Sentencia Nº 00011-18-ST-COPA-2CO de Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla, 26-06-2018

• Sentido del fallo: DECLARATORIA DE LEGALIDAD
• Emisor: Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla
• Fecha: 26 Junio 2018
• Materia: ADMINISTRATIVO
• Número de sentencia: 00011-18-ST-COPA-2CO

00011-18-ST-COPA-2CO

JUZGADO SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Santa Tecla,

departamento de La Libertad, a las catorce horas con treinta minutos del día veintiséis de junio

del año dos mil dieciocho.

El presente proceso abreviado contencioso administrativo ha sido promovido por el doctor

CAGB, por medio de su apoderada general judicial, la abogada Raquel Etelvina Hernández

Arias, solicitando se declaren ilegales los siguientes actos administrativos emitidos por el

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL:

a) Resolución de las ocho horas con treinta minutos del día ocho de enero del año dos mil

dieciocho, en la cual se sancionó al demandante con multa de setecientos veintisiete dólares con

veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América ($727.20), por la transgresión a

la prohibición ética contenida en el artículo 6 letra g) de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).

b) Resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día dos de febrero del

año dos mil dieciocho, mediante la cual se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto

contra la anterior resolución.

Han intervenido en este proceso abreviado, como parte actora, el doctor CAGB, por

medio de su apoderada general judicial, la abogada Raquel Etelvina Hernández Arias; como

autoridad demandada el TRIBUNALDE ÉTICA GUBERNAMENTAL (TEG), representada por

la abogada Concepción Marina Rosa González; y el Fiscal General de la República, por medio

del agente auxiliar, el licenciado Manuel Antonio González Portillo.

LEÍDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Actuaciones Procesales

1) A las catorce horas con dos minutos del día uno de marzo del año dos mil dieciocho, la

abogada Raquel Etelvina Hernández Arias en su calidad de apoderada general judicial del doctor

CAGB, interpuso la demanda contra el TEG, por la supuesta ilegalidad de los actos

administrativos detallados al inicio de la presente sentencia, adjuntando la documentación que

consta de folios 5 al 24 del expediente judicial. Asimismo, en la demanda solicitó se decretara la

medida cautelar consistente en la suspensión del plazo máximo de 60 días para el pago de la

multa impuesta por la autoridad demandada.

2) Mediante resolución de las once horas con treinta minutos del día seis de marzo del año dos

mil dieciocho (f. 26), se previno a la apoderada del demandante, para que, en el plazo único e

improrrogable de cinco días hábiles: i) De conformidad con el artículo 34 literal e) de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), fundamentara jurídicamente las razones de

ilegalidad de los actos impugnados, los derechos protegidos, disposiciones legales violentadas y

la vulneración causada con los mismos, y ii) De conformidad con los artículos 276 ordinales 7° y

9°, 288 y 289 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), en relación con los artículos 87 y

123 de la LJCA, presentara los documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos

procesales en los que se fundamentan jurídicamente sus pretensiones, y con las que pretendiera

acreditar los extremos de su demanda. Es así como, en fecha 15 de marzo del año dos mil

dieciocho, la abogada Raquel Hernández, dentro del plazo otorgado, presentó escrito

manifestando subsanar las prevenciones hechas en la resolución anterior. Asimismo, adjuntó

documentación que se encuentra agregada a folios 33 al 80 del expediente judicial.

3) Leído y analizado el escrito presentado, se tuvo por subsanadas las prevenciones hechas a la

parte demandante, por lo que este Tribunal de conformidad al artículo 76 de la LJCA, a través de

auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, admitió la demanda en los términos

planteados por la parte actora; asimismo, se le informó al Fiscal General de la República para que

interviniera en el proceso, de conformidad a los artículos 23 y 76 inciso 2° de la LJCA. Además,

se le requirió a la autoridad demandada para que en el plazo de cinco días: a) remitiera a esta sede

judicial el expediente administrativo original, relacionado al presente proceso, b) identificara, en

su caso, a los terceros que pudieran resultar beneficiados o perjudicados con las actuaciones

impugnadas, y c) informara de otros procesos contenciosos administrativos en que puedan

incurrir los supuestos de acumulación. Finalmente, de conformidad al artículo 99 inciso 1° de la

LJCA, se le dio audiencia en el término de tres días para que se pronunciara sobre la medida

cautelar solicitada por la parte actora.

4) Por medio de actas de emplazamiento el día 23 de marzo de 2018, f. 85, se llevó a cabo la

notificación y emplazamiento de la autoridad demandada, quien, el día 5 de abril del año 2018,

presentó escrito oponiéndose a la medida cautelar solicitada por el demandante; y remitió a este

juzgado los expedientes administrativos con referencia 51-A-14 y 9-O-16, los cuales fueron

puestos a disposición de los sujetos procesales, con la finalidad que pudieran tener acceso a los

mismos.