¡¡No se oye!!

Óscar Rubén Zelaya LaraEn materia de financiamiento público, el cuidado debe ser especial, por cuanto se trata de dineros del pueblo.Entre los legisladores y algunos directores de importantes instituciones públicas y políticas se encuentran funcionarios que se consideran profesionales muy expertos se permiten cambiar o alterar los términos y objetivos de los proyectos que someten a su consideración por disposiciones legales, sin tomar en cuenta los argumentos de base, resultando que no se sustentan y no cumplen los propósitos de las dependencias ejecutoras, uno de estos casos se dio a conocer en un programa televisivo; es preferible solicitar la opinión pública, que la de sus propios asesores, sobre trámites adecuados, existen muchos elementos estudiados que son expertos o lo practican y conocen porque trabajan en áreas similares en empresas privadas.Uno de los casos donde más se advierten los problemas con resoluciones alteradas se da en las aprobaciones para el financiamiento de proyectos millonarios en obras sociales, que al ejecutarse no alcanzan a ser completados ni viables, a consecuencia de las modificaciones de los directores responsables de su visto bueno, lo indicado sería la consulta con especialistas o de sectores públicos y privados relacionados con el tema o los afectados, entidades públicas o privadas, con base técnica, es indiscutible que quienes deciden solicitar un préstamo son los propietarios y directores de las entidades, que conocen de su capacidad de pago actual y futuro al desarrollar su proyecto.Por razones de tradición y no técnicas, en el sector gubernamental se acostumbra efectuar cambios a solicitudes, especialmente de financiamiento, en la instancia de la aprobación por la Asamblea Legislativa; recientemente se observó un caso de dicha alteración y parte sin novedad, cuando se aprobó un crédito por $650 millones, donde terminaron repartiendo el destino en forma diferente a lo propuesto, lo que indica que urge revisar...