Sentencia nº 366-2016 de Sala de Lo Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia, 8 de Febrero de 2017

• Fecha de Resolución: 8 de Febrero de 2017
• Emisor: Sala de Lo Contencioso Administrativo
• Número de Sentencia: 366-2016
• Acto Reclamado: 1) Resolución número QUINIENTOS DIECISÉIS, emitida a las once horas del tres de diciembre de dos mil catorce, en la que se condenó a la sociedad actora por la infracción grave establecida en los artículos 13 letra b), 17 letra k) y 18 inciso tercero letras c) y g) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de ...
• Sentido del Fallo: ADMISIÓN
• Tipo de Resolución: Interlocutorias - Suspensiones

366-2016

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las ocho horas cincuenta y cuatro minutos del ocho de febrero de dos mil diecisiete.

Los días tres de noviembre y trece de diciembre, ambos del dos mil dieciséis (folios 75 y

81), se presentaron escritos suscritos por el licenciado E.A.P.P., en calidad de apoderado general judicial con facultades judiciales especiales de la sociedad UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con los que cumple la prevención formulada en auto del treinta de agosto del dos mil dieciséis a folio 74, y agrega fotocopia certificada de su tarjeta de identificación de abogado a folios 77 y 83. Comisiona a la licenciada M.J.G.O., para que pueda recibir notificaciones.

UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por medio de su apoderado general judicial con facultades especiales, ha presentado demanda contencioso administrativa en contra del Ministerio de Economía.

Del examen de la demanda, se ha comprobado el cumplimiento de los presupuestos procesales y de los requisitos legales mínimos para la admisibilidad de la demanda, regulados en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa –en adelante LJCA–por ello, es procedente admitirla en los términos que posteriormente se declararán.

La parte demandante solicita además la suspensión de los efectos de los actos reclamados; y previo a declarar la procedencia –o no– de dicha petición, esta Sala considera necesario realizar las siguientes consideraciones:

1. Sobre la procedencia de las medidas cautelares:

   Resulta necesario señalar que la suspensión de los efectos de los actos impugnados, es una especie del género de las medidas cautelares, cuya función es detener la realización de actos que, de alguna manera, impidan o dificulten la efectiva satisfacción de la pretensión, en caso que en la resolución final la parte demandante resulte beneficiada con el acto reclamado.

   En este sentido, el fundamento de las medidas cautelares constituye una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto que en el eventual caso se declare la ilegalidad del acto impugnado, el administrado posea una verdadera herramienta eficaz y oportuna para salvaguardar su esfera jurídica; a fin de que, –a la postre– la ejecución de una sentencia

   ilusorios en la esfera del administrado. Es decir, que el objetivo principal de la pretensión cautelar consiste en asegurar o garantizar la efectividad de la sentencia.

   Sin perjuicio de lo expuesto, la tutela cautelar no es de aplicación automática, sino que para acceder a la misma, es necesario apreciar la concurrencia de dos presupuestos básicos; que tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala, son contestes en afirmar que su viabilidad se halla supeditada a que se demuestre la apariencia de buen derecho –fumus boni iuris– y el peligro en la demora –periculum in mora– (i.e. Admisión con suspensión de los efectos del acto impugnado de las trece horas y cincuenta minutos del día nueve de noviembre de dos mil quince, referencia 323-2015).

2. Aplicación al caso en autos

   1. El primer presupuesto habilitante de las medidas precautorias, se refiere a la apariencia que el caso tiene mérito legal, nos encontramos pues ante un concepto jurídico que no busca un juicio de certeza sino de probabilidad, donde bastará para esta Sala que el derecho alegado sea verosímil, es decir, apariencia de ser verdadero, en contraposición a lo que es meramente posible o –en el otro extremo– probable al nivel de certeza, sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo de la cuestión controvertida.

      De esta forma, esta Sala verifica que en relación al primer presupuesto habilitante, de la exposición de las circunstancias fácticas y jurídicas en que se hace descansar la pretensión; se puede advertir la existencia de apariencia de buen derecho, la cual corresponde a una credibilidad objetiva, seria y razonable, ya que de manera preliminar se indica la invocación de una presunta vulneración al principio de legalidad en el procedimiento administrativo sancionador al haberse tramitado como producto de una acumulación ilegal de actas de inspección realizadas el once, trece y veinticinco de mayo de dos mil once y el tres, ocho, quince, veinte, veintidós, y veintisiete de junio del dos mil once; sin seguir los parámetros establecidos en el artículo 19-A de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, y a su vez por haberse impuesto multa violentando el artículo 19-B de la ley antes citada.

   2. Ahora bien, corresponde analizar el segundo presupuesto habilitante de las medidas precautorias, el cual consiste en el temor fundado de que el derecho pretendido se frustre o sufra un menoscabo durante la sustanciación del presente proceso tendiente a tutelarlo.

      En el caso analizado, se puede observar que existe un efectivo peligro en la demora

      que se reclaman, se generaría la materialización de éstos causándole diversos perjuicios a la parte actora, mermando el flujo de efectivo que maneja, en especial porque pondría en riesgo el pago de materia prima, los servicios de energía eléctrica, agua y hasta el salario de sus trabajadores.

      En ese sentido, es evidente que la multa impuesta, mediante los actos administrativos impugnados, pondrían en peligro la esfera jurídica del administrado, por lo que deben tomarse las medidas legales correspondientes para evitar que las presuntas trasgresiones legales continúen. De esta forma, resulta urgente evitar que se ocasione un daño irreparable en el presente caso con los actos impugnados.

      Por otra parte, el artículo 18 de la LJCA limita que se otorgue la suspensión provisional del acto administrativo, si de la ponderación de los intereses subjetivos del particular versus los intereses sociales, se ocasionare o pudiere ocasionar un peligro de trastorno grave al orden público. No obstante, por la naturaleza de los actos impugnados, se verifica que en nada afecta los intereses sociales o el orden público.

      Por lo antes expuesto, resulta procedente otorgar la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, ordenando a la autoridad demandada que, mientras dure la tramitación de este proceso, no deberá exigir de la Sociedad UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., el pago de la multa impuesta.

      En razón de lo expuesto, esta S.

      RESUELVE:

      1. Por cumplida prevención realizada a la parte actora en el auto de las ocho horas treinta y seis minutos del treinta de agosto del dos mil dieciséis a folio 74

      2. Admitir la demanda contra el Ministerio de Economía respecto de los siguientes actos:

         1) Resolución número QUINIENTOS DIECISÉIS, emitida a las once horas del tres de diciembre de dos mil catorce, en la que se condenó a la sociedad actora por la infracción grave establecida en los artículos 13 letra b), 17 letra k) y 18 inciso tercero letras c) y g) de la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, y le impuso una multa de mil cien salarios mínimos equivalentes a doscientos veintiocho mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América ($228,360.00).

         2) Resolución número DOSCIENTOS DIECISÉIS emitida a las ocho horas diez minutos del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en la que se declaró no ha lugar el recurso de

      3. Tener por parte a UNIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia UNIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por medio de su apoderado general judicial, licenciado E.A.P.P..

      4. Rinda informe la autoridad demandada dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de este auto, sobre la existencia de los actos administrativos impugnados. Dicho informe podrá ser remitido vía telegráfica o por cualquier medio de comunicación análogo. Para tal efecto, se habilitan los números de telefax de este Tribunal: […] y […].

      5. Suspender inmediata y provisionalmente los efectos de los actos administrativos impugnados en el sentido que, mientras dure la tramitación de este proceso, la autoridad demandada no deberá exigir de la Sociedad UNIGAS DE EL SALVADOR, S. A de C.V., el pago de la multa impuesta.

      6. Tener por agregada la documentación que se describe en la razón de presentación correspondiente (folio 31).

      7. Tomar nota del lugar y medio electrónico señalados para recibir notificaciones y de la persona comisionada para tal efecto (folio 30 vuelto).

      8. Prevenir a todos los sujetos procesales que intervienen en el proceso, que informen sobre cualquier cambio en el lugar señalado para recibir notificaciones, de lo contrario se notificará por tablero judicial.

         N..

         D.S.------------DUEÑAS-----------P.V.C.-----------S. L. RIV. M..-----------PRONUNCIADO POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS Y EL SEÑOR MAGISTRADO

         QUE LO SUSCRIBEN.------------M.B.A.---------SRIA.----------RUBRICADAS.