Decreto No. 151.- Reformas al Código Procesal Penal

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

CONSIDERANDO:

1. Que la Constitución de la República reconoce que la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado y que está obligado a proteger, conservar y defender los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y a la posesión.

2. Que por medio del Decreto Legislativo n.° 217, de fecha 10 de diciembre de 2015, publicado en el Diario Oficial n.° 237, Tomo n.° 409, del 23 del mismo mes y año, se incorporaron los delitos de libertad sexual contra menor e incapaz en el catálogo de tipos penales en los que la acción penal no prescribe.

3. Que el Estado de El Salvador es suscriptor de diferentes tratados internacionales entre ellos, la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en los cuales se promueven compromisos y obligaciones para implementar las medidas necesarias que permitan prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción.

4. Que la jurisprudencia constitucional ha establecido que “En el combate a la corrupción existe claramente un interés público, por lo que es necesario el involucramiento de toda la institucionalidad del Estado, de manera coordinada” -Sentencia de inconstitucionalidad 06 – 2016-, señalando que “la prevalencia del derecho a conocer la verdad es esencial para el combate a la impunidad y la garantía de no repetición de aquellas lesiones” -Sentencia de amparo 558 -2010-; “quedando obligado el Estado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas que permitan llegar a la verdad de los hechos”. -Sentencia de amparo 408-2020-.

5. Que la corrupción en El Salvador ha generado daños a la institucionalidad, socavando la estabilidad y seguridad de la sociedad salvadoreña a través de la penetración de los vínculos delictivos en los recursos del Estado, amenazando la estabilidad política y el desarrollo sostenible del mismo, impactando gravemente en la garantía de derechos fundamentales y elevando de manera...