Amp. 228-2007, respectivamente-. Su fundamento es una interpretación extensiva -permitida por tratarse de derechos fundamentales-- del art. 2 inc. 3° de la Cn., en el sentido de que toda persona tiene derecho, frente al Estado y a los particulares, a una indemnización por los daños de carácter material o moral que se le causen.

         Dicho régimen de responsabilidad es distinto y autónomo del contemplado en el art. 245 de la Cn., puesto que: (i) el obligado es el Estado como tal, no un funcionario público; (ii) tiene como causa el funcionamiento normal o anormal de la Administración, no la conducta dolosa o culposa de un funcionario; y (iii) su base se encuentra en cualquier daño y no solamente en los causados por la vulneración de derechos constitucionales.

         Así, a diferencia de la responsabilidad personal regulada en el art. 245 de la Cn., la responsabilidad patrimonial del Estado es de carácter institucional, predominantemente objetiva y no se limita a los supuestos de vulneración de derechos constitucionales. Su finalidad es la de garantizar el patrimonio de toda persona (arts. 2 inc. 1° y 103 inc. 1° de la Cn.) y se centra en la existencia de un daño antijurídico, esto es, uno que los particulares no tienen el deber jurídico de soportar.

         b. De este modo, cuando una persona es víctima de un daño antijurídico por parte del Estado, queda a su opción si demanda al funcionario público por vulneración de sus derechos constitucionales o al Estado por una lesión sufrida en ocasión del funcionamiento de la Administración. En este último caso, si resulta condenado el Estado, pero existió dolo o culpa en la actuación del funcionario involucrado, el primero puede incoar contra el segundo un proceso para el reembolso.

         Al respecto, en la Constitución únicamente se contempla expresamente un supuesto de responsabilidad directa del Estado: la referida a los errores judiciales debidamente comprobados mediante el procedimiento de revisión en materia penal (art. 17 inc. 1° de la Cn.). Asimismo, solo se prevén dos casos de responsabilidad del Estado con carácter subsidiario: (i) por retardación de justicia (art. 17 inc. 2° de la Cn.), y (ii) por vulneración de derechos constitucionales (art. 245 de la Cn.). Ahora bien, en el Amp. 51-2011 se sostuvo que existe una responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos en general, la cual es directa y deriva de una interpretación extensiva del art. 2 inc. 3° de la Cn.

      3. a. Existen casos especiales en los que el Estado, sus entes descentralizados o desconcentrados y los funcionarios con potestades normativas pueden incurrir en responsabilidad por los actos regulatorios de carácter general y abstracto que produzcan daños de carácter material o moral como consecuencia de la vulneración de los derechos constitucionales de las personas. Este tipo de responsabilidad se caracteriza por los siguientes elementos:

         i. La fuente directa de la obligación de resarcir daños está constituida por la inconstitucionalidad de disposiciones generales y abstractas. El daño causado a un particular surge como consecuencia directa de la vigencia de una disposición cuyo contenido -aquello que manda, prohíbe o permite- es inconstitucional, con independencia de las eventuales intermediaciones jurisdiccionales o administrativas. Por el contrario, cuando se trate de daños cuyo origen sea un acto de aplicación y/o interpretación de la ley, efectuado por una autoridad administrativa o jurisdiccional, la procedencia de una eventual responsabilidad deberá definirse respecto de la actuación de estas últimas.

         ii. Surge a partir de la intervención estatal conculcadora de derechos constitucionales. La responsabilidad patrimonial deriva de la generación de un daño que tiene como base la afectación de derechos revestidos de inmunidad respecto de los cambios legislativos: derechos reconocidos en la Constitución.

         iii. La antijuridicidad. No existen derechos absolutos, ya que, en principio, toda facultad subjetiva admite restricciones. La Constitución habilita a los entes con potestades normativas a interpretar, regular y delimitar el contenido de los derechos fundamentales, siempre que ello no implique su privación o una intervención desproporcionada. Tales habilitaciones se encuentran sometidas a límites sustantivos, competenciales y procedimentales. En ese sentido, la actividad creadora de normas no está exenta de equívocos, ya que, por lo general, los preceptos constitucionales tienen un carácter abierto, susceptible de cierto margen de interpretación por parte de los órganos que los desarrollan, por lo que estos pueden incurrir en errores interpretativos que motivan la inconstitucionalidad de la disposición que emiten; situación que no necesariamente implica la existencia de responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados.

         En ese orden, la reparación patrimonial de daños materiales o morales causados por una limitación a un derecho constitucional no procede en los casos en los cuales, no obstante que se acredita la inconstitucionalidad de una determinada disposición, el ente con potestad normativa cometió un error excusable al interpretar o delimitar el alcance y significado de los preceptos constitucionales en ejercicio de sus competencias. Por consiguiente, la antijuridicidad de la actuación normativa se verificará solo en los supuestos en los que no concurra error o exista un error inexcusable por parte del funcionario creador de la disposición, por ejemplo: por emitir una disposición que manifiestamente contradice el tenor de las disposiciones constitucionales -v. gr. de aquellas que fijan de manera clara algún procedimiento o una prohibición-; o por infringir jurisprudencia constitucional de la cual debe tener conocimiento gr. cuando el contenido de la normativa emitida es el mismo que el de otros preceptos declarados previamente inconstitucionales por este Tribunal-.

         iv. La jurisdicción ordinaria es la competente para conocer de los procesos de responsabilidad contra el Estado o sus funcionarios por la emisión de disposiciones inconstitucionales. A ella le corresponde constatar la existencia del daño, el nexo de causalidad entre este y la disposición cuestionada, la antijuridicidad de la actuación normativa y, en los casos de la responsabilidad personal del art. 245 de la Cn., el dolo o la culpa del funcionario.

         b. Siguiendo los lineamientos expresados, cuando a un particular se le ocasione un daño por la emisión de disposiciones inconstitucionales, en los supuestos de ausencia de error o de error inexcusable arriba mencionados, puede optar por demandar al funcionario público responsable de dicha emisión por la vulneración de sus derechos constitucionales art. 245 de la Cn.- o al Estado por la lesión sufrida en ocasión de su actuación normativa - art. 2 inc. 3° de la Cn.-. Asimismo, en los casos en que al Estado le corresponda pagar subsidiariamente o se le condene directamente a cancelar la indemnización, este puede incoar contra el funcionario emisor un proceso para el reembolso en los supuestos en que haya existido dolo o culpa en su actuación normativa.

         c. Al respecto, el art. 245 de la Cn. establece que los funcionarios y empleados públicos deben responder por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la vulneración de los derechos constitucionales. Este tipo de responsabilidad es eminentemente personal, por lo cual los sujetos obligados a indemnizar los perjuicios ocasionados con la emisión de disposiciones generales y abstractas declaradas inconstitucionales son los que hayan concurrido con su voluntad en la emisión de aquellas. De lo anterior se deduce que, en los casos de los órganos colegiados, únicamente deberán responder los integrantes que hayan aprobado o votado por el contenido de la normativa en cuestión mediante el procedimiento correspondiente.

         Sin embargo, en el caso de la Asamblea Legislativa, el art. 125 de la Cn. establece la inviolabilidad de los diputados, quienes no tienen responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. El régimen de la inviolabilidad en los Estados Constitucionales tiene la finalidad de asegurar, mediante la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del Órgano Legislativo. Esta prerrogativa se asienta en la vigencia del principio de división de poderes y pretende evitar la persecución de los diputados por errores de apreciación al momento de legislar. Mediante esta garantía se trata de asegurar la independencia del Órgano Legislativo, protegiendo un ámbito de libertad en la labor legislativa, sin el cual el ejercicio de las funciones parlamentarias podría resultar frustrado. Lo anterior no implica la imposibilidad de deducir responsabilidades penales o de otra índole a los diputados por la comisión de hechos delictivos en el ejercicio de sus funciones.

         La garantía de la inviolabilidad de los diputados de la Asamblea Legislativa constituye una excepción al principio de responsabilidad personal de los funcionarios públicos, previsto en el art. 245 de la Cn. Sin embargo, ello no impide que los daños ocasionados por los actos legislativos declarados inconstitucionales sean resarcidos en los casos en que exista un daño antijurídico, pues dicha responsabilidad puede ser deducida en la vía ordinaria frente al Estado,

         con base en el art. 2 inc. 3° de la Cn.

         d. En conclusión, los funcionarios públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente por los actos normativos que hayan aprobado y que produzcan la vulneración de derechos constitucionales en los supuestos en los que, por ejemplo, manifiestamente contradigan la letra de la Constitución o se compruebe que infringen el contenido de la jurisprudencia constitucional consolidada de la cual aquellos deben tener conocimiento; ello sin perjuicio de que se promueva directamente la acción indemnizatoria correspondiente contra el Estado o sus entes descentralizados o desconcentrados, con base en el art. 2 inc. 3° de la Cn. Sin embargo, en el caso de los Diputados de la Asamblea Legislativa, en virtud de la garantía constitucional de la inviolabilidad parlamentaria, los particulares afectados solamente podrán plantear la acción judicial indemnizatoria por la responsabilidad patrimonial del Estado legislador de manera directa contra este, con fundamento en la disposición constitucional precitada.

   2. Por otra parte, es necesario hacer referencia a los efectos que producen las sentencias de inconstitucionalidad sobre las situaciones concretas que resultaron afectadas por una normativa declarada inconstitucional, a fin de establecer si tales consecuencias resultan aplicables a las sentencias estimatorias pronunciadas en los amparos contra disposiciones autoaplicativas, dadas las similitudes de ambos mecanismos de control de constitucionalidad.

      1. Las sentencias estimatorias de los procesos de inconstitucionalidad se circunscriben a constatar la conformidad o disconformidad de la disposición impugnada con el precepto constitucional propuesto como parámetro de control, con la finalidad de declarar la infracción producida en caso de establecerse la segunda circunstancia. En ese sentido, con el objeto de restablecer el orden constitucional, dichas sentencias producen la expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones impugnadas, de lo que se colige que ese pronunciamiento tiene efectos constitutivos y no meramente declarativos, por cuanto tiene implicaciones equivalentes a la derogación -Sentencia del 22-IX-2001, Inc. 23-97--.

         En efecto, en nuestro sistema de control de constitucionalidad la expulsión del ordenamiento jurídico de la disposición impugnada no conduce a la eliminación de todas las circunstancias o efectos derivados de su contenido. En esos términos y en aras de la seguridad jurídica, las sentencias de inconstitucionalidad no afectan las relaciones o las situaciones jurídicas que se consolidaron a raíz de la aplicación o vigencia de las disposiciones impugnadas - Resolución del 21-X-2005, Inc. 21-2004-.

         Consecuentemente, las situaciones anteriores a la declaración de inconstitucionalidad resultarán afectadas por esta última solo en la medida en que aún sean susceptibles de decisión pública, administrativa o judicial. Lo anterior no excluye que las actuaciones firmes ordenadas con base en la normativa inconstitucional puedan ser sometidas a revisión de la jurisdicción ordinaria o constitucional en los procesos concretos de su competencia, pues ellas pueden ser revertidas cuando no suponen la anulación de las situaciones jurídicas consolidadas en virtud de la ejecución o el cumplimiento de las disposiciones invalidadas.

      2. a. En los procesos de amparo contra ley autoaplicativa operan, en lo pertinente, algunas de las reglas utilizadas en el proceso de inconstitucionalidad, pues se realiza un examen en abstracto de los preceptos normativos respecto de los cuales se alega que, directamente y sin la necesidad de un acto posterior de aplicación, transgreden derechos constitucionales. Lo anterior sin dejar de lado que, al tratarse de un proceso de naturaleza concreta, los sujetos activos de la pretensión también tienen que autoatribuirse y acreditar la existencia de un agravio de trascendencia constitucional a sus derechos.

         Uno de los aspectos en los cuales resultan aplicables las reglas de los procesos de inconstitucionalidad a los amparos contra ley autoaplicativa es el de los efectos que ocasionan en el tiempo las decisiones que declaran que ha lugar la pretensión en este último tipo de procesos.

         b. Como se expuso anteriormente, las sentencias estimatorias emitidas en los procesos de inconstitucionalidad producen la expulsión del ordenamiento jurídico de la normativa impugnada, por lo que sus efectos en el tiempo son de carácter constitutivo y a futuro respecto de las situaciones jurídicas concretas, con las precisiones arriba especificadas. Por su parte, las sentencias estimatorias de los procesos de amparo contra ley autoaplicativa no provocan la expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones sometidas a controversia, pues únicamente inciden en el asunto concreto que se discute. Es por ello que en estos casos se ordena que cese la implementación de la normativa impugnada y que no se agoten plenamente sus consecuencias jurídicas, tomando en consideración que estas últimas podrían haber sido suspendidas mediante la emisión de una medida cautelar o que, incluso, el interesado podría no haber cumplido completamente algunas de ellas.

         A semejanza de lo que ocurre con las sentencias de inconstitucionalidad, las decisiones estimatorias de amparo contra ley autoaplicativa generan efectos hacia el futuro respecto de las situaciones jurídicas que resultaron afectadas con la implementación de la normativa impugnada,

         toda vez que ese tipo de disposiciones inciden en los derechos de las personas desde su sola entrada en vigencia y, por ende, en aras de la seguridad jurídica, tales sentencias no pueden revertir las relaciones o las situaciones jurídicas que se consolidaron a raíz de la vigencia de las disposiciones impugnadas.

   3. A. a. En el presente caso, al admitirse la demanda de amparo, se declaró sin lugar la suspensión de los efectos de las disposiciones legales impugnadas, en virtud de que no concurrían los presupuestos básicos para la adopción in limine de una medida cautelar, específicamente el limita boni iuris en su vertiente negativa y el periculum in mora.

      Por su parte, las disposiciones controvertidas en este proceso tenían naturaleza autoaplicativa, pues producían efectos en los sujetos obligados desde su entrada en vigencia y, por ende, las cantidades de dinero pagadas con base en el cobro habilitado por ellas constituyen situaciones jurídicas consolidadas a favor del Estado. De ello se colige que se consumaron los efectos de las disposiciones impugnadas, lo cual impide una restitución material del derecho constitucional vulnerado respecto de los períodos tributarios que fueron cancelados por la sociedad demandante, ya que tales pagos no pueden revertirse mediante una sentencia de amparo.

      b. Al respecto, en el mencionado Amp. 51-2011, se indicó que el proceso de amparo, tal como se encuentra configurado en la vigente Ley de Procedimientos Constitucionales, es un proceso declarativo objetivo, en el sentido de que se limita a declarar si existe o no una vulneración de derechos constitucionales por parte de una autoridad y, por ende, no tiene como objeto el establecimiento de responsabilidad alguna. Así, el art. 81 de la L. Pr. Cn. prescribe que la sentencia produce los efectos de cosa juzgada contra toda persona o funcionario, haya o no intervenido en el proceso, solo en cuanto a que el acto reclamado es o no inconstitucional y que el contenido de la sentencia no constituye en sí declaración, reconocimiento o constitución de derechos privados subjetivos de los particulares o del Estado.

      Entonces, es debido a que el proceso de amparo está configurado legal y jurisprudencialmente de esa manera que en un fallo estimatorio no se hace pronunciamiento alguno respecto a la determinación de la responsabilidad personal del funcionario; tampoco se determina que, en el caso concreto, exista responsabilidad patrimonial del Estado. Sobre todo ello se debe pronunciar la jurisdicción ordinaria, limitándose la sentencia de amparo a dejar expedita la vía indemnizatoria correspondiente.

      2. a. El acto contra el cual se reclamó en el presente caso fue la emisión de una normativa secundaria de carácter autoaplicativo cuyo contenido resulta contrario a la Constitución, por lo que el efecto material de este pronunciamiento debe circunscribirse a ordenar que no se apliquen los arts. 1, 4 incs. 1° y 2°, 5 inc. 1° y 7 de la Ley de Impuesto Específico a la sociedad actora, con las precisiones que a continuación se desarrollan, ya que implementar tal consecuencia jurídica a partir de la fecha de emisión de esta sentencia podría causar una afectación en la previsión de ingresos que contempla el Presupuesto General del Estado de este año para la ejecución de actividades estatales, con el consecuente desequilibrio en las finanzas públicas.

         b. La jurisprudencia constitucional ya ha reconocido reiteradamente que las potestades jurisdiccionales de esta Sala la habilitan a modular los efectos de sus decisiones, a fin de no generar impactos negativos en la realidad normada o cambios bruscos dentro del ordenamiento jurídico -Sentencias de 13-I-2010 y 23-XII-2010, Incs. 130-2007 y 5-2001, respectivamente-. Dicha .justificación también puede aplicarse a aquellos casos en los que las autoridades involucradas en la aplicación de las disposiciones objeto de control deban tomar las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de sus competencias en atención a la situación inconstitucional declarada.

         Por consiguiente, la sentencia en un amparo contra ley autoaplicativa puede adoptar distintas modalidades, en lo relativo al efecto restitutorio, cuando puedan afectarse intereses generales: por ejemplo, justificando el mantenimiento de la aplicabilidad del precepto por un lapso razonable, a pesar de haberse constatado su incompatibilidad constitucional.

         En esta línea se encuentran las sentencias prospectivas o de inconstitucionalidad diferida, que no solamente pueden pronunciarse en los procesos de inconstitucionalidad, sino también en los amparos contra ley autoaplicativa, tomando en consideración que en estos últimos también se controvierte la constitucionalidad de disposiciones jurídicas de alcance general y abstracto, con la diferencia de que los efectos del fallo sólo repercuten en el caso específico que ha sido planteado. En este tipo de sentencias se pueden modular los efectos del fallo pro Muro, es decir, suspenderlos por un período razonable de tiempo, con el fin de preservar la integridad y supremacía de la Constitución respecto de otros bienes que probablemente resultarían afectados por el vacío que genera la inconstitucionalidad.

         La modalidad de sentencias mencionada nace de la necesidad que tienen los tribunales constitucionales de garantizar la integridad de la Constitución en eventos donde no es posible dejar sin efecto de manera inmediata una disposición infraconstitucional en vista de los efectos perjudiciales o inconstitucionales que tendría esa decisión. De este modo, la modulación de los efectos temporales de los fallos, en particular la modalidad de sentencias con efectos diferidos, lejos de ser un instrumento contradictorio, busca consolidar un control constitucional efectivo, pero prudente y responsable.

         c. Por ello, es pertinente optar por la adopción de una sentencia prospectiva o de efectos diferidos, con el fin de que el legislador pueda, en el corto plazo, adecuar el Presupuesto General del Estado al efecto restitutorio de esta sentencia. En ese orden de ideas, en consonancia con lo resuelto en la mencionada Sentencia de Inc. 39-2010 y atendiendo a que la elaboración y ejecución progresiva del Presupuesto General toma como una de sus bases la proyección de la recaudación tributaria anual, es necesario en este caso dejar sin efecto la aplicación de los arts. 1, 4 incs. 1° y 2°, 5 inc. 1° y 7 de la Ley de Impuesto Específico a la sociedad CT. S.A. de C.V., a partir de los seis meses posteriores a la fecha de emisión de la referida sentencia de inconstitucionalidad, por lo que la Administración Tributaria deberá abstenerse de determinar obligaciones tributarias a la sociedad actora desde el 19-IX-2014.

         Asimismo, siendo estimatorio el fallo, a fin de no afectar situaciones jurídicas consolidadas de las que sean titulares o interesados el Estado, los contribuyentes o terceros, las cuales deben recibir protección en virtud del principio de seguridad jurídica consagrado en los arts. 1 inc. 1° y 2 inc. 1° Cn., y a fin de minimizar los impactos negativos de la presente decisión en el Presupuesto General del Estado, sus efectos serán constitutivos a partir del plazo mencionado; es decir, la inconstitucionalidad de las citadas disposiciones legales no generaría la obligación para la Administración de devolver las tributaciones obtenidas durante su vigencia -Sentencia de 4-V-2011, Inc. 61-2005, e Interlocutoria de 25-X-2005, Inc. 21-2004-.

      3. Por otro lado, en el caso en estudio, la autoridad emisora de las disposiciones impugnadas fue la Asamblea Legislativa. Como se mencionó anteriormente, a sus Diputados les asiste la garantía constitucional de la inviolabilidad parlamentaria, de conformidad con el art. 125 de la Cn. En estos supuestos, los particulares afectados solamente pueden plantear la acción judicial indemnizatoria por la responsabilidad patrimonial del Estado legislador de manera directa contra este, con fundamento en el art. 2 inc. 3° de la Cn. De incoarse esta vía, la jurisdicción ordinaria competente deberá constatar la existencia del daño, el nexo de causalidad entre este y las disposiciones cuestionadas, así como la antijuridicidad de la actuación normativa, para finalmente determinar el monto estimado de la liquidación que habría de corresponder.

         POR TANTO, con base en las razones expuestas y los arts. 2 inc. 1° y 131 ord. 6° Cn. y 31 n° 3, 32, 33, 34 y 35 de la L. Pr. Cn., en nombre de la República de El Salvador, esta Sala

         FALLA:

         (a) sobreséese el proceso respecto a la demanda presentada por la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de su apoderado S.E.A.B., en contra de la Asamblea Legislativa, por la supuesta vulneración de los derechos a la "tributación en forma equitativa", a la "interdicción de la confiscación tributaria", a la seguridad jurídica y a la libertad de empresa, así como en lo concerniente a la inconstitucionalidad alegada de los arts. 4 incs. 3° y 4°, 5 incs. 2° y 3° y 6 de la Ley de Impuesto Específico; (b) declárase que ha lugar al amparo interpuesto por la sociedad precitada en contra de la Asamblea Legislativa por haberse establecido que los arts. 1, 4 incs. 1° y 2°, 5 inc. 1° y 7 de la Ley de Impuesto Específico conculcaron el derecho a la propiedad de la primera, como consecuencia de la inobservancia del principio de capacidad económica; (c) declárase que no ha lugar al amparo interpuesto por la sociedad actora en contra de la Asamblea Legislativa por la supuesta trasgresión de su derecho a la propiedad, en relación con el principio de no confiscación en materia tributaria; (d) déjase sin efecto la aplicación de los arts. 1, 4 incs. 1° y 2°, 5 inc. 1° y 7 de la Ley de Impuesto Específico a la referida sociedad, debiendo las autoridades correspondientes del Ministerio de Hacienda abstenerse de determinar obligaciones tributarias a la sociedad actora desde el 19-IX-2014; y (e) notifíquese.

         --------------------F. MELENDEZ-----------E. S. BLANCO R.------------------R. E.

         GONZALEZ----------------------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS

         QUE LO SUSCRIBEN.------------E.S.C.--------SRIA.--------- RUBRICADAS.-