GOES contra el tiempo frente a crisis fiscal

Lourdes Quintanilla

Queda poco tiempo para que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa consigan prevenir un grave problema de dinero en las finanzas del Estado. Roberto Lorenzana, titular de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP), señaló ayer que el único obstáculo para poder superar esta amenaza son los acuerdos políticos.

Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda (MH); Lorenzana, de la STPP; y Mario Garza, del Fondo Monetario Internacional (FMI), han advertido que este año El Salvador enfrentará un problema de liquidez, es decir, problemas para tener el dinero en efectivo disponible que necesita en el momento justo que lo necesita. Las tres soluciones que ha planteado el Gobierno obligan a buscar un acuerdo político vía partidos y Asamblea Legislativa.

"Si no hay un acuerdo político, definitivamente no tiene viabilidad financiera el país", dijo Lorenzana durante los actos del Día de la Independencia.

En octubre, el Gobierno tendrá que abonar a sus cuentas pendientes, incluida una de las más importantes y que está relacionada con el sistema de pensiones. Además, ese mes se reunirán con el FMI para buscar un acuerdo que ayude con la situación fiscal, pero la condición del FMI es que tengan los acuerdos políticos listos.

Cáceres dijo semanas atrás que el primer paso es aprobar en la Asamblea una operación de $1,200 millones en bonos, o deuda de largo plazo, para cumplir con los compromisos más urgentes. La idea también era contar con una ley de responsabilidad fiscal.

Nada de eso ha ocurrido. "Técnicamente yo no le veo problema a un acuerdo. El problema es político, de voluntad política", lamentó ayer Lorenzana.

"Tenemos un avance significativo en materia de responsabilidad fiscal. Estamos concretando acuerdos en medidas de cómo asegurar las metas de la ley de responsabilidad fiscal, de manera que hay avances", defendió Lorenzana. El problema, según el secretario, es que falta un "liderazgo suficientemente fuerte para tomar políticas".

Entre agosto y septiembre, el Gobierno debe buscar cómo pagar $606.2 millones en deudas que tiene con prestamistas de todo tipo, privados e institucionales. Además de eso, debe salir adelante con sus gastos como la salud de la población, seguridad ciudadana, salarios, entre otros.

Pero de nuevo: no hay recursos propios para pagar ese total.

Los bonos por $1,200 millones, por ejemplo, estaban pensados para que pudieran pagar varias deudas por adelantado y enfrentar la carga...