Carta del Director

Autor:Jaime Edwin Martínez Ventura
Cargo:Director General Academia Nacional de Seguridad Pública
Páginas:14-15
MAYO – OCTUBRE 2013 • REVISTA POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA
Carta
del Director
14
ISSN: 2225-5648, Año 3, Vol. 1, p. 1-24
CARTA DEL DIRECTOR
El problema penitenciario constituye una preocupación global en la actualidad. Este mundo de
poblaciones reclusas, posee diversas formas de ser justifi cado e interpretado. Se trata de un micro
cosmos relativo, aparentemente segregado del cuerpo social, pero inextricablemente ligado al
resto de ciudadanos de cada nación. Los desafíos inmersos en la administración de cárceles y los
imperativos de control de las personas encarceladas, se extienden a los actores sociales, desde
aquellos que propugnan para que estos sitios se conviertan en lugares de rehabilitación a otros
que conciben la función del castigo como la única posible para lidiar con los comportamientos
sociales anormales. El tema también tiene un uso político; mientras se suceden los grandes
ciclos de auge delincuencial, los políticos de turno suelen utilizarlo para mostrar posturas muy
coincidentes con el estado de ánimo en la opinión pública.
De ahí que sigue teniendo vigencia la discusión acerca de si acaso la prisión no constituirá un
sistema sumamente caro, para sociedades con exiguos recursos y en los cuales el hacinamiento
pareciera no cesar, contrapuesta con la obligación jurídica, ética, moral y política que los
gobiernos tienen de garantizar a las personas privadas de libertad, las condiciones que garanticen
el pleno respeto a su dignidad humana y que cumplan con el objetivo resocializador proclamado
por el Estado Constitucional de Derecho.
Según datos del Centro Internacional para Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex
(RU), tan solo los Estados Unidos de América cuentan con una población de 2,3 millones de
reclusos, que representaría un 25% de los presos en el mundo; y con una tasa de 730 reclusos por
cada 100,000 habitantes, con una población total de 311 millones de habitantes. Caso distinto
el de China Popular cuya tasa ronda los 121 reclusos por 100,000 habitantes; no obstante su
población total llega a más de 1,300 millones de personas. En ambos Estados rige la pena de
muerte e incluso en este último se critica la práctica de recuperación de órganos de los ejecutados.
De acuerdo a las estadísticas generales de dicho centro de investigación, los contrastes son muy
pronunciados en los países de distintas latitudes; así mientras las tasas de reclusos son elevadas en
los Estados de la ex Unión Soviética; como los casos de Georgia con 473 por 100,000 habitantes
o Bielorrusia con 438 por 100,000 habitantes las prisiones no son sufi cientes, asimismo Rusia con
más de 1,000 prisiones de distintos niveles de seguridad para una población reclusa que alcanza
las 700,000 personas, la tercera del mundo y situando su tasa en 490 por 100,000 habitantes.
Por su parte otros países tienen serios problemas de hacinamiento como Ruanda. Que ocupa un
quinto lugar en el mundo con una tasa de 510 reclusos por cada 100,000 habitantes y en donde
desde 1994 se registra alta segmentación étnica en las prisiones. En México las prisiones se
encuentran al 124% de su capacidad, en Kenia a 236%y Venezuela a 270%. Sin embargo las
cifras anteriores solo muestran una de las muchas aristas problemáticas inmersas en el tema de
cárceles y reclusos.
En El Salvador, según los datos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), al 31
de agosto de este año, habían 26,671 personas encarceladas, a las que se deben sumarse
aproximadamente 3,000 detenidos en bartolinas de la PNC y aproximadamente 1,000 menores
internos, con lo cual la población a esa fecha sería 30,671, equivalente a una tasa de 511 reclusos
por cada 100,000 habitantes, tomando como base una población de 6 millones de habitantes.
Además el porcentaje de sobrepoblación, según la DGCP, a la fecha indicada, es de 314%.
A estos datos se suman difi cultades para la inversión pública en infraestructura, rezagos en la
introducción de la tecnología moderna de control y vigilancia, y peor aún falta de profesionalización
del sector penitenciario, lo que conduce inevitablemente a la corrupción y la infi ltración del
crimen entre los operarios de las prisiones, reforzando a su vez los “poderes fácticos internos”
que mediante sus códigos y arreglos imponen un régimen que se desplaza hacia afuera afectando
a la ciudadanía en su conjunto, por la fuerza que ejercen algunos delitos como la extorsión.

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