Estado tendrá más control de la población con reformas a leyes

Claudia EspinozaEspecialistas aseguran que algunas reformas propuestas a la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones atentan contra la intimidad de los usuarios, mientras que otras son un avance en materia de género.Las propuestas fueron presentadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, hace unos días y según los especialistas una de ellas en específico atenta contra la intimidad. Es la contemplada en la Ley de Telecomunicaciones artículo 30-A, en su literal b, que ordena a las operadoras a almacenar documentos y fotografías de los usuarios, otorgándole mayor control al Ejecutivo.Para Karoline Alvarado, técnica de investigación del Servicio Social Pasionista (SSPAS), estas medidas que está tomando el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) corresponden a la supuesta fase tres del Plan Control Territorial, el cual contemplaba recopilar información de carácter personal de toda la población como medida de persecución del delito."Desde este punto el MJSP tiene claro que reformar la Ley de Telecomunicaciones contribuye a que el Ejecutivo mantenga una vigilancia más profunda, pero esto no es solo hacia las personas que cometen delitos, sino a la población en general. Si bien el MJSP está amparándose en una ley existente, en el país hace falta una ley especial para regular la recopilación de información personal y los propósitos con los que se usa dicha información, ya sea por medio de teléfonos celulares u otros dispositivos", aseveró.Dijo que es necesaria porque la intención de mantener mayor vigilancia y control de manera discrecional por medio de las compañías telefónicas no se trata solo de conocer números de celular o documentos personales, sino que incluye el acceso a datos biométricos, como huellas digitales, lector de iris o rostro. "En ese sentido, las y los salvadoreños podrían perder el derecho a la privacidad e intimidad con las reformas a esta ley", enfatizó.Para Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (Tracoda), estas propuestas merecen un adecuado análisis por de los diputados, sobre todo en definir qué documentos personales son necesarios para el combate a la criminalidad. Asegura que el texto de la reforma no es claro en esos detalles."En realidad el texto de propuesta no es claro en...

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