Sentencia nº 226-2014 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 16 de Enero de 2015

Fecha de Resolución16 de Enero de 2015
EmisorSala de Lo Constitucional
Número de Sentencia226-2014
Tipo de ProcesoHÁBEAS CORPUS
Acto ReclamadoOmisión de notificación de sentencia y exceso en la duración del plazo de la detención provisional
Derechos VulneradosPresunción de inocencia, libertad física e inobservancia al principio de legalidad
Tipo de ResoluciónSentencia Definitiva

226-2014

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con tres minutos del día dieciséis de enero de dos mil quince.

El presente proceso de hábeas corpus fue iniciado a su favor por la señora G.E.M., a quien se atribuye el delito de extorsión tentada, en contra del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador. Analizado el proceso y considerando:

  1. La peticionaria refiere que fue privada de libertad el diecisiete de septiembre de dos mil diez, condenada a cumplir la pena de siete años y seis meses de prisión por la comisión del delito de extorsión, sin que hasta la fecha de promoción de este hábeas corpus se le haya notificado la referida sentencia, ni recibido certificación de la misma, "... supuestamente declarada ejecutoriada para su cumplimiento, manteniéndome en el sistema penitenciario con la calidad de procesad[a] y no de condenad[a]", constituyendo tales hechos agravio contra sus derechos fundamentales constitucionales estatuidos en los Arts. 1, 2, 3, 4, 10, 11 inc. 2°, 12 inc. 1°, 13 inc. 1°, 182 ordinal 5° de la Constitución, así como de conformidad a lo establecido en los Arts. 1, 4, 38, 39, 40, 41, y 63 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, y Art. 8 del Código Procesal Penal, por encontrarse en detención provisional cuarenta y dos meses y dieciséis días, volviéndose esta medida ilegal.

    Alude que los efectos de continuar en calidad de detenida provisionalmente en el sistema penitenciario, no le permiten ser debidamente incorporada en el proceso o tratamiento penitenciario, y poder cumplir oportunamente los requisitos para gozar de los beneficios de dicho sistema, previstos para el cumplimiento de las penas.

  2. En este estado, debe indicarse que esta sala, para los efectos de determinar si ha existido vulneración a los derechos reclamados en este proceso constitucional, utilizará la normativa procesal penal derogada -entre otras- en atención a que el proceso penal en el cual se alega ocurrieron tales transgresiones inició antes de la entrada en vigencia de la actual normativa procesal penal, ello de conformidad con el artículo 505 del Código Procesal Penal.

  3. En el caso sometido a control, el primero de los reclamos de la favorecida es no habérsele dado lectura a la sentencia condenatoria emitida en su contra; al respecto se estima:

    1. A. Es innegable la importancia de los actos de comunicación para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de audiencia y de defensa en el proceso penal, al posibilitar el conocimiento y control de todos los sujetos procesales sobre las decisiones judiciales. Así, la notificación como acto de comunicación condiciona la eficacia del proceso, pues asegura un conocimiento real y exacto del acto o resolución que la motiva, permitiendo que el notificado pueda disponer lo conveniente para la defensa de sus derechos o intereses. Por tanto, la falta de un acto de comunicación o su realización deficiente, impidiendo su finalidad orientada a trasladar al conocimiento del destinatario lo decidido por la autoridad judicial, incide negativamente en los derechos de defensa y audiencia de aquel.

      1. El Código Procesal Penal derogado desarrollaba, en el capítulo IV del título IV del libro primero, lo relativo a los actos de comunicación. Dentro de dichas disposiciones, el artículo 143 disponía, entre otras cuestiones, que las resoluciones debían notificarse a quienes corresponda, en un plazo de veinticuatro horas después de haber sido dictadas.

        Por su parte, el artículo 146 establecía "Si las partes tienen defensor o mandatario, las notificaciones serán hechas solamente a éstos, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también ellas sean notificadas personalmente".

        Además, el inciso final del artículo 359 señalaba que en caso de que la sentencia no pudiera ser redactada y leída inmediatamente después de la deliberación, ello se haría dentro de los cinco días siguientes al pronunciamiento de la parte resolutiva, agregando que esta quedaría notificada con la lectura integral y las partes recibirían copia de ella.

        Según la regla general y con relación al imputado, las resoluciones serían notificadas únicamente a su defensor, con el objeto de asegurar que quien desarrolla un rol de asesoramiento técnico y de defensa de los derechos del procesado tenga conocimiento de las decisiones judiciales y pueda ejercer el control de estas mediante cualquiera de los medios de impugnación que señalaba la normativa procesal penal. La regla apuntada tenía dos excepciones reguladas por el mismo legislador en el último de los artículos comentados, entonces el imputado debía ser notificado personalmente cuando: estuviera establecido así en la ley (a) o, fuera una exigencia de la naturaleza del acto realizado o que se iba a realizar (b).

        Respecto al segundo de los casos de excepción planteados, se ha establecido la necesidad de notificar directamente al imputado cuando la decisión del juez o tribunal constituya una privación directa y gravosa a un derecho fundamental, como en el caso de la sentencia condenatoria, con el objeto de posibilitar el conocimiento y la impugnación de tal decisión.

      2. Asimismo, se ha sostenido que la competencia de esta sala para conocer de casos como el presente, viene dada por el derecho fundamental involucrado de manera inmediata ante la alegada falta de notificación de la sentencia definitiva condenatoria, y la consecuente imposibilidad de disponer la impugnación mediante los recursos pertinentes, en tanto que uno de los efectos que pueden generarse al recurrir una sentencia es, precisamente, la puesta en libertad del procesado; por lo que el reconocimiento de vulneración constitucional, no implicaría como efecto, la restitución del derecho de libertad personal del favorecido, pues este tipo de pronunciamiento lo que posibilita es que la autoridad judicial correspondiente lleve a cabo la notificación de la sentencia para que dicha actividad habilite el planteamiento de los recursos que establece el Código Procesal Penal, con la viabilidad de lograr, según pudiese llegarse a decidir en sede penal, la puesta en libertad de la persona; es decir, que la omisión del acto de notificación supone una afectación constitucional que al acontecer, tiene como efecto ordenar a la autoridad demandada verifique la diligencia que permita ejercer el derecho a recurrir -v. gr. resolución HC 4-2011 de fecha 14/10/2011-.

      3. Ahora bien, en la jurisprudencia constitucional también se ha afirmado que al solicitar la protección de este tribunal, el que pretende ser favorecido con el hábeas corpus debe estar sufriendo afectaciones en sus derechos de libertad física o integridad personal derivadas de la actuación u omisión de alguna autoridad o particular contra la que se reclama; para así, en caso de emitirse una decisión estimatoria, hacer cesar dichas incidencias, restableciéndose, si ese fuere el caso, tales derechos -v. gr. sobreseimiento HC 176-2007, del 15/1/2010-.

        Esto significa que el agravio generado en la persona favorecida con las actuaciones u omisiones de determinada autoridad, no solo debe lesionar los mencionados derechos fundamentales sino que también debe ser actual en el momento de su propuesta. Esto es, que las actuaciones u omisiones reclamadas deben estar provocando la vulneración al derecho de libertad física, cuando se plantea el hábeas corpus ante este tribunal; pues de lo contrario, ante la ausencia de una lesión vigente de los derechos protegidos con el hábeas corpus, a partir de los comportamientos cuestionados, la pretensión presenta vicios que no pueden ser subsanados por esta sala.

      4. En cuanto al agravio actual mencionado, esta sala, específicamente en la jurisprudencia de amparo -ver por ejemplo, sentencia 24-2009, de fecha 16/11/2012-, ha determinado que, para preservar la seguridad jurídica, deben existir parámetros para establecer su real actualidad o vigencia; esto sobre todo porque la Ley de Procedimientos Constitucionales no regula un plazo para presentar una solicitud de amparo -ni de hábeas corpus- a partir de la ocurrencia del comportamiento que ha vulnerado derechos fundamentales. Esto último podría generar que actuaciones realizadas muchos años atrás puedan ser impugnadas mucho tiempo después de su ocurrencia, con todos los efectos negativos que dicha situación conlleva -tanto respecto a la seguridad jurídica como consecuencias prácticas-.

        Así, este tribunal ha señalado que para determinar si un agravio posee actualidad se deberá analizar -atendiendo a las circunstancias fácticas de cada caso concreto y, en especial, a la naturaleza de los derechos cuya transgresión se alega-, si el lapso transcurrido entre el momento en que ocurrió la vulneración a los derechos fundamentales y la presentación de la demanda no sea consecuencia de la mera inactividad de quien se encontraba legitimado para promover el proceso, pues en el caso de no encontrarse objetivamente imposibilitado para requerir la tutela de sus derechos y haber dejado transcurrir un plazo razonable sin solicitar su protección jurisdiccional se entendería que ya no soporta en su esfera jurídica, al menos de manera directa e inmediata, los efectos negativos que la actuación impugnada le ha causado y, consecuentemente, que el elemento material del agravio que aparentemente se le ha ocasionado ha perdido vigencia.

        A efecto de determinar la razonabilidad del plazo transcurrido entre la vulneración alegada y la solicitud de exhibición personal incoada, debe hacerse un análisis de las circunstancias del supuesto en atención a criterios objetivos como la inactividad del pretensor desde el agravio acontecido, que sin justificación alguna dejó pasar el tiempo sin solicitar la protección jurisdiccional -ver sobreseimiento HC 132-2014, del 25/7/2014-.

    2. En coherencia con lo expuesto, esta sala advierte que el agravio alegado por la solicitante, a consecuencia de la falta de notificación de la sentencia condenatoria, carece de actualidad, pues desde que se celebró el juicio -4/7/2011- hasta la fecha de promoción de este hábeas corpus -29/4/2014-, ha transcurrido más de dos años y nueve meses sin recibir la comunicación referida, término que excede considerablemente el lapso legal con que contaba para exigir la notificación de la sentencia condenatoria o para mostrar interés de recurrir de ella.

      Y es que, si bien es cierto las autoridades judiciales tienen la obligación de comunicar personalmente ese tipo de resoluciones a los procesados, transcurrido un tiempo razonable sin que aquellas lo hayan hecho y sin que el imputado haya solicitado la tutela constitucional ante la omisión, tardanza injustificada o denegatoria de la autoridad demandada, se considera que desde el momento en que surgió la posibilidad de exigir su envío y la presentación de la solicitud de este hábeas corpus, se desvaneció el agravio planteado en su derecho a ser notificado personalmente de su sentencia condenatoria y, en consecuencia, en su libertad física; con lo cual objetivamente se carece del elemento material necesario para continuar con el trámite de la petición incoada, por lo que deberá sobreseerse este aspecto de la pretensión.

  4. Corresponde hacer referencia al reclamo restante de la pretensora, consistente en haberse excedido el límite legal máximo de la detención provisional.

    1. El juez ejecutor nombrado, J.A.N.V., en su informe respectivo concluyó "... hay un claro exceso en cuanto a la duración de la detención provisional lo cual genera una vulneración al artículo 8 del Código Procesal Penal en cuanto al exceso del plazo..." por lo que debe declararse ha lugar al hábeas corpus.

    2. La autoridad demandada no emitió informe de defensa.

    3. Para la decisión del cuestionamiento planteado es necesario aludir a la jurisprudencia constitucional emitida al respecto.

      A.E. parámetros generales que orientan la determinación de la duración de la detención provisional, por tanto esta: a) no puede permanecer más allá del tiempo que sea necesario para alcanzar los fines que con ella se pretenden; b) no puede mantenerse cuando el proceso penal para el que se pronunció ha finalizado y c) nunca podrá sobrepasar la duración de la pena de prisión señalada por el legislador para el delito atribuido al imputado y que se estima, en principio, es la que podría imponerse a este; d) tampoco es posible que se mantenga una vez superado el límite máximo temporal que regula la ley, que en el caso del ordenamiento jurídico salvadoreño es además improrrogable, por así haberlo decidido el legislador al no establecer posibilidad alguna de prolongación (ver resoluciones HC 145-2008R, 75-2010 y 7-2010, de fechas 28/10/2009, 27/7/2011 y 18/5/2011, entre otras).

      B.T. es de hacer referencia a los aspectos que sirven para determinar la duración de la medida cautelar de detención provisional y para ello hay que acudir a lo dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal Penal derogado, que señala los límites temporales máximos de la misma: 12 y 24 meses, para delitos menos graves y graves, respectivamente.

      Por otra parte, la superación del límite máximo de detención dispuesto en la ley, en inobservancia del principio de legalidad reconocido en el artículo 15 y, específicamente en relación con las restricciones de libertad, en el artículo 13, genera una vulneración a la presunción de inocencia, artículo 12, y a la libertad física, artículo 2 en relación con el 11, todas disposiciones de la Constitución. Dicho criterio jurisprudencial ha sido reiterado en diversas resoluciones emitidas por esta sala, entre ellas la sentencia HC 59-2009 de 13/4/2011.

      1. Los parámetros que debe atender la autoridad correspondiente para enjuiciar la constitucionalidad de la duración de la medida cautelar más grave que reconoce la legislación, no solamente están dispuestos en nuestra Constitución y en la ley, sino también son exigencias derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional suscrito y ratificado por El Salvador, a las cuales se ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ido construyendo paulatinamente un estándar al que se asimila el que ha tenido desarrollo en la jurisprudencia constitucional salvadoreña, en materia de hábeas corpus.

        Dicho tribunal regional ha establecido, en síntesis, que: a) existe una obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia; b) nadie puede ser privado de libertad sino de acuerdo a lo dispuesto en la ley; c) debe garantizarse el derecho de la persona a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad, en cuyo caso el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas a la privación mediante encarcelamiento -derecho que a su vez obliga a los tribunales a tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos penales en lo que el acusado esté detenido-; y finalmente, que d) cuando la ley establece un límite máximo legal de detención provisional, luego de él no puede continuar privándose de libertad al imputado -sentencias de los casos S.R. contra Ecuador, de 12/11/1997, Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, de 2/9/2004, y B. contra Argentina, de 30/10/2008-.D

      2. Es preciso también señalar que, no obstante el mantenimiento de una medida cautelar privativa de libertad como la detención provisional resulte en contra de lo dispuesto en la Constitución, por haberse excedido el límite máximo regulado en la legislación aplicable, ello no implica -como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha reconocido expresamente según se indicó en el apartado precedente- que haya imposibilidad de decretar, de así estimarse procedente, cualquier otra medida diferente a la objetada, que permita asegurar los fines del proceso penal, pues el juzgamiento debe continuar y con ello es indudable que subsiste la necesidad de seguir garantizando la resolución del mismo y el efectivo cumplimiento de la decisión final que se dicte.

        Por ello, aunque la detención provisional se vuelva inconstitucional, la autoridad judicial sigue encargada de garantizar a través de un mecanismo diferente, es decir de otro u otros de los medios de coerción dispuestos en la ley, el debido equilibrio que debe existir entre los intereses contrapuestos que se generan en el seno de un proceso penal -es decir, entre la libertad del imputado y la necesidad de garantizar el éxito del procesamiento-.

    4. De acuerdo con los límites de lo planteado por la peticionaria y a partir de la certificación del expediente penal remitida a esta sala, se puede constatar lo siguiente:

      Que a la señora G.E.M., en audiencia celebrada el día 21/9/2010 por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, se le decretó detención provisional, situación que se mantuvo hasta la vista pública celebrada el día 4/7/2011, en la que se le condenó por el delito de extorsión tentada.

      Relacionado lo que precede y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 6 del Código Procesal Penal derogado, se tiene que el límite máximo de detención provisional para el caso concreto ha debido ser de veinticuatro meses en razón del delito atribuido a la favorecida - extorsión tentada-. De manera que, desde la fecha en que inició el cumplimiento de la detención provisional decretada -21/9/2010- hasta el momento en que se presentó la solicitud de este hábeas corpus -29/4/2014-, esta cumplía en detención provisional más de cuarenta y tres meses. Es decir, cuando se promovió el presente proceso, la favorecida había permanecido detenida provisionalmente un tiempo superior -más de diecinueve meses- al límite máximo legal al que se ha hecho alusión.

      Así, al haberse establecido el exceso temporal de la medida cautelar mencionada, a partir de los criterios fijados por esta sala en atención a la norma que los regula -artículo 6 del Código Procesal Penal derogado-, se colige que la orden de restricción devino ilegal, habiendo transgredido en consecuencia el derecho fundamental de libertad física de la señora G.E.M..

  5. Establecida la transgresión constitucional acontecida es de señalar lo relativo a los efectos de la presente decisión.

    De acuerdo con lo que consta en el expediente el día 27/5/2014 se remitió a la Sala de lo Penal el proceso instruido en contra de la imputada, debido al planteamiento de recurso de casación, mismo que no se ha manifestado que se haya resuelto.

    Dado que la detención provisional que mantiene la favorecida, objeto de control en este proceso, una vez superado el término máximo determinado en la ley se volvió inconstitucional, en tales condiciones no puede continuar surtiendo efectos.

    En este caso, la Sala de lo Penal como autoridad a cargo del proceso penal deberá pronunciarse respecto a la condición en la que la beneficiada enfrentará el proceso penal instruido en su contra, en tanto no adquiera firmeza la sentencia emitida, a través de cualquiera de las otras medidas cautelares distintas a la detención provisional dispuestas en el ordenamiento jurídico, una vez establecidas las razones que las justifiquen, con base en los parámetros dispuestos en este pronunciamiento.

    Lo anterior, en caso que en cumplimiento de su obligación de verificar la legitimidad de la condición en que se encuentra la imputada respecto de su libertad, no haya modificado ya la restricción impuesta, en razón del vencimiento del plazo máximo legal para su mantenimiento.

    Por otra parte, de no tener ya a su orden a la favorecida, deberá hacer las gestiones correspondientes para que se cumpla esta decisión ante la autoridad responsable del proceso penal, siempre que aquella se encuentre en condición de procesada respecto a la imputación relacionada.

    En relación con ello, debe indicarse que, como está determinado en la legislación procesal penal aplicable y se ha reconocido en jurisprudencia de este tribunal, es atribución de las autoridades penales -y no de este tribunal, con competencia constitucional- emitir, a partir de la valoración de los elementos que obran en el proceso que está a su cargo, las decisiones correspondientes que aseguren las resultas del mismo y la vinculación de la imputada a dicho proceso.

    Además debe señalarse que cualquier otra restricción al derecho de libertad personal que enfrente la persona beneficiada no deberá verse modificada por esta decisión, en tanto lo controlado en esta sede y reconocido inconstitucional es la medida cautelar de detención provisional decretada por el delito de extorsión tentada y cuya referencia en la Sala de lo Penal es 45-CAS-2014.

    Finalmente es de manifestar que, en virtud de que la promoción y trámite del proceso constitucional de hábeas corpus no suspende el proceso penal en el cual se alega ha acontecido la vulneración constitucional reclamada, es inevitable el avance de este último y con ello la emisión de diversas resoluciones, algunas de las cuales pueden haber incidido modificando la condición jurídica de la imputada en cuanto a su libertad. De tal forma que, es obligación de la autoridad a cuyo cargo se encuentre el proceso penal determinar si el acto de restricción declarado inconstitucional y que por lo tanto debe cesar -la medida cautelar de detención provisional cuya continuación fue ordenada en el juicio- es el mismo que se encuentra cumpliendo la favorecida, pues de lo contrario su situación no podrá verse modificada por esta decisión.

    Por las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 inciso , 12, 13, 15 de la Constitución, 31 y 75 de la Ley de Procedimientos Constitucionales; 7 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; esta sala

    RESUELVE:

    1. S. el presente proceso constitucional en relación con la omisión de notificación de la sentencia condenatoria a la favorecida, por falta de actualidad en el agravio reclamado.

    2. D. ha lugar al hábeas corpus promovido a favor de G.E.M., en razón de haber existido inobservancia del principio de legalidad y vulneración a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y libertad física, por parte del Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, al permitir la continuidad del exceso del plazo legalmente dispuesto para el mantenimiento de la medida cautelar de detención provisional.

    3. Determine de manera inmediata la Sala de lo Penal la condición jurídica en que la favorecida enfrentará el proceso penal en su contra, a efecto de garantizar los fines del mismo; o, en caso de no tener ya el proceso penal, disponga la realización de las actuaciones legales necesarias para hacer cumplir este fallo.

    4. N.. De existir alguna circunstancia que imposibilite ejecutar tal acto de comunicación de la forma señalada por las partes, se autoriza a la secretaría de este tribunal para que realice todas las gestiones pertinentes con el objeto de notificar la presente resolución por cualquiera de los otros mecanismos dispuestos en la legislación procesal aplicable, debiendo efectuar las diligencias necesarias en cualquiera de dichos medios para cumplir tal fin; inclusive a través de tablero judicial, una vez agotados los. procedimientos respectivos.

    5. A..

    A.P.----------------------------------F.M.---------------------J.B.J.--------------------------E.S.B.R.-----------------------------------R.E.G.--------------------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.----------E.S.C.------------------SRIA.----------RUBRICADAS.

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