Reforma policial y gasto público en entidades federativas y municipios mexicanos (2008-2013)
| Autor | Carlos Barrachina Lisón |
| Páginas | 31-79 |
Reforma policial
y gasto público
en entidades
federativas
y municipios
mexicanos
(2008-2013)
Recibido: Agosto 20 de 2015
Aceptado:Mayo 11 de 2016
Carlos Barrachina
Lisón
Universidad de Quintana Roo,
México
cbarrachina@yahoo.com
BIBLID [2225-5648(2016), 6:2,31-79]
rpsp.v6i2.2989>
Resumen
Esta investigación reflexiona sobre la inversión que el Es-
tado mexicano ha realizado desde 2008 hasta 2013 en
seguridad pública. Explica los programas federales en-
caminados a la reforma de los aparatos policiales de los
estados y municipios mexicanos. Hace un aporte a la
discusión publicando la cantidad de recursos federales
destinados a estos programas, y destaca la inversión por
estados y municipios cuestionando la efectividad del uso
de los mismos. La política de transformación policial está
consensuada por los diferentes partidos políticos y los go-
bernadores, y sin embargo se encuentran diferentes res-
puestas en la voluntad política de impulso de la reforma
en algunas entidades federativas y municipales. El presi-
dente Enrique Peña Nieto y los gobernadores mexicanos
confirmaron la voluntad de continuidad de esta política
en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) celebrada en Chihuahua en febrero del 2013,
así como en otros documentos oficiales publicados por la
administración mexicana.
Palabras clave:
Reforma policial, seguridad pública, México, federalismo,
administración pública.
* Estudio original elaborado para la revista “Policía y Seguridad Pública” en el marco de las gestiones de
apoyo académicas internacionales realizadas por el Centro de Investigación Científica (CINC-ANSP).
Received: August 20, 2015
Accepted: May 11, 2016
* Original study written for the “Policía y Seguridad Pública” Journal within the framework of the international
academic support efforts conducted by the Centro de Investigación Científica (CINC-ANSP)
Police reform
and public spending in
Mexican states
and municipalities
(2008-2013).
Carlos Barrachina
Lisón
Universidad de Quintana Roo,
México
cbarrachina@yahoo.com
BIBLID [2225-5648(2016), 6:2, 31-79]
rpsp.v6i2.2989>
Abstract
This research reflects on the investment that the Mex-
ican State has made from 2008 to 2013 in public se-
curity. It explains the federal programs aimed to the
reform of the police institutions of the Mexican states
and municipalities. It makes a contribution to the dis-
cussion by publishing the amount of federal resources
designated to these programs, and highlights the in-
vestment by states and municipalities questioning the
effectiveness of their use. The policy of police transfor-
mation is agreed upon by the different political parties
and the governors, and yet different answers are found
in the political will to promote reform in some federal
entity and municipalities. President Enrique Peña Nie-
to and the Mexican governors confirmed the desire for
continuity of this policy at the meeting of the National
Conference of Governors (CONAGO) held in Chihuahua
in February 2013, as well as other official documents
published by the Mexican administration.
Key Words:
Police reform, Public Security, Mexico, Federalism,
Public Administration.
Reforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
ISSN: 2225-5648, Año 6, Vol. 2, p. 31-79
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1. Introducción1
El objetivo general de este trabajo es describir la relación entre la política
mexicana de reforma policial, y el esfuerzo presupuestario en seguridad pú-
blica realizado en estados y municipios. Se van a explicar las características
de los principales programas federales de apoyo económico a la reforma
en las entidades federativas, haciendo énfasis en la filosofía y los objetivos
de los mismos. La principal aportación del artículo, independientemente
de esta identificación y explicación de los programas, es la localización de
la cantidad de recursos invertidos a partir de fuentes oficiales que se en-
cuentran dispersas, y que no son fácilmente consultables. Se facilita así la
integración de información muy valiosa que, de otro modo, no es posible
interpretar integralmente.
Se aporta, utilizando diferentes fuentes, una contabilización del recur-
so invertido en seguridad y defensa en México desde el 2008 al 2013,
haciendo hincapié en el presupuesto que los diferentes estados otorgan
en sus presupuestos anuales a seguridad y procuración de justicia; así
como al dinero que se ha invertido de una forma coparticipada en los
diferentes programas federales de apoyo a la reforma. Por otra par-
te, también se presentan y cuestionan los datos que ofrece el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al medir los homicidios en
los diferentes estados en México. La confianza en la veracidad de esta
información es importante porque este es un elemento básico para saber
si las políticas de seguridad están dando resultados. Sorprende la dife-
rencia entre las denuncias de homicidios realizadas por los ciudadanos
ante el ministerio público y los que finalmente son reconocidos por las
autoridades. Las dos estadísticas son ofrecidas de forma oficial por el
INEGI, y es especialmente en diez entidades federativas de la República
que se presentan diferencias importantes entre los dos indicadores; los
homicidios reconocidos son muy inferiores a las denuncias presentadas,
lo que obliga a que en otros estudios se profundice sobre el significado
de esta discrepancia por la importancia de tener certeza sobre la infor-
mación publicada.
Finalmente se presenta la idea inicial de la política de seguridad del presidente
Enrique Peña Nieto (2013), reflejándose las líneas de cambio y continuidad que
se encuentran con la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
En el artículo se manejan las siguientes hipótesis:
1. Existe voluntad política interpartidaria de transformación del sistema
policial en estados y municipios. El esfuerzo está centrado prioritaria-
mente en grandes zonas urbanas, con altos índices delictivos.
1 Carlos Barrachina Lisón es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de la Universidad de
Quintana Roo, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. El autor agradece
a María del Pilar Merino por su apoyo en la elaboración de las tablas de este trabajo. Asímismo a Raúl
Benítez Manaut, Francisco Rojas Aravena, y Manuel Alcántara Sáenz por los comentarios sobre el texto.
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2. A pesar de los acuerdos de la CONAGO esta política no es seguida de
forma consecuente en todas las entidades. Estas presentan diferentes
grados de compromiso frente al proceso de reforma.
3. Se ha invertido una gran cantidad de recursos federales con una políti-
ca coparticipada que condiciona que las entidades federativas y muni-
cipios aporten una parte del presupuesto ejercido. A pesar de ello los
resultados de transformación de las policías son moderados.
México está destinando una gran cantidad de recursos a los rubros
de defensa y seguridad. Sin embargo, los homicidios, que son el prin-
cipal indicador de resultados, no descienden. Por ello es conveniente
evaluar en otros trabajos la operación de los programas no solo desde
una perspectiva cuantitativa sino también cualitativa, estudiando con
detalle los que se ejecutan.
La política del presidente Enrique Peña Nieto en el inicio de su adminis-
tración refleja pautas de continuidad con las de la anterior administra-
ción, apostando de una forma más acentuada en políticas de prevención,
así como en otras que contemplen garantías a los derechos humanos.
4. Existe un consenso político en México sobre la idea de que la reforma
de las fuerzas de seguridad pública se completará cuando las policías
estatales y municipales estén estructuradas en unidades acreditadas y
profesionales.
México ha impulsado este proceso desde arriba hacia abajo con dificulta-
des. Ha apostado por fortalecer y reformular las fuerzas policiales fede-
rales; ha utilizado a las fuerzas armadas para “enfrentar” los problemas
de seguridad más inmediatos, y ha buscado la complicidad política de
las entidades territoriales. La estrategia ha facilitado la negociación, ha
buscado la concertación y ha privilegiado el desembolso de grandes can-
tidades de dinero para consolidar los aparatos de seguridad estatales, y
de aquellos municipios que tienen capacidad, eficacia y posibilidad de
autosostenerse económicamente a mediano plazo.
El esfuerzo presupuestario combinado de la federación y de las entidades
estatales y municipales ha sido importante, especialmente en los años estu-
diados. Desde 2008 hasta 2013 se han desembolsado un billón doscientos
tres mil millones de pesos en seguridad y defensa (unos 97,801 millones de
dólares). De esta cantidad un mínimo de 543,840 millones de pesos mexi-
canos (más de 44,000 millones de dólares2), se han ocupado para operar y
reforzar las estructuras policiales de los estados y municipios mexicanos3.
2 De acuerdo con el criterio usado por el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012 (Aguayo y
Benítez, 2012) se utilizará el tipo de cambio de 13.2 pesos por dólar para los años 2008 a 2013.
3 No se considera en este trabajo el presupuesto de las secretarías de seguridad municipales.
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Sin embargo, y a pesar del dinero invertido, el resultado en la reforma y
la eficacia del sector es pobre, lo que lleva a que se formulen preguntas
sobre la voluntad política real de los actores implicados, los mecanismos
de evaluación y seguimiento de los recursos invertidos; los problemas que
se enfrentan, así como las estrategias que se han seguido para apoyar esta
política de transformación.
En este trabajo se van a recordar brevemente los antecedentes de la refor-
ma policial en México, que se califica de “profesional” tanto por las carac-
terísticas del perfil de sus impulsores, como por el diseño de la misma y se
van a describir los principales programas implantados conformados con
base en una política de “subsidios”, e “incentivos” de la administración
federal hacia las entidades federativas y municipales.
Seguidamente se presenta, como se ha señalado, una aportación original
importante, que consiste en un detallado análisis de la cantidad de recur-
sos invertidos para asuntos de seguridad en las diferentes entidades fede-
rativas del país, identificándose los esfuerzos de los estados y las caracte-
rísticas de los principales receptores del esfuerzo presupuestario federal.
Es muy difícil todavía, por falta de elementos e información, realizar una
evaluación de los resultados, tanto cuantitativos como, sobre todo, cuali-
tativos, de la inversión realizada; sin embargo se van a plantear algunas
preguntas que deberían ser analizadas en posteriores investigaciones a fin
de interpretar cuán efectivos han sido los mecanismos ideados por la fede-
ración a efectos de modernizar y profesionalizar el sector de la seguridad
pública, y cómo han ido respondiendo de forma diferenciada los estados
mexicanos a este reto.
Gráfica 1. Proporción del gasto presupuestario en la seguridad pública
de entidades federativas y municipales por programas (2008-2013)
Fuente: Elaboración propia a partir de la consolidación final de diferentes datos oficiales.
Presupuesto de
Estados en Seguridad
2008-2013
74%
FASP
(Fondo de Aportación
para la Seguridad Pública)
2008-2013
10%
FORTAMUN
(Fondo para el Fortalecimiento de
los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal)
2010-2013
7%
SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública
en los Municipios y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal) 2008-2013
6%
SPA (Subsidio de Policía Acreditable)
2011-2013
2%
PROASP/Prevención
(Programa de Apoyos para
la Seguridad Pública)
2012-2013
1%
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Estas preguntas son pertinentes si se tiene en cuenta que, debido a las ca-
racterísticas del país, su gran extensión, y la lógica federal establecida, sin
policías competentes que se encuentren desplegadas a lo largo del territo-
rio no es pensable señalar que se ha completado la reforma de este sector,
ni presumir de tener unas estructuras de seguridad pública eficaces4.
En la gráfica 1 se observa que, entre los años 2008 y 2013, los presupues-
tos ordinarios de seguridad y procuración de justicia (secretarías de segu-
ridad y procuradurías de justicia) de las diferentes entidades federativas
suman un total del 74 % del esfuerzo presupuestario dedicado a la seguri-
dad en las entidades federativas5, y que los programas de incentivos apor-
tan el 26 % del total. Estos suman 138,624 millones de pesos, cantidad
que por su importancia debe ser analizada. Por otra parte, en la gráfica 2
se aprecia cómo desde 2008 el presupuesto de las entidades federativas
aumentó de forma significativa, mientras que el de los programas señala-
dos se mantuvo estable, entre otras razones por problemas con el ejercicio
de los mismos. Esto ha dificultado que varios de los objetivos marcados
por la federación se hayan podido implantar con el ritmo que hubieran
deseado sus responsables, y ha generado que buena parte de lo ofrecido
por la federación no haya llegado a ejercerse, o se haya invertido, a través
de las reprogramaciones en fines distintos a los pactados en los convenios
firmados inicialmente entre la federación, los estados, y los municipios.
El presidente Enrique Peña Nieto convirtió en asunto prioritario esta refor-
ma en la fase inicial de su mandato, lo que se vio reflejado tanto en el Plan
Nacional de Desarrollo, como en el presupuesto aprobado para el 2013,
y en el Pacto por México firmado por las principales fuerzas políticas del
país el 2 de diciembre del 2012, que básicamente mantuvo, en lo general,
las líneas marcadas desde que inició la reflexión sobre las medidas para
reformar el sistema de seguridad pública mexicana a partir de inicios de
la década de los noventa.
4 Ver Barrachina y Hernández Mora (2012).
5 Solo el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León suman 184,011 millones de
pesos, esto es el 45 % de los presupuestos de las entidades federativas en este rubro. Fuentes:
periódicos, gacetas y boletines oficiales de las entidades federativas. Elaborado por SNSP para 2008-
2011. Secretariado Ejecutivo en presentación “Informe sobre el acuerdo nacional por la seguridad,
la justicia y la legalidad”. Periódicos, gacetas y boletines oficiales de las entidades federativas.
Elaboración propia para 2012 y 2013.
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Gráfica 2. Evolución del gasto desde el 2008 al 2013 en los principales
programas6 (en millones de pesos)
Fuente: Elaboración propia a partir de la consolidación final de diferentes datos oficiales.
2. Antecedentes de la reforma en seguridad pública
2.1. Instrumentos e impulsos
A principios de la década de los noventa se iniciaron diferentes esfuerzos
institucionales orientados a establecer la coordinación del sistema nacio-
nal de seguridad pública. El primer paso hacia la constitución del Sistema
Nacional de Seguridad Pública consistió en crear la Coordinación de Se-
guridad Nacional (COSENA) entre 1991 y 1992, institución que no se con-
solidó y desapareció ese mismo año (Brasdefer, 2002, p. 37). En 1993 se
creó la Coordinación Federal de Seguridad Pública (López, 2002, p. 17)7,
lo que facilitó, según Brasdefer, que la Dirección General de Supervisión de
los Servicios de Protección Ciudadana, que dependía de la Subsecretaría
de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, iniciara esfuerzos
para delinear un programa nacional que involucrara tres grandes áreas de
seguridad pública: la prevención, la procuración de justicia y la readapta-
ción social.
6 Por egresos propios se entiende los presupuestos ordinarios de seguridad y procuración de justicia
de las diferentes entidades federativas de una forma agregada.
7 Juan Ramón López y Gloria Brasdefer eran en el año 2002 secretario de Seguridad Pública, y
secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública respectivamente (SESNSP).
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
FORTAMUN (Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal)
SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal)
FASP (Fondo de Aportación para la Seguridad Pública)
EGRESOS PROPIOS
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Así en 1994 se presentó al Congreso de la Unión una reforma de los artícu-
los 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a
efectos de lograr el fortalecimiento del sistema de justicia y seguridad en
el país; consolidando las estructuras del poder judicial y de los órganos y
sistemas de seguridad pública, e impulsando que en 1995 se publicará la
ley general que estableció las bases de Coordinación del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. También se aprobó por primera vez un Programa
Nacional sobre Seguridad Pública que abarcaría los años de 1995 al 2000.
En opinión de Brasdefer (2002, p. 36), a la sazón secretaria ejecutiva del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP):
Un grave error estructural, que durante mucho tiempo caracterizó al
sistema de justicia mexicano, fue mantener aisladas las labores de las
instituciones encargadas de la prevención del delito, de la procuración
y administración de justicia y de la de readaptación social, lo cual tuvo
como consecuencia que pasara inadvertida la importancia y la necesi-
dad de integrar una coordinación efectiva de todas estas instituciones
en aras de la seguridad pública (…). Con el transcurso de los años la
experiencia demostró lo nocivo del aislamiento, que incluso provocó
conflictos de competencia entre corporaciones policiales, ministeria-
les, judiciales y de readaptación.
La reflexión sobre este problema llevó de forma acelerada a que en 1997
el ejecutivo presentara una iniciativa para unificar las diferentes policías fe-
derales, bajo el presupuesto, que todavía hoy en día se mantiene, de que
una policía mejor organizada, más preparada, adecuadamente equipada y,
sobre todo, con conductas plenamente honestas y enfocadas al servicio de
los ciudadanos, constituiría uno de los más claros requisitos para abatir los
índices delictivos y alcanzar los niveles de seguridad pública adecuados8.
En este proceso inicial de la reforma también se tuvo presente la importan-
cia de fortalecer a las policías estatales que, a partir de 1998, empezaron a
recibir el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
y del Distrito Federal (FASP) que, desde entonces, como se verá en este tra-
bajo, se ha convertido, con la cofinanciación de las entidades federativas,
en uno de los programas más importantes de apoyo a la infraestructura
de las policías estatales en el país. Desde 1998 hasta 2013 la federación
ha aportado 82,187 millones de pesos, mientras que los estados han in-
vertido 26,861 millones, lo que da un total de 109,048 millones de pesos,
como se puede apreciar de forma desagregada en la gráfica 3.
8 Recuerda el secretario de Seguridad Pública Juan Ramón López (2002, p. 18) que “en ese entonces,
la actividad policiaca se desarrollaba a través de distintas corporaciones que estaban adscritas a las
secretarías de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración con su policía respectiva;
de la Subsecretaría de Seguridad Pública, la cual se encontraba integrada por tres direcciones
generales: de prevención y tratamiento de menores, de prevención y readaptación social y la de
normatividad y supervisión de seguridad privada; así como de comunicaciones y transportes y de
hacienda y crédito público; dependencias que tenían a su cargo respectivamente la dirección de las
Policías Federal de Caminos y Fiscal Federal”.
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Gráfica 3. Aportaciones del FASP de 1998 a 2013
(en millones de pesos)
Fuente: Dirección General Adjunta de Recursos Federales para la Seguridad Pública Fondos
de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS) del SESNSP (2013).
En enero de 1999 se publicó la Ley de la Policía Federal Preventiva (PFP).
En abril del 2000 se expidió el reglamento de la PFP, y en noviembre del
2000 se creó finalmente la Secretaría de Seguridad Pública, llevándose
con ella la coordinación y control del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca, a través de su Secretariado Ejecutivo9 que había sido desde su creación
en 1995 parte de la Secretaría de Gobernación10.
Ya en este momento los objetivos fundamentales de la reforma, y las de-
bilidades del sistema de seguridad pública estaban identificados por las
autoridades gubernamentales. Recuerda Brasdefer cómo en el Programa
Nacional de Seguridad Pública 2001-2006, se señalan aspectos que lue-
go serán retomados con claridad en la administración de Felipe Calderón
Hinojosa (2006-2012), y que como se verá más adelante también serían
planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) por el presiden-
te Enrique Peña Nieto11.
9 Brasdefer (2002, p. 36) dice: “El sistema nacional de seguridad pública es el mecanismo de
coordinación y concertación de acciones por excelencia entre los tres órdenes de gobierno, entre los
tres poderes de la Unión y entre el gobierno y la sociedad para instrumentar un combate decidido,
eficaz y transparente al crimen y la delincuencia en nuestro país. Es una herramienta de primer orden
que ha permitido al Estado sentar las bases institucionales de coordinación para avanzar hacia la
seguridad y tranquilidad de los mexicanos”.
10En octubre del 2009 regresaría a la Secretaría de Gobernación como organismo administrativo
desconcentrado.
11Brasdefer (2002, p. 35) señala que “los objetivos fundamentales que contiene el Programa Nacional
de Seguridad Pública 2001-2006 se centran en prevenir el delito para garantizar la seguridad
ciudadana: lograr la reforma integral de la cadena de seguridad pública, combatir la corrupción,
depurar y dignificar los cuerpos policiales; reestructurar integralmente el sistema penitenciario;
promover la participación y organización ciudadana en la prevención de delitos y fallas administrativas;
y establecer mecanismos de coordinación y cooperación con las instituciones integrantes del sistema
nacional de seguridad pública. Un elemento novedoso que incorpora este programa es que establece
la necesidad de incluir los indicadores de medición de resultados de la gestión pública, así como las
metas que se pretenden alcanzar a corto, mediano y largo plazo”.
1998
1999
2000
2001
2002
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Aportación
Estatal
Aportación
Federal
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Es, sin embargo, Genaro García Luna, que vive todo este proceso inicial en
posiciones subalternas, el que sistematiza de una forma más clara los pro-
blemas que deben ser enfrentados, y el que a lo largo de su periodo como
secretario de Seguridad Pública (2006-2012) establece una ruta clara a
seguir y desarrolla estrategias de difusión de la información y búsqueda
de consensos con diferentes actores políticos para transformar las estruc-
turas de seguridad públicas mexicanas.
Se ha afirmado al principio de este trabajo que la reforma del Sistema
Nacional de Seguridad Pública tiene un carácter profesional. Ello es debi-
do a que esta es producto de la reflexión, y de la evolución de un círculo
que acompaña a Genaro García Luna, en una larga trayectoria en el seno
de los diferentes cuerpos de seguridad pública mexicanos. Con base en la
experiencia, y a la formación recibida evalúan y dictaminan las debilidades
del sistema, y formulan un programa de transformaciones ambicioso y
complicado, pero que sin embargo consideran imprescindible para dotar a
México de un sistema policial moderno y eficiente12.
El libro de García Luna, aparecido en 2006, Contra el crimen. ¿Por qué 1661
corporaciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía en
México, es un programa maduro de gobierno y de transformación para el
sector de la seguridad pública, que el autor presenta al país antes de ser
nombrado secretario de Seguridad Pública. Con la confianza del presiden-
te Calderón, la reforma busca los apoyos políticos para que en el futuro se
consolide la hoja de ruta marcada. En la transición hacia este nuevo mode-
lo han tenido lugar intensas negociaciones políticas13, y ha aumentado la
importancia de las decisiones aprobadas por el Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública, coordinado durante esa administración por el presidente, y
con la presencia de todos los gobernadores mexicanos.
12En 1989 se crea el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Como se ha señalado más
arriba en 1994 se reforma la Constitución para que las entidades federativas y el Gobierno Federal
creen las policías preventivas en los órdenes estatal y federal. Como también se ha referido en 1999
se crea la Policía Federal Preventiva (PFP), adscrita a la Secretaría de Gobernación. En 2000 la
Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) y con ello la PFP pasa al mando de esta dependencia
(García Luna, 2011, p. 20). El secretario de Seguridad Pública del sexenio de Calderón ingresó en el
CISEN en el momento de la creación del Centro, desempeñándose en diferentes cargos hasta llegar
a ser subdirector de contrainteligencia. Recibió formación y especialización en diferentes partes
del mundo (EE. UU., España, Israel, Francia, Colombia y Japón). En 1999 se le nombra coordinador
de inteligencia para la prevención en la recién creada PFP. Dos años después es nombrado director
general de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, con la encomienda de transformarla
en la Agencia Federal de Investigación (AFI) (Garcia Luna, 2006, p. 9), desempeñándose en este
puesto hasta que es nombrado secretario de Seguridad Pública en el año 2006. Esta trayectoria
le permite participar de la creación y puesta en marcha de las principales agencias de seguridad
mexicana de los últimos dos decenios, y por lo tanto de estar en un proceso permanente de reflexión
profunda sobre las características del sistema y sus problemas. Además conoce los sistemas
policiales y de inteligencia más modernos en el mundo, y eso le permite seguir pensando sobre el
caso mexicano y su transformación desde una perspectiva comparada. En el momento de redactar
el libro publicado en el 2006 el ingeniero García Luna tiene una idea muy estructurada y clara de
cuáles debían de ser las transformaciones que a su juicio requería el sistema de seguridad pública
en México. Es por esta razón que se señala que la reforma que se impulsará tiene un componente
profesional y técnico determinante.
13Dec laratoria de la XXXVIII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Morelia,
Michoacán, 22 y 23 de marzo del 2010.
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En otro libro publicado por García Luna en 2011, El nuevo modelo de segu-
ridad para México, explicó con detalle los avances en el proceso de reforma,
y el espíritu que preside la transformación del sistema de seguridad pú-
blica en México. Para García Luna el cambio en el funcionamiento de las
estructuras de este sector no es un asunto partidista, es una necesidad
profesional, fundada en la reflexión y en el conocimiento profundo de las
dinámicas de la seguridad. Es por ello que se encomienda en ese libro a
que se mantenga en el futuro el camino marcado, y que impulsa a que
diferentes académicos reflexionen sobre aspectos fundamentales de la re-
forma propuesta, publicando los resultados en una colección de libros que
apareció editada por el Centro de Investigación y Estudios en Seguridad
(CIES) en septiembre del 201214.
Tabla 1. Evolución del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus
instituciones: 1989-2013
1. En 1989 se creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
2. Se creó la Coordinación de Seguridad Nacional (COSENA) en 1991, institución que no se conso-
lidó y desapareció en 1992.
3. En 1993 se aprobó la Coordinación Federal de Seguridad Pública.
4. En 1994 se presentó al Congreso de la Unión una reforma de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos a efectos de lograr el fortalecimiento del sistema de justicia y
seguridad en el país; consolidando las estructuras del poder judicial y de los órganos y sistemas
de seguridad pública. Las entidades federativas y el Gobierno Federal crearon las policías
preventivas en los órdenes estatal y federal.
5. En 1995 se publicó la ley general que estableció las bases de Coordinación del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública. También se aprobó por primera vez un Programa Nacional sobre
Seguridad Pública que abarcaría los años de 1995 al 2000.
6. Conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995; y luego en 1997 y 1998.
7. En 1997 el ejecutivo presentó una iniciativa para unificar las diferentes policías federales.
8. En 1998 se fortalece a las policías estatales que empezaron a recibir el Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
9. En enero de 1999 se creó la Policía Federal Preventiva (PFP). En abril del 2000 se expidió el
reglamento de la PFP.
10. En noviembre del 2000 se creó la Secretaría de Seguridad Pública, llevándose con ella la coor-
dinación y control del Sistema Nacional de Seguridad Pública que estaba en la Secretaría de
Gobernación, así como la Policía Federal Preventiva.
11. Genaro García Luna publica en el año 2006 el libro Contra el crimen. ¿Por qué 1661 corpo-
raciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía en México. Este es
un programa de transformación para el sector de la seguridad pública, que el autor presenta
antes de ser nombrado secretario de Seguridad Pública ese mismo año.
14Ver Rosas (2012); Arellano y Salgado (2012); Szekely (2012); Villa Vargas (2012); Sánchez Galindo
(2012); Alvarado Mendoza (2012); Barrachina (2012); Peláez Acero y Pedraza Madrid (2012). Todos
los títulos anteriores pertenecientes a la colección “El nuevo modelo de seguridad pública para
México. Una visión académica”, publicada en el 2012.
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federativas y municipios mexicanos (2008-2013)
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ISSN: 2225-5648, Año 6, Vol. 2, p. 31-79
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12. La estrategia de reforma del Gobierno de Calderón (2006-2012) parte de la idea de que las
corporaciones policiales y judiciales del país no están funcionando de forma adecuada, y de
que es necesario realizar una cirugía mayor a las mismas.
13. En el año 2008 se creó el SUBSEMUN para fortalecer a las policías municipales factibles.
14. En junio del 2008 se aprueba una reforma constitucional, y en enero del 2009 la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
15. En el 2009 se crea la actual Policía Federal.
16. En octubre del 2009 el Sistema Nacional de Seguridad Pública regresó a la Secretaría de Gober-
nación como Organismo administrativo desconcentrado.
17. El 6 de octubre de 2010 se presenta iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitu-
ción mexicana que permitieran la existencia de un mando policial único.
18. En el año 2011 se crea el Subsidio de Policía Acreditable (SPA) para profesionalizar las policías
estatales.
19. En el año 2013 desaparece la Secretaría de Seguridad Pública, y se crea la Comisión Nacional de
Seguridad, dependiente de la Secretaria de Gobernación.
Fuente: Elaboración propia.
La estrategia parte de la idea de que las corporaciones policiales y judi-
ciales del país no están funcionando de forma adecuada, y de que es ne-
cesario realizar una cirugía mayor a las mismas. La corrupción, la falta de
profesionalización y de incentivos económicos adecuados para los policías
se convierten en obstáculos que permiten cacicazgos antiguos, y lealtades
personales que generan círculos viciosos difíciles de romper.
El modelo policial propuesto requería de la voluntad política no solo de
la federación, sino también de los estados y los municipios, para que se
avanzara de una forma integrada, y era importante que fuera entendida
por todos los actores ante la necesidad de contar con convencimiento y
voluntad en orden a lograr su consolidación.
Los principales problemas tuvieron que ver con la estructura de la fuer-
za policial, y con las condiciones en las que se encontraba la misma. En
2008, el 90.3 % de los policías del país pertenecían a corporaciones esta-
tales y municipales. Sin embargo, de los 2,439 municipios del país, 417 no
contaban con policía; y más de la mitad tenían menos de 20 elementos en
su estructura. La cuarta parte de los policías municipales se concentraba
en las 25 corporaciones municipales más grandes, que se situaban en 16
estados de la República15. Este problema de distribución territorial dificul-
taba la presencia del Estado en todo el territorio, y facilitaba que, por su
tamaño y estructura, redes organizadas tuvieran mucha mayor capacidad
15México, Baja California, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí,
Chiapas, Coahuila, Sonora, Puebla, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Tamaulipas.
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federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
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de actuación que las policías municipales. Además, se encontraba una gra-
ve situación de déficit salarial de las fuerzas policiales que, en general, re-
cibían un salario que estaba muy por debajo de las necesidades básicas de
subsistencia. Otras circunstancias importantes eran la avanzada edad de
la mayoría de los elementos básicos, ya que el 48 % de estos tenía más de
36 años de edad; y el bajo nivel de escolaridad de los mismos. Estos datos
fueron señalados por García Luna, que presentó un informe el 3 de junio
del 2010 en la XXVIII Sesión del Consejo de Seguridad Pública (2010a)16, y
confirmados por el presidente Felipe Calderón cuando, utilizando los mis-
mos argumentos, presentó al Senado el 6 de octubre de 2010 su iniciativa
para reformar diversos artículos de la Constitución mexicana que permitie-
ran la existencia de un mando policial único. Los ejes básicos de la reforma
planteada en ese momento son los que se presentan en la tabla número 2.
Tabla 2. Elementos centrales de la reforma en seguridad pública
1Carrera policial. Depuración de elementos poco adecuados, señalando criterios de forma-
ción mínimos, edades para los diferentes rangos de la estructura, y diseño de escalas de mando
piramidalmente definidas en función de los elementos existentes. Rutinización de los controles
de confianza, estableciendo la obligatoriedad de que todos los elementos acrediten estudios to-
xicológicos, psicológicos, socioeconómicos y de polígrafo; aumento de los sueldos de los policías
acreditados.
2Modelo policial único. Con procedimientos estructurados; cadena de mando única en que si
las autoridades federales o estatales consideran que las policías de un nivel territorial inferior no
desarrollan sus funciones de forma adecuada, por incapacidad o corrupción, el mando pueda ser
asumido desde los órganos estatales o federales.
3Sistema de incentivos. Basado en objetivos que fortalezcan aspectos claves de los sistemas
de seguridad pública estatales y municipales.
4Cambios en las regulaciones legales. En junio de 2008 se aprueba una reforma constitu-
cional, y en enero de 2009 la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En octubre
de 2010 el presidente Calderón envía al Senado, para su aprobación, una serie de reformas consti-
tucionales para impulsar el mando único.
Fuente: Elaboración propia a partir de Barrachina y Hernández Mora, 2012.
Una de las circunstancias que complicaron la consolidación efectiva de las
políticas impulsadas fue la falta de continuidad de los titulares del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde 2006
hasta 2013 fueron siete los responsables de esta institución que se suce-
dieron en el puesto17. Esta alta rotación de funcionarios no colaboró de una
forma efectiva en la continuidad de las políticas. El nombramiento como
secretario ejecutivo de Monte Alejandro Rubido en 2013, en este caso no
16 Ver también Carvallo, 2010.
17Miguel Ángel Yunes Linares, Roberto Campa Cifrián, Monte Alejandro Rubido García, Jorge E. Tello
Peón, Juan Miguel Alcántara Soria, José Oscar Vega Marín, y de nuevo Monte Alejandro Rubido
García.
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por el ejecutivo, sino por el Senado de la República, implicó un grado de
consenso importante, e hizo presumir que su permanencia en el cargo
sería más duradera (ya había ocupado en 2008 esta posición). Si eso hu-
biera sido así, se habría contribuido a la consistencia de las políticas que
le fueron encargadas. Sin embargo, en 2014 fue promovido a comisionado
nacional de Seguridad Pública, y la SESNSP ha tenido hasta la fecha en
que se redactan estas líneas dos titulares más y un interino.
A pesar de estas rotaciones tan frecuentes, de los diferentes acuerdos de
las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública se pueden apre-
ciar algunas líneas de continuidad que se han consolidado en el tiempo:
1. Importancia de la transparencia y de que exista claridad en la infor-
mación a efectos de lograr consensos entre las diferentes fuerzas po-
líticas, y debate entre intelectuales especializados y actores de la so-
ciedad civil18.
2. Adecuación de las fórmulas de reparto de los programas de incentivos
económicos a estados y municipios a efectos de lograr repartos más
justos y equilibrados de dinero.
3. Insistencia en los procesos de evaluación y formación de los servidores
públicos, y apoyo para que los diferentes estados y municipios certifi-
quen a sus elementos, como paso previo para seguir profundizando en
la reforma del sistema de seguridad pública.
2.2. Programas de incentivos gubernamentales
La década de los noventa representa en México una nueva mirada hacia las
respuestas a los problemas de seguridad. Ya se ha señalado en el apartado
anterior que en ese momento se inician esfuerzos para coordinar a las di-
ferentes fuerzas de seguridad. Tras la conformación, en 1995, del Sistema
18En la XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tuvo lugar el 19 de noviembre
del 2010, Juan Miguel Alcántara Soria señalaba lo siguiente en relación a este punto: “A partir
del segundo semestre del 2010, el Centro Nacional de Información ha hecho pública la estadística
actualizada de incidencia delictiva de los últimos trece años, lo que constituye un parteaguas
en el manejo de la información de este tipo (…) Esta apertura obedece al reclamo legítimo de la
sociedad y al compromiso del presidente de la República y de este Consejo Nacional, de contar con
información oportuna, completa y confiable que permita la evaluación y seguimiento de las políticas
de seguridad y del desempeño de las instancias del sistema. Esto ha permitido que organismos
sociales y académicos cuenten con datos más oportunos para hacer los estudios de su interés,
contribuyendo con ello a informar mejor al país sobre la problemática de seguridad pública. En
el mismo sentido, el Centro está atendiendo las necesidades de información manifestadas por los
organismos sociales que participan en los diálogos por la seguridad, para facilitar su trabajo de
seguimiento. Como resultado de dichos diálogos por la seguridad, se ha conformado un grupo
técnico consultivo con la finalidad de emitir recomendaciones sobre la calidad y oportunidad de la
información y los mecanismos de acopio de datos necesarios para fortalecer el sistema” (Consejo
Nacional de Seguridad Pública, 2010b). Esta política se refleja también en el volumen de información
que se encuentra en la página web del secretariado.
Reforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
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Nacional de Seguridad Pública, en 1997 y 1998, respectivamente, se im-
plantaron dos programas que son fundamentales para apoyar muchos de
los cambios, especialmente en infraestructura y equipo de las diferentes
fuerzas policiales en México. El Fondo de Aportación para la Seguridad
Pública (FASP), destinado a las entidades federativas, y el Fondo para el
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal
(FORTAMUN), a las municipales, abren el camino para que los recursos
federales fluyan en orden a fortalecer las fuerzas de seguridad estatales y
municipales, fomentando la coparticipación de las entidades en el esfuer-
zo presupuestario.
La dispersión del gasto del FORTAMUN, el relativo “éxito” del FASP como
mecanismo que incentiva los esfuerzos conjuntos en el seguimiento de las
políticas federales, y la “urgencia” del gobierno del presidente Calderón
por transformar el sistema hace que en 2008 nazca el Subsidio para la
Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Dis-
trito Federal (SUBSEMUN), con la misma lógica que el FASP, pero en este
caso para apoyar la transformación de algunas policías municipales. En
2011 también se aprueba el SPA; probablemente el programa más ambi-
cioso e importante de la reforma promovida por Genaro García Luna. Este
es un mecanismo para impulsar unidades de policía estatal acreditadas,
que permite que muchos municipios sin capacidades descansen en una
fuerza que se pretende sea eficiente, eficaz y moderna. De momento este
programa, como se verá, ha tenido muchos problemas para implantarse,
y debería convertirse, si no se hubiera modificado la estrategia en el año
2016, en uno de los esfuerzos más serios de la nueva administración a
efectos de seguir transformando el sistema19.
En este apartado también se explica un programa menor de apoyo que
durante 2012 se implantó para apoyar la reforma sin necesidad de copar-
ticipación, el PROASP, ya desaparecido; y se analizará el primer programa
del gobierno de Enrique Peña Nieto, en temas de seguridad, que a través
de la Secretaría de Gobernación pretende impulsar con más decisión los
programas de Prevención del Delito.
2.2.1. FASP
El Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP) se empieza a
aplicar en 1998. Es uno de los programas más antiguos con el FORTAMUN
(1997), que pretende fortalecer las estructuras de las entidades federati-
vas de la seguridad pública en México. Este mecanismo, a diferencia de su
contemporáneo, únicamente se centra en aspectos de seguridad y desde
sus inicios es gestionado por el entonces recién creado secretario ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
19 Sin embargo, desaparece en el año 2016, momento en el que se escriben estas líneas.
Carlos Barrachina LisónReforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)
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En 1998 se formalizan los primeros convenios de coordinación para rea-
lizar acciones en materia de seguridad pública, en los cuales se acuerda
la constitución de un fideicomiso estatal para la distribución de fondos. El
Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) administraba recursos de la federa-
ción que se transferían a las tesorerías de los estados y del Distrito Federal.
Este fondo dejó de existir como FOSEG a partir de 2009, pues los recursos
se comenzaron a transferir a una cuenta bancaria específica de las entida-
des federativas. Estos fondos del Ramo 33 —aportaciones federales para
las entidades federativas y municipales—, que el ejecutivo federal otorga a
los estados y al Distrito Federal, se transfieren ahora de forma directa bajo
los criterios de cálculos y fórmulas que el Consejo Nacional de Seguridad
Pública determina, siendo exclusivamente para los fines de reclutamiento,
formación, selección, evaluación y depuración; equipamiento; red nacional
de telecomunicaciones; construcción, mejoramiento o ampliación; segui-
miento y evaluación.
En el informe de actividades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública correspondiente al período de diciembre de
2011 a junio de 2012, presentado en la XXXIII Sesión del Consejo Nacional
de Seguridad Pública se muestra una gran preocupación por el ejercicio
oportuno de los recursos del FASP20, estableciéndose un reto: “Diseñar
una fórmula para la distribución del FASP que reconozca el resultado ob-
tenido por las entidades federativas en la evaluación y depuración de los
cuerpos policiales, el combate a la delincuencia y su contribución al siste-
ma nacional de información”. Mientras se logra esta fórmula se mantienen
vigentes para el ejercicio fiscal 2013 los criterios de asignación, fórmulas y
las variables de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que se utilizaron
para el ejercicio fiscal 201221. Estos privilegian que los recursos de este
fondo se destinen ala regulación de la selección, ingreso, formación, per-
manencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes
de las instituciones de seguridad pública; el establecimiento de bases de
datos criminales y de personal para las instituciones de seguridad públi-
ca; la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión
de delitos; y la participación de la comunidad que coadyuva, entre otros,
en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así
como de las instituciones de seguridad pública. También se señala que las
entidades federativas deberán priorizar en la distribución a los municipios
que no fueron beneficiados por el Subsidio para la Seguridad Pública de
los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSE-
MUN)22. Para ejercer este recurso las entidades federativas deben estable-
20 También por el del resto de programas federales analizados en este trabajo.
21 Aprobados en la XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada el 31 de octubre del
2011.
22 Lo que aparentemente iría en contra del propio espíritu de la reforma que busca reducir las corporaciones
municipales únicamente a las que se pueden sostener de forma autónoma.
Reforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
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cer una cuenta bancaria específica para el FASP y otra para la aportación
estatal, que no debe ser menor a un 25 %, de lo invertido por la federación
por cada ejercicio fiscal.
2.2.2. FORTAMUN
El Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del
Distrito Federal (FORTAMUN), creado en 1997, es el más antiguo de los
programas que se presentan a la consideración de este trabajo, y que
apuntala financieramente la seguridad pública de las entidades federati-
vas.
Este está distribuido por el ejecutivo federal a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y destinado desde su origen a respal-
dar las finanzas de los municipios y a apoyar su saneamiento financiero,
así como a fortalecer las actividades de seguridad pública y a coadyuvar
en la satisfacción de sus necesidades operativas.
Según el Libro blanco del SUBSEMUN (SESNSP, 2012a, p. 52), el FORTA-
MUN es el fondo del Ramo 33, al que también pertenece el FASP, que tiene
la menor cantidad de restricciones para su ejercicio, debido a que la ley
de coordinación fiscal establece en su artículo 37 que los municipios y
delegaciones del DF destinarán los recursos del Fondo para la satisfacción
prioritaria de los siguientes rubros: cumplimiento de obligaciones finan-
cieras; pago por derechos y aprovechamiento por concepto de agua; y
atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública
de sus habitantes, sin entrar en mayor detalle.
Este recurso es muy importante económicamente hablando. Solo entre
2009 y 2013 los estados mexicanos recibieron 283,269 millones de pe-
sos23 para destinar entre los municipios de sus entidades. La dispersión
del destino del ejercicio, y la falta de control y de rendición de cuentas
cualitativas, hacen que no se sepa con certidumbre la cantidad de dine-
ro que a través del FORTAMUN se destinó a la seguridad pública de los
municipios de las entidades federativas; ni tampoco los criterios de los
diferentes estados para seleccionar los municipios y los programas a los
que este recurso se destinó.
Sin embargo, a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación del
año 2010, aprobado el 7 de diciembre del 2009, se obliga a los estados
a coordinarse con el SESNSP a efectos de que por lo menos el 20 % de
este recurso se destine a la atención de necesidades directamente vin-
23 Las cantidades presupuestadas para el FORTAMUN se han extraído de los Presupuestos de Egresos de
la Federación desde el año 2009 al 2013, que se publican en el anualmente.
Para extraer la cantidad de recursos destinados a la seguridad se calculó el 20 % de los mismos desde el
2010 al 2013.
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federativas y municipios mexicanos (2008-2013)
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culadas con la seguridad pública. Así se prevé el establecimiento de una
cuenta bancaria específica para ejercer este recurso y se señala que este
porcentaje de dinero se distribuya entre los municipios “conforme a crite-
rios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del
Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización,
equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura” (Diario Oficial
de la Federación, 2009). Desde 2010 a 2013, como se podrá apreciar más
adelante, el 20 % de este recurso representa 47,211 millones de pesos.
No es posible identificar cuánto dinero del FORTAMUN se destinó a seguri-
dad desde 1997 hasta 2010, ni si algún estado superó el 20 % mínimo que
se señala por ley, pero sin duda este es uno de los fondos más importantes
de fortalecimiento de la seguridad pública municipal.
2.2.3. SUBSEMUN
El SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) es uno de los dos meca-
nismos más importantes de fortalecimiento y transformación de la estruc-
tura policial que se implantan durante el sexenio de Felipe Calderón. Como
se ha señalado, una de las preocupaciones principales era, por una parte,
el gran número de corporaciones municipales existentes en México y, por
otra, la ineficacia de las mismas por su escaso tamaño, falta de recursos y
escasa profesionalidad de sus integrantes.
A partir de 2008 se crea este programa federal que debe estar copartici-
pado por los municipios para “rescatar” a un número razonable de corpo-
raciones policiales que puedan autosostenerse en el futuro ayudándoles a
superar diferentes problemas y a enfocar políticas específicas. El segundo
mecanismo implantado por esta administración fue el SPA (Subsidio para
la Policía Acreditable) que se destinó a crear unidades certificadas de po-
licías estatales que deberían desarrollar funciones allá donde las policías
municipales no llegaran, o no existieran por su falta de viabilidad.
En 2013 de las casi 2000 corporaciones policiales que señalaba García
Luna que existían en 2006, solo se apoyó económicamente a 246. De es-
tas, de forma importante o moderada son 37 corporaciones policiales las
que reciben más de 20 millones anuales para que se logren alcanzar los
fines del programa24. Así de los 32,540 millones de pesos aportados por la
federación y los municipios a través del SUBSEMUN desde 2008 a 2013,
son 37 municipios los que reciben 18,478 millones. Es decir que el 15 %
de los municipios contemplados, todos municipios con grandes núcleos
urbanos, concentran el 56.8 % de los recursos.
24 Se encuentran en la tabla 10 de los anexos.
Reforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
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Se señala en el Libro blanco sobre el SUBSEMUN, editado por el SESNSP
(2012, p. 13), que el objetivo es:
fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los
municipios y, en su caso, de los estados cuando tengan a su cargo la
función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como
del gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones territoriales,
a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Pro-
gramas con Prioridad Nacional25.
Tabla 3. Número de municipios del SUBSEMUN por zonas del país; y
recursos federales y municipales invertidos
(en millones de pesos y dólares en el total)
Zona2008 2009 2010 2011 2012 2013Recurso
federal
Recurso
municipal
Recurso
Total en
pesos
Porcentaje
y total en
dólares
Centro46 56 63 63 76 85 7708.2 2378.710,086.928.7 %
Noroeste 25 32 33 36 36 37 3993.1 1195.6 5188.7 14.8 %
Occidente2848454945516425.41851.18276.523.6 %
Noreste22 27 29 31 29 2952411588.36829.3 19.5 %
Sureste28 43 34 43 48 4436461039.34685.3 13.4 %
Totales149 206 204 222 234 24627,013.7805335,066.72657
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aparecidos en el Libro blanco del SUBSEMUN
(2012), y de los convenios firmados entre la federación y los estados correspondientes al
año 2013.
El SUBSEMUN debe destinarse a la profesionalización, al equipamiento de
los cuerpos de seguridad pública, al mejoramiento de la infraestructura de
las corporaciones y a la prevención social del delito con participación ciu-
dadana, así como a la operación policial a partir de 2009 y 2010. Durante
su existencia el subsidio individual no ha sido inferior a los 10 millones de
25De forma más concreta, según el Libro blanco del SUBSEMUN (SESNSP, 2012, p. 14) se persiguen
los siguientes objetivos específicos: fortalecer los factores de protección de la población mediante
intervenciones integrales y coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y
sociales; promover una política que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan
los factores de riesgo que propician la violencia y delincuencia organizada desde antes que ocurran
los eventos que las detonan; incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la
ciudadanía mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas; fortalecer
la profesionalización a través del establecimiento del servicio profesional de carrera policial, así
como el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; apoyar la construcción y mejoramiento de las instalaciones de
seguridad pública municipal a fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a
cabo la operación y funcionamiento de la policía en los municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal; promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización
de la información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad,
homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
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pesos, a excepción de 2008 —cuando fue de 9 millones— ni ha excedido
los 95 millones, excepto también en 2008 que como máximo ascendió a
104,093 millones, lo que se ha complementado de un 33 a un 20 % por
los municipios26.
Hay un acuerdo de elegibilidad que cada año se publica en el Diario Oficial
de la Federación en el que se establecen las reglas, los criterios y las fórmu-
las para acceder al recurso. Se prioriza según el número de población y la
incidencia delictiva, definidas por el INEGI; y también se considera si los
municipios son destinos turísticos, o forman parte de zonas fronterizas;
son considerados “conurbados”, o se encuentran muy próximos geográfi-
camente a áreas prioritarias.
En el Libro blanco (SESNSP, 2012, pp. 21-26) se especifica lo que debe
interpretarse por los principales rubros que pretende apoyar:
• Profesionalización: las reglas del SUBSEMUN establecen que los re-
cursos para la profesionalización deben cubrir la evaluación integral
y los exámenes médicos de personal, así como su proceso formativo
mediante el diseño y la habilitación del servicio profesional de carrera
policial.
• Infraestructura: los recursos del SUBSEMUN, que se destinan al me-
joramiento de la infraestructura de las corporaciones de seguridad
pública, se pueden aplicar a la construcción de centros de seguridad
pública municipal, de profesionalización, de mandos de policía muni-
cipal, de control de radio y de inteligencia.
• Plataforma México: los municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal que obtengan recursos del SUBSEMUN se obligan a
asignar personal —previamente capacitado y evaluado— para integrar
una unidad de análisis, consulta y captura de la información, respon-
sable de cargar la información correspondiente al sistema Plataforma
México.
• Equipamiento: El catálogo de bienes del SUBSEMUN tiene por objeto
establecer los bienes y las especificaciones generales del equipamien-
to de las policías municipales, así como de los necesarios para el desa-
rrollo de los proyectos de prevención social del delito con participación
ciudadana, del Sistema Nacional de Información de Seguridad Públi-
ca, así como para la operación policial e interconexión a la red nacional
de telecomunicaciones del SNSP.
26 La utilización de los recursos de esta coparticipación ha sido variable: en 2008 fue para la
renivelación salarial de los elementos policiales; en 2009 y 2010, para mejoras de condiciones
laborales, operación policial y prevención del delito con participación ciudadana; en 2011 y 2012,
para reestructuración y homologación salarial, mejora de condiciones laborales y prevención social
del delito.
Reforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
ISSN: 2225-5648, Año 6, Vol. 2, p. 31-79
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• Operación policial: Los municipios y las demarcaciones del Distrito
Federal deben promover la reestructuración del estado de fuerza de
sus corporaciones, bajo un esquema de jerarquización terciaria que se
ajuste al modelo establecido en el sistema de desarrollo policial, como
lo es la célula básica27.
• Prevención del delito con participación ciudadana. Este destino de
gasto busca promover la intervención coordinada de instituciones
públicas y privadas, así como de otros actores sociales que generan
contextos de violencia y delincuencia. Esta estrategia pretende reducir
riesgos y busca generar una cultura que favorezca la resolución pací-
fica de conflictos y la creación de comunidades seguras. Se propone
el diseño, implementación, control y evaluación de políticas públicas,
con la participación de la ciudadanía organizada y de empresas priva-
das, orientadas a prevenir fenómenos de inseguridad, violencia y de-
lincuencia, actuando directamente sobre las causas que las generan a
través de esquemas de prevención del delito28.
En la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (2012b),
que tuvo lugar el 2 de agosto del 2012, se aprobó etiquetar el 20 % del
recurso SUBSEMUN para proyectos de “Prevención social con participa-
ción ciudadana”, y se determinaron los proyectos obligatorios para los
municipios beneficiados, que serían los siguientes: diagnóstico local sobre
los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia; plan de
prevención social de la violencia y la delincuencia; capacitación a servido-
res públicos en seguridad ciudadana; prevención de accidentes y conduc-
tas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas entre jóvenes.
27Los municipios deben crear: : que deberá procesar los informes policiales y contar
on capacidad para hacer consultas de información criminal; ,
encargada de efectuar el análisis e inteligencia y de permitir las consultas de información criminal,
así como de revisar el desarrollo de los procesos a través de tableros de control y otros instrumentos
de evaluación y seguimiento; , para llevar a cabo actividades de su adecuado
alertamiento, colaboración y georeferencia. Estas áreas deben estar integradas por personal que
asegure su adecuado funcionamiento, por lo que previamente debe ser evaluado y capacitado para el
desempeño de este tipo de labores.
28Elaboración de diagnósticos locales sobre la realidad socioeconómica y cultural de ciertos núcleos
de población, para identificar las causas raíz de la violencia y la delincuencia; la capacitación de
los elementos de los elementos de seguridad pública en temas específicos de prevención del delito;
la creación y puesta en marcha de consejos ciudadanos municipales que funjan como órganos de
consulta y de evaluación a la autoridad, la creación de unidades especializadas de la policía para la
atención de la violencia intrafamiliar y de género; el apoyo a jóvenes que participan en pandillas para
convertir a sus organizaciones en actores de la paz, y la integración de programas de policía escolar
en colonias con alto y mediano índice de violencia, con el concurso y apoyo de los centros escolares
de la zona. Los proyectos de esta naturaleza se encuentran establecidos en un catálogo de proyectos
de prevención del delito con participación ciudadana. Este catálogo está encaminado a orientar las
acciones de los estados, municipios y demarcaciones para la construcción de comunidades seguras
con mayor calidad de vida.
Carlos Barrachina LisónReforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)
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ISSN: 2225-5648, Año 6, Vol. 2, p. 31-79
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2.2.4. SPA
Lograr que se consoliden en las entidades federativas unidades policiales
acreditadas es el objetivo y el pilar más importante de la reforma planteada.
El gran problema que se había identificado, en relación con las fuerzas de
seguridad de las entidades federativas y locales, era el excesivo número de
policías municipales sin capacidad real de operación, y la falta de profesiona-
lidad y de condiciones de carrera que se tenían en buena parte de las policías
estatales y municipales.
El Subsidio para la Policía Acreditable (SPA) persigue crear módulos policia-
les que cumplan con requisitos objetivos de ética y profesionalidad. Desde
2011 se ha estado impulsando con este apoyo federal que los estados mejo-
ren en este sentido sus policías para poder implantar de una forma efectiva
“el mando policial único”, que de forma subsidiaria debe apoyar la provisión
de seguridad allá adonde las corporaciones policiales locales no sean capa-
ces de responder. Como se verá, los resultados han sido muy limitados, y
la mayoría del presupuesto destinado para este programa no se ha podido
ejecutar porque las entidades federativas no han estado en condiciones de
mostrar sus avances de una forma adecuada.
El objetivo del SPA era crear módulos policiales compuestos por 420 poli-
cías, ordenados en una unidad de análisis táctico, compuesto por 30 policías;
una unidad de investigación integrada por 100 elementos; y una unidad de
operaciones por 27029. Los candidatos para integrar este módulo tenían que
acreditar unos requisitos mínimos de escolaridad, superar los controles de
confianza y recibir cursos de formación específicos para desarrollar de forma
profesional sus funciones. Estaba previsto además que se integraran en un
esquema de carrera policial y que recibieran incentivos como seguro de vida,
becas para la educación de ellos y sus hijos, fondo de ahorro, apoyo para la
vivienda, seguro de gastos médicos mayores, entre otros (SNSP, 2011).
En el Informe de actividades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública correspondiente al período de diciembre de 2010 a
mayo de 2011 que se presentó en la XXX Sesión del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública, Juan Miguel Alcántara estableció un plan de implementación
para el primer módulo de la policía estatal acreditable, y una serie de retos
entre los que destacaba convocar aproximadamente a 50,000 aspirantes con
objeto de hacer una selección adecuada de los mismos, y contar con 992 po-
licías a nivel nacional para la unidad de análisis táctico, 3410 elementos para
la unidad de investigación y 7768 elementos para la unidad de operaciones.
Se estableció un convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para
la difusión y promoción, atendiéndose en un principio solo 18,161 solicitu-
29En 2012 se añadió la posibilidad de impulsar módulos de policías ministeriales acreditables y de
custodios acreditables para los centros de readaptación social otorgándoseles la posibilidad de acceder
al recurso.
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des; a principios de 2012 los candidatos atendidos serían ya 42,342. El reto
que se planteó en este momento fue:
formar y capacitar a 11,749 elementos de las diferentes unidades y ni-
veles jerárquicos, en áreas que fortalezcan sus valores éticos y morales
y sus conocimientos jurídicos básicos. Al mismo tiempo, se capacitará
en las especializaciones de análisis táctico, investigación y operacio-
nes. El programa prevé la preparación de los mandos en cada unidad
operativa al más alto nivel en los temas de liderazgo; para ello se elabo-
ró junto con la Universidad Iberoamericana el diseño del curso “Valores
éticos y jurídicos”, en el cual se editó la pedagogía para enseñar valores
a los policías del país y se implementó la estrategia para formar instruc-
tores locales denominados “multiplicadores” con el propósito de difun-
dir el conocimiento de la primera unidad de valores éticos y jurídicos,
al que asistieron 302 instructores de 31 entidades federativas (Consejo
Nacional de Seguridad Pública, 2012a).
Como se ha señalado, los avances logrados por este programa han sido me-
nores. En 2011, 28 entidades suscribieron el convenio, 11 (39.3 %) accedie-
ron a la tercera administración, toda vez que, de las 17 restantes, 6 (21.4 %)
no cumplieron con la meta convenida, y 11 (39.3 %) no remitieron la infor-
mación respecto del avance en el cumplimento de las metas comprometidas,
por lo que no se les otorgó el subsidio (SESNSP, 2012a). A mediados de 2012
solo Chiapas, Distrito Federal y Sonora habían accedido a la segunda admi-
nistración de recursos de la bolsa concursada en el ejercicio del año 2012
(SESNSP, 2012c).
No ha sido posible por el autor determinar el número de unidades acredita-
das en el país. Quizá las incertidumbres abiertas por el proceso electoral de
julio de 2012, las discusiones abiertas sobre la bondad el “mando único”, y
las expectativas sobre la creación de la “Gendarmería” han generado incerti-
dumbre; o han sido las dificultades propias del proceso de conformación de
estos módulos policiales las que han conspirado en contra de este propósito,
pero la realidad es que los avances son limitados (a pesar de que pueda en-
contrarse alguna excepción)30.
En la segunda y tercera convocatorias de los fondos se redujo la cantidad de
100 millones de pesos que se ofrecieron en 2011 por cada unidad acredita-
da, a 60 millones, y en esta ocasión fueron suscritos los convenios por todos
los estados. Teniendo en cuenta que, si no se ejercen de forma adecuada los
recursos, estos deben ser reintegrados a la federación, puede interpretarse
que existió una moderada voluntad política tanto por parte de la federación
30A pesar de lo apuntado, el secretario Vega fue bastante optimista en el Informe de actividades del
secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiente al período diciembre 2011
a junio de 2012, presentado en la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, al señalar
que “los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, DF, Guer rero, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Sonora superaron la meta del 90 % en la implementación del modelo
de policía estatal acreditable”, y que “en la actualidad 10,378 elementos policiales se encuentran en
operación bajo este nuevo esquema de policía acreditable” (Consejo Nacional de Seguridad Pública,
2012b).
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como de las entidades federativas de seguir avanzando en este pilar tan
importante de la reforma.
2.2.5. PROASP
El subsidio de apoyos a las entidades federativas en materia de seguridad
pública (PROASP) solo tuvo vigencia durante 2012. A fin de cumplir el acuer-
do 05/XXX/2011 del Consejo Nacional de Seguridad Pública se crearon
diversos grupos de trabajo para reducir los índices de los delitos de mayor
impacto social como son homicidios dolosos, el secuestro, la trata de per-
sonas, la extorsión y el robo en sus diversas modalidades. Estos grupos
estuvieron conformados por representantes de la Federación y de las entida-
des federativas, alcanzando acuerdos en temas de interés para la seguridad
pública, y consolidando una serie de programas a los que se les catalogó de
prioridad nacional y fueron aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
De ello se derivó que en el presupuesto de egresos de la federación 2012
se autorizara el subsidio para el otorgamiento de programas de apoyo a
las entidades federativas en materia de seguridad pública (PROASP), con
un monto de 3000 millones de pesos, que respondía a las preocupaciones
señaladas anteriormente y que fueron reflejadas por José Óscar Vega en
el Informe de actividades del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública correspondiente al periodo de noviembre de 2011 a
enero de 2012, presentado en la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública que tuvo lugar el 29 de febrero 2012. Este confirmó que:
estos recursos federales deben ser distribuidos a las entidades federa-
tivas en los quince programas con prioridad nacional que se describen:
1. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación
ciudadana; 2. Acceso a la justicia para las mujeres; 3. Fortalecimiento
de las capacidades de evaluación en control de confianza; 4. Profesiona-
lización de las instituciones de seguridad pública (carrera ministerial y
pericial, profesionalización SIDEPOL, profesionalización SPA); 5.Instru-
mentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS); 6. Imple-
mentación de los centros de operación estratégica (COES); 7. Unidad
de inteligencia patrimonial y económica (UIPES); 8. Huella balística
y rastreo computarizado de armamento; 9. Nuevo sistema de justicia
penal; 10. Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas
del sistema penitenciario nacional; 11. Red nacional de telecomunica-
ciones (radiocomunicación); 12. Servicio de llamadas de emergencia
066 y de denuncia anónima 089; 13. Sistema Nacional de información
(bases de datos); 14. Registro público vehicular; 15. Evaluación de los
programas con prioridad nacional (Consejo Nacional de Seguridad Pú-
blica, 2012a).
Ese año los recursos se concursaron siguiendo esos quince programas que
habían sido identificados como prioridad nacional entre los estados que se
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presentaron a la convocatoria. La primera administración del PROASP fue
entregada a 30 de 32 entidades que cumplieron con el requisito.
2.2.6. Prevención
El concepto de prevención social del delito ha estado presente desde las
primeras reflexiones que han tenido lugar en todo el proceso de reforma.
La conformación de los módulos policiales acreditados, programas en el
FASP, en SUBSEMUN, y en PROASP, han tenido como uno de sus ejes prio-
ritarios “la prevención social”, y han tratado de establecer mecanismos
para desahogar esta preocupación.
Tanto en el Pacto por México, como en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, el presidente Peña Nieto hace de la prevención uno de sus
referentes, estableciéndolo como prioridad. De esta forma, además de los
programas que ya están en marcha y que contemplan esta variable en el
presupuesto de egresos de la federación, para el año 2013 se estable-
cieron varios programas relacionados con la prevención, destinándose en
concreto una partida de 2,500 millones de pesos que debe ser distribuida
entre las entidades federativas para desarrollar programas relacionados31.
Para el 2014 se invirtieron 2,595 millones de pesos, y para el 2015 2,683
(CEFP, 2015).
Otros programas relacionados con la prevención social del delito en su
conjunto reciben en este ejercicio un total de 118,802 millones de pesos, y
se distribuyen en diferentes rubros entre las secretarías de Gobernación32,
31Así en el artículo 10, apartado B del presupuesto del 2013 se señala: “$2,500,000,000 para el
otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. Dichos
recursos se otorgarán a aquellas entidades federativas que cumplan los lineamientos que para tal
efecto emita el ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación. Los lineamientos que
para el efecto emita el ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más tardar
el 15 de febrero, contendrán, por lo menos, la distribución de los recursos a las entidades federativas
bajo criterios de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial de las instituciones
estatales de seguridad pública, así como las bases para la evaluación de la aplicación de dichos
recursos y sus resultados. El ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a más
tardar el 31 de marzo, deberá suscribir convenios específicos con las entidades federativas que
deseen adherirse a estos subsidios” (Diario Oficial de la Federación, 2013).
32Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación; realizar, promover y
coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales; promover la atención
y prevención de la violencia contra las mujeres; desarrollo y aplicación de programas y políticas
en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana; promover
la prevención, protección y atención en materia de trata de personas; actividades para contribuir
al desarrollo político y cívico social del país; divulgación de las acciones en materia de derechos
humanos; provisión para la creación de la Gendarmería; otorgamiento de subsidios en materia de
seguridad pública a entidades federativas, municipios y el distrito federal; otorgamiento de subsidios
para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal; Programa Nacional de Prevención
del Delito.
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Hacienda y Crédito Público33, Defensa34, Comunicación y Transportes35, y
Educación Pública36.
En el primer mensaje a la nación que Enrique Peña Nieto ofreció el 1 de
diciembre del 2012 estableció el compromiso de aprobar un Plan Nacional
de Prevención del Delito, compromiso que también se encuentra acorda-
do en el Pacto por México37. En febrero del 2013 aparecieron publicadas
las bases del programa nacional en el documento “Bases del programa
nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia e insta-
lación de la Comisión Intersecretarial” que hizo público la citada Comisión
intersecretarial para la prevención social de la violencia y la delincuencia
integrada por las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público,
Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación
Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.
Las bases conceptuales sobre las que pivota el acuerdo son las siguientes:
1. El paradigma de la convivencia y seguridad ciudadana; 2. La perspectiva
de prevención social de las violencias y la delincuencia; 3. El modelo de
seguridad ciudadana; 4. Ciudades Seguras; 5. Perspectiva de Derechos
Humanos; 6. Inclusión social; 7. Cohesión comunitaria (Comisión Interse-
cretarial, 2013, p. 23).
Según el documento de la Comisión, el Programa Nacional de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia debe contribuir a proveer a las per-
sonas protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, a través de
las siguientes estrategias:
33Atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas; detección y prevención de
ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero.
34Derechos humanos; sistema educativo militar; Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la
Defensa Nacional; programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN.
35 Programa de Empleo Temporal (PET).
36Impulso al desarrollo de la cultura; producción y transmisión de materiales educativos y culturales;
promoción y fomento de libros y la lectura; construcción y equipamiento de espacios educativos,
culturales y deportivos; producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales
y comerciales; atención al deporte; generación y articulación de políticas públicas integrales de
juventud; apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA);
universidad virtual; diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física
educativa; formación y certificación para el trabajo; programa de educación inicial y básica para
la población rural e indígena; proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología; proyectos
de infraestructura cultural; proyectos de infraestructura social de educación; fortalecimiento a
la educación y la cultura indígena; programa de educación básica para niños y niñas de familias
jornaleras agrícolas migrantes; programa para el fortalecimiento del servicio de la educación
telesecundaria.
37 Los objetivos generales del programa son los siguientes: establecer los objetivos, prioridades,
principios, lineamientos, ejes y programas que articulan la planeación, diseño, ejecución y evaluación
de las políticas públicas de prevención de las violencias y la delincuencia en los tres órdenes de
gobierno e integrando la participación del sector social, para construir comunidades más seguras,
cohesionadas e inclusivas. Posicionar las políticas de prevención de las violencias y la delincuencia
como una prioridad en la agenda pública y ciudadana para garantizar los derechos de las personas
y para recuperar la paz (Comisión Intersecretarial, 2013, p. 21).
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federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
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1. La incorporación de la prevención como elemento central de las
prioridades en la calidad de vida de las personas; considerando al ciu-
dadano y a los jóvenes en el centro de las políticas de seguridad y de
desarrollo social; 2. El diagnóstico situacional a través del análisis sis-
temático de los problemas de la delincuencia, sus causas, los factores
de riesgo y las consecuencias; 3. Los diagnósticos participativos; 4. El
fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribucio-
nes se encuentren relacionadas con la materia objeto del Programa, lo
cual incluirá la realización de seminarios, estudios e investigaciones
o programas de formación entre otros, para asegurar que sus interven-
ciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles; 5. La mo-
vilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales
que tengan capacidad para abordar las causas y prevenir factores de
riesgo, incluyendo a la sociedad civil; 6. El desarrollo de estrategias de
prevención social de las violencias y la delincuencia; y 7. El monitoreo
y evaluación continuos (Comisión Intersecretarial, 2013, p. 20).
Para ello establecen una serie de objetivos particulares entre los que des-
tacan la ampliación de la intervención de la sociedad, especialmente de
los jóvenes, en el diseño de las políticas de prevención; el fomento de una
cultura de la paz, y la intervención para mejorar las pautas de conviven-
cia; estableciéndose en el citado documento las siguientes prioridades de
intervención:
• Prioridades por grupos poblacionales: juventudes.
• Prioridades por tipo de violencia: violencia social, violencia institucio-
nal y violencia familiar y de género.
• Prioridades por ciudades, zonas y regiones: ciudades con alta y me-
diana conflictividad delictiva y social, zonas turísticas y conurbaciones.
• Prioridades de la participación ciudadana: integrar a la ciudadanía en
los procesos de adopción e implementación de decisiones.
• Prioridades por factor de riesgo: medir, detectar y prevenir factores
precursores o detonadores de distintos tipos de violencia o factores
que debilitan la convivencia, la seguridad y la cohesión comunitaria.
3. La seguridad pública en México: cifras e interpretaciones
(2008-2013)
La inversión en seguridad en México ha aumentado de forma importante
desde 2000 hasta la fecha (Aguayo y Benítez Manaut, 2012, p. 145). Es
especialmente significativo este incremento a partir de 2008. En la tabla
4 se observa un concentrado de los esfuerzos que México ha realizado
en este sector38. Entre 2008 y 2013 se ha alcanzado una cifra récord de
38 No se ha incluido ni el presupuesto del Centro de Información de Seguridad Nacional (CISEN), ni algunos
de los programas analizados en este trabajo (SPA, PROASP, Prevención). Tampoco se ha querido insistir
en el apoyo estadounidense a partir de la Iniciativa Mérida, que se encuentra bien analizado en el Atlas de
la Seguridad y la Defensa de México (Aguayo, Benítez, 2012). Se ha querido presentar en esta tabla las
partidas presupuestarias más importantes en relación al gasto en seguridad en México.
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gasto, superior a un billón doscientos tres mil millones de pesos —unos
97,801 millones de dólares—. La Secretaría de Defensa y la de Marina
se han encontrado en la vanguardia de la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado; y la Secretaría de Seguridad Pública, junto con la Pro-
curaduría General de la República, han atravesado un proceso de intensa
transformación, a efectos de que el país cuente con unas fuerzas de segu-
ridad eficientes, y puedan las fuerzas armadas regresar a los cuarteles lo
más rápido posible.
Lo que pocas veces se muestra, y queda reflejado en la tabla 4, es el gran
esfuerzo presupuestario que tanto las entidades federativas, como la fe-
deración están realizando para consolidar las estructuras de seguridad.
Estas ocupan el porcentaje más grande del gasto en seguridad que México
realiza por la importancia estratégica que tienen las entidades en el pro-
ceso de garantizar la seguridad de los ciudadanos mexicanos. La inversión
de las entidades federativas en seguridad pública y procuración de justicia
ha sido entre el año 2008 y el 2013 de 405,215 millones de pesos, siendo
este el rubro más elevado que se presenta en esta tabla. Por otra parte, los
programas federales más importantes de apoyo a las entidades suponen
125,529 millones de pesos, lo que supera el gasto tanto de la Secretaría
de Marina como de la Procuraduría General de la República.
Tabla 4. Presupuesto de seguridad y defensa en México 2008-2013
(en millones)
2008 2009 2010201120122013Total Porcentaje
SEDENA 34,86143,62343,63250,03955,61160,811288,57724 %
SEMAR 13,38216,05915,99118,27019,67921,865105,2468.7 %
Seguridad
Pública 19,71132,91632,43735,51940,53641,217202,33616.8 %
PGR 9,30712,30911,78111,99714,90515,76176,0606.3 %
Entidades
federativas 48,81158,81763,36971,17774,99388,048405,21533.7 %
FASP/SUBSEMUN/
FORTAMUN 12,66514,49422,72424,07125,31126,264125,52910.5 %
Total en pesos138,737178,218189,934211,073231,035253,9661,202,963100 %
Total en dólares11,27914,48915,44217,16018,78320,64797,801100 %
Fuente: Elaboración propia a partir de cuadro 1 del anexoPresupuesto de seguridad y Defen-
sa en Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2012, p. 145; Presupuesto de egresos de la
federación; rubros entidades federativas y FASP/SUBSEMUN/FORTAMUN.
Es objeto de este apartado, y principal aportación de este trabajo, explicar
el gasto en seguridad realizado en las entidades federativas y municipales,
y realizar algunas preguntas referentes al destino de este esfuerzo presu-
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puestario, así como sobre los mecanismos creados para asegurar que los
recursos invertidos están logrando de forma efectiva la provisión de una
mayor seguridad.
En la tabla 5 se aprecia la evolución anual de los diferentes estados, mien-
tras que en la tabla 6 se encuentra un concentrado de todos los progra-
mas que tienen que ver con la provisión de seguridad en las diferentes
entidades del país, incluyéndose la totalidad de los programas explicados
en apartados anteriores. En anexos se encuentran tablas en las que se es-
pecifica el gasto per cápita que se destina en las entidades federativas a la
seguridad, distinguiéndose entre el que desarrollan las entidades, y el que
se complementa con el apoyo que reciben de los diferentes programas de
la federación. También se encuentra en anexos otra tabla en la que se se-
ñalan los índices de homicidios existentes en los diferentes estados. Esta
información se presenta con el objeto de ayudar a comprender la lógica de
la distribución presupuestaria federal, y las políticas que han seguido las
diferentes entidades federativas.
Tabla 5. Presupuesto de seguridad pública y procuración de justicia
por entidad federativa (2008-2013)
(en millones de pesos, y en el total de dólares)
Entidad2008 2009 2010 2011 2012 2013TotalPorcentaje
Aguascalientes390,324 553,344 705,027710,437 623,930 707,355 3,690,4170.9 %
Baja California1,963,1292,217,0022,435,4022,610,2892,834,7362,586,52514,647,0833.6 %
Baja California
Sur 381,692 420,913 487,431 535,720 616,425 658,869 3,101,0500.8 %
Campeche243,955 382,010 508,537 567,382 604,864 665,181 2,971,9290.7 %
Coahuila1,551,775 1,168,954 1,164,4271,165,382 1,462,018 1,540,9618,053,5172.0 %
Colima135,808 160,285 158,365 175,312 512,537 527,578 1,669,8850.4 %
Chiapas1,827,299 1,901,187 1,650,016 2,280,738 1,154,737 1,951,633 10,765,6102.7 %
Chihuahua1,413,0231,626,3141,945,7182,453,9992,789,4682,946,96713,175,4893.3 %
Distrito Federal12,629,07115,046,86416,684,97516,018,30516,099,15218,000,94494,479,31123.3 %
Durango544,500421,123703,867737,5331,283,3001,351,2405,041,5631.2 %
Guanajuato1,767,0292,384,3522,380,7742,551,9532,737,9813,107,08814,929,1773.7 %
Guerrero664,0961,247,867 1,565,394 1,704,719 1,741,205 1,886,0608,809,3412.2 %
Hidalgo442,058603,678636,0041,109,154 1,140,2111,900,9415,832,0461.4 %
Jalisco2,771,093 3,328,601 3,588,147 3,618,020 3,806,379 4,648,791 21,761,0315.4 %
Estado de
México 4,886,9045,941,6306,193,3077,834,3809,393,3409,951,76144,201,32210.9 %
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federativas y municipios mexicanos (2008-2013)
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Michoacán1,381,2211,815,8022,433,8972,483,5772,547,0212,725,70413,387,2223.3 %
Morelos447,115464,152598,378737,718983,852999,3524,230,5671.0 %
Nayarit473,220437,521488,569587,768764,008814,1093,565,1950.9 %
Nuevo León1,751,7452,026,0262,927,5634,389,3515,200,9327,273,95023,569,5675.8 %
Oaxaca1,669,0841,497,7461,639,4832,228,4691,558,5461,848,63610,441,9642.6 %
Puebla1,406,0421,900,4431,730,9092,101,3871,731,0432,069,41510,939,2392.7 %
Querétaro599,954636,927653,083728,032814,475851,5284,283,9991.1 %
Quintana Roo738,435813,044855,829913,7641,150,7411,113,0575,584,8701.4 %
San Luis Potosí681,347736,129332,866364,586409,2052,541,8645,065,9971.3 %
Sinaloa1,244,320 1,581,195 1,309,296 1,810,001 1,543,721 2,394,9759,883,5082.4 %
Sonora1,149,990 1,789,566 1,763,418 1,986,218 2,341,568 2,753,654 11,784,4142.9 %
Tabasco1,476,500 2,752,814 2,470,696 2,917,500 2,333,671 2,769,000 14,720,1813.6 %
Tamaulipas1,163,863 1,204,013 1,268,410 1,291,995 1,642,551 1,679,3328,250,1642.0 %
Tlaxcala462,400 371,969 416,119 754,454 492,991 509,528 3,007,4610.7 %
Veracruz1,385,558 1,801,4702,076,3002,125,300 2,569,000 3,237,900 13,195,5283.3 %
Yucatán692,499838,977825,041884,4941,020,456 1,271,1855,532,6521.4 %
Zacatecas475,982745,393772,110798,799 1,089,125 763,0644,644,4731.1 %
Total en pesos48,811,03158,817,31163,369,35871,176,73674,993,18988,048,147405,215,772100 %
Total en
dólares 3,698 4,456 4,801 5,392 5,681 6,670 30,698
Fuentes: Periódicos, gacetas y boletines oficiales de las entidades federativas. Elaborado
por SNSP para 2008-2011. Secretariado Ejecutivo en presentación “Informe sobre el acuer-
do nacional por la seguridad, la Justicia y la Legalidad”. Periódicos, gacetas y boletines
oficiales de las entidades federativas. Elaboración propia para el 2012 y 2013.
Reforma policial y gasto público en entidades
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Tabla 6. Consolidado de programas en seguridad pública por entidades
federativas 2008-2013 (en pesos y en total en dólares)
Entidad SUBSEMUN
2008-2013
FASP
2008-2013
FORTAMUN
2010-2013
Presupuesto
entidades
2008-2013
SPA
2011-2013
PROASP/
Prevención
2012-2013
Total Porcentaje
Aguascalientes649,088808,552413,6593,690,417121,43895,4015,778,5551.1 %
Baja California2,171,1602,136,9751,112,65114,647,083237,185224,62120,529,6753.8 %
Baja California
Sur 225,6451,032,626222,2263,101,050221,34886,2354,889,1300.9 %
Campeche205,499813,715285,9762,971,929221,313107,2284,605,6600.9 %
Coahuila935,5061,505,580953,6628,053,517259,594194,22611,902,0852.2 %
Colima294,341794,980224,0821,669,885260,023176,7253,420,0360.6 %
Chiapas666,3822,165,6211,661,07510,765,610259,533161,50515,679,7262.9 %
Chihuahua1,609,0681,962,2711,184,79213,175,489238,942198,29018,368,8523.4 %
Distrito Federal2,573,3863,315,0263,234,37994,479,311426,444225,772104,254,31819.2 %
Durango332,2471,227,132562,6355,041,563225,260167,3177,556,1541.4 %
Guanajuato1,895,2412,099,0511,884,62314,929,177258,478204,46321,271,0333.9 %
Guerrero752,5611,644,7361,158,7238,809,341247,292236,26212,848,9152.4 %
Hidalgo349,6591,378,338914,2845,832,046222,150105,6928,802,1691.6 %
Jalisco2,074,2562,483,8532,542,90721,761,031187,456262,83129,312,3345.4 %
Estado de
México 2,715,3134,134,8225,276,76944,201,322468,586261,28157,058,09310.5 %
Michoacán1,129,0451,915,9971,481,27813,387,222253,514163,48118,330,5373.4 %
Morelos438,9241,155,838612,1244,230,567222,098152,0776,811,6281.3 %
Nayarit384,308996,787370,5403,565,195221,38192,2125,630,4231.0 %
Nuevo León1,461,0892,326,3211,615,79823,569,567291,121267,89929,531,7955.4 %
Oaxaca253,5451,670,9621,302,95210,441,964251,216145,30814,065,9472.6 %
Puebla1,182,1542,131,8712,006,39910,939,239278,688200,76316,739,1143.1 %
Querétaro946,876983,580637,0144,283,999121,786134,5307,107,7851.3 %
Quintana Roo592,8401,065,742473,6915,584,870221,432122,9128,061,4871.5 %
San Luis Potosí1,086,0871,511,464893,0915,065,997236,422118,1268,911,1871.6 %
Sinaloa1,357,6701,639,627952,7709,883,508222,220171,75714,227,5522.6 %
Sonora1,362,6802,142,608921,30811,784,414284,285162,77316,658,0683.1 %
Tabasco724,2321,259,668768,79614,720,181221,82294,80117,789,5003.3 %
Tamaulipas1,438,2162,029,7641,138,8538,250,164230,158130,01313,217,1682.4 %
Tlaxcala218,500959,380407,8033,007,461221,651100,6614,915,4560.9 %
Veracruz1,414,7092,882,9672,630,36413,195,528325,347206,84520,655,7603.8 %
Yucatán890,0061,142,319681,6045,532,65261,33029,5718,337,4821.5 %
Zacatecas218,500850,996509,6834,644,473221,938126,8316,572,4211.2 %
Total en pesos32,548,73354,169,16939,036,514405,215,7727,741,4515,128,409543,840,048100 %
Total en
dólares 2,465,8134,103,7242,957,31230,698,165586,474388,51641,200,004100 %
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales publicados en el DOF, o en otras fuentes ya
citadas.
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El comportamiento de las entidades en el momento de asumir de forma
efectiva el esfuerzo en seguridad se encuentra muy diferenciado entre las
mismas. Inciden, por supuesto, el tamaño de la población y la capacidad
financiera de las instituciones; y, en cierta forma también, los índices de-
lictivos, especialmente el de homicidios. Sin embargo, se podría debatir
sobre si a mayor inversión en seguridad y procuración de justicia se puede
hablar de reducción de las tasas negativas, que afectan a la provisión de
este servicio básico39.
En México las grandes áreas metropolitanas son las que han invertido con
mayor decisión, logrando algunas de ellas mantener sus tasas delictivas en
condiciones aceptables. De los 405,215 millones tan solo entre el Distrito
Federal, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León el egreso por este rubro
suma 184,011 millones, es decir un 45 % del total de la inversión. Doce
entidades del país, entre las que se encuentran varias de las que tienen ín-
dices más altos de violencia —Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora,
Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Tabasco y
Chiapas— superan cada una de ellas los 10,000 millones de pesos de in-
versión; y suman un acumulado de 151,086 millones de pesos, un 37.3 %
del total. El 11.8 % se concentra entre un número importante de estados
menos comprometidos con la seguridad pública. La mayoría presenta índi-
ces delictivos moderados40. Entre estos encontramos Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Poto-
sí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas41. Más preocupante es la situación de seis
estados que presentan inversiones muy discretas en seguridad (5.9 % del
total), y en donde cada día más se incrementan la violencia y los índices de
inseguridad: Coahuila, Guerrero, Morelos, Nayarit, Durango y Colima.
Derivado del análisis realizado concluimos que el hecho de pertenecer a
una de las cinco zonas en las que dividimos el país; Noreste42, Noroeste43,
Occidente44, Centro45 y Sureste46 no es un factor explicativo determinante
para entender en dónde se invierte más en seguridad, y en dónde menos47.
Es más significativo el volumen de población de los núcleos urbanos, y en
39 Aunque en el caso del Distrito Federal todo pareciera indicar que esto es así, ya que en 2010 y en 2011
presenta unas tasas moderadas de 12 homicidios por 100,000 habitantes; mientras que la inversión per
cápita en seguridad es de 11,779 pesos (de lejos, la más elevada del país). Le sigue Tabasco con 7947
pesos, y Baja California con 6507 pesos.
40
INEGI para medir los homicidios.
41 Paradójicamente por su condición urbana Querétaro, Yucatán y San Luis Potosí reciben apoyos importantes
para consolidar sus aparatos de seguridad.
42 Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa.
43 Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí.
44 Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Michoacán.
45 Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Guerrero.
46 Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca.
47 En anexos se encontrará unas tablas en donde se ordenan los estados según las zonas.
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algunos casos los índices delictivos, como se puede apreciar en la tabla 7,
que concentra la inversión de seguridad pública en las diferentes regiones
que se identifican, y en donde no se establecen grandes diferencias presu-
puestarias entre las zonas; excepto en el Centro, en donde se encuentran el
Distrito Federal y el Estado de México.
Tabla 7. Consolidado de programas en seguridad pública por zonas
2008-2013 (en pesos y dólares en el total)
Zonas SUBSEMUN
2008-2013
FASP
2006-2013
FORTAMUN
2010-2013
Presupuesto
Estados
2008-2013
SPA
2011-2013
PROASP/
Prevención
2012-2013
Total Porcentaje
Noreste6,726,223 8,914,107 4,393,74752,591,544 1,203,980843,67674,673,27714,1%
Noroeste5,253,145 8,600,2615,164,03949,980,808 1,242,555877,58171,118,38913.1%
Occidente 7,591,655 10,933,796 8,063,78767,931,3991,646,0141,256,47497,423,12517.9%
Centro8,230,49714,720,011 13,610,482 171,499,2872,086,9091,282,508211,429,69438.9%
Sureste4,747,213 11,000,994 7,804,45963,212,7341,561,993868,17089,195,56316.4%
Total en
pesos 32,548,733 54,169,169 39,036,514405,215,7727,741,4515,128,409543,840,048100%
Total en
dólares 2,465,813 4,103.725 2,957,312 30,698,165586,474388,51641,200.004100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales publicados en el DOF, o en otras fuentes
ya citadas.
La media de dinero per cápita que se invierte en México es de 4841 pesos.
Aproximadamente así se mantiene en cada una de las entidades, indepen-
dientemente de su población. A pesar de las grandes diferencias entre los
presupuestos de las entidades, que privilegian a las zonas más pobladas,
al final la mayoría entrega a su población una cantidad de dinero similar de
inversión en seguridad (exceptuando el Distrito Federal, como se ha visto).
El dinero de los programas federales ha contribuido a que esto sea posible.
En general, estos programas están incrementando aproximadamente en
1000 pesos, el dinero per cápita que las entidades invierten en seguridad.
Las excepciones que superan esta cantidad para redistribuir de forma más
ajustada, o para enfrentar situaciones especialmente complicadas, las en-
contramos en entidades con altos índices delictivos, y que invierten fuertes
cantidades de dinero en sus instituciones de seguridad y procuraduría de
justicia como Baja California que recibe 1865 pesos más per cápita; Sono-
ra (1830); Sinaloa (1569); Chihuahua (1524); Tamaulipas (1490) y Tabas-
co (1371). En otras con escasa población e importantes índices delictivos
como Colima (2960); Nayarit (1903), Durango (1540); y Morelos (1452). Y
finalmente en otras entidades con moderado número de habitantes, y en
donde los índices de homicidio todavía no son alarmantes como Baja Cali-
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fornia Sur (2787); Quintana Roo (2259); Campeche (1986); San Luís Potosí
(1569); Querétaro (1,544) y Yucatán (1434)48.
En relación con los índices de homicidios, que permiten medir el grado de vio-
lencia que se vive en cada una de las entidades del país, es pertinente señalar
un problema metodológico que se identifica en los datos que el INEGI presen-
ta. Este instituto publica dos indicadores diferentes, de acuerdo con la infor-
mación que le es entregada por los estados. En este caso las denuncias por
homicidios que reciben los ministerios públicos (MP) de las procuradurías, y
en otro lo que denominan “defunciones accidentales y violentas según tipo de
defunción”. Lo habitual es que investigadores y gobiernos utilicen este segun-
do indicador extrayendo el número de “homicidios” de la tabla. Así, siguiendo
este parámetro, del año 2006 al 2012 en México se produjeron un total de
132,135 homicidios, lo que da una tasa de 20.17 por cien mil habitantes49.
Es común que existan diferencias entre las denuncias de homicidio ante el Mi-
nisterio Público y los números reales reconocidos finalmente; sin embargo, lo
que no es común, en la mayoría de los estados, es que existan diferencias tan
grandes que lleguen a modificar de forma sustancial el índice de homicidios
de la entidad; alterándose de forma importante la percepción que se tiene
sobre la seguridad en estos lugares. Esto sucede en diferentes estados de la
República, y debe ser reseñado.
Tabla 8. Diferencia entre tasas x 100.00 según si las fuentes son
denuncias ante el Ministerio Público por Homicidio (MP);
o si son defunciones finales
EntidadesTasa 2010 MPTasa 2011 MPTasa 2010 finalTasa 2011 final
Chiapas29 3444
Guanajuato20 26811
Michoacán47 701620
Morelos63 62 2824
Puebla19 2478
Querétaro19 2546
Quintana Roo50491113
San Luis Potosí30291414
Tabasco28 27910
Veracruz19 27613
México32 34 2524
Fuente: Anuario Estadístico por entidades federativas 2012, INEGI.
48 En el caso de los dos primeros son centros de recepción de turistas a lo largo de todo el año. Eso hace que
49 En 2006: 10,452 (10); 2007: 8867 (9); 2008: 14,006 (14); 2009: 19,803 (19); 2010: 25,757 (23); 2011: 27,213
(24), 2012: 26,037 (22). Fuente: cuadro 9.31 de INEGI (2012a) e INEGI (2013). Para calcular la tasa se utiliza
el censo del 2005 para los años 2006-2009; y el censo del 2010 para los años 2010-2012.
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Es muy difícil de aceptar que en Chiapas se presenten 1368 y 1632 denun-
cias de homicidios en 2010 y 2011 respectivamente; y que sin embargo
solo se reconozcan 199 y 196 casos en estos años; o que Quintana Roo se
denuncien 665 y 651 homicidios y finalmente se reconozcan 145 y 164
respectivamente. En la mayoría de entidades federativas existe una corres-
pondencia notable, encontrándose incluso situaciones inversas como las
de Chihuahua en donde se denuncian ante el MP 4645 y 3555 homicidios
y finalmente son 6421 y 4487 los reconocidos. Esto sucede también en
Baja California, como puede observarse en la tabla 9 que se encuentra
en los anexos. Si se demostrara un error en la transmisión de los datos al
INEGI pudiera ser que especialmente Chiapas, Michoacán, Morelos, Quin-
tana Roo, Querétaro y San Luis Potosí tuviesen que mirarse de forma fun-
damentada con un lente que muestra todavía mayor preocupación.
4. Percepciones sobre la seguridad en las entidades federativas y muni-
cipales
Existe una gran diversidad de actitudes frente al tema de la seguridad. El
gobierno del Distrito Federal ha enfrentado de una forma decidida y priori-
taria el reto de transformar sus fuerzas de seguridad. Ha invertido mucho
dinero, y ha accedido de forma consecuente a los fondos concursables
propuestos por la federación, correspondiendo con la coparticipación. Los
estados de México y Baja California también han apostado en la medi-
da de sus posibilidades y han logrado avances importantes. Gestionados
esos gobiernos por representantes de tres partidos políticos distintos, el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y Acción Nacional (PAN) esta acción muestra cómo la reforma
de seguridad no está siendo entendida como una acción partidista, sino
como una política de estado. Esto, como se verá en el siguiente apartado,
en cierta forma debería garantizar la continuidad de esta política, y nos
parece positivo.
Desde el año 2010, los diferentes Secretarios Ejecutivos del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública han manifestado, de forma reiterada, en sus
informes frente al Consejo, su preocupación por la falta de voluntad políti-
ca demostrada por una buena parte de entidades federativas y municipios
que no han cumplido con los compromisos establecidos en los convenios
firmados anualmente. La mayoría de los mismos se ven sometidos a cons-
tantes procesos de reprogramación. Incluso el FASP y el SUBSEMUN, que
son los programas más consolidados, han sufrido de subejercicios y retra-
sos. Los fondos, a pesar de llegar a cuentas específicas y estar sometidos
a controles estrictos, han sido utilizados de forma no adecuada en diferen-
tes ocasiones y se ha dificultado que el recurso llegara de forma oportuna
a su destino. En el fondo hay una gran falta de comprensión del espíritu
de los programas.
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Para los secretarios ejecutivos citados, la evaluación de los elementos po-
liciales y el ritmo con el que las entidades han respondido al reto de la
depuración de sus corporaciones se ha convertido en un tema prioritario,
que ha sido mejor o peor resuelto dependiendo de las entidades. La capa-
citación de los policías y los programas de prevención han sido otro de los
instrumentos que se han señalado como objetivos a desarrollar.
El dinero invertido ha ayudado a que cambien dinámicas, y a que se mo-
dernicen las corporaciones policiales; sin embargo, más allá de la evalua-
ción cuantitativa de las obras realizadas, de los vehículos o armamentos
adquiridos, o de los análisis delictivos, programas de prevención y cursos
realizados; hace falta que se profundice de forma muy clara en la evalua-
ción cualitativa de los avances. No es cuestión de falta de recursos, que
han fluido de una forma generosa, sino de voluntad para romper con diná-
micas muy arraigadas en el país.
El siguiente paso requiere de un pensamiento estratégico más fino. Hay
que medir la calidad de los análisis y planes de prevención que se están
demandando, es necesario intervenir en los programas y planes de estudio
de los cursos que están recibiendo los elementos de las corporaciones, y
evaluar de una forma objetiva los méritos de los capacitadores que impar-
ten la formación. El estado mexicano debe garantizar que los pesos que
invierte están bien utilizados, y que la simulación se reduce a la mínima
expresión.
Es deseable que tanto gobernadores, como sus colaboradores, entiendan
el problema de la seguridad como algo propio, lo que ha sido interiorizado
por los dirigentes de varias entidades. Según la política de transformación,
la creación de módulos acreditados de policías estatales, ministeriales y
custodios es una estrategia prioritaria para la transformación del sistema,
y no es comprensible que buena parte de los recursos deban ser reinte-
grados a la federación por el subejercicio de los mismos, o por falta de
voluntad política para avanzar en este sentido.
Finalmente, buena parte de los recursos invertidos por las entidades fe-
derativas se ha utilizado de una forma adecuada y se han obtenido resul-
tados. Es necesario centrarse en aquellas entidades que han avanzado
poco y ejercer una mayor presión política a efectos de que se incremente
el ritmo de las reformas, para que en un tiempo prudencial México cuente
con policías acreditadas y confiables a lo largo de su territorio, de manera
que no sea necesario que las fuerzas armadas se encuentren desplegadas
hacia lo interno, para hacer frente a un problema nacional que se desplaza
sin excesivos problemas, y que busca zonas de confort y espacios cómo-
dos para realizar sus operaciones.
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5. Líneas de continuidad y cambio en la administración de Enrique Peña
Nieto
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el Presupuesto de Egresos
de 2013, y el Pacto por México, firmado a finales de 2012 por las fuerzas
políticas, muestran que deberían ser más las pautas de continuidad que
las de cambio las que se implantaran en el sexenio que sigue presidiendo
Enrique Peña Nieto, en el momento en que se escriben estas líneas. En los
tres documentos señalados se hace una especial insistencia en la tarea de
prevenir la violencia y de favorecer esta estrategia a la reactiva. Sin embargo,
el impulso de la Gendarmería, y la presencia de las Fuerzas Armadas en la
calle hasta que no se logren consolidar de una forma eficiente la Policía Fede-
ral y las diferentes corporaciones estatales, muestra que la lógica “reactiva”
tampoco será abandonada en esta administración. Este enfoque mixto entre
la prevención y la reacción recibe un toque especial en los propósitos de esta
administración al insistirse en diferentes ocasiones en la necesidad de que
las autoridades respeten los derechos humanos. Este deseo pareciera en
estos años que se convirtiera en un eje estratégico y un compromiso de la
administración.
De las cinco metas nacionales que se presenta en el PND la primera es “Un
México en paz”, lo que visualiza que la seguridad sigue siendo la política
prioritaria a desarrollar por la nueva administración priista. En esta estrate-
gia una de sus primeras afirmaciones es que hay que construir una policía
profesional(PND, 2013, p. 21), insistiendo eso sí en que “las políticas y los
programas de la presente Administración deben estar enmarcadas en un
gobierno cercano y moderno orientado a resultados, que optimice el uso de
los recursos” (PND, 2013, p. 23), lo que apoya la idea ya reflexionada en este
trabajo de la importancia de ir más allá de las evaluaciones cuantitativas, y
pasar a mirar el uso de los recursos desde una perspectiva cualitativa y cen-
trada en los avances reales de las políticas50.
En relación con la seguridad, en el PND se señalan los siguientes aspectos
como ejes fundamentales:
• Fortalecimiento de las capacidades en temas de generación, difusión
oportuna y explotación de inteligencia, que permita la toma de deci-
siones.
• La misión de las Fuerzas Armadas de México es emplear el poder mi-
litar de la federación para la defensa exterior y para coadyuvar en la
seguridad interior del país51.
50En este sentido es interesante la reflexión que hace sobre el federalismo, y la necesidad de compartir
decisiones y gastos al señalar que es “imperativo avanzar hacia un federalismo articulado en el que
todos los órdenes de gobierno asuman corresponsablemente sus funciones” (PND, 2013, p. 30). Y
también la que se realiza entre las líneas de acción sobre la evaluación: “evaluar y retroalimentar las
acciones de las fuerzas de seguridad con indicadores claros, medibles y transparentes” (PND, 2013, p.
112).
51Se señala que las fuerzas armadas deben “coadyuvar con las instancias de seguridad pública de los
tres ámbitos de gobierno para reducir la violencia hasta la total consolidación y reestructuración de las
policías”. (PND: 2013, p. 107)
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• Un objetivo prioritario del gobierno es lograr una política de esta-
do en materia de derechos humanos, que garantice que todas las
autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos huma-
nos como una práctica cotidiana.
• Trabajar en dos planos complementarios: el de la prevención so-
cial de la violencia y el de la contención del delito mediante inter-
venciones policiales oportunas y efectivas.
En el Pacto por México, por su parte, se apoya una política continuista que
insiste en la prevención y en la defensa de los derechos humanos tanto de
los ciudadanos, como de las personas que se encuentren en tránsito por
México. Así se señala:
• Se consolidará una política de Estado, a través de un Programa
Nacional de Derechos Humanos.
• Creación inmediata de una instancia federal que permita dar se-
guimiento a la instrumentación de la reciente reforma en materia
de derechos humanos.
• Se creará una ley que establezca parámetros claros para el uso de
la fuerza pública.
• Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de
migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los
derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en
contra de su criminalización, y se implementará la misma política
para los migrantes extranjeros en México.
• Se aplicará un esquema de policías estatales coordinadas, en el
que las policías municipales se conviertan en policías de proximi-
dad para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados,
zonas turísticas y otros espacios públicos, y las policías estatales
asuman todas las labores de seguridad pública bajo un sistema
de homologación de funciones y capacidades. Se impulsará un
esquema en coordinación con las autoridades municipales.
• Se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control
territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado
mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía,
aislamiento o condición de vulnerabilidad.
Esta política mixta que combina reacción y prevención, así como las pau-
tas de continuidad de la política de seguridad y reforma policial se concre-
taron en las dos reuniones más importantes en temas de seguridad que
en 2013 tuvieron lugar en México. El 18 de febrero del 2013 en la XLIV
Reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),
que tuvo lugar en Chihuahua se aprobó el “Manifiesto para el modelo de
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mando único policial”. Por otra parte en el marco de la XXXIV Sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrado en Los Pinos, la residen-
cia oficial del presidente mexicano, el 27 de agosto del 2013, se presentó
un “decálogo” de estrategias gubernamentales en materia de seguridad y
justicia, consecuentes con lo señalado anteriormente52, y se anunciaron
las políticas concretas de implantación de la Gendarmería, como una uni-
dad de la Policía Federal compuesta por 5000 elementos, y también se
insistió en la importancia de las políticas de prevención, de inteligencia, y
de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones al integrar a
representantes de la misma a las reuniones del Consejo53.
6. Conclusiones
En el año 2013 existía un consenso político en México sobre la necesi-
dad de transformar las fuerzas de seguridad pública, tanto a nivel federal,
como a escala de las entidades federativas y municipales. El estado invir-
tió una cantidad muy importante de recursos, que se incrementó de forma
notable desde 2008. Sin embargo, esa inversión todavía no había rendido
en el año 2013 los frutos que se esperaban. Se debieron seguir afinando
las estrategias en orden a consolidar corporaciones policiales estatales
profesionales y confiables.
En el caso de las policías municipales, la estrategia señalaba que solo se
conservarían aquellas que tuvieran la posibilidad de ejercer un trabajo efi-
ciente y que pudieran ser sostenidas por sus consistorios locales; existía la
posibilidad, como ya sucede en el Distrito Federal con las delegaciones, en
Tamaulipas, Yucatán y Tabasco, que la entidad federativa se hiciera cargo
de las corporaciones locales y las gestionara directamente de una forma
centralizada.
El presupuesto que las entidades federativas han invertido de forma con-
junta es el más elevado de todos los que se destinan a seguridad en el
país, lo cual indica que ha existido voluntad política y preocupación por
consolidar corporaciones policiales en el nivel estatal y municipal. No se
entendía la provisión del bien público de la seguridad sin la cercanía de la
gestión de la política a los ciudadanos. La política de la “prevención social
del delito”, de la que se habla desde hace mucho tiempo, no puede ser
aplicada sin presencia cercana del estado a través de sus entidades fede-
rativas, y de las estrategias que sobre el territorio se pudieran desarrollar
de una forma proactiva, evitando las simulaciones.
521. La prevención del delito y reconstrucción del tejido social; 2. Una justicia penal eficaz. Acelerar la
transición del nuevo modelo de justicia penal; 3. La profesionalización de la policía y la creación de
la Gendarmería Nacional; 4. Transformación del sistema penitenciario, que impulse la reinserción
social; 5. Promoción y articulación de la participación ciudadana; 6. Cooperación internacional; 7.
Información que sirva al ciudadano. Transparentar la información de las instituciones de seguridad
y justicia; 8. Coordinación entre autoridades de todas las dependencias; 9. Regionalización; 10.
Fortalecimiento de la inteligencia.
53 En este caso tomó la palabra el Sr. Alejandro Martí, Presidente de México SOS.
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Casi la mitad de los recursos invertidos se concentran en las grandes zo-
nas urbanas del país —el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco
y Nuevo León— que a pesar de los recursos invertidos tienen diferentes
resultados tanto en el avance de la profesionalización y modernización de
sus corporaciones policiales, como en la reducción de la incidencia delic-
tiva, o en el dinero que invierten per cápita en sus entidades. Aproximada-
mente un tercio del resto de la inversión se concentra en doce estados, con
altos niveles de violencia y zonas urbanas importantes. Finalmente, el 17.8
% restante se repartió entre 16 entidades que no parecían compartir la
voluntad por consolidar corporaciones policiales modernas, y que, a pesar
del apoyo de los programas federales, no mostraban excesivo interés por
impulsar el cambio en sus estructuras. Preocupa que varios de estos es-
tados tengan números de población moderados, mientras que presentan
índices delictivos crecientes, especialmente en el rubro de “homicidios”, lo
que motiva que se abran preguntas sobre cómo lograr que esta tendencia
se pueda revertir.
Los programas federales, coparticipados por los estados, han invertido
una gran cantidad de dinero en la reforma del sistema de seguridad mexi-
cano, que supera en recursos reales a instituciones muy consolidadas del
sector de la seguridad en el país. Especialmente a partir del año 2008,
aunque algunos programas arrancan desde finales de la década de los
noventa, se ha mantenido de forma sostenida el apoyo dirigido y condicio-
nado para la transformación de las corporaciones policiales de las entida-
des federativas. Esta política ha sido positiva y ha contribuido tanto a la
modernización de estructuras policiales como a incrementar el dinero per
cápita en la provisión de su seguridad pública.
Sin embargo, a pesar de los acuerdos políticos entre las diferentes fuerzas
políticas y entre los gobernadores del país, no puede decirse que los resul-
tados presentados hayan sido los deseados. Mucho del dinero presupues-
tado ha tenido que ser regresado por las entidades federativas por razones
del subejercicio del mismo en los tiempos marcados, otras cantidades han
sido reprogramadas de forma persistente sin cumplirse el destino para
el que habían sido previstas; y alguno de los programas simbólicamente
más importantes como el Subsidio de la Policía Acreditable (SPA) no se
ha consolidado con el paso del tiempo, hasta el punto que fue eliminado a
principios del año 2016.
No es sencillo romper con las dinámicas de un país tan extenso y comple-
jo como México en poco tiempo. Es positivo el acuerdo de las principales
fuerzas políticas, y es pertinente que el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, a través de su Secretariado Ejecutivo, diseñe políticas afinadas
que insistan en el proceso iniciado, y amplíe su capacidad evaluativa tras-
ladando la importancia de lo meramente cuantitativo a lo cualitativo.
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Anexos
Tabla 9. Inversión en seguridad en entidades federativas 2008-2013
(en pesos)
Entidad Población
estatal
Presupuesto
de seguridad
de entidades
federativas
2008-2013
Total
inversión
seguridad
Inversión
per cápita
de entidades
federativas en
seguridad
Inversión
per cápita
en seguridad
Aguascalientes 1,184,996 3,690,417 5,778,5553,1144,876
Baja California3,155,07014,647,08320,529,6754,6426,507
Baja California Sur637,0263,101,0504,889,1304,8687,655
Campeche822,4412,971,929 4,605,6603,6145,600
Coahuila2,748,3918,053,517 11,902,0852,9304,331
Colima650,5551,669,885 3,420,0362,5675,527
Chiapas4,796,58010,765,610 15,679,7262,2443,269
Chihuahua3,406,46513,175,489 18,368,8523,8685,392
Distrito Federal8,851,08094,479,311104,254,31810,67411,779
Durango1,632,934 5,041,563 7,556,1543,0874,627
Guanajuato5,486,37214,929,177 21,271,0332,7213,877
Guerrero3,388,7688,809,341 12,848,9152,6003,792
Hidalgo2,665,018 5,832,046 8,802,1692,1883,303
Jalisco7,350,682 21,761,031 29,312,3342,9603,987
Estado de México15,175,86244,201,32257,058,0932,9133,760
Michoacán4,351,03713,387,222 18,330,5373,0774,213
Morelos1,777,227 4,230,567 6,811,6282,3803,833
Nayarit1,084,979 3,565,195 5,630,4233,2865,190
Nuevo León4,653,458 23,569,567 29,531,7955,0656,346
Oaxaca3,801,962 10,441,964 14,065,9472,7463,700
Puebla5,779,82910,939,239 16,739,1141,8932,896
Querétaro1,827,937 4,283,9997,107,7852,3443,889
Quintana Roo1,325,5785,584,8708,061,4873,8226,082
San Luis Potosí2,586,2875,065,9978,911,1872,1593,446
Sinaloa2,767,761 9,883,508 14,227,5523,5715,141
Sonora2,662,48011,784,414 16,658,0684,4266,257
Tabasco2,238,603 14,720,181 17,789,5006,5767,947
Tamaulipas3,268,554 8,250,164 13,217,1682,5544,044
Tlaxcala1,169,936 3,007,461 4,915,4562,5714,202
Reforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
ISSN: 2225-5648, Año 6, Vol. 2, p. 31-79
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Veracruz7,643,19413,195,528 20,655,7601,7262,703
Yucatán1,955,577 5,532,652 8,337,4822,8294,264
Zacatecas1,490,668 4,644,473 6,572,4213,1164,409
México112,336,538 405,215,772543,840,0453,607 4,841
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2010 del INEGI y consolidados de
datos oficiales publicados en el DOF. Inversión per cápita en pesos corrientes.
Tabla 10. Homicidios y tasas x 100.000 habitantes en 2010 y 2011 por
entidad federativa
EntidadPoblación 12345 678
Aguascalientes1,184,99627625675105 23 22 69
Baja California3,155,0708846611,52582228214826
Baja California
Sur 637,0269278555014 1298
Campeche822,441120120485115 1566
Coahuila2,748,391767949449718 28 3516 26
Colima650,55516516513116925 252026
Chiapas4,796,5801,368 1,632199196293444
Chihuahua3,406,4654,6453,5556,4214,487 136 104189132
Distrito Federal8,851,0801,5281,5281,0781,10017171212
Durango1,632,9341,3839541,112 1,08585586867
Guanajuato5,486,3721,121 1,4254466162026811
Guerrero3,388,7682,085 3,225 1,567 2,39762954671
Hidalgo2,665,01841537111321116 1448
Jalisco7,350,6821,8112051,081 1,5272511521
Estado de México15,175,8622,6162,8252,1142,62717191417
Michoacán4,351,0372,029 3,04470785347701620
Morelos1,777,2271,122 1,09349443563622824
Nayarit1,084,979609715541583 56 665054
Nuevo León4,653,4581287 2,5129282,149 28542046
Oaxaca3,801,96284878273168522 211918
Puebla5,779,8291,108 1,384376440192478
Querétaro1,827,93735546373109 19 2546
Quintana roo1,325,57866565114516450491113
San Luis Potosí2,586,28778274036336430291414
Sinaloa2,767,7612,9492,6802,3971,967 107978771
Carlos Barrachina LisónReforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)
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Sonora2,662,4801,159979740542 44 373320
Tabasco2,238,60362060719423028 27910
Tamaulipas3,268,5541,3071,4179631,097 40432934
Tlaxcala1,169,936393466568934 4058
Veracruz7,643,1941,467 2,0864619991927613
Yucatán1,955,577 169 16434539 823
Zacatecas1,490,66828035814029219 24920
México 112,337,30736,425 38,090 25,757 27,212 32342324
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, censos de población 2010 y estadísticas del
INEGI (2012b); 1. Delitos por homicidio registrados ante MP 2010; 2. Delitos por homicidio
registrados ante MP 2011; 3. Defunciones accidentales y violentas según tipo de defunción
2010 (Homicidios); 4. Defunciones accidentales y violentas según tipo de defunción 2011
(Homicidios); 5. Tasa de homicidios registrados ante MP 2010 x 100.000; 6. Tasa de homi-
cidios registrados ante MP 2011 x 100.000; 7. Tasa de defunciones por homicidio 2010 x
100.000; 8. Tasa de defunciones por homicidio 2011 x 100.000.
Tabla 11. Consolidado de programas en seguridad pública por zonas
2008-2013 (en pesos)
Zona noreste
Entidad SUBSEMUN
2008-2013
FASP
2006-2013
FORTAMUN
2010-2013
Presupuesto
Estados
2008-2013
SPA
2011-2013
PROASP/
Prevención
2012-2013
Total
Baja California2,171,1602,136,9751,112,65114,647,083237,185224,62120,529,675
Baja California
Sur 225,645 1,032,626 222,2263,101,050221,34886,2354,889,130
Sonora1,362,680 2,142,608921,30811,784,414284,285162,77316,658,068
Chihuahua1,609,068 1,962,271 1,184,79213,175,489238,942198,29018,368,852
Sinaloa1,357,670 1,639,627952,7709,883,508222,220171,75714,227,552
Total6,726,223 8,914,107 4,393,74752,591,5441,203,980843,67674,673,277
Zona noroeste
Entidad SUBSEMUN
2008-2013
FASP
2006-2013
FORTAMUN
2010-2013
Presupuesto
Estados 2008-
2013
SPA
2011-2013
PROASP/
Prevención
2012-2013
Total
Durango332,247 1,227,132 562,6355,041,563225,260167,3177,556,154
Coahuila935,506 1,505,580 953,6628,053,517259,594194,226 11,902,085
Nuevo León1,461,0892,326,3211,615,79823,569,567291,121267,89929,531,795
Tamaulipas1,438,216 2,029,764 1,138,8538,250,164230,158130,01313,217,168
San Luis Potosí1,086,0871,511,464893,0915,065,997236,422118,1268,911,187
Total5,253,145 8,600,261 5,164,03949,980,8081,242,555877,58171,118,389
Reforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
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Zona centro
Entidad SUBSEMUN
2008-2013
FASP
2006-2013
FORTAMUN
2010-2013
Presupuesto
Estados
2008-2013
SPA
2011-2013
PROASP/
Prevención
2012-2013
Total
Hidalgo349,659 1,378,338 914,2845,832,046222,150105,6928,802,169
Estado México2,715,3134,134,8225,276,76944,201,322468,586261,28157,058,093
Distrito Federal2,573,3863,315,0263,234,37994,479,311426,444225,772104,254,318
Tlaxcala218,500959,380407,8033,007,461 221,651 100,6614,915,456
Morelos438,9241,155,838 612,1244,230,567222,098152,0776,811,628
Puebla1,182,1542,131,871 2,006,39910,939,239278,688200,76316,739,114
Guerrero752,5611,644,736 1,158,7238,809,341247,292236,26212,848,915
Total8,230,49714,720,011 13,610,482171,499,2872,086,9091,282,508211,429,694
Zona sureste
Entidad SUBSEMUN
2008-2013
FASP
2006-2013
FORTAMUN
2010-2013
Presupuesto
Estados
2008-2013
SPA
2011-2013
PROASP/
Prevención
2012-2013
Total
Veracruz 1,414,709 2,882,967 2,630,36413,195,528325,347206,84520,655,760
Tabasco 724,232 1,259,668 768,79614,720,181221,82294,80117,789,500
Chiapas 666,3822,165,621 1,661,07510,765,610259,533161,50515,679,726
Campeche 205,499813,715 285,9762,971,929 221,313 107,2284,605,660
Yucatán 890,006 1,142,319 681,6045,532,65261,33029,5718,337,482
Quintana Roo592,8401,065,742 473,6915,584,870221,432122,9128,061,487
Oaxaca 253,5451,670,962 1,302,95210,441,964251,216145,30814,065,947
Total 4,747,213 11,000,994 7,804,45963,212,7341,561,993868,17089,195,563
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales publicados en el DOF, o en otras fuentes
ya citadas.
Zona occidente
Entidad SUBSEMUN
2008-2013
FASP
2006-2013
FORTAMUN
2010-2013
Presupuesto
Estados
2008-2013
SPA
2011-2013
PROASP/
Prevención
2012-2013
Total
Nayarit 384,308 996,787 370,5403,565,195221,38192,2125,630,423
Zacatecas 218,500 850,996 509,683 4,644,473221,938126,8316,572,421
Aguascalientes 649,088 808,552 413,659 3,690,417121,43895,4015,778,555
Jalisco 2,074,256 2,483,853 2,542,90721,761,031187,456262,83129,312,334
Guanajuato 1,895,241 2,099,051 1,884,62314,929,177258,478204,46321,271,033
Querétaro 946,876 983,580 637,014 4,283,999121,786134,5307,107,785
Colima 294,341 794,980 224,0821,669,885260,023176,7253,420,036
Michoacán 1,129,045 1,915,997 1,481,27813,387,222253,514163,48118,330,537
Total 7,591,655 10,933,796 8,063,78767,931,3991,646,0141,256,47497,423,125
Carlos Barrachina LisónReforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)
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Tabla 12. Municipios y delegaciones del DF prioritarios para
SUBSEMUN 2008-2013 (en millones de pesos)
MunicipioZona Subsidio
federal
Aportación
municipal Total recurso
MexicaliNoreste579.1 172.6751.7
TijuanaNoreste 579.1 172.6751.7
JuárezNoreste 579.1 172.6751.7
CuliacánNoreste 579.1 172.6751.7
MonterreyNoroeste 579.1172.6751.7
GuadalajaraOccidente 579.1172.6751.7
QuerétaroOccidente 579.1172.6751.7
PueblaCentro579.1 172.6751.7
MéridaSureste424 132.9 556.9
Mérida EstadoSureste15241.8193.8
LeónOccidente 564170.4734.4
HermosilloNoreste524.1 157.5681.6
San Luis PotosíNoroeste522.8159.1681.9
ZapopanOccidente 479.6144.6624.2
ChihuahuaNoreste 470.3 144.7615
MoreliaOccidente 468.4142.1610.5
AguascalientesOccidente 409124.4533.4
EnsenadaNoreste 399.5 120.5520
Delegación IztapalapaCentro381.2111.1492.3
Delegación Gustavo A. MaderoCentro258.475.9334.3
Distrito FederalCentro541.7186.1727.8
Ecatepec de MorelosCentro333.1105.2438.3
AcapulcoCentro311.7 94.4406.1
Benito JuárezSureste298.488.9387.3
ReynosaNoroeste 210.165.2275.3
Tamaulipas EstadoNoroeste33090.8420.8
SaltilloNoroeste 247.373.6320.9
NezahualcóyotlCentro234 71.5305.5
TorreónNoroeste 212.664.8277.4
VeracruzSureste 203.8 61.7265.5
MatamorosNoroeste 143.944.4188.3
Centro TabascoSureste186.756.4243.1
Delegación CuauhtémocCentro147.542.9190.4
Reforma policial y gasto público en entidades
federativas y municipios mexicanos (2008-2013)Carlos Barrachina Lisón
ISSN: 2225-5648, Año 6, Vol. 2, p. 31-79
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MazatlánNoreste 173.6 52.8226.4
TuxtlaSureste 167 51.1218.1
GuadalupeNoroeste 16149.8210.8
AhomeNoreste 160.5 48.5209
TepicOccidente 155.446.8202.2
Naucalpan de JuárezCentro149.745.8195.5
XalapaSureste 137 40.7177.7
Total14,191.1 4,287.218,478.3
Fuente: Elaboración propia a partir de datos aparecidos en el Libro blanco del SUBSEMUN
(2012), y de los convenios firmados entre la federación y los estados correspondientes al
año 2013.
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