Sentencia nº 958-2014 de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 23 de Enero de 2017

• Fecha de Resolución: 23 de Enero de 2017
• Emisor: Sala de Lo Constitucional
• Número de Sentencia: 958-2014
• Tipo de Proceso: AMPAROS
• Acto Reclamado: Declaración de nulidad e improcedencia para ocupar plaza de docente
• Derechos Vulnerados: Audiencia, defensa y estabilidad laboral
• Tipo de Resolución: Sentencia Definitiva

958-2014

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del día veintitrés de enero de dos mil diecisiete.

El presente proceso se inició mediante demanda planteada por el señor R.G.P.A., por medio de su apoderada, la abogada Y.G.G.R., contra la Junta de la Carrera Docente del departamento de Cuscatlán (JCDC), por considerar vulnerados sus derechos de audiencia, defensa –como manifestaciones del debido proceso– y a la estabilidad laboral.

Han intervenido en este proceso la parte actora, la autoridad demanda y la Fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

Analizado el proceso y considerando:

I . 1. A. El peticionario manifestó que, en el año 2013, participó en el proceso de selección de docente para el nivel de educación básica en el Centro Escolar "Colonia Fátima" de Cojutepeque, en el cual el Tribunal Calificador del Ministerio de Educación (TC) lo eligió para cubrir la referida plaza, resultado que fue publicado en un periódico de circulación nacional el 5-I-2014. En virtud de la anterior decisión –agregó–, el Consejo Directivo del citado centro educativo formalizó la toma de posesión de su cargo el 9-I-2014, por lo que a partir de esa fecha desempeñó el puesto de trabajo en cuestión.

En este contexto, sostuvo que, mediante escrito de fecha 6-I-2014, la señora Patricia Imelda

H. F., quien también participó en el aludido proceso de selección, impugnó ante la JCDC la decisión del TC de nombrarlo en la referida plaza, por considerar que ella cumplía de mejor manera los requisitos exigidos para desempeñar ese cargo. Aseveró que la citada junta admitió la denuncia el 7-I-2014 y notificó los actos procesales únicamente a la señora H.F. y al TC, sin considerar que la resolución a emitirse podía afectar sus intereses.

En efecto, alegó que, mediante resolución de fecha 4-II-2014, la JCDC declaró nula e improcedente su selección para ocupar la referida plaza, pese a que, en su opinión, no contaba con suficientes elementos probatorios para poder fundamentar esa decisión. En relación con ello, arguyó que el TC no motivó ni presentó elementos probatorios para justificar el acto impugnado –su decisión de nombrarlo como docente en el aludido centro educativo–, por lo que si la JCDC

participar en defensa de sus intereses.

Aunado a lo expuesto, afirmó que tuvo conocimiento del aludido fallo hasta el 14-III-2014, cuando el director del centro escolar le informó que había quedado sin efecto su nombramiento, razón por la cual solicitó la revocatoria y, con posterioridad, la nulidad de la referida decisión, pero ambos recursos fueron declarados improcedentes, ya que el acto en cuestión adquirió firmeza con el auto de fecha 4-III-2014.

En ese sentido, alegó que la resolución de fecha 4-II-2014 conculcó sus derechos de audiencia, defensa, al debido proceso y a la "seguridad al trabajo", por los motivos antes expuestos, razón por la cual solicitó que se declarara la existencia de la vulneración a sus derechos y que se ordenara el efecto restitutorio respectivo.

2. A. Mediante la resolución de fecha 6-V-2015 se suplió la deficiencia de la queja formulada por el demandante, de conformidad con el art. 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L.Pr.Cn.), en el sentido de que los derechos posiblemente conculcados con la actuación impugnada eran los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral. Así, la admisión de la demanda se circunscribió al control de constitucionalidad de la resolución de fecha 4-II-2014, mediante la cual la JCDC declaró nula e improcedente la decisión pronunciada por el TC en cuanto a la selección del actor para ocupar la plaza de docente en el Centro Escolar "Colonia Fátima", por la vulneración de los derechos antes mencionados.

   B. a. En el citado proveído, se ordenó la inmediata suspensión de los efectos del acto reclamado, en el sentido de que la JCDC debía garantizar al actor continuar desempeñando el cargo en cuestión u otro de igual categoría, en el caso de que otra persona estuviera ocupando dicho puesto de trabajo; se ordenó comunicar a la tercera beneficiada la existencia de este proceso; y se pidió a la autoridad demandada que rindiera el informe que establece el art. 21 de la

   L.Pr.Cn., quien reconoció la existencia del acto en cuestión y arguyó que solo se realizaron los actos de notificación al TC, porque, de conformidad con el art. 96 de la Ley de la Carrera Docente (LCD), el citado tribunal se encontraba legitimado para figurar como parte demandada en el procedimiento de nulidad del nombramiento del señor P.A., con ref. n° 4-JCDCAA-2014.

   2. En esta etapa del proceso, el pretensor informó que, con base en el escrito de fecha 11-VI-2015, con ref. n° DDEC-CDH-083/15, firmado por el Coordinador de Desarrollo Humano de la

   docente en el Centro Escolar "Colonia Fátima".

   C. Asimismo, de conformidad con el art. 23 de la L.Pr.Cn., se confirió audiencia a la Fiscal de la Corte, pero esta no hizo uso de la oportunidad procesal que le fue conferida.

3. A. Por medio del auto de fecha 3-VII-2015, de conformidad con el art. 26 de la L.Pr.Cn., se confirmaron los motivos por los que se ordenó una medida cautelar en este proceso y se requirió a la autoridad demandada que rindiera nuevo informe justificativo.

   B. En síntesis, la JCDC manifestó que, de conformidad con los arts. 79 y 96 de la LCD, cuando los educadores, los alumnos los padres de familia, las gremiales de maestros, el Concejo Directivo Escolar de alguna institución estén en desacuerdo con la decisión del TC en algún proceso de selección, pueden denunciarlo y tramitar ante la junta de la carrera docente respectiva el procedimiento correspondiente, en el cual se brindará a aquellos la oportunidad de defenderse mediante la exposición de sus argumentos y el ofrecimiento de la prueba que estimen pertinente.

   En ese orden, arguyó que la señora H.F. dirigió su denuncia contra el TC, cuestionando su decisión de elegir al señor P.A. como docente, por lo que esa autoridad era la que se encontraba legitimada para figurar como parte demandada en el referido procedimiento, siendo ese el motivo por el cual se le notificaron las diferentes actuaciones realizadas, a fin de brindarle la oportunidad de participar en defensa del nombramiento en cuestión.

   Sostuvo que en el caso particular, con base en el informe del TC sobre los hechos denunciados, los argumentos formulados y la prueba incorporada por la señora H.F., estableció que ella debió ser seleccionada para ocupar el cargo de docente en el Centro Escolar "Colonia Fátima", por cumplir, en su opinión, de mejor manera los criterios de antigüedad en la graduación y especialidad, contemplados en el art. 18 de la LCD. Ello debido a que la referida educadora obtuvo su título universitario en educación antes que el pretensor y, además, contaba con más experiencia en el campo de la enseñanza, ya que había realizado algunos interinatos en la plaza objeto de controversia.

   Por otra parte, alegó que si bien el TC no se presentó a la audiencia probatoria respectiva, con el informe que rindió en su oportunidad pudo establecerse la forma, el modo y los parámetros que empleó para nombrar al señor P.A. en la aludida plaza. Asimismo, acotó que el referido tribunal le solicitó resolver la queja de la aludida señora con base en los arts. 18 y 96 de la LCD, pero que, de conformidad con el art. 52 n° 3 de la LCD, al haberse presentado varios

   perfil de cada participante junto con los resultados obtenidos, razón por la cual la resolución impugnada en este amparo se fundamentó solo en la prueba incorporada al procedimiento administrativo.

   En virtud de lo anterior, arguyó que no existían las vulneraciones constitucionales alegadas en este amparo, por lo que solicitó que se emitiera una sentencia desestimatoria.

4. A. Por resolución de fecha 19-I-2016, se confirieron los traslados previstos en el art. 27 de la L.Pr.Cn., respectivamente, a la F. de la Corte, quien opinó que con la documentación incorporada podía establecerse que la autoridad demandada conculcó los derechos argüidos en este proceso; y al pretensor, quien reiteró los argumentos expresados con anterioridad.

5. Por auto de fecha 7-IV-2016, se advirtió que concurrían los elementos necesarios para prescindir del plazo probatorio; por lo que, de conformidad art. 29 de la L.Pr.Cn., se omitió dicha fase procesal y el presente amparo quedó en estado de pronunciar sentencia.

   II . El orden lógico con el que se estructurará esta resolución es el siguiente: en primer lugar, se determinará el objeto de la presente controversia (III); en segundo lugar, se hará una sucinta exposición sobre el contenido de los derechos que se alegan vulnerados (IV); en tercer lugar, se desarrollaran algunas ideas sobre el procedimiento de selección de docentes realizado por el TC y el tramitado contra las decisiones de dicho tribunal ante la Junta de la Carrera Docente respectiva

   (V); en cuarto lugar, se analizará el caso sometido al conocimiento de este Tribunal (VI); y finalmente, se desarrollará lo referente al efecto restitutorio de la decisión a emitirse (VII).

   3. El objeto de la controversia puesta en conocimiento de este Tribunal estriba en determinar si la JCDC, al declarar nulo e improcedente la selección del señor R.G.P.A. en la plaza de docente del Centro Escolar "Colonia Fátima" de Cojutepeque, sin haberle permitido participar en defensa de sus intereses en el procedimiento tramitado en contra del TC, con ref. n° 4-JCDC-AA-2014, conculcó los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral del referido señor.

   4. 1. El reconocimiento del derecho a la estabilidad laboral (art. 219 inc. 2° de la Cn.) de los servidores públicos responde a dos necesidades: la primera, garantizar la continuidad de las funciones y actividades que ellos realizan en las instituciones públicas, debido a que sus servicios están orientados a satisfacer un interés general; y, la segunda, conceder al servidor un grado de

   fuera del marco constitucional y legal establecido.

   El derecho a la estabilidad laboral, según las Sentencias de fechas 11-III-2011, 24-XI-2010, 11-VI-2010 y 19-V-2010, pronunciadas en los Amps. 10-2009, 1113-2008, 307-2005 y 404-2008 respectivamente, faculta a conservar un trabajo cuando concurran las condiciones siguientes: (i) que subsista el puesto de trabajo; (ii) que el empleado no pierda su capacidad física o mental para desempeñar el cargo; (iii) que las labores se desarrollen con eficiencia; (iv) que no se cometa falta grave que la ley considere causal de despido; (v) que subsista la institución para la cual se presta el servicio; y (vi) que el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiere de confianza personal o política.

   En ese sentido, el derecho a la estabilidad laboral no es absoluto, puede ser limitado e, incluso, privarse de él a su titular, pero con estricto apego a las condiciones, garantías y procedimientos establecidos en la Constitución y desarrollados en la ley –en sentido formal–.

2. A. Por otra parte, en la Sentencia de fecha 11-II-2011, pronunciada en el Amp. 415-2009, se expresó que el derecho de audiencia (art. 11 inc. 1° de la Cn.) posibilita la protección de los derechos subjetivos de los que es titular la persona, en el sentido de que las autoridades están obligadas a seguir, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia o, en su ausencia, en aplicación directa de la disposición constitucional citada, un proceso en el que se brinde a las partes la oportunidad de conocer las respectivas posturas y de contradecirlas, previo a que se provea un acto que cause un perjuicio en los derechos de algunas de ellas. Así, el derecho de defensa (art. 2 inc. 1° de la Cn.) está íntimamente vinculado con el derecho de audiencia, puesto que es dentro del proceso donde los intervinientes tienen la posibilidad de exponer sus razonamientos y de oponerse a su contraparte en forma plena y amplia, por ejemplo, mediante la formulación de argumentos y el ofrecimiento de la prueba que estimen pertinente.

   Para que lo anterior sea posible, es necesario hacer saber al sujeto contra quien se inicia dicho proceso la infracción que se le reprocha y facilitarle los medios necesarios para que ejerza su defensa. De ahí que existe vulneración de estos derechos fundamentales por: (i) la inexistencia de un proceso en el que se tenga la oportunidad de conocer y de oponerse a lo que se reclama; o

   (ii) el incumplimiento de las formalidades esenciales establecidas en las leyes que desarrollan estos derechos.

   proceso de Inc. 40-2009, se expuso que la configuración del procedimiento administrativo, como instrumento por medio del cual las personas pueden ejercer la defensa no jurisdiccional de sus derechos, debe asegurar la aplicación de los principios y derechos observados en el ámbito de los procesos judiciales, que les garanticen, en sus respectivas posiciones, condiciones de igualdad y la posibilidad real de exponer sus argumentos, de defenderse y de utilizar las pruebas pertinentes ante la autoridad competente.

   En efecto, el carácter contradictorio del citado procedimiento implica garantizar la intervención de las partes principales y también de los que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados con la decisión que se adopte. En ese sentido, las personas que tengan un interés legítimo, personal y directo que pueda resultar afectado con las resoluciones que la autoridad administrativa pronuncie –colocándolos en condición de conseguir un determinado beneficio o perjuicio– deben tener la oportunidad de comparecer en las diferentes etapas del procedimiento, en su defensa, formulando alegaciones, aportando pruebas y haciendo uso de los mecanismos impugnativos existentes.

   2. Al respecto, los arts. 76 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil (CPrCM) regulan la forma en que la autoridad competente –judicial o administrativa– debe proceder cuando advierta –de oficio, por alguna de las partes o del propio interesado– una configuración plural de alguna de las partes procesales, a fin de garantizar los derechos de audiencia y defensa a quienes pueden resultar perjudicados con la sentencia. Así, por ejemplo, el art. 81 del CPrCM establece que puede ser admitido como coadyuvante del demandante o demandado quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del proceso, y siempre que dicho interés guarde relación de subordinación o dependencia con el objeto principal en litigio.

   3. En definitiva, es admisible que en el procedimiento administrativo, al igual que en los procesos jurisdiccionales, intervengan terceros que pueden resultar beneficiados o perjudicados con la decisión que se emitirá. Así, pueden comparecer al procedimiento en forma espontánea o provocada personas distintas a las partes originarias a fin de hacer valer derechos o intereses propios, pero vinculados con la causa o el objeto de la causa que se promueve en sede administrativa. De ahí que, por mandato del art. 11 de la Cn., las autoridades competentes deben adoptar las medidas necesarias para lograr el pleno ejercicio de los derechos de las personas que están legitimadas para intervenir en el citado procedimiento

   la comunidad educativa con los educadores al servicio del primero, de las instituciones autónomas, de las municipalidades y de las privadas, así como valorar sistemáticamente el escalafón, tanto en su formación académica como en su antigüedad; ello a fin de que la docencia sea ejercida por educadores inscritos en el Registro Escalafonario del Ministerio de Educación, asegurándoles su estabilidad laboral, como medio para lograr una educación de calidad (arts. 1 y 2 de la citada ley).

   Según el art. 41 de la LCD las autoridades competentes para administrar la carrera docente son: (i) la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Educación; (ii) la Dirección del Centro Educativo; (iii) el Consejo Directivo Escolar; (iv) el TC; (v) las Juntas de la Carrera Docente; y

   (vi) el Tribunal de la Carrera Docente. Así, de acuerdo con el art. 50 de la LCD entre las competencias del Consejo Directivo Escolar están: (i) iniciar ante la Junta de la Carrera Docente correspondiente los procedimientos necesarios para la aplicación de sanciones y cumplir con los requerimientos que aquélla le haga; y (ii) asignar las plazas de acuerdo con los fallos del TC que le fueren presentados.

   B. En relación con los procedimientos de selección, el art. 18 de la LCD dispone que corresponderá dicha facultad al TC, el cual deberá tomar en consideración el derecho a traslado, la antigüedad en la graduación, el reingreso, la especialidad, el lugar de residencia y las pruebas de selección cuando hubiere igualdad de condiciones. Para ello, los arts. 51 y 52 de la LCD prescriben que corresponden al citado tribunal, entre otras atribuciones: (i) elaborar y administrar las pruebas correspondientes en todo proceso de selección; (ii) calificar el expediente estudiantil y profesional y suministrar las pruebas de selección de quienes aspiren a ocupar una plaza docente vacante, cuando se presente más de un aspirante; y (iii) calificar el expediente profesional y suministrar pruebas de selección en el caso de traslado, cuando se presente más de un aspirante a ocupar una plaza vacante.

   En relación con lo anterior, de acuerdo con el art. 50 de la LCD, el Consejo Directivo Escolar deberá asignar las plazas de docentes de acuerdo con los fallos del TC que le fueren presentados y, en su caso, podrá iniciar ante la Junta de la Carrera Docente correspondiente (JCD) los procedimientos necesarios para la aplicación de sanciones y cumplir con los requerimientos que aquélla le haga. Y es que, de conformidad con el 66 de la LCD, entre las atribuciones de la JCD se encuentra: (i) conocer de los recursos que se interpusieren contra las

   educadores para el ejercicio de la carrera docente contemplados en esa ley; y (iii) los demás casos que la LCD determine.

2. A. Respecto a las decisiones del TC en los procesos de selección de docentes, el art. 96 de la LCD establece que cualquiera de las personas nominadas en el art. 79 de dicha ley que estuvieran en desacuerdo con los nombramientos que aquel realice –entre los que se encuentran los educadores– podrá acudir a la JCD competente para denunciarlo dentro de los tres días hábiles siguientes, exponiendo las causas de su inconformidad y ofreciendo las pruebas que estime pertinentes.

   Según el citado precepto, una vez admitida la denuncia se solicitará, dentro de los tres días siguientes, informe sobre el caso al TC, quien tendrá igual término para proporcionarlo, debiendo la JCD, con el informe o sin él, señalar fecha para la verificación de una audiencia en la que se recibirá la prueba ofrecida por el denunciante. Concluida dicha etapa, deberá resolver sobre la procedencia o no de la decisión inmediatamente finalizada la audiencia. De esa resolución, conforme al art. 85, proceden los recursos de revocatoria y de apelación, este último ante el Tribunal de la Carrera Docente.

   B. En cuanto a los intervinientes en el citado procedimiento, el art. 96 de la LCD alude únicamente a la participación del denunciante y del TC. Asimismo, el art. 91 de dicha ley establece que el procedimiento sancionatorio común que prevén los arts. 77 y siguientes es reservado con respecto a terceros, por lo que no se podrá proporcionar información a personas particulares, teniendo acceso a él únicamente el denunciante y el denunciado o sus respectivos mandatarios, si los hubieren. Sin embargo, el art. 88 regula que las notificaciones y citaciones deben efectuarse al interesado mediante esquela que contendrá lo resuelto y deberá ser entregada personalmente a aquél y, de no ser posible, se le dejará con persona mayor de edad en el lugar de trabajo o en su residencia.

   Con base en la interpretación conjunta de las citadas disposiciones, puede establecerse que, si bien los arts. 91 y 96 de la LCD establecen que el procedimiento es reservado con respecto a terceros y que tienen acceso a él únicamente el denunciante y el TC, dichos preceptos no prohíben la participación de los que tengan un interés legítimo en las resultas del caso, pues solamente impiden que se proporcione información a las personas particulares, es decir,

   el art. 88 señale que deberá notificarse las actuaciones procesales respectivas a los interesados.

   Por otra parte, de conformidad con el art. 105 de la LCD, el Derecho Común puede aplicarse supletoriamente en los procedimientos administrativos contemplados en la citada ley, en todo lo que no esté ahí previsto; de ahí que la JCD, con el objeto de garantizar los derechos de audiencia y defensa de la persona que puede resultar afectada con el pronunciamiento final – por ejemplo, con la nulidad de su nombramiento en la plaza de docente–, puede proceder en los términos establecidos en los arts. 76 y siguientes del CPrCM.

   C. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que el TC tiene la facultad de suministrar y calificar las pruebas de suficiencia de los docentes, con el objeto de seleccionar a la persona que ocupará una plaza vacante de educador en un centro escolar específico, en caso de que exista más de un aspirante, el cual, en caso de que alguno de los aspirantes esté en desacuerdo con su decisión, puede denunciarlo ante la JCD respectiva, figurando como parte demandada en el procedimiento en cuestión. Sin embargo, dicha situación no exime a la JCD de su obligación de realizar acciones concretas para asegurar a la persona que puede verse afectada –positiva o negativamente– con su decisión la posibilidad de ejercer oportunamente sus derechos de audiencia y defensa.

   VI . Corresponde en este apartado analizar si la actuación de la autoridad demandada se sujetó a la normativa constitucional.

1. A. La parte actora ofreció como prueba los siguientes documentos: (i) copia de la publicación del periódico El Diario de Hoy de fecha 5-I-2014, mediante la cual el TC hizo públicos los resultados del proceso de selección de docente de los centros educativos del país, según la cual el señor R.G.P.A. fue elegido para ocupar la plaza de docente en la especialidad de educación básica para I y II ciclo en el Centro Escolar "Colonia Fátima" de Cojutepeque; (ii) constancia de fecha 19-XII-2013, firmada por los miembros del TC, mediante la cual se notificó al Consejo Directivo de la citada institución educativa el nombramiento del pretensor y se les ordenó realizar las gestiones pertinentes para que él tomara posesión de su cargo; y (iii) copia del acta de fecha 9-I-2014, en la cual se hace constar que a partir de esa fecha el actor tomó posesión de la plaza de docente e inicio con el desempeño de las funciones inherentes a ese cargo.

   procedimiento administrativo con ref. n° 4-JCDC-AA-2014, tramitado por la señora P.I.H.F. en contra del TC, en la cual se encuentran agregados los siguientes documentos: (i) acta de fecha 6-I-2014, en la cual consta la denuncia verbal interpuesta por la referida señora contra el nombramiento del pretensor para ocupar la plaza de docente en el Centro Escolar "Colonia Fátima", por considerar que ella estaba más calificada para ser seleccionada para ese puesto de trabajo, por lo que solicitó la nulidad de esa decisión; (ii) resolución de fecha 7-I-2014, mediante la cual se admitió la aludida denuncia, se tuvo por parte a la citada señora y se solicitó informe al TC sobre el proceso de selección cuestionado, específicamente en relación con la nómina de aspirantes a esa plaza, el perfil profesional de cada participante –antigüedad en la graduación, especialidad y lugar de residencia– y cualquier otra información o documentación pertinente al caso; (iii) informe de fecha 10-I-2014, en el cual el TC expuso que, con base en el art. 18 de la LCD y la documentación presentada en el referido proceso de selección, se decidió que el hoy demandante cumplía con los requisitos para desempeñarse como docente en el aludido centro escolar; además, solicitó a la JCDC que resolviera la queja interpuesta por la señora H. F. de conformidad con los arts. 18 y 96 de la citada ley, y aclaró que no había remitido información sobre los demás participantes con el objeto de proteger sus datos personales; (iv) resolución de fecha 14-I-2014, mediante la cual se tuvo por parte al TC y se señaló fecha para la celebración de audiencia probatoria; (v) acta de fecha 24-I-2014, según la cual solo la señora H.F. se presentó a la referida audiencia e incorporó prueba instrumental; (vi) resolución de fecha 4-II-2014, en la cual se declaró nulo e improcedente el nombramiento del peticionario en la plaza de docente, por considerar que no estaba apegado a derecho, en virtud de que aquella cumplía de mejor manera con los requisitos del art. 18 de la LCD; y, además, se hizo constar el "voto negativo razonado" de la licenciada Irma del Carmen Á. A. –miembro propietaria de la JCDC–, en el sentido de que debía declararse improcedente –lo solicitado por la señora H.F.–, por no haberse tenido a la vista las pruebas de selección de los que participaron en el proceso de selección, ya que estas fueron vertidas en el TC; (vii) resolución de fecha 4-III-2014, en la cual se declaró "ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada" la anterior decisión; (viii) escrito de fecha 14-III-2014, mediante el cual el actor manifestó a la JCDC que ese día el director del Centro Escolar "Colonia Fátima" le notificó que su nombramiento había quedado sin efecto, en virtud del aludido proveído, del cual tuvo conocimiento hasta ese momento; (ix) escrito de fecha 18-III-2014,

   pidió que se le tuviera por parte, de acuerdo con los arts. 105 de la LCD y 81 del CPrCM; (x) resolución de fecha 19-III-2014, en la cual se declaró inadmisible el recurso en cuestión por haber adquirido firmeza el proveído impugnado, se advirtió al actor que no podía tenérsele por parte, pues las diligencias estaban por ser remitidas a archivo y, además, se hizo constar el "voto razonado" de la licenciada Á.A., en el sentido de que concordaba con la declaratoria sin lugar del recurso, pero retomaba el contenido de su voto negativo en la resolución cuestionada, referido a que no constaba en el expediente administrativo elementos probatorios suficientes para condenar al TC, por lo que, en su opinión, debió absolvérsele por ser lo solicitado –por la señora H.F.– improcedente; (xi) escrito de fecha 25-VII-2014, en virtud del cual el actor solicitó la nulidad del acto impugnado en este amparo; y (xii) resolución de fecha 31-III-2014, en la que se declaró sin lugar dicha petición.

   B. La certificación agregada al presente proceso fue expedida por la Secretaria de actuaciones de la JCDC en el ejercicio de sus atribuciones, razón por la cual, con base en el art. 331 CPrCM –de aplicación supletoria al proceso de amparo–, se ha comprobado de manera fehaciente la existencia de los documentos y las actuaciones que se encuentran incorporadas en ella. Asimismo, dado que no se ha demostrado la falsedad de las copias simples antes relacionadas, con ellas se establecen los hechos que documentan, en virtud de lo dispuesto en los arts. 330 inc. 2° y 343 del CPrCM.

2. A. Con la valoración de la documentación antes relacionada, con base en los criterios de la sana crítica, se ha comprobado: (i) que el señor R.G.P.A. fue seleccionado por el TC para ocupar la plaza de docente en el Centro Escolar "Colonia Fátima" de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán; (ii) que el pretensor tomó posesión de ese cargo el 9-I-2014, desempeñando sus funciones a partir de ese momento; (iii) que la señora P.I.H.F. interpuso una denuncia contra el TC el 6-I-2014 –un día después de la publicación de los resultados del proceso de selección– en virtud de que consideró que cumplía los requisitos necesarios para ocupar la plaza que le fue otorgada al peticionario; (iii) que la JCDC admitió la anterior denuncia el 7-I-2014, inició el trámite establecido en la LCD y ordenó la recepción de pruebas únicamente con la intervención de la denunciante y el TC; (iv) que la JCDC, por medio de la resolución de fecha 4-II-2014, declaró nulo e improcedente el nombramiento del actor para la plaza de docente del referido centro escolar sin haberle brindado la oportunidad de ejercer la

   tenía la plaza de docente en el aludido centro escolar; (vi) que, por medio de resolución de fecha 4-III-2014, la anterior decisión adquirió firmeza, la cual se hizo del conocimiento del pretensor el 14-III-2014, cuando el director del centro escolar le comunicó que a partir de ese día quedada sin efecto su nombramiento en virtud del aludido proveído; y (vii) que el actor interpuso recursos de revocatoria y nulidad contra la referida resolución, pero estos fueron declarados sin lugar, debido a que la resolución ya había adquirido la calidad de "cosa juzgada".

   B. a. En relación con el acto impugnado, la JCDC argumentó en su defensa que, de conformidad con el art. 96 de la LCD, la resolución de fecha 4-II-2014 solo se notificó a la señora H.F. y al TC, por ser estos las partes procesales; razón por la cual no estaba obligada a notificar ninguno de los proveídos al pretensor.

   2. Al respecto, es preciso acotar que, tal como se expuso en el Considerando IV de esta sentencia, la JCDC debió tener presente que las personas con un interés legítimo, personal y directo, que puedan resultar afectadas con sus resoluciones, tienen derecho a comparecer en las diferentes etapas del procedimiento, en su defensa, formulando alegaciones, aportando pruebas y haciendo uso de los mecanismos impugnativos existentes.

      En ese sentido, dado que el peticionario había sido designado para la plaza de docente y se encontraba ejerciendo dicho cargo cuando la JCDC emitió la resolución de fecha 4-II-2014, este tenía un interés legítimo en las resultas del procedimiento administrativo que se inició con la denuncia de la señora H.F., ya que en él se ventiló la legalidad de su elección para la referida plaza, por lo que la autoridad demandada, previo a adoptar su decisión, debió garantizarle el ejercicio de los derechos del ahora demandante durante el mencionado procedimiento.

      Y es que, no obstante el actor interpuso los recursos de revocatoria y de nulidad contra la resolución de fecha 4-II-2014, estos fueron declarados sin lugar, porque, cuando tuvo conocimiento del proveído en cuestión –por medio de notificación verbal del director del centro escolar en cuestión el 14-III-2014– e hizo uso de esos mecanismos, el acto impugnado ya había adquirido firmeza.

   3. Por las anteriores razones, se concluye que la JCDC vulneró los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral del señor R.G.P.A., al restringirle las posibilidades de hacer valer sus intereses en el referido procedimiento, pues no pudo participar en este en su defensa, pese a que se encontraba en condiciones de resultar beneficiado o

      ampararlo en su pretensión.

      VII . Determinada la vulneración constitucional derivada del acto reclamado, corresponde establecer el efecto restitutorio de la presente sentencia.

1. El art. 35 inc. 1° de la L.Pr.Cn. establece que el efecto material de la sentencia de amparo consiste en ordenarle a la autoridad demandada que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración constitucional. Pero, cuando dicho efecto ya no sea posible, la sentencia de amparo será meramente declarativa, quedándole expedita al amparado la promoción de un proceso en contra del funcionario personalmente responsable.

   En efecto, de acuerdo con el art. 245 de la Cn., los funcionarios públicos que, como consecuencia de una actuación u omisión dolosa o culposa, hayan vulnerado derechos constitucionales deberán responder, con su patrimonio y de manera personal, de los daños materiales y/o morales ocasionados. En todo caso, en la Sentencia de fecha 15-II-2013, emitida en el Amp. 51-2011, se aclaró que, aun cuando en una sentencia estimatoria el efecto material sea posible, el amparado siempre tendrá expedita la incoación del respectivo proceso de daños en contra del funcionario personalmente responsable, en aplicación directa del art. 245 de la Cn.

2. A. En el presente caso, se comprobó la vulneración de derechos constitucionales como consecuencia de la resolución pronunciada por la JCDC el 4-II-2014. Asimismo, por auto de fecha 6-V-2015 se suspendieron los efectos de dicha decisión, de lo cual se colige que actualmente no surte efectos positivos.

   En consecuencia, el efecto restitutorio de la presente sentencia se concretará en lo siguiente:

   (i) invalidar la resolución de fecha 4-II-2014, mediante la cual la JCDC declaró nulo e improcedente el nombramiento del peticionario para la plaza de docente del referido centro escolar; y (ii) retrotraer el procedimiento administrativo al momento en que la JCDC admitió la denuncia presentada por la señora P.I.H.F., a efecto de que la autoridad demandada comunique al señor P.A. la existencia de dicho procedimiento y le permita ejercer la defensa de sus intereses en cada una de sus etapas y, en su caso, hacer uso de los mecanismos impugnativos existentes.

   B. Además, en atención a los arts. 245 de la Cn. y 35 inc. 1° de la L.Pr.Cn., la parte actora tiene expedita la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales ocasionados

   directamente contra las personas que cometieron la aludida vulneración.

   Ahora bien, al exigir el resarcimiento del daño directamente a las personas que fungían como funcionarios, independientemente de que se encuentren o no en el ejercicio del cargo, deberá comprobársele en sede ordinaria que han incurrido en responsabilidad civil, por lo que en el proceso respectivo se tendrá que demostrar: (i) que la vulneración constitucional ocasionada por su actuación dio lugar a la existencia de tales daños –sean morales o materiales–; y (ii) que dicha circunstancia se produjo bajo un determinado grado de responsabilidad –sea esta dolo o culpa–. Asimismo, deberá establecerse en dicho proceso, con base en las pruebas aportadas, el monto estimado de la liquidación que corresponda dependiendo de la vulneración acontecida y del grado de responsabilidad en que se incurrió en el caso en particular.

3. Corresponde ahora aclarar los términos en que se verá vinculada la autoridad demandada a las consecuencias jurídicas derivadas de este pronunciamiento, atendiendo de manera específica a la naturaleza jurídica y finalidad del proceso de amparo.

   A.A. respecto, la jurisprudencia constitucional ha expresado –v. gr. en la Sentencia de fecha 22-VI-2011, pronunciada en el Amp. 80-2010– que el amparo tiene, principalmente, una finalidad o dimensión de carácter subjetiva, en cuanto se encuentra orientado a brindar a las personas una protección extraordinaria frente a aquellos actos de autoridad –ya sea de funcionarios públicos o de particulares– que generan un agravio en su esfera jurídica.

   En virtud de ello, los efectos de una sentencia estimatoria en este tipo de procesos son inter partes, pues la consecuencia inmediata que se deriva de este pronunciamiento consiste en reparar el daño que le ha sido ocasionado al pretensor, ordenando que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la actuación que transgredió sus derechos constitucionales.

   B. No obstante lo expuesto, los efectos de las decisiones adoptadas en esta clase de procesos también trascienden al ámbito objetivo, ya que para emitir un pronunciamiento que incide en la dimensión subjetiva se requiere interpretar los preceptos constitucionales relacionados con el caso planteado, específicamente aquellos en los que se regulan los derechos protegibles que se alegan vulnerados. De ahí que los razonamientos que se realicen sobre dichos preceptos deben orientar la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales por parte de los demás órganos del Estado.

   fundamental acontecida en un caso particular, ya que la ratio decidendi que haya servido al Tribunal para fundamentar su decisión en ese caso permite perfilar en ese momento la correcta interpretación que ha de darse a la norma constitucional que reconoce el derecho en cuestión, lo cual indudablemente es de utilidad no sólo a los tribunales, sino también a las autoridades y funcionarios de los otros Órganos del Estado para resolver los supuestos análogos que se les presenten.

   Y es que las autoridades públicas, por un lado, al ser investidas en sus cargos, asumen el deber de cumplir con lo establecido en la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, tal como lo dispone el art. 235 de la Cn.; y, por otro lado, en virtud de la dimensión objetiva del proceso de amparo, deben respetar la jurisprudencia que emana de este Tribunal, puesto que –en el sistema de protección de derechos– figura como el supremo intérprete y garante de la Cn.

   En ese sentido, las autoridades públicas deben atender la ratio decidendi de aquellos precedentes jurisprudenciales en los que se ha emitido un pronunciamiento sobre las circunstancias bajo las cuales la aplicación de una determinada norma secundaria es inconstitucional, con el objeto de evitar que su aplicación continúe perpetrando la vulneración de los derechos fundamentales en casos análogos al discutido en el precedente.

   C. En el presente amparo se determinó que la autoridad demandada vulneró los derechos constitucionales del actor, debido a que, de acuerdo con los arts. 91 y 96 de la LCD, no se permite la participación de un tercero en los procedimientos en los que se controvierte la decisión del TC de nombrar a un educador en una determinada plaza. En opinión de la referida autoridad, solo el TC y el denunciante se encuentran legitimados para figurar como partes en el aludido procedimiento.

   Al respecto, en esta sentencia se ha establecido que, con base en el art. 11 de la Cn. y la interpretación conjunta de los arts. 88, 91, 96 y 105 de la LCD y 76 y siguientes del CPrCM, las personas que tienen un interés personal, directo y legítimo que puede resultar perjudicado con las decisiones de la JCD respectiva tienen derecho a participar en el procedimiento administrativo en cuestión.

   De ahí que, ante la existencia de un precedente jurisprudencial en el que se ha aclarado la interpretación y aplicación de las citadas disposiciones, en relación con el derecho de la persona

   autoridad demandada y las demás Juntas de la Carrera Docente, al presentárseles la necesidad de aplicar tales preceptos para resolver un caso análogo al del pretensor, deberán atender los fundamentos constitucionales esbozados en esta sentencia, a fin de evitar conculcar los derechos constitucionales antes mencionados.

   POR TANTO: Con base en las razones expuestas y en aplicación de los arts. 22, 11 y 219 de la Cn., así como en los arts. 32, 33, 34 y 35 de la L.Pr.Cn., a nombre de la República, esta Sala

   FALLA:

   (

   1. Declárase que ha lugar el amparo promovido por el R.G.P.A., en contra de la Junta de la Carrera Docente del departamento de Cuscatlán, por la vulneración de sus derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral; (b) Invalídase la resolución del 4-II-2014, mediante la cual la Junta de la Carrera V Docente del departamento de Cuscatlán declaró nulo e improcedente el nombramiento del peticionario para la plaza de docente del Centro Escolar "Colonia Fátima", debiendo retrotraerse el aludido procedimiento al momento en que se admitió la denuncia presentada por la señora P.I.H.F., a efecto de que la autoridad demandada comunique al señor P.A. la existencia de dicho procedimiento, le permita ejercer la defensa de sus intereses en cada una de sus etapas y hacer uso de los mecanismos impugnativos existentes, en caso de ser necesario; (c) Queda expedita al demandante la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales ocasionados contra las personas que cometieron la vulneración de derechos constitucionales declarada en esta sentencia; y (d) Notifíquese.

   A.P..---------F.M..-----------J.B.J..-----------E.S.B.R.-----------R.E.G..---------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO

   SUSCRIBEN------------E. SOCORRO C.---------SRIA.---------RUBRICADAS.