Ley contra el Crimen Organizado
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
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Que la Constitución establece como obligaciones del Estado proteger, conservar y defender el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad al trabajo, a propiedad y posesión de las personas.
POR TANTO, II. Que en la actualidad, los delitos más graves que se cometen tanto en el ámbito nacional como internacional, revisten las características del crimen organizado o son de realización compleja. En consecuencia, es necesario regular un procedimiento especializado que con mayor celeridad y eficacia sancione tales hechos, así como establecer jueces y tribunales que atiendan con exclusividad este tipo de delitos, a los que se les deben brindar garantías y seguridad para minimizar la posibilidad de algún tipo de presión que ejerzan las estructuras de criminalidad organizada. en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Rubén Orellana Mendoza, Rolando Alvarenga Argueta, José Rafael Machuca Zelaya, José Antonio Almendáriz Rivas, Norman Noel Quijano González , Enrique Alberto Luis Valdés Soto y con el apoyo de los Diputados Douglas Alejandro Alas, Federico Guillermo Ávila Quehl, Fernando Ávila, Ingrid Bendix, Noel Abilio Bonilla, Carmen Elena Calderón de Escalón, José Ernesto Castellanos, Roberto José d´Aubuisson, Vilma de Cabrera, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Julio Antonio Gamero Quintanilla, César Humberto García, Jesús Grande, Manuel Gutiérrez, Carlos Walter Guzmán Coto, Wilfredo Iraheta Sanabria, Mario Marroquín, Manuel Vicente Menjivar, Mariella Peña Pinto, Renato Pérez, Juan Enrique Perla, Julio César Portillo, Antonio Prudencio, José Mauricio Quinteros, Carlos Retana Martínez, Carlos Armando Reyes, Alberto Rivas, Abilio Orestes Rodríguez Menjivar, Alberto Armando Romero Rodríguez, MarioAlbertoTenorio, DonatoEugenioVaquerano Rodríguez.
DECRETA la siguiente:
LEY CONTRA ELCRIMENORGANIZADOY DELITOS DE REALIZACIÓNCOMPLEJA
La presente ley tiene como objeto regular y establecer la competencia de los tribunales contra el crimen organizado y los procedimientos para la investigación y el juzgamiento de las organizaciones criminales y sus miembros.
Se considera crimen organizado aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo o grupos estructurados conformados por tres o más personas que existan durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con el propósito de cometer delitos.
A los actos preparatorios, la proposición y la conspiración para cometer cualquier delito en la modalidad de crimen organizado, si no tuvieren sanción señalada especialmente, se les impondrá una pena que oscilará entre la tercera parte del mínimo y la tercera parte del máximo de la prevista para el delito respectivo.
A los autores mediatos de un delito realizado en esta modalidad delictiva se les impondrá el máximo de la pena aumentado hasta en una tercera parte para cada caso que se halle señalado en la Ley.
La organización de los Tribunales contra el Crimen Organizado será de la siguiente manera: Tribunales Pluripersonales y Cámaras Contra el Crimen Organizado, de acuerdo a la distribución dispuesta en la Ley Orgánica Judicial. Cada uno de los jueces que conformen el tribunal ejercerá jurisdicción y competencia individual e independiente en los procesos que conozcan.
La Corte Suprema de Justicia garantizará el nombramiento de jueces y magistrados propietarios y suplentes de manera oportuna, y creará un sistema de turnos a efecto de que se encuentren disponibles fuera de los días y horas hábiles. En caso de ausencia, incapacidad o imposibilidad de un juez o magistrado, el presidente del Tribunal o Cámara, o quien haga sus veces, designará de inmediato a un suplente para el diligenciamiento o continuación del proceso.
Cuando en ocasión del conocimiento de un caso concurran adultos y menores de edad en calidad de procesados, el juzgamiento estará a cargo de dos jueces, uno con competencia para los adultos y el otro para los menores de edad; quienes, en tales casos, conocerán conjuntamente desde el inicio del proceso hasta su finalización, debiendo cada uno emitir sus respectivas providencias, con base en las disposiciones de esta ley y en las demás leyes e instrumentos internacionales que resulten aplicables, debiendo respetarse en todo momento las garantías legales establecidas en dichas normativas, especialmente para el caso de los menores de edad en cuanto a la determinación de medidas, penas y establecimientos penitenciarios de cumplimiento.
Los magistrados y jueces sólo estarán sometidos a la Constitución, al derecho internacional vigente y demás leyes de la República; y en sus actuaciones serán independientes e imparciales; además deberán asegurar plenamente la protección de los derechos y garantías procesales.
Corresponderá a la Fiscalía General de la República conforme a las diligencias de investigación, la determinación de la procedencia inicial del conocimiento de los delitos por tribunales comunes o contra el crimen organizado; sin embargo, una vez iniciado en un tribunal común, si de los elementos recogidos se determina que el proceso debió iniciarse en un Tribunal Contra el Crimen Organizado, se le remitirá de inmediato a éste. Así mismo, si el delito debió ser del conocimiento de los tribunales comunes, el Tribunal Contra el Crimen Organizado remitirá a éstos las actuaciones, adoptando previamente las decisiones urgentes sobre la investigación y la libertad del imputado; dicha remisión se ejecutará en un plazo no mayor a dos meses desde el conocimiento del proceso. Caso contrario el juez continuará conociendo del mismo hasta su finalización.
El juez o magistrado que advierta alguna incompatibilidad o conflicto de intereses en su persona para la tramitación del proceso, se excusará de manera inmediata al tener conocimiento del impedimento y lo informará al Tribunal o Cámara para la designación de un suplente.
En los casos en que todos los miembros que integran el Tribunal o Cámara, estén afectados por una de las causas antes mencionadas, se aplicará el trámite respectivo regulado en el Código Procesal Penal para la designación de jueces suplentes.
Del empleo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
Para la presentación de solicitudes y documentación anexa a las sedes judiciales, la Fiscalía General de la República en el ejercicio de la acción penal, podrá utilizar cualquier soporte electrónico que genere garantía de autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, conservación y cumplimiento legal de la información. Asimismo, el juez podrá requerirlo a las partes en esos términos, cuando así lo estime pertinente.
En la investigación de los delitos previstos en esta ley, la Fiscalía General de la República ejercerá todas las facultades investigativas, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes, así como determinará la responsabilidad de los autores o partícipes y evitará ulteriores consecuencias. El fiscal del caso autorizará por escrito el empleo de métodos especiales de investigación tales como operaciones encubiertas o entregas vigiladas.
Colaboradores
En los casos que proceda la aplicación de esta Ley, bajo la autorización y estricta supervisión de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, podrá auxiliarse de colaboradores nacionales o extranjeros para que participen en una operación encubierta bajo cualquier modalidad, para lo cual la institución policial deberá reservar su identificación, con el objeto de garantizarles la integridad física o personal, podiendo adoptar las medidas del régimen de protección de víctimas y testigos.
En todo caso, el registro de los colaboradores nacionales o extranjeros que participen en una operación encubierta, la identificación y demás información de inicio de investigación se mantendrá bajo reserva en la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado y la Corrupción de la Fiscalía General de la República.
Los miembros de la Policía, en el desarrollo de sus funciones, podrán auxiliarse de medios científicos y tecnológicos para documentar sus actuaciones, recolectar evidencias o elementos probatorios. Para ello, puede utilizarse cualquier instrumento o artificio técnico de transmisión o grabación del sonido, la imagen o de cualquier otra señal de comunicación u otro medio científico. El acta y el informe policial a que se refiere el Código Procesal Penal serán incorporados en la Vista Pública.
De igual forma, la Fiscalía General de la República, los Tribunales y Cámaras Contra el Crimen Organizado podrán utilizar tecnologías de la información y comunicación para realizar diligencias probatorias.
La información, evidencias y prueba obtenidas con la utilización de dichos medios, serán valoradas con base en las reglas de la sana crítica, de conformidad con el Art. 179 del Código Procesal Penal.
La denuncia presentada ante sede policial o fiscal por la víctima de los delitos a los que se refiere esta ley constituirá prueba documental.
Cuando por circunstancias debidamente justificadas resulte imposible que un testigo comparezca a rendir su declaración, el acta de entrevista que realicen los agentes policiales en el transcurso de investigaciones efectuadas con dirección funcional fiscal, será incorporada vía incidental, por su lectura en audiencia y será valorada con base en las reglas de la sana crítica, de conformidad con el Art. 179 del Código Procesal Penal.
Este registro tendrá carácter estrictamente confidencial y solo tendrán acceso a éste la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República para fines estrictamente procesales de los hechos delictivos cometidos en esta modalidad. Este registro de adolescentes no podrá ser utilizado para expedir Certificación de Antecedente Penales a particulares.
Cuando la Fiscalía General de la República, por consideraciones de urgencia debidamente razonadas, tuviere la necesidad de documentar las evidencias y hallazgos, procederá conforme al Código Procesal Penal.
En aquellos casos que fuere necesario realizar actos urgentes que requieran autorización judicial, por haber riesgo de pérdida o deterioro de las evidencias del delito, el fiscal procederá a su obtención y para ello deberá adoptar de manera motivada las medidas necesarias, dentro de los límites permitidos por la Ley. En este caso, las someterá a ratificación del juez, dentro de las setenta y dos horas siguientes. En el resto de casos de secuestro e inmovilización de bienes, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y será competente para ello el Tribunal contra el Crimen Organizado correspondiente.
La Fiscalía General de la República, en ejercicio de sus competencias, de oficio o producto de un aviso, podrá ordenar, cuando cuente con indicios suficientes para ello y de manera motivada, el congelamiento de las cuentas bancarias, tarjetas de débito, crédito, operaciones comerciales y financieras, títulos y documentos mercantiles, incautar vehículos, muebles del imputado y demás objetos o instrumentos que presumiblemente hayan servido o sirvan para la consumación, ocultación o facilitación de los delitos investigados a que se refiere esta ley.
Las personas naturales o jurídicas deberán ejecutar cualquier medida restrictiva con respecto a cuentas o depósitos de manera inmediata, una vez recibida la comunicación de parte de la Fiscalía General de la República, debiendo mantener estas medidas hasta que esta o el juez le ordene lo contrario, so pena de incurrir en las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
Los depósitos congelados se trasladarán a una cuenta bajo administración única de la Fiscalía General de la República, bajo la denominación de códigos que guarden la reserva de los propietarios de éstos, que existirá en cada banco.
La Fiscalía General de la República tendrá un plazo de hasta sesenta días para revisar la información proveída y proceder además a solicitar las medidas que considere conveniente ante las autoridades judiciales correspondientes, sin poder extender el congelamiento de cuentas o incautación de bienes sin autorización judicial una vez vencido este plazo; en caso de no poseer mérito ordenará al ente financiero la liberación de los depósitos y cuentas.
Si la Fiscalía no requiere la ratificación judicial de las medidas impuestas dentro del plazo señalado, la persona tendrá derecho a que se deje sin efecto la inmovilización de sus cuentas o la incautación de sus bienes, y se le restablecerán sus derechos sobre los mismos; debiendo la Fiscalía de oficio dejar sin efecto la medida.
En ningún caso las personas naturales o jurídicas obligadas a las que se refiere esta disposición podrán, de manera unilateral, cerrar cuentas o cualquier otro producto financiero que esté relacionado con actividades que puedan considerarse ilícitas, sin antes hacerlo de conocimiento de la Fiscalía General de la República, la que determinará si procede hacer uso de la inmovilización de cuentas.
La Fiscalía podrá solicitar al Tribunal ampliar de manera fundada por una sola ocasión el plazo a que se refiere el inciso sexto de esta disposición, hasta por el mismo periodo.
En caso de que la Fiscalía solicite al juez ratificar la medida cautelar de congelamiento de cuentas o de incautación de bienes, se procederá conforme a lo siguiente:
El Tribunal le otorgará audiencia a la persona sujeta a la medida cautelar, para que, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas del congelamiento de su cuenta o incautación de sus bienes se manifieste y aporte las pruebas y alegatos de descargo.
Transcurrido el plazo para que el interesado presente pruebas y formule alegatos, el Tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes, emitirá la resolución en la que fundamentará y motivará si procede o no el mantenimiento de la medida cautelar. La resolución a que se refiere esta fracción deberá ser notificada al interesado y al ente obligado dentro de los diez días hábiles siguientes al de su emisión.
En el caso que la resolución sea contraria a los intereses del imputado, este podrá impugnarla en apelación ante la Cámara Contra el Crimen Organizado, dentro de los diez días hábiles posteriores contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución: la Cámara a más tardar dentro del plazo de treinta días hábiles después de recibido el recurso, resolverá manteniendo las medidas cautelares o dejándolas sin efecto. Con iguales oportunidades contará la Fiscalía General de la República cuando la resolución declare la improcedencia o deje sin efecto el mantenimiento de la medida cautelar.
Cuando se declare firme la improcedencia de la medida cautelar y se deje sin efecto el congelamiento de cuentas bancarias, tarjetas de débito, crédito, operaciones comerciales y financieras, títulos y documentos mercantiles, la entidad bancada dispondrá de cinco días hábiles para el restablecimiento de los derechos de la persona que estuvo sujeta a la medida cautelar respectiva.
El Juez podrá en todo momento ordenar las medidas señaladas en el artículo anterior de los objetos o instrumentos de los delitos investigados a que se refiere esta ley, mientras transcurre el proceso respectivo.
Las ganancias y frutos civiles de los bienes bajo medidas cautelares dictadas judicialmente de acuerdo a esta ley, pasarán al Estado y serán depositados en las cuentas bancadas que para estos efectos posea el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), los cuales serán utilizados para el combate de las estructuras de crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
El juez de Crimen Organizado que autorice el anticipo de prueba, actos de prueba, actos de comprobación y la práctica de las diligencias que fueren de impostergable realización concurrirá a éstas. Cuando tenga impedimento para asístir personalmente, será sustituido por uno de los suplentes del mismo tribunal, a fin de evitar su frustración, quien será designado por el presidente del Tribunal o quien para estos efectos actúe en tal calidad.
En cualquier fase del proceso, que el fiscal considere necesario solicitar al juez que reciba una declaración anticipada de testigos, víctimas o peritos, lo solicitará motivadamente por escrito, quien con la sola vista de la solicitud deberá ordenar la práctica de la diligencia.
El Juez deberá citar a todas las partes, quienes tendrán derecho de asistir con todas las facultades previstas respecto de su intervención en las audiencias. Si no comparece el defensor nombrado, el acto se realizará con la asistencia del defensor público o de oficio. El anticipo de prueba será incorporado mediante su lectura al juicio.
(derogado)
Será admisible la prueba testimonial de referencia de conformidad a lo dispuesto en el Art. 221 del Código Procesal Penal.
Son peritos permanentes:
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Los peritos oficiales nombrados por la Corte Suprema de Justicia en el Instituto de Medicinal Legal o en cualquier otra dependencia de la misma.
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Los Directores o Jefes de los centros asistenciales del Estado.
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Los especialistas de las facultades y escuelas de la Universidad de El Salvador y de las dependencias del Estado o instituciones oficiales autónomas.
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Los técnicos y especialistas de la Policía Nacional Civil; y
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(derogado).
En el caso de los peritos permanentes no será necesaria su juramentación para la práctica de las diligencias; su salario habitual serán sus honorarios y la institución para la cual trabajan está obligada a proporcionar el tiempo para su pericia. La Fiscalía General de la República indicará detalladamente los términos de la diligencia con señalamiento de los plazos y demás instrucciones.
Son peritos accidentales, los que nombre la autoridad judicial para una pericia determinada. El dictamen deberá reunir todos los demás requisitos legales y será incorporado por su lectura, no siendo necesario para su validez el testimonio del perito permanente o accidental que lo elaboró.
Si dentro de los peritos permanentes no se encontrare quien pudiere practicar la diligencia requerida el tribunal podrá realizar el nombramiento de peritos accidentales.
Si las partes solicitaren que la prueba pericial sea practicada por peritos accidentales y a criterio del Juez fuere procedente, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, cada una de ellas presentará una terna de especialistas o técnicos con sus debidos atestados, acompañados de una declaración jurada sobre sus facultades técnicas y el compromiso de cumplir fiel y legalmente el cargo conferido. Al realizar el nombramiento, el Juez señalará el plazo de la diligencia y todas las instrucciones pertinentes. Los honorarios correrán a cargo de la parte que propuso la prueba.
Cuando en el transcurso de una investigación o proceso judicial, el fiscal considere que es necesario individualizar o identificar a una persona detenida o ausente mediante el reconocimiento, el mismo se realizará a través de la exhibición de cualquier fotografía, soporte audio visual, documento o medio que determine su identidad, el cual podrá ser extraído de un registro público, registro privado o de los archivos policiales.
Los reconocimientos ordenados de conformidad con el inciso anterior, podrán ser realizados en sede administrativa o judicial y serán incorporados como prueba, para determinar si una persona es autor o partícipe de un delito. La denegatoria del reconocimiento será apelable.
La acción penal será pública para perseguir los delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado, por lo que no se requerirá autorización de la víctima o su representante legal, para el ejercicio de la acción penal respectiva.
El fiscal acusará directamente ante el Tribunal Contra el Crimen Organizado competente, después de realizar las diligencias de investigación necesarias en el menor tiempo posible, si no hubiere imputado detenido; y en el plazo previsto en esta ley, si lo hubiere. Dicha acusación contendrá los requisitos establecidos en el Art. 356 del Código Procesal Penal.
Si los imputados se encuentran detenidos, serán puestos a disposición judicial dentro del plazo máximo de setenta y dos horas. En este caso, la Fiscalía General de la República solicitará si fuere procedente, la imposición de medidas cautelares ante el Tribunal Contra el Crimen Organizado competente, para que celebre audiencia de imposición de medidas dentro del término de setenta y dos horas y resuelva sobre la procedencia o no de dichas medidas.
Decidido lo referente a la medida cautelar, la Fiscalía General de la República presentará la acusación o el dictamen correspondiente al Tribunal Contra el Crimen Organizado, dentro de un plazo que no excederá de seis meses.
En aquellos casos en los que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación para obtener los elementos de prueba, o para ejercer la acción penal por nuevos hechos en contra de los procesados, o realizar imputaciones a otras personas dentro del mismo proceso penal; solicitará al juez, de manera motivada, diez días antes de la finalización del plazo inicial referido en el inciso anterior, su ampliación, la cual será por el período de seis meses, pudiendo prorrogarse en dos ocasiones más por el mismo periodo, sin que dicha ampliación y sus prórrogas excedan los dieciocho meses.
La decisión judicial que estime la ampliación y sus prórrogas no admitirá recurso alguno.
De emitirse la declaratoria de rebeldía, se procederá de conformidad a lo establecido en el Art. 88 inciso cuarto del Código Procesal Penal.
Recibida la acusación o el dictamen, el juez resolverá dentro de los quince días siguientes, señalando día y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la cual se celebrará en un plazo no menor a treinta días ni mayor a noventa días, poniendo a disposición de las partes las actuaciones y las evidencias, con el objeto de que puedan consultarlas y resolverá las peticiones de apoyo judicial necesario para la preparación de la defensa.
Las partes presentarán las peticiones referidas en el Art. 358 del Código Procesal Penal dentro de los quince días de notificada la resolución que contiene el señalamiento de la audiencia preliminar, durante este plazo, la víctima podrá constituirse como querellante.
Concluida la audiencia preliminar, el juez resolverá conforme lo establecido en el Art. 362 del Código Procesal Penal. En el caso que el juez decida admitir la acusación del fiscal o querellante y abrir a juicio, dictará resolución, de conformidad a lo establecido en el Art. 364 del Código Procesal Penal, con excepción de los numerales 4) y 7) del citado artículo y señalará día y hora para la celebración de la vista pública, la cual deberá realizarse en un plazo razonable que no sea superior a ciento veinte días, quedando notificadas las partes para ese efecto.
Las partes podrán acordar, total o parcialmente, la admisión y producción de la prueba en los términos establecidos en el Código Procesal Penal
De lo resuelto por el Tribunal Contra el Crimen Organizado se podrán interponer los recursos que establece el Código Procesal Penal, quedando en suspenso los efectos de la resolución impugnada mientras no se resuelva el recurso por la respectiva Cámara Contra el Crimen Organizado.
No será motivo de impedimento para el conocimiento de un recurso respecto de una decisión de fondo, el previo conocimiento de asuntos incidentales, por lo que los magistrados que la integren no podrán excusarse, ni serán recusados ante dicho supuesto.
Procedimiento Abreviado
Desde el inicio del procedimiento hasta la fase de incidentes en la vista pública, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando concurran los presupuestos siguientes:
1) Que el fiscal solicite la aplicación del procedimiento abreviado bajo el régimen de penas previsto en el Código Penal y demás leyes aplicables.
2) Que el imputado esté de acuerdo en la aplicación de este procedimiento y que su defensor acredite que el imputado ha prestado su consentimiento libremente.
3) Que el imputado rinda voluntariamente confesión judicial o extrajudicial detallando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión de los delitos atribuidos y que señale a los coparticipes y cómplices en caso los hubiere; así como de elementos de prueba que faciliten la comprobación de los hechos del proceso en su contra o de otros que tuviere conocimiento.
La confesión rendida en un procedimiento abreviado podrá ser valorada en el proceso o en cualquier otro proceso penal como prueba de la participación de otros imputados en el o los hechos investigados, conforme a las reglas de la sana crítica; ello sin perjuicio que si el juez competente lo considera necesario deba rendir su declaración en el juicio respectivo.
La confesión rendida en un procedimiento abreviado deberá ser valorada en el proceso o en cualquier otro proceso penal como prueba de la participación de otros imputados en el o los hechos investigados, conforme a las reglas de la sana crítica; ello sin perjuicio que, si el juez competente lo considera necesario, deba rendir el imputado su declaración en el juicio respectivo.
Cuando se trate de dar el consentimiento por parte del menor procesado para rendir su confesión, se deberá garantizar esta con la autorización de su representante legal y de su defensor, así como con la comparecencia del Procurador General de la República a través de sus delegados, cuando el juez así lo estime necesario.
En el caso de los menores de edad que carezcan de representación legal, será el Procurador General de la República a través de sus delegados, quién deberá representarles en todas las etapas del proceso en las que el menor deba comparecer."
El Juez al momento de resolver, imperativamente integrará los elementos de prueba relacionados con la confesión del imputado, no siendo necesario inmediar prueba testimonial.
4) La víctima tendrá derecho a ser escuchada; sin embargo, no será necesario su consentimiento para autorizar este procedimiento.
El régimen de las penas que podrá acordarse entre el fiscal, el imputado y su defensor será el siguiente:
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La aplicación desde la mitad del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión prevista para el delito imputado si el procedimiento abreviado se diere durante la audiencia de imposición de medidas o en la fase de instrucción hasta la fase de incidentes de la audiencia preliminar.
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La aplicación del mínimo de la pena prevista si el procedimiento abreviado se aplicare en la etapa del juicio hasta antes de la fase de incidentes.
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El cumplimiento de la pena en un centro penal de seguridad media o mínima diferente al del resto de copartícipes, con las condiciones adecuadas para su readaptación.
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Excepcionalmente la pena a aplicar podrá ser hasta una cuarta parte del mínimo para cada delito en cualquier etapa del proceso únicamente si media autorización expresa del Fiscal General de la República.
Oportunidad de la acción penal pública
El fiscal podrá, de acuerdo a los elementos recabados en la investigación, prescindir de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados como delito, respecto de uno o alguno de los participes o que ésta se limite a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles, en el caso siguiente; siempre y cuando la información sea eficaz y útil para probar la participación de los miembros de la organización delictiva.
La pena solicitada no podrá ser menor de la mitad del mínimo de la pena de prisión que correspondería para el delito acusado, a menos que exista autorización expresa del Fiscal General de la República, en la que exponga las razones que justifiquen dicha petición.
Formalidades del acuerdo
El acuerdo para someterse a un criterio de oportunidad que hayan pactado el fiscal, el imputado y su defensor deberá constar en acta, la cual contendrá:
1) La identificación de los sujetos que negocian.
2) El resumen de las negociaciones previas.
3) La relación de los hechos en los que ha participado el imputado beneficiado.
4) La determinación de declarar en los hechos respecto de los cuales se haya acordado el criterio de oportunidad.
5) La redacción completa del acuerdo, comprendiendo los beneficios solicitados por el imputado, los ofrecidos por la fiscalía y los acordados.
Procedimiento
El fiscal solicitará al juez la aplicación del criterio de oportunidad, quien lo autorizará previa demostración del cumplimiento de las exigencias anteriores. La solicitud de este criterio podrá ser presentada desde el inicio del procedimiento hasta la etapa incidental dentro de la vista pública, el juez resolverá conforme a la solicitud fiscal. La denegatoria del criterio de oportunidad será apelable, por el fiscal solicitante o quien le sustituya.
La imposición de la pena quedará en suspenso, hasta que el imputado haya colaborado eficazmente con la investigación y haya rendido su declaración en los términos del acuerdo suscrito con el fiscal.
Si el imputado se retractare de colaborar con la investigación o de declarar; los acuerdos en cuanto a la reducción de pena no surtirán efectos y se continuará con el procedimiento judicial, el Juez valorará la confesión extrajudicial conforme las reglas de la sana critica. En este caso la confesión extrajudicial y demás elementos probatorios que se tengan sobre la negativa a seguir colaborando y la participación del criteriado y los demás miembros de la estructura investigada, serán incorporados al proceso penal o juicio mediante su lectura vía incidente planteado por el fiscal. La aplicación del criterio de oportunidad no afectará lo relativo a la responsabilidad civil.
Para asegurar la colaboración y la declaración del imputado beneficiado con el criterio de oportunidad, podrá mantenerse cumpliendo la medida de detención provisional en un lugar determinado por la Dirección General de Centros Penales y a la orden de la Fiscalía General de la República, donde recibirán los beneficios penitenciarios conforme al procedimiento común.
Para todos los trámites, diligencias, actuaciones, notificaciones, citatorios, resoluciones o requerimientos, que se realicen dentro de los procesos penales que regula la presente ley, se podrán utilizar las tecnologías de la información y comunicación, tal como la firma electrónica, siempre que dichos medios tecnológicos posibiliten la emisión de una constancia, ofrezcan garantías de autenticidad, confidencialidad, integridad, eficacia, disponibilidad y conservación de la información y sean compatibles con la naturaleza del trámite a realizar, asegurando las garantías del debido proceso.
Para la determinación de la pena a imponer, además de los aspectos indicados en el Código Penal, el juez debe considerar la jerarquía, función o cualquier otra circunstancia del imputado dentro de la estructura criminal de la que forme parte, a efecto de que se valore como elemento objetivo para la agravación de la pena.
Deberán aplicarse supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal y de otras leyes penales especiales, en lo que no se oponga a la presente Ley.
Los hechos punibles cometidos con anterioridad a la vigencia de la presente ley serán procesados de conformidad a lo regulado en el Código Procesal Penal.
Los procesos penales tramitados con base en esta ley, iniciados antes de la entrada en vigencia de este decreto y que se encontraren en la fase de instrucción, esta se ampliará por un plazo de doce meses contados a partir de este decreto, luego del cual se podrá solicitar prórroga hasta por doce meses más, cumpliendo los requisitos dispuestos en el Art. 17 de esta ley.
Asimismo, en el caso de los procesos penales iniciados en una o distintas sedes judiciales, en contra de diferentes personas que pertenezcan a una misma organización criminal o terrorista, así determinada por su funcionamiento, organización, denominación y territorio; el juez, a petición de la Fiscalía General de la República, ordenará el procesamiento de sus miembros en una sola causa.
Mientras no operen los tribunales contemplados en el Art. 3, seguirán conociendo los juzgados y cámaras especializadas aplicando los criterios y procedimientos establecidos en esta ley.
Al momento de constituirse los nuevos tribunales tomarán la competencia de conformidad a los criterios establecidos en la Ley Orgánica Judicial.
Derogatorias y aplicación supletoria
Quedan derogadas las disposiciones y preceptos legales contenidos en otros ordenamientos que se opongan a las contenidas en el presente decreto.
Deberán aplicarse supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal, Ley Penal Juvenil y de otras leyes especiales, en lo que no se oponga a la presente ley.
Deróganse el Art 22-A del Código Penal y el inciso final del Art. 59 del Código Procesal Penal.
EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGENCIA EL DÍA UNO DE ABRIL DE DOS MIL SIETE.
DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre del año 2006. RUBEN ORELLANA, PRESIDENTE.
ROLANDO ALVARENGA ARGUETA, FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN, VICEPRESIDENTE. VICEPRESIDENTE.
JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA, RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO, VICEPRESIDENTE. VICEPRESIDENTE.
ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO, GERSON MARTINEZ,
SECRETARIO. SECRETARIO.
JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS, NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, SECRETARIO. SECRETARIO.
ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS,
SECRETARIA.
CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil siete.
PUBLIQUESE,
ELIAS ANTONIO SACA GONZALEZ,
Presidente de la República.
René Mario Figueroa Figueroa, Ministro de Seguridad Pública y Justicia.