Sentencia nº 37-CAS-2015 de Sala de Lo Penal, Corte Suprema de Justicia, 17 de Marzo de 2016

Fecha de Resolución17 de Marzo de 2016
EmisorSala de Lo Penal
Número de Sentencia37-CAS-2015
Sentido del FalloRobo agravado y Otros
Tipo de ResoluciónSentencia Definitiva
Tribunal de OrigenTribunal Primero de Sentencia de San Salvador

37-CAS-2015

SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; San Salvador, a las ocho horas y quince minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

La presente resolución es emitida por la Magistrada Licenciada D.L.R.G., y los M.L.J.R.A.M. y R.A.I.H., para resolver el recurso de casación interpuesto por la licenciada D.A.A.C., en calidad de defensora particular contra el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día catorce de agosto del dos mil quince, mediante la cual se declara ha lugar el recurso de Revisión contra la sentencia definitiva condenatoria dictada a las catorce horas del día veintinueve de agosto del año dos mil cinco, en el proceso penal instruido contra los encausados A.O.L.S., y otros, por los delitos calificados como ROBO AGRAVADO, HURTO AGRAVADO y AGRUPACIONES ILICITAS, previsto y sancionado en los Arts. 207, 212 y 345 CP, respectivamente, en perjuicio patrimonial de la víctimas Callejas S.A de C.V. Esso Estandar Oil, Banco Agrícola S.A., entre otros.

Intervienen además, la licenciada G.Y.P.V., en calidad de agente auxiliar del F. General de la República.

Se advierte que en la presente sentencia se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Penal Derogado (D.L. N° 904, 04/12/96, D.O. N° 11, Tomo 334, 20/01/97). En vista que por Decreto Legislativo N° 733, de fecha 22 de Octubre del año 2008, publicado en el Diario Oficial N° 20, Tomo 382, del 30 de enero del año 2009, se promulgó el actual Código Procesal Penal, el cual entró en vigencia el 1° de enero del año 2011, por así disponerse en el Art. 505 Inc. Final del mencionado código.

ANTECEDENTES

PRIMERO

El Juzgado de Instrucción de San Marcos conoció de la audiencia preliminar contra el referido imputado y, una vez concluida la misma, remitió las actuaciones al Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de San Salvador, sede que conoció de la vista pública, y con fecha veintinueve de agosto del año dos mil cinco se dictó sentencia condenatoria, la cual fue impugnada en revisión, recurso que fue conocido por el Juzgado de Sentencia relacionado. SEGUNDO: El Tribunal Primero de Sentencia, al conocer la revisión dictó resolución en los términos siguientes: A) Modificase la sentencia condenatoria dictada en forma Colegiada por

este Tribunal... únicamente respecto a los condenados contra los imputados A.O.L.S...., cuyas penas totales sobrepasan los sesenta años de prisión, debiendo estos cumplir una pena total establecida en el máximo legal, esto de conformidad a los artículos 45 y 71 del Código Penal. B) F. para los imputados A.O.L.S., la pena de SESENTA AÑOS DE PRISIÓN por los delitos que se les condenó a cada uno de ellos en la sentencia ya relacionada; C) Continúen los imputados cumpliendo la pena a la que han sido condenado en los centros penales que se encuentran; D) Absuélvase los imputados de las costas procesales...E) Continúe firme en todos los demás aspectos la sentencia dictada en forma colegiada por este Tribunal..., F)... Notifíquese" (Sic).

TERCERO

La litigante invoca tres motivos de casación denominados así: I) Falta de Fundamentación de la Sentencia con respecto a la adecuación de las penas, como preceptos legales inobservados indica los Arts. 62 CP; 362 No. 4 Pr. Pn.; II) Vulneración de la garantía Constitucional de prohibición de las penas perpetuas, citando los Arts. 27 Inc. 2 y 3 Cn.; y III) Error in iudicando, inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal y Falta de fundamentación intelectiva referida a las deducciones del juzgador a partir de la valoración por medio de la sana crítica, relacionando los Arts. 421 y 422 Pr, Pn.

Para una mejor comprensión del desarrollo de la presente decisión, esta S. abordará los motivos de la manera siguiente:

En cuanto al reclamo que se enuncia como: "Vulneración de la garantía constitucional de prohibición de las penas perpetuas, Arts. 27 Inc. 2 y 3 de la Constitución", nota esta S., que la inconforme aduce, que existe un déficit en la actividad jurisdiccional, piles, con base en los principios constitucionales de "necesidad y proporcionalidad", se debían observar los preceptos que contempla el Art. 5 Código Penal en cuanto al fin de la pena, ya que esto "supera el periodo de la vida del sujeto" por considerar que cuando su defendido cumpla la pena impuesta, este tendrá una edad cercana a la "centuria", de manera que nunca podrá aspirar a los programas de "rehabilitación" dados por el sistema; razón por la cual, solicita se anule el fallo contenido en la sentencia de revisión.

En el mismo sentido, respecto del tercer reproche, la recurrente hace mención a diversos puntos, tales como: Falta de fundamentación de la sentencia y errónea aplicación de preceptos legales a partir de las reglas de la sana crítica. En su intento por fundamentar tales aspectos, manifiesta que la pena impuesta a su defendido es superior al promedio de esperanza de vida que se ha decretado por la UNICEF, y que se tiene en nuestro país, de manera que dicho correctivo impuesto se vuelve una pena perpetua, ya que éste al terminar de purgar la pena sería de noventa y ocho años, por lo que solicita la nulidad de dicho fallo y sea esta S. la que se pronuncie anulándola y "enmendando con una pena menor a los veinticuatro años de prisión" .

Luego de analizar el contenido de ambos motivos (segundo y tercero), y advirtiéndose que estos confluyen en un mismo hilo conductor -lo que se reduce básicamente a la inconformidad con el monto de la penalidad fijada contra el imputado- serán abordados de manera conjunta y de igual forma se dará una respuesta.

Inicialmente, debe exponerse que el recurso de casación, cuyos fines primordiales los constituye la aplicación correcta de la ley, la justicia del caso concreto y la unificación de criterios jurisprudenciales, es un control de legalidad, tanto de forma como de fondo, que se proyecta sobre el asunto discutido y que, a su vez, se encuentra ceñido al contenido constitucional del derecho a la impugnación e igualmente al Debido Proceso. Sin embargo, la elaboración del escrito por parte del inconforme no es de libre determinación, sino que se encuentra sujeto a una serie de reglas legalmente previstas, las cuales deben ser cumplidas a fin de lograr abrir la vía impugnaticia.

En ese sentido, el inciso segundo del Art. 406 del Código Procesal Penal -aplicable al caso-, confiere la presentación del remedio a los sujetos procesales que les haya acordado dicha facultad, es decir, los que estén legitimados han de cumplir a cabalidad las condiciones de tiempo y modo determinadas en el citado texto normativo. Todo este cúmulo de previsiones da vida a los criterios de "impugnabilidad subjetiva". En el caso en comento, al conjugar los conceptos recién expuestos, en relación a las causales en estudio, no superan el examen preliminar de admisibilidad, por las razones siguientes:

Los alegatos han sido proyectados en términos sumamente genéricos; a criterio de esta Sede, no logran vislumbrar un agravio concreto, ya que la inconformidad del impugnante radica en denunciar que a pesar que se abordó la temática por el Tribunal de Alzada (conforme a lo solicitado, aplicación del Decreto 1009), no se determinó una pena que vaya acorde al promedio de vida en el país y el trato de dignidad humana conforme a criterios de expectativa de vida tratados por la "UNICEF". Esta situación genera un defecto en la fundamentación de los errores denunciados, pues entre los requisitos necesarios para desarrollar el vicio de casación, es que se refiere a los argumentos sostenidos por el Sentenciador por lo que no basta con aclarar cuáles son las expectativas particulares del recurrente sobre la decisión judicial o peor aún, cuando tales argumentos son efectuados a partir de la propia consideración de la parte postulante.

Ha sostenido esta S., al respecto, que es: "...inexcusable que el impugnante realice una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos de la causa, conforme lo han declarado los jueces del plenario y a partir de ahí, demostrar en qué consiste el error jurídico en que incurrió el A-quo al calificar el hecho de determinada forma". (R.. 227-CAS-2009, del 19/11/2010); nada de esto ha sido desarrollado por la solicitante en ninguno de los motivos que se examinan; por consiguiente, se torna inadecuada su pretensión.

Cabe agregar, que los argumentos de la peticionaria, están orientados únicamente contra el monto de la pena impuesta a su patrocinado, quedando claro a partir de su propuesta en ambos reclamos, que no discute la existencia de ilícito alguno, ni la calificación legal determinada; pudiéndose concluir, a partir de lo argumentado, que la recurrente no impugna las circunstancias del ilícito penal antes expresadas, o de la individualización de la pena, dado que su planteamiento tiene como presupuesto de inconformidad sólo el monto de la pena (60 años de prisión), sin estructurar un desarrollo que demuestre la existencia de algún vicio en la determinación de la pena, en relación a la cantidad de años establecidos en la norma que se aplicó, sea por haber sobrepasado los límites de la sanción prevista o por la elección de una pena distinta a la indicada para la o las infracciones penales acreditadas.

De modo tal, que al no concurrir estas últimas circunstancias, en vista que los reproches se circunscriben exclusivamente a mostrar el desacuerdo con el monto de la penalidad, lo conducente es rechazar los reclamos referidos. Y es que, en repetidas decisiones esta S. ha establecido que argumentos como los aquí estudiados no permiten habilitar el recurso, por estimar que: "son atribuciones legales concedidas al Sentenciador, pues implica la apreciación de las circunstancias fácticas acreditadas en el debate" (Sic). V. sentencias de casación 626-CAS-2008 del 03/09/2010; y 76C2014 del 28/05/2014.

Diversos doctrinarios, al respecto refuerzan esta postura, así: F. De La Rúa, en su obra "La casación Penal", P.. 64., expresa: "...Son poderes discrecionales, y su ejercicio es incontrolable en casación, los relativos a la determinación de la pena...". Por su parte, R.W.A., en su libro: "Derecho Procesal Penal", Tomo III, Pág. 484; dice que: ",..la ley no le ordena al Juez resolver en un sentido determinado, sino que deja librado a su criterio, el decidir en una u otra forma, según las circunstancias especiales que él apreciará. Por ejemplo

en el monto de la pena a aplicar en el caso concreto, dentro del mínimo o el máximo establecido abstractamente por la ley penal sustantiva. En estos casos no hay control de casación...". (Sic). En definitiva, por tratarse de alegaciones en el mismo sentido de los contenidos en los precedentes de esta Sala y la doctrina señalada, nada impide que tal criterio sea aplicado en el presente caso, debiéndose inadmitir los reclamos segundo y tercero del recurso analizado, por incumplir las exigencias de admisibilidad previstas por la ley.

En relación a los reproches concernientes a la falta de fundamentación de la sentencia con respecto a la adecuación de la pena, (Arts. 62 Pn. y 362 no. 4 Pr. Pn.); al agotar su estudio de naturaleza formal, ordenado por los Arts. 426 y 427 del Código Procesal Penal, esta S. constata que se han cumplido los requisitos de tiempo y forma, así como las de impugnabilidad objetiva y subjetiva, respecto de la cual se encuentra en desacuerdo el sujeto procesal legítimamente facultado. Al mismo tiempo que el libelo puntualiza los fundamentos de este reclamo y cita las normas presuntamente quebrantadas; en consecuencia, ADMÍTASE y decídase lo que corresponde a Derecho.

CUARTO

Una vez fue interpuesto el memorial por la parte interesada, tal como lo dispone el Art. 426 del Código Procesal Penal, se emplazó a la Licenciada G.Y.P.V., quien actúa en calidad de agente auxiliar del F. General de la República, a fin de que emitiera su opinión técnica. No obstante su legal emplazamiento, omitió pronunciarse al respecto. FUNDAMENTOS DE DERECHO

De acuerdo al memorial recursivo, la impetrante solicita que este Tribunal controle el defecto, identificado como: "Falta de Fundamentación de la Sentencia con respecto a la adecuación de las penas", enunciado como normas violentada los Arts. 62 ss, CP y 362 No. 4 CPP.

Su argumento radica en que en revisión el Tribunal decidió adecuar la sanción establecida en la sentencia condenatoria firme que fue recurrida, al haberse confirmado que excedía el monto fijado (64 de años de prisión), cuyo fundamento se obtuvo del Decreto Legislativo No. 1009, que modificó las penas de prisión, en el sentido que las penas máximas no debían sobrepasar los 60 años. Art. 45 Pn.

Sigue manifestando, que sin fundamento se decidió hacer la adecuación conforme a la reforma y no se constató cómo incidía la nueva penalidad en los diferentes delitos por los cuales fue condenado su patrocinado, infringiendo las reglas del Art. 62 Pn., habida cuenta que su defendido había sido juzgado por varias infracciones penales en concurso real de delitos, cuyas sanciones son diferentes y merecían una nueva individualización. Por lo cual, solicita que se anule la sentencia y se ordene su reposición.

Vista que ha sido la propuesta de la recurrente, quien pretende hacer notar un quebrantamiento de formas que regulan el deber de motivación de conformidad con los Arts. 130, 362, 421 CPP; se colige que el reproche de análisis está orientado a demostrar la falta de fundamentación del fallo obtenido en virtud del recurso de revisión, particularmente en cuanto al análisis que se ha realizado sobre la sanción impuesta al imputado por parte del Tribunal, pues, la recurrente insiste en manifestar que la pena impuesta no deviene de un correcto análisis.

Esta Sala determina que el reclamo propuesto debe desestimarse, conforme a los razonamientos que serán expuestos en los párrafos que siguen.

  1. La motivación de una decisión judicial es una garantía primordial de rango constitucional, no sólo para el acusado sino también para las demás partes en el juicio penal, entre ellas el Estado, pues éste tiene el deber de asegurar una correcta administración de justicia; tal requisito incide además en el derecho de defensa, ya que sólo conociendo la argumentación del juzgador se puede recurrir de ella y contra- argumentar.

    Así, la necesidad de fundamentación estriba precisamente en la posibilidad de hacer públicas las razones que tuvo en cuenta el Juez para pronunciar su sentencia y que pueden ser cuestionadas; de esa forma, en caso de haberse producido una falta de fundamentación en la sentencia recurrida, indiscutiblemente se estaría lesionando la garantía del debido proceso, reproche que en todo caso debe ser constatado por la autoridad a cuyo cargo se encuentra el asunto reclamado.

    Se dice que una sentencia tiene fundamento, si la libre convicción del órgano de mérito sobre cada una de las cuestiones planteadas para resolver respecto de la acusación penal, está manifestada en forma completa mediante elementos probatorios de valor decisivo, que no sean contradictorios entre sí, ni sean ilegales o contrarios a las reglas de la sana crítica.

  2. Sentado lo anterior, corresponde entrar al fondo del asunto para resolver de manera adecuada el punto de reclamo; en tal sentido, se vuelve pertinente relacionar brevemente aspectos medulares del razonamiento del Tribunal de Sentencia en su resolución y las argumentaciones usadas para modificar la pena de la sentencia condenatoria, sobre los imputados Audias Otoniel

    L. S., V.L.L., y J.R.S.P., los cuales fueron condenados por diversidad de delitos, tales como: "... 1. Robo Agravado... se condena a diez años de prisión..., 2. Robo Agravado... se condena a doce años de prisión en concurso ideal de delitos.., 3. Robo

    Agravado... se condena en a dieciséis años de prisión en concurso ideal de delitos..., 4. Hurto Agravado..., se condena doce años de prisión, en concurso ideal de delitos..., 5. Hurto Agravado..., se condena a doce años de prisión..., 6. Robo Agravado..., se condena a D. años de prisión..., 7.Robo Agravado..., se condena a doce años de prisión en concurso ideal de delitos..., 8. Asociaciones Ilícitas..., en conjunto a la pena de cuatro años...," todos los delitos en perjuicio patrimonial de múltiples victimas y la paz pública, teniendo como una sumatoria de la pena sesenta y cuatro años, tal es el caso que dicho planteamiento es aceptado por parte del sentenciador y comienza a desarrollar su fundamento jurídico de la siguiente forma:

    "Como punto de partida y a efecto de examinar la sentencia recurrida en revisión..., solicita una revisión de la sentencia invocando el decreto 1009 por medio del cual su hijo puede acceder a que se le revise su condena, por estar condenado a más de sesenta años de prisión. Por lo que este Tribunal comprende que el imputado realmente está invocando la causal del articulo 431 No. 6 Código Procesal Penal derogado..." (Véase Fs. 13 y Ss.).

    Manifestando el Tribunal que el recurso es concedido, únicamente, en cuanto a la modificación de la pena, de los incoados antes citados, aduciendo: "... la defensa solicita se imponga una pena de treinta años considerando que la pena perpetua es inconstitucional. Aspecto que es importante considerar ya que tres de los imputados fueron condenados a penas totales mayores a los sesenta años de prisión... lo cual se considera una petición sin fundamento legal, ya que en la época que se dictó la sentencia la pena oscilaba entre seis meses y setenta y cinco años... por lo tanto, se modifica la sentencia en alusión únicamente en ese punto y se fija como pena total que deberá cumplir..., sesenta años de prisión, de conformidad a los máximos legales establecidos en el articulo 45 y 71 del Código Penar

  3. Ahora bien, teniendo en cuenta las manifestaciones de la inconforme y las consideraciones expresadas por los Juzgadores, este Tribunal sin el ánimo de parecer reiterativo, pero con sólo efecto de evidenciar la inconsistencia del aspecto externado como yerro de la sentencia de mérito, ha notado del mismo escrito recursivo, que si bien la recurrente comienza su argumento señalando que existió una falta de garantía a la hora de imponer la sanción, que a su parecer es una pena perpetua, tal y como lo ha dejado ver, al mismo tiempo pone en evidencia que el estudio realizado por el Sentenciador fue deficitario al no acreditar los puntos que en su estrategia consideraba factibles para la consecución de un fallo de condena en el que la pena tuviera el máximo de treinta años, haciendo notar que lo referido en el decreto 1009, si fue examinado por el Tribunal de Sentencia, pero que el resultado aún no le es favorable.

    De lo apuntado, claramente se denota que la recurrente únicamente expone su desacuerdo con la valoración que realizó la instancia respecto a la imposición de las penas, ya que a su parecer no hay análisis que haga demostrar la derivación de la nueva pena impuesta, sin embargo esta S. no aprecia alguna línea de cuestionamiento que lleven a considerar alguna deficiencia al margen de lo que fue peticionado, ante este punto, es preciso recordar a la impugnante que los Tribunales se pronuncian sobre los puntos de inconformidad delimitados por los impetrantes. En el presente caso, de una revisión integral del proveído, se encuentra que se suplen, en la medida de lo posible, las peticiones que se invocaron en el recurso que se admitió, de tal forma, que esta S. casacional denota que la sede en comento si desarrolla el agravio originalmente planteado en el libelo, y sus respuestas obedecen a lo solicitado en la causal de revisión que se admitió y al principio de legalidad.

    No obstante lo expuesto, esta S. advierte que las consideraciones externadas por el Tribunal Primero de Sentencia, al resolver el recurso de revisión formulado, si bien no existe un epígrafe individual o una titulación que otorgue nombre específico a la derivación de cada uno de los delitos y sus penas, aspecto que la impetrante menciona como punto de agravio, si ha hecho un esfuerzo intelectivo por dar respuesta concreta a las formulaciones expuestas por la parte agraviada. A criterio de esta S., la motivación desarrollada por el sentenciador no se aprecia como aparente o insuficiente, pues examinó las penas dadas por las múltiples infracciones pudiéndose notar que arribó a la conclusión que la sumatoria de las penas de todos los delitos acreditados excede los sesenta años, señalando de esa forma como aplicable la reforma de los Art. 45 y 71 del Código Penal para solucionar el asunto en controvertido.

    Por lo que el cumplimiento de la exigencia mínima de fundamentación no fue quebrantado, cuando se advierte que ésta, a pesar de ser breve, atendió el citado requisito. En otras palabras, no se observa el déficit indicado por la recurrente, ya que es posible conocer a través de la argumentación que ha efectuado el A quo, la convicción de la relevancia jurídica de la modificación de la pena, la que se sustentó en la existencia de una disposición legal dictada con posterioridad a la fecha en que fueron condenados los imputados, y que proveía una modificación a la sanción penal establecida. Es decir, sobrepasaba el rango máximo previsto como pena en nuestro medio. De ahí que, no existe el defecto alegado, pues, adicionalmente a ello también se razonó sobre una falta de fundamentos en cuanto a la petición de imponer una pena de treinta años, los cuales a criterio de los sentenciadores no reunían requisitos legales, como se relacionó supra.

    En ese sentido esta S., considera que no es apropiado acceder a la pretensión de la recurrente de anular la sentencia dictada, en tanto que aparecen descritas las explicaciones que orientan al resultado del fallo recurrido, las cuales se estiman razonables, lo que resulta conducente, las cuales, lo que resulta conducente para mantenerse inalterable la decisión

    Y es que, efectivamente todo el planteamiento que llevó a los sentenciadores a modificar la sanción penal, fue producto del estricto examen jurídico de las disposiciones legales que fueron aplicadas al momento que dictaron la sentencia, ello en armonía con las nuevas disposiciones que resultaban favorables; así, se comenzó razonando que el Art. 15 del Código Penal, ha estatuido la facultad legal de modificar penas cuando se promulgaren nuevas leyes y que resulten favorables a la persona condenada. Circunstancia que señalaron, constituye: "la retroactividad de la ley más favorable", conforme a los Arts. 21 Cn y 14 Pr. Pn., y que al tenerla por configurada en este caso, decidieron modificar ese extremo del fallo condenatorio revisado.

    Esta S. concuerda con el criterio establecido por los sentenciadores, en tanto que la situación analizada encaja en un supuesto de retroactividad de la ley más favorable, pues la nueva disposición legal ha sido aplicada a un hecho acontecido con anterioridad a su vigencia y resulta beneficiosa para los sujetos condenados.

    Como bien puede apreciarse en los autos, la condena de sesenta y cuatro años de prisión contra los encartados fue dictada el día veintinueve de agosto de dos mil cinco, fecha en la cual, se encontraba vigente el Art. 45 Pn. y el Art. 71 Pn., cuyas prescripciones, en su orden, estatuían lo siguiente: "Art. 45 Pn. son penas principales: 1) La pena de prisión, cuya duración será de seis meses a setenta y cinco años"; y el "Art. 71Pn. En caso de concurso real de delitos se impondrá al culpable todas las penas correspondientes a los delitos que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente por el orden de su respectiva gravedad, comenzando por la pena mayor, pero el conjunto de las penas impuestas, en ningún caso podrá exceder de setenta y cinco años". De modo que, tratándose de hechos que se acomodaban a tales previsiones, la sanción determinada guardaba la debida proporción, al encontrarse dentro de los márgenes legalmente previstos.

    Sin embargo, con posterioridad las citadas disposiciones legales, según decreto 1009, de fecha veintinueve de febrero del año dos mil doce, publicado en el Diario Oficial número cincuenta y ocho, Tomo trescientos noventa y cuatro, del veintitrés de marzo de ese mismo año, fueron modificadas de la manera que sigue: "Art. 45 Pn. son penas principales: 1) La pena de prisión, cuya duración será de seis meses a sesenta años", asimismo el "Art. 71 Pn. En caso de concurso real de delitos se impondrá al culpable todas las penas correspondientes a los delitos que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente por el orden de su respectiva gravedad, comenzando por la pena mayor, pero el conjunto de las penas impuestas, en ningún caso podrá exceder de sesenta años". (Los resaltados en negrita son de esta Sala).

    De tal suerte, que esta S. considera que fue correcto aplicar las disposiciones legales nuevas al caso concreto, tomando en cuenta que las normas anteriores fueron modificadas, y porque además, se materializa la voluntad del legislador al regular un límite máximo de penalidad que va en concordancia al principio de proporcionalidad y de rehabilitación, de conformidad al Art. 27 de la Constitución de la República.

    En consecuencia, no lográndose configurar un real perjuicio a los intereses de la impetrante, en virtud del principio constitucional de "pronta y cumplida justicia", lo procedente es desestimar la pretensión recursiva y confirmar la decisión impugnada.

FALLO

POR TANTO: con base en las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts. 50 inciso 2° literal A), 144, 452, 453, 479 y 480 del Código Procesal Penal, en nombre de la República de El Salvador, esta Sala

RESUELVE:

  1. INADMITESE los motivos denominados como "Vulneración de la Garantía Constitucional de Prohibición de las Penas Perpetuas, Art. 27 Inc. 2 y 3 Cn." y "Errónea Aplicación de un precepto legal y Falta de Fundamentación intelectiva referida a las deducciones del Juzgador a partir de la valoración por medio de la Sana Critica Arts. 421 y 422 CPP", por no haberse configurado adecuadamente los vicios enunciados y sus fundamentos.

  2. NO HA LUGAR A CASAR la sentencia de mérito, por no configurarse el motivo relacionado como: "Falta de Fundamentación de la Sentencia con Respecto a la Adecuación de las Penas", Arts. 62 CP y 362 No. 4 CPP.

  3. Queda firme la Sentencia recurrida, Art. 130 CPP.

  4. Devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen, para los efectos legales consiguientes, tal como lo establece el Art. 427 Inc. Pr. Pn.

NOTIFIQUESE.

D.L.R.G. -----J.R.A..-----------RICARDO IGLESIAS.------ PRONUNCIADO

POR LA MAGISTRADA Y MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN. --------ILEGIBLE. --------SRIO.--------------- RUBRICADAS------------------.

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