Decreto No. 350.- Reforma a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de naturaleza criminal

DECRETO No. 350.-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

1. Que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y es su obligación asegurar a los habitantes el goce de la libertad, la seguridad jurídica y el bien común, así como la protección y conservación del derecho a la vida, e integridad física y moral de las personas, de conformidad con lo que establecen los artículos 1 y 2 de la Carta Magna.

2. Que a efecto de cumplir con los deberes del Estado, en cuanto a la protección y conservación de esos derechos; y ante el incremento de la actividad delictiva, la

   Asamblea Legislativa a iniciativa del Presidente de la República por medio del

   Consejo de Ministros, emitió el Decreto Legislativo No. 333, de fecha 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial No. 62, Tomo No. 434, de esa misma fecha, que comprende El Régimen de Excepción, cuya finalidad es proporcionar las herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de seguridad pública,

   Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador, con miras a reestablecer el orden y la seguridad ciudadana, así como el control territorial.

3. Que ante el aumento desmesurado de hechos violentos en todo el territorio nacional por parte de estructuras delictivas denominadas maras o pandillas, se ha puesto en riesgo la vida y la integridad de toda la ciudadanía, generando una situación de alarma, inestabilidad social, y consiguiente temor en la población al poner en peligro inminente la vida e integridad física y mental de las personas.

4. Que es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas; vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio; en contra del derecho a la educación, obligando a la deserción de estudiantes; contra el libre tránsito; paralizan el transporte público de pasajeros...