Presentación de la segunda edición

• Autor: René Alfonso Padilla y Velasco
• Páginas: 5-6

Comentarios al Código Procesal Civil y Mercantil

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN

Luego del tiempo transcurrido desde la promulgación del Código Procesal

Civil y Mercantil ha llegado el momento de una actualización de estos

“Comentarios”, con el objeto no sólo de incorporar las experiencias que estos años

de aplicación de la normativa nos han dejado, a través de la jurisprudencia y la

práctica judicial consuetudinaria, sino la de hacer un balance del resultado

obtenido.

En ese sentido, encuentro que la parte no superada de esta nueva

normativa es el carácter de proceso dispositivo o garantista que distinguía al

proceso privado propio del s. XIX. La entrada en vigencia del nuevo código no sólo

importó el cambio del sistema escrito al oral, sino que principalmente la adopción

del proceso público o activista, confiriendo facultades al oficio judicial para

convertirse en verdadero director del proceso; no sólo para dirigir las reglas del

debido proceso en el debate judicial, sino para interactuar con las partes en la

resolución más justa posible del problema jurídico planteado.

Esta realidad tiene manifestaciones tangibles en la aplicación diaria de

esta normativa, que van desde el criterio asentado en las Cámaras de apelación, en

cuanto a que no es necesario celebrar audiencia cuando sólo está personada una de

las partes; hasta el razonamiento que la “improponibilidad de la demanda”

consiste en admitir a trámite sólo las pretensiones que van a ser estimadas en

sentencia (a menos que el demandado aporte elementos que difieran, extingan o

impidan la acción); pasando por el criterio que la parte interesada en la

declaración de su contraparte debe presentar por escrito el interrogatorio al que

será sometido, porque de lo contrario el órgano jurisdiccional no sabrá qué hechos

habrán de tenerse por reconocidos.

Los anteriores no solamente son ejemplos del apego que nuestros

operadores jurisdiccionales sienten por el sistema superado, sino que demuestran

que la oralidad no ha sido acompañada con el cambio de ideología correspondiente

al proceso público o activista, que reclama la adopción del papel del juez como

director del proceso; lo que impide que se encuentren engarces adecuados entre el

papel del juez con las novedosas facultades de dirección y ordenación del proceso.

El principal impedimento para la adopción completa del rol de director del

proceso se debe al concepto de imparcialidad, que suele confundirse con el de

neutralidad, y que imposibilita a nuestros operadores jurisdiccionales comprender

que la capacidad de dirigir el debate no implica una injerencia indebida del Estado

en la esfera de disponibilidad de las partes. A este panorama tampoco contribuye

el carácter adversarial como método adoptado para la aportación de las pruebas al

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