Sentencia nº 90-CAS-2014 de Sala de Lo Penal, Corte Suprema de Justicia, 19 de Noviembre de 2015

Fecha de Resolución19 de Noviembre de 2015
EmisorSala de Lo Penal
Número de Sentencia90-CAS-2014
Sentido del FalloEstupro por Prevalimiento
Tipo de ResoluciónSentencia Definitiva
Tribunal de OrigenTribunal de Sentencia de la Unión

90-CAS-2014

SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las ocho horas y cinco minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil quince.

La presente resolución es emitida por los Magistrados D.L.R.G., J.R.A.M. y L.R.M. para resolver el anterior recurso de casación interpuesto por el Licenciado Santos U.B.V., en calidad de Defensor Particular, contra la Sentencia Definitiva Condenatoria, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de La Unión, a las quince horas y treinta minutos del día siete de noviembre del año dos mil catorce, en el proceso penal instruido en contra del imputado DOMINGO A.P.R., por atribuírsele el delito de ESTUPRO POR PREVALIMIENTO, Art. 164 Pn., en perjuicio de una persona menor de edad.

En la presente resolución se omitirán los nombres y datos de identificación de los niños, niñas y adolescentes, así como los de sus madres, padres o representantes, a efecto de garantizar la discrecionalidad que les asiste en todos los procesos judiciales, de conformidad con los Arts. 2 Inc. 2°., 33 y 34 Cn., 46 Inc. 2°. y 51 literal "c" LEPINA; 13 No. 10 literal "a" y 272 Pr. Pn., 16 CDN y 8 de las Reglas de Beijing.

Además, se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Penal derogado (D.L.N.° 904, 04/12/96, D.O. N° 11, Tomo 334, 30/01/97) por Decreto Legislativo N° 733, de fecha 22 de Octubre del año 2008, publicado en el Diario Oficial N° 20, Tomo 382, del 30 de Enero del año 2009, el cual entró en vigencia el 1° de Enero del año 2011, por así disponerse en el Art. 505 Inc. Final, del mencionado decreto.

Del estudio al recurso tenemos, que como motivos indica: 1°) INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA, Arts. 130 y 362 No. 4 Pr. Pn., y 2°) INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA CON RESPECTO A MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS DE VALOR DECISIVO, A.. 362 No. 4 Inc. 2 y 5 Pr. Pn, observándose que en relación a los vicios denunciados se ha dado cumplimiento a las formalidades exigidas para su interposición, previstas en los Arts. 407, 422 y 423 Pr. Pn., en consecuencia ADMÍTANSE éstos, y procédase a pronunciar sentencia, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 427 Pr. Pn.

RESULTANDO:

I) Que mediante Sentencia Definitiva expresada en el preámbulo, se RESOLVIÓ: "...

POR TANTO: ... POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

FALLA

MOS: D. al imputado DOMINGO A.P.R., de generales conocidas, RESPONSABLE en grado de AUTOR DIRECTO por el delito de ESTUPRO POR PREVALIMIENTO, previsto y sancionado en el Art. 164 del Código Penal, en perjuicio de la menor ... delito por el cual deberá cumplir una pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN ...".

II) Contra el anterior pronunciamiento el Licenciado Santos U.B.V., en calidad de Defensor Particular, interpuso recurso de casación habiéndosele admitido los motivos denunciados, relativos a la insuficiente fundamentación probatoria, y por la inobservancia de las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. A.. 130. 362 Nos. 4 y 5 Pr. Pn.,

III) Por su parte, la Licenciada Alba C.A.G., en calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, al contestar el recurso en el término del emplazamiento que le fue conferido de conformidad al Art. 406 Pr. Pn. expresó "... esta representación considera que en el presente recurso planteado por el recurrente no se ha establecido el agravio y como consecuencia debe declararse inadmisible...".

IV) CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL CASACIONAL.

Del análisis de la sentencia en relación a las denuncias que consta en el recurso, esta Sala determina:

Que el impetrante argumenta como primer motivo, el que literalmente dice: "... INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA --- INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA ... Que en la sentencia que impugno, a partir del considerando II, en la parte correspondiente a la culpabilidad del imputado que corresponde a VALORACIÓN DE LA PRUEBA SOBRE LA EXISTENCIA DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL IMPUTADO, únicamente se ha hecho uso a la fundamentación descriptiva ... no se hizo uso de la Fundamentación Intelectiva, pues no se observa en este apartado y en ningún otro de la sentencia, expresiones de las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta el fallo, así como el sustento a través de razonamientos y juicios para llegar a la conclusión a la que arribó el juzgador, en su sentencia manifiesta: " En relación a los testimonios de los testigos que declararon en vista pública que sus declaraciones son concordantes con lo manifestado por la menor y que tomando en cuenta los peritajes practicados, arriban a la conclusión de que mi representado es el responsable del delito, en tal sentido proceden en el otro apartado a la individualización de la pena, de lo anterior se observa que no hubo ningún ejercicio intelectivo para determinar la existencia del delito pues como se observa el delito atribuido a mi representante es el de ESTUPRO POR PREVALIMIENTO, pero en ningún momento se fundamentó como es que lo narrado por la víctima se adecúa a ese tipo penal, es decir cuándo es que se dio el prevalimiento, si la víctima no relaciona nada sobre esa circunstancia ya que no tenía nada que ver el hecho de que haya sido su profesor por que ya habían salido de clases y tampoco menciona que haya tenido problemas con relación a sus notas u otra índole de cosas ... asimismo no hacen referencia sobre engaño alguno pues no obstante que la víctima manifiesta que en un primer momento le dijo que iba a dejar a su esposa, en ningún momento medio dicha propuesta a la hora de tener relaciones sexuales ...". (Sic)

De lo argumentado, ha de recordarse, que para contemplar a la sentencia penal suficientemente motivada, ella debe reunir ciertos requisitos de validez, siendo éstos, la claridad, exactitud, licitud y legitimidad, condiciones que implican, la obligación del juzgador en dejar evidencia de los criterios en que basa su decisión, ya sea de condena o absolución, para lo cual se exige que se refleje el procedimiento lógico que justifica la decisión tomada por el Juzgador, debiendo evidenciar, la descripción de las probanzas que fueron inmediadas en la audiencia de vista pública, las deducciones producto de ellas, y la consecuente vinculación con la decisión plasmadas en el fallo.

En consonancia con lo anterior, ha de contemplarse infringido el deber Constitucional y legal de motivar las resoluciones judiciales, como es la sentencia definitiva, cuando no se encuentre consignada la narración de cada elementos de prueba que desfiló en el juicio y las conclusiones producto de la valoración de los mismos, que implica, plasmar el material probatorio en que se fundan las conclusiones a las que se arriba, describiendo el contenido de cada prueba, y la vinculación racional de las afirmaciones o negaciones que respalden la decisión adoptada, la que alude a un requisito intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico. Tales condiciones constituyen lo que la doctrina denomina, fundamentación descriptiva e intelectiva.

Acorde a lo expuesto, para que la convicción judicial esté correctamente formada y al margen de todo subjetivismo tendrá que apegarse a las reglas del recto entendimiento humano, siendo éstas, la lógica, sicología y la experiencia, dentro de las que se hallan, las leyes del pensamiento de la coherencia y la derivación, con las que se pretende excluir de las justificaciones del fallo, los juicios falsos, contradictorios y que no tengan una razón suficiente.

Por consiguiente, se hace necesario verificar los juicios de valor que conforman la fundamentación en la sentencia a efecto de determinar si se cumplen con los parámetros mínimos para la validez de su motivación, encontrándose así, los que en esencia y literalmente dicen: "... SOBRE LA EXISTENCIA DEL DELITO: ... PRUEBA PERICIAL. Reconocimiento Médico Forense de Órganos Genitales, practicado a la menor víctima ... Evaluación Psicológica practicada a la menor por la Psicóloga A. L. M. ... la practicada al imputado por la misma

profesional. ... SOBRE LA CULPABILIDAD DEL IMPUTADO ... Se debe también tomar en cuenta que hubo como voluntariedad de la menor en estas relaciones. No detallándose exactamente la intimidación. El no establecimiento del uso de la violencia o fuerza en las relaciones que se mantuvieron entre la menor e imputado por parte de la víctima. Circunstancias que la representación fiscal estableció con la prueba testimonial desfilada en esta vista pública como la de la víctima ... él le llamo y le dijo que él había guardado un secreto y le pidió que fuera novia de él, él le decía que ella se hacía novia de él iba a dejar a su esposa, que le iba a dar estudio y otras cosas más que un día le dijo que fueran a S.R. ... y quedaron que ella iba ir con él, y él la espero en Poloros ... él le dijo que ella iba a ser de él y le decía que no se preocupara que no le iba a pasar nada y la llevo al motel Roya Palace ... estando ahí la tocaba y le decía que tuvieran relaciones ... y él le dice que iba a dejar la mujer y que él andaba un arma pequeña que era una pistola y le dijo que si no accedía le iba a hacer algo a su familia que ella accedió porque se sentía amenazada y luego de eso le metió el pene en su vulva que ella se sintió mal él le decía que todo iba a pasar que todo iba a estar bien ..." (Sic)

Consta, además: " ... De las pruebas producidas en la vista pública, tanto la documental, pericial y la deposición de los cinco testigos de cargo aquí examinados. El tribunal considera que la menor ... en su testimonio manifiesta ... así mismo las demás testigos como la señorita [...] e [...], son testigos periféricos de lo acontecido a la menor ... con lo que también se acredita lo manifestado por la menor ya que estas estaban cerca de las personas a las que esta le manifestó lo sucedido, en cuanto a los testigos de descargo ... esta testigo como ella manifiesta es amiga del imputado y como ella misma dice haría cualquier cosa para poderle ayudar, consideran los suscritos que este testimonio es válido en cuanto a que ella pues trata de ayudar al imputado no obstante no aporta mayores elementos de juicio a efecto de desmeritar lo manifestado por los testigos de cargo y con el examen psicológico se establece el trauma emocional que sufrió la víctima como depresión vergüenza, además que está en influenciable fácilmente, lo cual es concordante con lo manifestado por la misma víctima. El tribunal considera que lo contado por la menor y los demás testigos merecen credibilidad, sobre todo porque su padre en su testimonio manifiesta lo que le conto su hija cuando lo mandaron a llamar de la escuela, pero estos, los testigos [...], [...] y [...], son contestes entre sí y manifiestan que ellas escucharon lo que manifestaba la víctima ....".(Sic).

También, aparecen los razonamientos que literalmente dicen: "... El tribunal considera que es creíble lo manifestado por la menor víctima a su padre y a sus maestros que los hechos sucedieron desde el mes de noviembre de dos mil ocho, hacen concluir al Tribunal la veracidad de lo dicho por los testigos, que con estos testimonios el tribunal tiene los suficientes elementos de convicción para poder determinar la culpabilidad del imputado por el ilícito del que se le acusa. Para este Tribunal con la prueba documental y pericial aportada en la vista pública es suficiente para determinar su culpabilidad, dado que toda la prueba ha sido completada con la prueba testimonial. Este tribunal arriba a esta conclusión concreta en el sentido de que el imputado es el responsable del delito que se le atribuye, ya que este tipo de delito es de aquellos que por su propia naturaleza y forma el cual se realiza inmediatamente de realizar la conducta establecida en la hipótesis de la norma, para lo cual este delito se perfecciona al darse el acceso carnal con la víctima mayor de quince y menor de dieciocho años siendo este delito de resultado y con lo manifestado por la menor víctima la cual es la que sufrió el ataque de índole sexual por parte del imputado ...".(Sic)

Con los razonamientos expuestos, se demuestra el cumplimiento de la obligación constitucional de fundamentar la resolución, para el caso, la sentencia penal, en razón de expresarse cada uno de los medios probatorios que desfilaron en el juicio, y encontrarse las conclusiones emanadas de los mismos, las cuales han sido estructuradas de forma coherente y derivada, manifestándose así, el valor que se le otorga a cada medio de prueba como producto de la contradicción e inmediación; condiciones que vuelven el contenido del proveído expreso, claro y completo, pues la decisión responde de hecho y derecho a cada una de las interrogantes planteadas en el juicio.

Por ende, el juicio de valor del peticionario, en cuanto a que no existe fundamentación intelectiva por no observase un apartado específico para el mismo, y por tanto, no verificarse el sustento de la conclusión pierde valor, dado que, tal y como se manifestó, se ha sostenido el fallo con base a prueba directa y pericial, que para el Tribunal, fue la idónea para la reconstrucción histórica del hecho y la atribución de responsabilidad penal, en virtud de lo cual, no es posible configurar el vicio denunciado.

Como segundo motivo, se dice lo siguiente: "...NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA CON RESPECTO A MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS DE VALOR DECISIVO ... en la sentencia que impugno no se consignan los motivos por los cuales se les resta valor probatorio a lo dicho por el perito S.E.C.E., al momento de declarar en la vista pública, así como a la prueba documental admitida como prueba para mejor proveer por el Tribunal de Sentencia en la audiencia del Recurso de Revisión consistente en el oficio número 170 ..."(Sic).

De lo señalado y con lo antes dicho por este Tribunal, para que se dé un quebranto a una de las condiciones necesarias para la validez de la sentencia, que es la ponderación de la totalidad de las pruebas, ha de constatarse una omisión en la valoración de las probanzas, pues de esta manera se conformaría un supuesto de exclusión arbitraria, que incide directamente en la obligación de los Sentenciadores en justificar debidamente sus resoluciones tal y como lo determina la ley acorde a las reglas del correcto entendimiento humano.

En el caso, se alega que se resta de valor probatorio a lo dicho por el perito S.E.C.E. así como a la prueba para mejor proveer que fue incorporada por el Tribunal de Sentencia en la audiencia del recurso de revisión, situación que al ser corroborada en el proceso y con los mismos argumentos plasmados en la sentencia por el Tribunal de Primera Instancia, se determina la descripción de la prueba que fue inmediada en juicio, en la cual no consta que se haya recibido la probanza consistente en el comentado perito, circunstancia que también ha sido establecida por medio del auto de apertura a juicio y acta de audiencia que corren agregadas a folios 66, 76 , 109, 110 y 111 del proceso, dado que, dicho medio de prueba no fue ofertado, admitido y por ende producido en juicio, razón por la cual, la denuncia pierde validez, ya que no se estaría vulnerando la ley fundamental de la lógica de la derivación, que contiene el principio de razón suficiente, dado que, se ha expresado el convencimiento que cada medio probatorio les formó y su correspondencia con el resto de las pruebas, tal y como ya se mencionó, agregado a ello, es importante resaltar, que la sentencia objeto de impugnación no ha sido dictada producto de una revisión de ésta, por tanto, tampoco se vuelve cierto que se haya ofertado en una audiencia especial prueba para mejor proveer como los señala el solicitante, aspectos por lo que no se configura el motivo estudiado.

No obstante lo indicado, como parte de los fundamentos del segundo vicio casacional se extrae un argumento aislado que textualmente refiere: "... NO SE OBSERVARON LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO, como lo establece el Art. 3 Inc. Segundo del Código Procesal Penal, en vista de que para este caso, con fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve, conoció en audiencia inicial, el H.J.L.. R.F.T.B., en el Juzgado Segundo de Paz de Santa Rosa de Lima, y asimismo el día siete de noviembre del presente año, también lo hizo en vista pública, lo cual infringe el mencionado artículo en vista de que conoció en dos instancias diferentes ...".

De lo antes apuntado, cabe decir, que a pesar de no haber sido denunciado como otro motivo de casación, pero al haberse aperturado la vía impugnativa, y dado que, de concurrir la situación expresada por el recurrente se estaría en presencia de una nulidad absoluta de la audiencia de vista pública y por ende de la sentencia emanada de la misma, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 224 No. 6 Pr. Pn., pues implicaría una inobservancia de derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución de la República, en el Derecho Internacional vigente y en este Código, razón por la cual se hace necesario verificar tal circunstancia.

Es así, que en los folios 25 al 30 consta el acta de audiencia inicial realizada por el Juzgado Primero de Paz de Santa Rosa de Lima el día cuatro de noviembre del año dos mil nueve, siendo el Juez que la celebró el Licenciado R.F.T.B. y en los folios 109 al 111 se encuentra el acta de audiencia de la vista pública en la que se determina que uno de los Jueces Sentenciadores era el Licenciado R.F.T..

En consonancia de lo anterior, al haber sido el mismo J. quien conociera en la audiencia inicial realizada en el Juzgado de Paz y posteriormente haber integrado el Tribunal Sentenciador implica una vulneración al Art. 1, 2 y 3 Pr. Pn., dado que, para ser sometido a una pena impuesta por sentencia definitiva deberá ser dictada en un juicio oral y público que cumpla con las formalidades prescritas por la ley, lo que conlleva a que dicho procedimiento tendrá que estar previamente establecido por ley con la prohibición que un mismo J. no puede administrar justicia en diversas instancias en una misma causa.

Lo anterior tiene como base a que el proceso penal se convierte en instrumento de protección jurídica en favor de las personas, entendiendo entonces, que garantiza lo dispuesto en el Art. 11 de La Constitución de la República, que señala: "Ninguna persona puede ser privada de su derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la posesión, ni de cualquiera otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa", precepto Constitucional del cual se desprende que la imposición de una pena o la aplicación de una medida de seguridad como facultad punitiva del Estado está limitada por una forma, que es precisamente el proceso, y no cualquier proceso, sino el legalmente configurado; y la necesaria existencia de un juez y esto es así pues no se concibe la imposición de una pena o la aplicación de una medida de seguridad, sino en razón de una sentencia judicial.

En consonancia con lo expuesto y en atención a lo prescrito en los Arts. 48, 55 y 56 Pr. Pn., la competencia en materia penal está dividida de acuerdo a su función y, específicamente, para los Tribunales de Sentencia y Juzgados de Paz está claramente establecida, cuya finalidad es garantizar que el Juzgador en Sede de Paz conozca de la audiencia inicial y de las diligencias iniciales de investigación que se requieran para los Tribunales de Sentencia de la etapa plenaria y de la vista pública, las causas instruidas por el catálogo de delitos descritos en el precepto en comento.

Por consiguiente, se vulnera la garantía de imparcialidad al concurrir un mismo juzgador a efectuar la audiencia inicial y la audiencia de vista pública, pues como ya se indicó esto quebranta las formas procesales relativas a la competencia funcional que tienen como objetivo garantizar el debido proceso, por ende, el Licenciado R.F.T.B., al haber actuado como J. en la audiencia inicial y en la del juicio, inobserva lo dispuesto en el Art. 3 Pr. Pn., ya que un mismo juez no puede administrar justicia en diversas instancias en una misma causa, pues así lo ha establecido la ley, dicha situación implica la concurrencia de una nulidad absoluta por la inobservancia de principios y garantías fundamentales que implica la anulación de la sentencia así como la vista pública que le dio origen.

Por tanto, y con base en las argumentos expuestos, disposiciones legales citadas y Arts. 50 Inc. No. 1, 57, 421, 422 y 427 Pr. Pn. derogado y aplicable, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala

RESUELVE:

  1. DECLÁRASE NO HA LUGAR A CASAR la sentencia de mérito, por no configurarse los motivos aducidos: 1°) Insuficiente fundamentación probatoria, y 2°) inobservancia de las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.

  2. DECLÁRASE HA LUGAR A CASAR la sentencia por la concurrencia de una nulidad absoluta por cuanto se vulneró la garantía de Imparcialidad e independencia de los jueces.

  3. ANÚLASE la misma, así como la vista pública que le dio origen y ordénase el reenvío de las actuaciones al tribunal remitente, para que éste a su vez, las traslade al Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, a efecto de realizar una nueva vista pública.

  4. N..

D.L.R.GALINDO.----------J.R.ARGUETA.----------L.R.MURCIA.----------PRONUNCIADO

POR LA MAGISTRADA Y LOS MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.----------ILEGIBLE.----------SRIO.----------RUBRICADAS.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR