Señalan retrocesos en reformas a ley para personas con discapacidad

Verónica MartínezLa Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad (FSR) afirmó ayer que la posible eliminación del Tribunal Sancionador de la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad representará un retroceso y les quitaría la posibilidad de defenderse ante vulneraciones a sus derechos."Nosotros visualizábamos eso (el Tribunal Sancionador) como los dientes, como la sustancia de inclusión que nos iba a permitir defendernos y poder, de una u otra manera, lograr que la ley se operativizara, porque ya iban a haber sanciones", dijo ayer Wendy Caishpal, directora ejecutiva de la FSR, tras la presentación de un estudio del Banco Mundial (BM) sobre la situación de las personas con discapacidad, en el cierre de la Semana de Políticas Públicas con Base en Evidencia, de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO).El 23 de junio, el Gobierno entregó a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas para la ley especial y entre los cambios se plantea eliminar el Tribunal Sancionador, Infracciones, Sanciones y Procedimientos y en su lugar, crear un "Régimen Sancionatorio".En la ley vigente, el Tribunal sería el encargado de realizar procedimientos sancionatorios, imponer multas y ordenar al infractor que cumpla con lo establecido en la ley. Además, estaría conformado por la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de El Salvador, universidades privadas, y las organizaciones de la sociedad civil.En cambio, la propuesta del Gobierno es que el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) sea el único encargado de ejercer la "potestad administrativa sancionatoria".Aunque la ley fue aprobada en 2020, en cinco ocasiones se prorrogó la entrada en vigor del capítulo, que habla sobre el tribunal. La más reciente pospone su vigencia hasta marzo de 2024.Cuando la propuesta llegó a la Asamblea, Carmen Fabián, de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad, valoró que eliminar el tribunal implicaría no tener un mecanismo de denuncia, tampoco investigación, sanciones y reparación. "Significa que las personas con discapacidad quedan en total desatención por parte del Estado y sin ninguna garantía para el cumplimiento de sus derechos. Además, se anula la participación activa y efectiva de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones en la toma de decisiones", dijo Fabián en ese momento.Ayer, Caishpal sostuvo que la ley especial actual es fruto del trabajo de 15 años realizado por...

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