Sentencia nº 115-COM-2015 de Corte Plena, Corte Suprema de Justicia, 30 de Julio de 2015

Fecha de Resolución30 de Julio de 2015
EmisorCorte Plena
Número de Sentencia115-COM-2015
Tipo de ProcesoCONFLICTOS DE COMPETENCIA EN DERECHO PRIVADO Y SOCIAL
Tribunales en conflictoJuzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel y Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán
Tipo de JuicioProceso Ejecutivo Civil

115-COM-2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez horas veintidós minutos del treinta de julio de dos mil quince.

VISTOS en competencia negativa suscitada entre el Juez interino del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel y el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de M., para conocer del Proceso Ejecutivo Civil, promovido por el licenciado J.E.C.C., en su calidad de Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, en contra de la señora A.A.R.M.

VISTOS LOS AUTOS; Y,

CONSIDERANDO:

  1. El licenciado C.C., en la calidad mencionada, presentó demanda de Proceso Ejecutivo Civil, ante el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, en la que MANIFESTÓ: Q. demandada recibió a título de Mutuo con Garantía Hipotecaria, de parte de su mandante, la cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES VEINTIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con un interés convencional del SEIS POR CIENTO anual sobre saldos insolutos, pagaderos por medio de cuotas mensuales que comprenderían capital, intereses y Primas de Seguros de Vida Colectivo Decreciente y de Daños, habiéndose instituido garantía hipotecaria a favor de su poderdante; continuó expresando, que su contraparte cayó en mora del pago de la suma insoluta, motivo por el que pidió, se decrete embargo en bienes propios de la demandada y en sentencia definitiva se le condene al pago de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que incluyen capital, intereses convencionales y cuotas en concepto de Primas de Seguros de Vida Colectivo Decreciente y de Daños, más las costas procesales respectivas.

  2. El Juez interino del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, en resolución de las doce horas cuarenta minutos del trece de abril de dos mil quince, fs.23/4, en lo esencial RESOLVIÓ: Que el domicilio del sujeto pasivo que la parte actora vierte en el libelo, es tomado en consideración en sintonía con el Principio de Buena Fe, pero ello no supone que el Juez actúe en forma automatizada o mecánica, admitiendo ser competente para conocer de un proceso por el simple hecho de que la misma mencione un domicilio de la demandada; el mismo Código Procesal Civil y M. estatuye que el tribunal examine su competencia, aclarando que no es un acto inquisitivo, sino un acto procesal puramente legal y sustentado en el art. 40 CPCM. Continuó resolviendo, que el apoderado de la institución demandante relaciona que el domicilio de la demandada es la ciudad de San Miguel, situación que resulta equivocada, dado que las ciudades por si mismas no constituyen domicilios, sino los municipios en forma integral. Agregó además, que atendiendo al contenido del M.H., se verifica que la demandada reconoció ser del domicilio de San Isidro, departamento de M., de lo que deviene que la causa incoada contra la misma, deberá ser ventilada en el último domicilio legal que ella reconoció. Motivos por los que se declaró incompetente en razón del territorio y remitió los autos a la sede judicial de San Francisco Gotera, departamento de M..

  3. El Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de M., en auto de las quince horas cuarenta minutos del veinte de mayo de dos mil quince, de fs.28/9, en lo sustancial EXPRESÓ: Que en el libelo se ha plasmado que la demandada puede ser emplazada en una dirección de la ciudad y departamento de San Miguel, domicilio que se establece de manera clara, precisa y exacta, no dejando espacio a confusión, como sería el caso si se acoge como domicilio de la misma, el del municipio de San Isidro, departamento de M., tomando en cuenta que es un domicilio escueto y vago, del que resultaría complejo "poder dar" (sic) con su domicilio, tomando en cuenta la extensión territorial de dicho municipio. Continuó expresando, que en el documento base de la pretensión, que fue suscrito por las partes en él relacionadas, se convino un domicilio especial, el que se materializó por medio de las firmas que ostenta dicho documento. Argumentos en virtud de los que se declaró incompetente en cuanto al territorio y procedió a darle cumplimiento a lo prescrito en el art. 47 CPCM.

  4. Los autos se encuentran en esta Corte para dirimir el conflicto de competencia negativo suscitado entre el Juez interino del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel y el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de M..

Analizados los argumentos planteados por los funcionarios se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

El presente conflicto de competencia se circunscribe a la preponderancia que los administradores de justicia deben darle a los datos vertidos en el libelo por parte del demandante.

En reiterada jurisprudencia este Tribunal ha remarcado que en cumplimiento al Principio de Buena Fe, los juzgadores tienen la obligación de aceptar por ciertos los datos que la parte actora brinde en la demanda, mismos que únicamente podrán ser controvertidos por su contraparte al momento de contestarla o por modificación de la demanda en el estadío procesal oportuno; Principio que existe con la finalidad de garantizar un proceso, donde se le otorgue veracidad a lo que la parte demandante arguye en sede judicial, pues de lo contrario se le otorgaría a los Jueces la facultad de subjetiva y arbitrariamente decidir que es cierto y que no lo es, en una especie de juicio previo, sin necesidad de la intervención de la contraparte que constituye un contrapeso procesal, en la búsqueda de la verdad y la justicia, véanse las sentencias de referencias 180-D-2011, 358-COM-2013 y 61-COM-2014.

Esto no significa, que el J. deberá admitir el domicilio presentado de forma automatizada o mecánica, pues de haber error en el señalamiento del mismo, como en el caso de que se exprese que el domicilio es un municipio que no pertenece a la circunscripción territorial del departamento que se ha plasmado, el funcionario deberá prevenir a la actora en aras de obtener la aclaración pertinente.

La búsqueda del domicilio en el documento base de la pretensión, es en efecto un acto inquisitivo, pues sobrepasa las facultades concedidas por la ley a los Juzgadores, mismas que no son absolutas sino que se encuentran limitadas por las leyes, de tal suerte que si se realizan indagaciones en documentos que no son idóneos para ser utilizados como fuente del domicilio del sujeto pasivo, se violenta el derecho de la parte actora de que sus peticiones sean analizadas en el marco legal conformado por la Constitución y demás leyes vigentes.

Para el caso, el art. 7 CPCM, cuyo epígrafe se lee "Principio de Aportación" en su inciso primero a la letra reza: "Los hechos en que se funde la pretensión y la oposición que se conoce en el proceso sólo podrán ser introducidos al debate por las partes", esta disposición constituye una limitación efectiva a las facultades de los juzgadores en cuanto a lo vertido en el libelo y de darse, en su correspondiente contestación; asimismo se convierte en un sustento normativo de la corriente que propende esta Corte, en referencia a la improcedencia de una búsqueda inquisitiva de parte de los Jueces, de otra manifestación de domicilio de la parte demandada, en los documentos anexos a la demanda, cuando en ella se haya consignado explícitamente el domicilio del sujeto pasivo, habiendo pocas excepciones a dicho criterio, de los que el presente caso no forma parte.

En cuanto a lo argumentado por el Juez interino del Juzgado Primero de lo Civil y M., referente a que las ciudades por sí no constituyen domicilios, es necesario recordarle que cuando la cabecera departamental posee el mismo nombre del departamento al que pertenece, basta incluso con que se mencione el nombre en cuestión, pues se sobre entiende que se hace referencia a la circunscripción territorial de ese municipio que es a su vez cabecera departamental, tal como sucede cuando se hace referencia a la ciudad de Ahuachapán, ciudad de San Miguel y la ciudad de San Salvador. Diferente sería, que en la demanda se hubiera plasmado como domicilio un cantón o un caserío, e incluso ahí se comprendería que se refieren al municipio al que pertenecen, aun cuando podría ser objeto de prevención en aras de alcanzar claridad total en relación al domicilio de la demandada. La lectura de la demanda no debe ser mecánica, sino que los juzgadores, deben analizar e interpretar el libelo de tal forma que sea eficiente y eficaz, evitando así dispendios y dilaciones inútiles.

Es menester aclarar al Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de M., que el domicilio y la residencia, lugar de emplazamiento y citación, no constituyen conceptos equiparables, de tal forma que una persona puede tener un lugar de residencia y tener su domicilio en otra jurisdicción, véanse las sentencias de referencias 292-COM-13, 5-COM-2014, 13-COM-2014 y 27-COM-2014.

En el caso de marras concurren dos criterios de competencia que hacen que surta fuero en la circunscripción territorial de San Miguel, siendo los mismos el domicilio de la demandada y el domicilio especial pactado en el documento base de la acción, jurisdicción en la que debía el actor, tal como lo hizo, incoar su demanda. Consecuentemente es competente para dilucidar este caso, el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel y así ha de declararse.

POR TANTO: de acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y arts. 182 at. y Cn. y 47 inciso 2° CPCM a nombre de la República, esta Corte

RESUELVE:

  1. Declárase que es competente para sustanciar y decidir el caso de mérito, el Juez interino del Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Miguel; B) Remítanse los autos a dicho funcionario con certificación de esta sentencia, a fin de que disponga el llamamiento a las partes para que comparezcan a hacer uso de sus derechos dentro del término legal correspondiente; y C) Comuníquese esta providencia al Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de M., para los efectos de Ley. HÁGASE SABER.

A.P..------------J.B.J..--------E.S.B.R.------M.R..-------DUEÑAS.-----------J.R.A..-------R.S.F.-------JUANM.B.S.--------RICARDOI..--------R. MENA G.----------PRONUNCIADO POR LOS

MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.-------S.R.A..----SRIA.------RUBRICADAS.

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