Principios del proceso y aplicación de las normas procesales

• Autor: René Alfonso Padilla y Velasco
• Páginas: 30-68

Comentarios al Código Procesal Civil y Mercantil

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO PRELIMINAR

PRINCIPIOS DEL PROCESO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES

CAPÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS PROCESALES

Derecho a la protección jurisdiccional

Art. 1.- Todo sujeto tiene de recho a plantear su pretensión ante los tribunales,

oponerse a la ya incoada, e jercer todos los actos procesales que estime convenientes para la

defensa de su posición y a que el proceso se tramite y decida conforme a la normativa

constitucional y a las disposiciones legales.

Comentario

En esta disposición se describen las situaciones jurídicas de los tres sujetos principales del

proceso: el demandante o actor (“el derecho a plantear su pretensión ante los tribunales”), el

demandado (“oponerse a la ya incoada”) y la jurisdicción (“que el proceso se tramite y decida”); de

igual manera, contiene y enuncia la posibilidad de la participación eventual de terceros (“todo

sujeto tiene derecho a ...ejercer todos los actos procesales que estime convenientes para la

defensa de su posición”).

El Estado, para mantener su autoridad y la cohesión social, prohíbe la autotulela o hacerse

justicia por propia mano y exige que quien tenga alguna controversia de relevancia jurídica solicite

la tutela del mismo Estado. Correlativamente, ante la imposibilidad de los particulares de

proveerse justicia por sus medios, surge para el Estado el deber de administrar justicia.

Por tanto, esta norma desarrolla el precepto contenido en el Art. 2 de la Constitución, que

establece que toda persona tiene derecho a ser protegida jurisdiccionalmente en la defensa y

conservación de sus derechos. La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia define el derecho a la protección jurisdiccional del siguiente modo: “Tal

derecho viene a reconocer de manera expresa la posibilidad que tiene toda persona de acudir al

órgano estatal competente para plantearle, vía pretensión procesal, cualquier reclamo tendente al

establecimiento de alguna vulneración a una categoría fundamental. Y es que, en efecto, tal

disposición constitucional obliga al Estado salvadoreño a dar protección jurisdiccional integral a

todos sus miembros, frente a actos arbitrarios e ilegales que afecten la esfera jurídica de los

mismos, y a través del instrumento heterocompositivo -también creado constitucionalmente-

diseñado con tal finalidad: el proceso jurisdiccional en todas sus instancias y en todos sus grados

de conocimiento.” (Sentencia de Amparos ref. 676-99 de fecha 30 de agosto de 2001).

También se conoce como garantía de acceso a la jurisdicción o derecho al proceso, definido

por la jurisprudencia nacional así: “Entre los aspectos esenciales que comprende el derecho al

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acceso a la jurisdicción podemos señalar: a) el libre acceso al órgano judicial -entiéndase tribunales

unipersonales o colegiados-, siempre y cuando se haga por las vías legalmente establecidas; b)

obtener del ente jurisdiccional una decisión motivada y fundada en derecho; c) que en el proceso,

se conceda a las parte la posibilidad de ejercer todos los derechos, obligaciones y cargas procesales

que el mismo implique, para que desde su propia posición, puedan defender sus derechos; y d)

que el fallo pronunciado efectivamente se cumpla.” (Sentencia en el proceso de amparo del

09/02/1999. Ref. 384-97).

Este derecho ya estaba reconocido en nuestra legislación infraconstitucional por la

ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José) , que en su

Art. 8 establece el derecho de todo “sujeto de derecho a comparecer reclamando ante un tribunal

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, la tutela

jurisdiccional del Estado.”

Ahora bien, este derecho a la tutela jurisdiccional o de acceso al proceso, como cualquier

derecho, no es irrestricto, sino que es por ello que el párrafo primero dispone que todo “sujeto

tiene derecho a plantear su pretensión ante los tribunales, oponerse a la ya incoada, ejercer todos

los actos procesales que estime convenientes para la defensa de su posición”, ya que está

regulando y desarrollando el concepto del interés legitimante o habilitante, que consiste en aquel

de grado suficiente que la persona debe exhibir o acreditar como fundamento para actuar útil y

válidamente en juicio en la calidad de actor, demandado o tercerista (Art. 66), así como para

acceder a los recursos contemplados en cada caso, aun cuando no se hubieren convertido en

partes (Art. 501).

Llama poderosamente la atención el término “sujeto” empleado por el legislador

secundario -en contraste con la palabra “persona” usada por la Constitución-; sin embargo, esto

obedece a que en el artículo 58 se establece que, además de las personas naturales y jurídicas,

pueden estar representadas en juicio en calidad de actor o demandado el “concebido no nacido” y

“las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente d e titular”.

También, en calidad de demandadas pueden ser procesadas “las uniones y entidades que, sin

haber cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas,

actúen en el tráfico jurídico”. Desarrollaremos en su oportunidad cada figura; por ahora baste con

señalar que la legislación secundaria les confiere a estos sujetos el derecho a la protección

jurisdiccional.

Se reconoce el derecho de oposición a la pretensión, ya que la falta de oportunidad de

ejercer la defensa acarrea violación al derecho de audiencia, y por en de al derecho a la protección

jurisdiccional, tal como lo ha planteado la jurisprudencia nacional: “Existe violación al derecho

constitucional de audiencia, cuando el afectado por la decisión estatal no ha tenido la oportunidad

real de d efensa, privándole de un derecho sin el correspondiente proceso, o cuando en el mismo

no se cumplen las formalidades esenciales procesales o procedimentales.” (Sentencia de Amparos

ref. 298-2000 de fecha 10 de octubre de 2001).

Con esta redacción el legislador nacional ha establecido inequívocamente la consustancial

reciprocidad entre la pretensión y la oposición a la pretensión, de tal modo que la oposición no

está sujeta a más condiciones formales que las necesarias y adecuadas para un efectivo y válido

ejercicio; por lo tanto, desde que se plantea la pretensión el demandado tiene el derecho de

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ejercer la oposición, aunque no se le haya emplazado o notificado de la demanda, así como a

oponerse a alguna medida cautelar o cualquier providencia dictada en su contra en el momento

que la conozca, aunque formalmente no se le haya notificado. En estos dos casos, el

personamiento u oposición simplemente vuelve superflua la necesidad de realizar el acto de

comunicación procesal.

Finalmente, se desarrolla la garantía del debido proceso, el cual es definido por la

jurisprudencia nacional así: “Para considerar que existe un debido proceso, es necesario que aquél

sea sustanciado conforme a la Constitución, y además, que se respete íntegramente el derecho de

audiencia, ya que dicho derecho es un elemento esencial y configurativo para la protección de los

derechos constitucionales de los impetrantes.” (Sentencia de Amparos ref. 708-99 de fecha 20 de

septiembre de 2001).

Vinculación a la Constitución, leyes y demás normas

Art. 2.- Los jueces están vinculados por la normativa c onstitucional, las leyes

y demás normas del ordenamiento jurídico, sin que puedan desconocerlas ni

desobedecerlas.

Todo juez, a instancia de parte o de oficio, deberá examinar previamente la

constitucionalidad de las normas de cuya validez dependa la tramitación de cualquier

proceso o el fundamento de las decisi ones que adopten en el mismo; y si alguna de ellas

contradice la normativa constitucional, la declarará inaplicable en resolución debidamente

motivada, en la que se consignen la disposición cuya inaplicabilidad se declara, el derecho,

principio o valor constitucional que se considera infringido y las específicas razones que

fundamentan.

Las pruebas que se hubieren obtenido, directa o indirectamente, con i nfracción de

derechos o libertades fundamentales, no surtirán efecto.

Comentario

Sistema de la legalidad

Se consigna en el párrafo primero la obligatoriedad de los juzgadores de ajustar tanto su

proceder como sus providencias al derecho positivo, estableciendo así un sistema basado en la

legalidad, excluyendo la función “creadora” de la sentencia. No es solamente que toda la actuación

de los juzgadores y sus auxiliares deba estar sometida a la norma legal –como veremos a

continuación (principio de legalidad)–, sino que, además, se establece que la sentencia constituye

una manifestación del derecho positivo; de modo que el legislador nacional rechazó el concepto

del magistrado como “ingeniero social”.3

Lo anterior significa que nuestro sistema procesal opta por el principio que las sentencias

no crean, sino declaran derechos, según el cual los derechos subjetivos tienen su origen en el

derecho positivo, principalmente en la ley, sin perjuicio de otras fuentes del derecho

(jurisprudencia, doctrina, equidad); razón por la cual, los procedimientos sólo sirven para obtener

su protección o ejecución, incluso –en ocasiones– su ejercicio, pero no para crearlos. Por ello U.

3 Ángel LANDONI SOSA (Director): Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay.

Comentado, con doctrina y jurisprudencia, Julio César Faira - Editor, 2002, Vol. I, pág. 67.

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