Sentencia nº 78-2017 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 28 de Julio de 2017

Fecha de Resolución28 de Julio de 2017
EmisorSala de Lo Constitucional
Número de Sentencia78-2017
Tipo de ProcesoINCONSTITUCIONALIDADES
Tipo de ResoluciónInterlocutorias - Improcedencias

78-2017

Inconstitucionalidad.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las doce horas y treinta y ocho minutos del día veintiocho de julio de dos mil diecisiete.

Analizada la demanda presentada por el ciudadano H.D.V.C., mediante la cual solicita que se declare la inconstitucionalidad, por vicio de contenido, del art. 155 ord. 4º del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, aprobado por Decreto Ejecutivo nº 61, de 1-VII-1996 (REGTSEV), publicado en el Diario Oficial nº 121, tomo 332, de 1-VII-1996, por la supuesta vulneración a los derechos de intimidad, honor y propia imagen (art. 2 inc. Cn.;) esta sala hace las siguientes consideraciones:

La disposición legal impugnada establece lo siguiente:

Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial

Artículo 155 ord. 4º.- “Para la obtención de una licencia por primera vez, el solicitante debe cumplir los siguientes requisitos: [...] 4. En los casos especiales tipificados por la Comisión Reguladora de Transporte Terrestre, deberá rendir satisfactoriamente un examen médico y de aptitudes físicas y psíquicas”.

  1. En síntesis, el demandante sostiene que el art. 155 ord. 4º REGTSEV contraviene el art. 2 inc. Cn. porque autoriza a la Dirección General de Tránsito, a la Comisión Reguladora de Transporte Terrestre o al Viceministerio de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial a realizar examen psicológico como requisito obligatorio para obtener por primera vez o refrendar la licencia de conducir. Agrega que la realización de tal prueba transgrede el derecho a la intimidad, que junto al derecho al honor y a la imagen, es tutelado por la Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de recordar las funciones que este tribunal atribuye al derecho a la intimidad, expone otros requisitos que toda persona deberá cumplir para obtener por primera vez o refrendar la licencia de conducir. Y finaliza afirmando que en el presente caso la esfera interna, concebida como forma de pensar, entender, sentir, comportamiento de la persona humana, valores, sentimientos y pensamientos íntimos no deben ser accesibles a ninguna persona, ni por orden legal o moral, a menos que la persona acepte voluntariamente o que sea necesaria en el proceso legal.

  2. Dado que la demanda hace acopio de consideraciones dogmáticas y jurisprudenciales, sin aplicarlas al caso particular, es necesario recordar que el proceso de inconstitucionalidad tiene por finalidad realizar un contraste entre normas. En este proceso se realiza un análisis sobre la

    sobre la supuesta contradicción entre el contenido normativo de una disposición o acto normativo identificado como objeto de control y el contenido normativo de una disposición constitucional propuesta como parámetro. El inicio y desarrollo de este proceso solo es procedente cuando dicha pretensión está fundada en motivos de inconstitucionalidad relevantes, es decir, en la exposición suficiente de argumentos que demuestren la probabilidad razonable de una contradicción o confrontación entre normas derivadas de las disposiciones invocadas.

    El que la pretensión de inconstitucionalidad deba plantear un contraste entre normas indica que el fundamento de esa pretensión exige una argumentación sobre la inconsistencia entre dos normas, no solo entre dos disposiciones o textos, o la simple cita de consideraciones doctrinarias o jurisprudenciales. Las normas son productos interpretativos y su formulación no se logra con una simple lectura o un mero cotejo de enunciados lingüísticos. Por ello, el fundamento de la pretensión de inconstitucionalidad debe ser reconocible como un auténtico ejercicio argumentativo de interpretación de disposiciones y no como una ligera impresión subjetiva de inconsistencia, causada por una lectura defectuosa o superficial de los enunciados respectivos. Y esta exigencia de que los actores deban plantear una contradicción entre el objeto y el parámetro de control no es arbitraria. El art. 63 de la Ley de Procedimientos Constitucionales la requiere, al prever que la demanda de inconstitucionalidad contendrá “... [l]os motivos en que se haga descansar la inconstitucionalidad expresada...”.

    Para no banalizar el control de constitucionalidad, la tesis o idea de que existe una incompatibilidad o contradicción entre el objeto y el parámetro de control debe ser plausible, es decir, aceptable en principio, mínima o tentativamente, o por lo menos no rechazable de modo manifiesto o inmediato. El fundamento de la pretensión no puede ser solo aparente o sofisticado, como sería el construido con base en una patente deficiencia interpretativa, cuyo resultado sea ajeno al sentido racional ordinario de los contenidos lingüísticos analizados, según su contexto, finalidad y alcance jurisprudencial; o cuando en lugar de contenidos normativos se contraponen especulaciones personales sobre las posibles desviaciones de la aplicación del objeto de control. Una pretensión en esas condiciones es insustancial o improcedente, incapaz de justificar el desenvolvimiento de una amplia actividad jurisdiccional sobre la existencia de la inconstitucionalidad alegada.

  3. La aplicación de los criterios antes expuestos al contenido relevante de la demanda

    tendiente a demostrar un contraste entre la disposición impugnada y la disposición constitucional invocada como parámetro de control. La razón básica de este defecto consiste en que el demandante no expone ninguna justificación sobre la vinculación directa entre el enunciado que impugna y el precepto constitucional referido, que sería necesaria para fundamentar la posibilidad de control constitucional sobre una vulneración al derecho a la intimidad.

    La demanda carece por completo de un esfuerzo interpretativo racional dirigido a establecer un contraste normativo entre el objeto y el parámetro de control. Al principio, el actor alega violación de los derechos a la intimidad, honor y propia imagen, pero en el desarrollo de la demanda menciona únicamente la transgresión al primero de los mencionados sin demostrar cómo la exigencia de someterse a un examen psicológico afectaría el contenido del derecho fundamental a la intimidad, limitándose a realizar extensas transcripciones de lo expuesto por esta sala en la sentencia de 24-IX-2010, Inc. 91-2007. En definitiva, se trata de un planteamiento carente de contenido argumentativo que genera como consecuencia una pretensión de inconstitucionalidad carente de fundamento y por ello resulta pertinente declarar la improcedencia de la pretensión.

  4. Por las razones antes expuestas respecto de los elementos conformadores de la pretensión, específicamente del regulado en el art. 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta sala

    RESUELVE:

    1. D. improcedente la pretensión contenida en la demanda presentada por el ciudadano H.D.V.C., mediante el cual pide la inconstitucionalidad del art. 155 ord. 4º del del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, por la supuesta vulneración al art. 2 inc. Cn. en lo relativo a los derechos a la intimidad, honor y propia imagen. La razón es que existen vicios que hacen imposible el contraste normativo con la disposición impugnada.

    2. Tome nota la secretaría de este tribunal del lugar señalado por el demandante para recibir los actos procesales de comunicación.

    3. N..

    F.M..------------------J.B.J..---------------------E.S.B.R.--------------------R.E.G..---------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO

    SUSCRIBEN--------------E. SOCORRO C.---------------SRIA.--------------RUBRICADAS.

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