Acuerdo No. 28.- Se modifica el Acuerdo No. 22 de fecha 16 de marzo de 2020, en el cual se fijó el precio máximo de mascarillas y alcohol gel según el listado de marcas específicas ahí detalladas y también del ámbito general, estableciéndose los precios máximos para dichos productos

ACUERDO Nº 28

Defensorio del Consumidor, a los veinte días del mes de marzo de dos mil veinte, el Presidente de esta Institución,

CONSIDERANDO:

  1. Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y (¡n de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

  2. Que la Constitución de la República en su artículo 65 inciso primero, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público, y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

  3. Que la Constitución de la República en su artículo 101 inciso segundo, establece que el Estado defenderá el interés de los consumidores.

  4. Que el artículo 246 inciso segundo de la Constitución de la República consagra la preeminencia del interés público, en tanto se establece que este tiene primacía sobre el interés privado.

  5. Que en virtud del artículo 56 de la Ley de Protección al Consumidor, la Defensorio del Consumidor es una institución descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en lo administrativo y lo presupuestario.

  6. Que según lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Protección al Consumidor, al Presidente de la Defensorio del Consumidor le corresponde la máxima autoridad de la institución y la titularidad de sus competencias,

    Vil, Que de conformidad con lo prescrito en el literal a) del artículo 69 de la Ley de Protección al Consumidor, es atribución del Presidente de la Defensorio del Consumidor ejercer la administración, supervisión general y la coordinación de las actividades de la misma.

  7. Que según lo plasmado en el artículo 58 literal b) de la Ley de Protección al Consumidor, és competencia de la Defensorio, "velar por los derechos e intereses de los consumidores en las relaciones con los proveedores de bienes y prestadores de servicios”.

    IX, Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Administración Pública debe servir con objetividad a los intereses generales, y sus actuaciones están sujetas a los principios de legalidad, proporcionalidad, antiformalismo, eficacia, celeridad e impulso de oficio, economía, coherencia, verdad material y buena fe.

    En particular, interesa destacar los principios de legalidad y proporcionalidad. Respecto al primer principio mencionado, la normativa indicada prescribe que “la Administración Pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la ley y en los términos en que ésta lo determine." Por su parte, el principio de proporcionalidad implica que "las actuaciones administrativas deben ser cualitativamente aptas e idóneas para alcanzar los fines previstos, restringidas en su intensidad a lo que resulte necesario para alcanzar tales fines y limitadas respecto a las personas cuyos derechos sea indispensable afectar para conseguirlos. En este supuesto, deberá escogerse la alternativa que resulte menos gravosa para las personas y, en todo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR