Gobierno pide reforma de ley para frenar las protestas policiales

Beatriz Benítez

Cualquier acto de manifestación o protesta que realicen los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) podría ser declarado ilegal y, en consecuencia, podrían ser destituidos de sus cargos, según la propuesta de reforma a la Ley Disciplinaria Policial que discuten los diputados en la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa.

El proyecto, presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública el pasado 12 de septiembre, incluye adicionar en el régimen de faltas muy graves del artículo 9 los numerales 34, 35, y 36; y aplicar la destitución, contemplada en el artículo 12 inciso "c".

El numeral 34 indica que se podría destituir a un agente al "alterar el orden público, atentar contra la seguridad y tranquilidad de la población, mediante actos de insubordinación o protestas, poner en riesgo la seguridad o afectar el normal desarrollo de las actividades de los funcionarios de Estado, miembros del cuerpo diplomático acreditados ante el país, o de instituciones públicas, por irrespeto a los procedimientos que garantizan su seguridad".

El numeral 35 va más allá y dice que también pueden ser destituidos al "realizar actos o declaraciones públicas a través de medios televisivos, radiales, impresos, correo electrónico, redes sociales o durante concentraciones colectivas, en menoscabo del honor o prestigio de la institución policial, de las autoridades o de cualquier funcionario del Estado".

Lo mismo aplica si facilitan recursos de la institución para actividades ajenas o que atenten contra el régimen disciplinario, según el numeral 36.

La iniciativa surge ante las protestas que han realizado trabajadores de la Policía, como la del pasado 29 de agosto, que exigía el pago de dos bonos al año por $500 cada uno; además, que su jubilación sea por 25 años de servicio en la institución policial y el pago del 100 % de su salario al momento de la jubilación. Ese día, el ambiente se puso tenso e incluso hubo agresiones a una periodista y a un camarógrafo, lo cual, a criterio del ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, no rige con el mandato de la PNC.

En otras ocasiones también han marchado hacia Casa Presidencial para reclamar que "no les alcanza el salario que devengan por laborar las 24 horas al día, los siete días de la semana".

En tanto, en declaraciones preliminares, la iniciativa tendría el respaldo de la mayoría de fracciones.

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