Sentencia Nº 109-2019 de Sala de lo Constitucional, 31-08-2020

• Emisor: Sala de lo Constitucional
• Número de sentencia: 109-2019
• Fecha: 31 Agosto 2020
• Materia: CONSTITUCIONAL

109-2019

Hábeas corpus

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con

doce minutos del día treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

El presente proceso ha sido promovido por el abogado Enrique Antonio Araujo Machuca a

favor de los señores: 1) JU, conocido por JUS, 2) WGU, 3) MHSU y 4) TRMG, a quienes se les

procesa por el delito de lavado de dinero y de activos, en contra del Juez Cuarto de Instrucción de

San Salvador.

Analizado el proceso y considerando:

I. 1. El solicitante manifiesta que en el proceso penal instruido en contra de sus

representados, en el cual se encuentra cumpliendo detención provisional el señor JU y con órdenes

de detención vigentes en contra de los señores GU, SU y MG, se les han vulnerado su derecho a

ser juzgados en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, pues afirma que la etapa de

instrucción ya había sido prorrogada una vez por el plazo máximo que la ley permite –6 meses– y,

sin embargo, el día de vencimiento de ese plazo –13 de junio de 2018– la representación fiscal

presentó el informe de la pericia de auditoría financiera contable y el 21 de junio de 2018 se recibió

el dictamen de acusación que contenía información detallada del referido peritaje, no obstante, por

auto del 3 de julio del mismo año el juez admitió la petición fiscal de ampliación de la mencionada

pericia y otorgó 6 meses más para aclarar los nuevos puntos objeto de análisis propuesto por

fiscalía, aunado a que no existía habilitación legal para autorizar esa extensión, la cual califica de

innecesaria y desproporcionada al no tratarse de cuestiones complejas, pues la etapa de instrucción

había finalizado, dilatando injustificadamente el proceso penal.

Finalmente refiere que el juez instructor prolongó por 30 días más la celebración de la

audiencia preliminar a petición fiscal, habiendo denegado reprogramaciones requeridas por la

defensa cuyas fechas de audiencia coincidían con otras ya agendadas, lo que afecta el derecho de

defensa, con relación a la igualdad procesal.

2. De conformidad con la Ley de Procedimientos Constitucionales se nombró juez ejecutor

a Edwin Ernesto Serrano Martínez, quien concluyó que no ha existido vulneraciones

constitucionales en perjuicio de los señores GU, SU y MG, por encontrarse ausentes; contrario al

detenido señor JUS, a quien se le ha vulnerado su derecho a ser juzgado en un plazo razonable y

sin dilación, dadas las irregularidades que han retardado el proceso, tal como el plazo de 6 meses

concedido por petición fiscal para ampliar y aclarar el dictamen pericial financiero-contable, por

lo que debe ordenarse su inmediata libertad.

3. Por medio de oficio número 2066, del 21 de agosto de 2019, la Jueza Cuarto de

Instrucción suplente de San Salvador, Lila Álvarez Blanco, informó que mediante resolución del

día 12 de junio de 2017 se dictó auto de instrucción con detención provisional en contra de los

cuatro imputados, habiendo solicitado la defensa audiencia especial de revisión de medidas

cautelares en 3 ocasiones: la primera se celebró el 30 de mayo de 2018, en la cual se declaró no ha

lugar la sustitución de la detención provisional decretada; la segunda el 9 de noviembre del mismo

año, en la que se volvió a denegar y fue apelada por la defensa pero confirmada por cámara de

segunda instancia respectiva; y la tercera, requerida únicamente respecto al señor JU conocido

como JUS, se celebró el 2 de mayo de 2019, e igualmente se resolvió no ha lugar, decisión que

también fue confirmada en apelación.

Mediante oficio número 525 del 28 de febrero de 2020, la misma autoridad comunicó que

del 3 al 17 de octubre de 2019 se realizó la audiencia preliminar, pero que por las dimensiones del

caso –2,726 piezas– y la duración de dicha diligencia, la resolución fue dictada hasta el 18 de

diciembre del mismo año, en la cual se ordenó apertura a juicio en contra de los imputados

presentes, entre ellos el señor JU, conocido como JUS, siendo el único detenido y cuya restricción

fue confirmada; asimismo, respecto a los ausentes WGU, MHSU y TRMG se ordenó la separación

de procesos y se dijo “[…] que posteriormente se haría el trámite para si es el caso, declarar la

rebeldía […]”.

Finalmente, según oficio número 727 del 27 de mayo de 2020, la jueza instructora

mencionada hace del conocimiento que el proceso penal instruido –entre otros– en contra del señor

JU, conocido como JUS, fue remitido al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador el día 17

de marzo de 2020, “[…] quedando pendiente por la voluminosidad del caso […] que sea recibido

formalmente […] [e]n cuanto a los imputados ausentes […] por quienes se ordenó la separación de

juicios, una vez se haya resuelto lo pertinente respecto a su situación jurídica, se remitirá el informe

respectivo […]”(sic).

II.Es preciso indicar el orden lógico de esta resolución: primero se señalarán los alcances

de la protección del hábeas corpus en los casos donde se alegan dilaciones indebidas (III) y luego

se analizará el supuesto planteado por el peticionario (IV).

III. Esta Sala ha sostenido que el acceso a la jurisdicción, como una vertiente del derecho

a la protección jurisdiccional, garantiza el cumplimiento de la obligación constitucional para las

autoridades judiciales de dar respuesta a las pretensiones de las partes o de dictar la sentencia

correspondiente y realizar su ejecución dentro de un proceso constitucionalmente configurado, el

cual contempla, entre otros, el derecho de defensa.

Desde esa perspectiva, se ha considerado que este último derecho indicado incluye que todo

imputado obtenga dentro de un plazo razonable la definición de su situación jurídica; así, las

dilaciones indebidas dentro del proceso penal no solo coartan desproporcionalmente el derecho de

libertad física –art. 2 Cn.–, cuando existe alguna limitación sobre el mismo, sino que también

inciden en el de defensa –art. 12 Cn.–, pues impiden al procesado conseguir –con la celeridad que

el caso específico amerite– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la

sociedad, ponga fin del modo más breve a la situación de incertidumbre y de restricción de la

libertad que puede comprender el enjuiciamiento penal.

Ahora bien, no todo retraso en la tramitación de un proceso genera afectaciones con

trascendencia constitucional, por lo cual para calificar el concepto de plazo razonable o dilación

indebida, según la jurisprudencia de esta Sala, se deben tener en consideración los siguientes

elementos: i) la complejidad del asunto: ya sea la complejidad fáctica o jurídica del litigio, tomando

en consideración también las propias deficiencias técnicas del ordenamiento jurídico procesal; ii)

el comportamiento del interesado: es decir, aquel que pudo incidir en la actuación de la actividad

judicial, pues no merece el carácter de indebida una dilación que haya sido provocada por el propio

litigante y iii) la actitud del juez o tribunal, referida a si las demoras en el proceso obedecen a la

inactividad del órgano judicial, que sin causa de justificación dejó transcurrir el tiempo sin impulsar

de oficio el procedimiento, sin emitir una resolución de fondo u omitió adoptar medidas adecuadas

para conceder la satisfacción real y práctica de las pretensiones de las partes.

También habrá de considerarse como un parámetro objetivo respecto de las dilaciones, la

carga laboral del tribunal, ello podrá ponderarse según las circunstancias del caso en particular,

puesto que el flujo de procesos que un tribunal debe conocer limita –más allá de todos los esfuerzos

que haga la autoridad– el tiempo de respuesta para decidir los litigios sometidos a su competencia;

en todo caso deberá tenerse en cuenta el tipo de restricción que padece la persona del justiciable,

para ponderar la naturaleza de las dilaciones procesales.

Visto así, la autoridad judicial debe procurar no exceder los procesos penales a través de

los denominados “plazos muertos”, ya que su existencia vulnera el derecho de defensa, al no

permitir al imputado –ante el estado de suspensión del proceso– el uso de los mecanismos legales

para resistir la pretensión acusadora y definir su situación jurídica.

Por tanto, no basta la presencia de un retraso en el cumplimiento de los plazos procesales,

sino que este debe tener la característica de ser injustificado; es la casuística la que determina frente

a excesos en los tiempos que señala el legislador, la existencia o no de violaciones constitucionales

como la alegada en el presente proceso.

Es de mencionar, además, que los artículos 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos; 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –CADH–, establecen

la exigencia de que toda persona en la sustanciación de un enjuiciamiento penal debe ser juzgada

en un plazo razonable y dicho plazo en la medida de lo posible debe ser observado, salvo que

concurran circunstancias que permitan concluir que no se está ante una dilación indebida de la

duración del proceso penal –sentencia de 3 de diciembre de 2018, hábeas corpus 103-2018–.

IV. Tomando en cuenta el reclamo planteado y la jurisprudencia relacionada, de la

certificación del proceso penal remitida se advierte que mediante resolución del 7 de abril de 2017,

dictada por la Jueza Cuarto de Paz de San Salvador, se recibió requerimiento fiscal y se ordenó

citar a los favorecidos para su intimación, quienes no comparecieron a la audiencia inicial

programada para el 21 de mismo mes y año, la cual fue suspendida al no poderse comprobar su

legal citación y además por carecer de defensa técnica, por lo que el 24 de abril de ese año se

resolvió con vista del requerimiento y se decretó detención provisional contra los cuatro

favorecidos, librándose las correspondientes órdenes de captura.

El 12 de junio de 2017, el Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas,

dictó auto de instrucción con detención provisional en contra de los favorecidos y concedió un

plazo de 6 meses para la instrucción; luego en fechas 20 de julio y 21 de agosto de ese mismo año

autorizó la realización de la pericia financiera contable y la extracción o vaciado de información

electrónica de alguna evidencia incautada, respectivamente; sin embargo, el 6 de noviembre de

2017, la fiscalía solicitó ampliación de la instrucción por 6 meses más para concluir con las

actuaciones mencionadas, atendiendo el juez tal petición únicamente respecto al plazo de

instrucción, pues con relación al término para realización de los peritajes prorrogó solo por 3 meses

más.

Esta última decisión fue recurrida en revocatoria por la fiscalía, accediendo la autoridad

judicial a lo pedido, por lo cual otorgó el mismo plazo para ambas situaciones, aduciendo que tal

decisión se justificaba –entre otros– en la cantidad de procesados, la complejidad del delito

atribuido, la suma de los bienes incautados a cargo del Juez Especializado en Extinción de

Dominio, de los cuales al menos 10 sociedades mercantiles tienen medida cautelar y están siendo

administradas por el Consejo Nacional de Administración de Bienes –CONAB–, además que los

hechos investigados datan desde el año 2003, cuyo estudio generó un volumen de 700 piezas del

proceso judicial –hasta ese momento–. También refirió que estaban pendientes las pericias

señaladas por el ente fiscal, respecto de las cuales los peritos aún procesaban la información, por

lo que se indicó que el nuevo plazo de instrucción finalizaba el 13 de junio de 2018.

En esta última fecha mencionada se presentó ante el juez la pericia de auditoría contable y,

7 días después, el dictamen de acusación. Por resolución del 28 de junio del mismo año se programó

audiencia preliminar para el 16 de julio de 2018, pero mediante escrito del 27 de junio la fiscalía

solicitó ampliación y aclaración de algunos puntos del dictamen pericial aludido, siendo ello

atendido por el juez en auto del 3 de julio de 2018, indicándose además que debido a la gran

cantidad de puntos de pericia respecto de los cuales las partes solicitaron ampliación y/o aclaración,

se otorgó a los peritos un nuevo plazo de 6 meses más, contados a partir de esa fecha, debiendo

presentar su informe a más tardar el día 3 de enero de 2019; asimismo se reprogramó la audiencia

preliminar para el día 23 de ese mes y año.

El 4 de enero de 2019 se presentó en sede judicial el resultado de la ampliación y/o

aclaración de la pericia forense contable y el 14 de ese mismo mes y año la representación fiscal

solicitó reprogramación de la audiencia preliminar por considerar necesario que la defensa tuviera

tiempo suficiente de estudiar la pericia, petición que fue atendida por el juez quien señaló como

nueva fecha el 5 de marzo de 2019.

El 28 de febrero de 2019, la fiscalía solicitó reprogramación de la audiencia preliminar por

indicar que no había terminado de consultar las evidencias, requerimiento que fue avalado por el

juez, quien la fijó para el día 28 de marzo de 2019; al mismo tiempo, el 6 de marzo de ese año, los

fiscales solicitaron ampliación de la acusación, lo cual fue admitido por la autoridad judicial en

auto del 27 de marzo, poniéndose a disposición de las partes las actuaciones por 5 días, después

del cual –se indicó– se señalaría la nueva fecha de audiencia preliminar. En esa decisión también

se recibió el informe de la Sección de Traslado de Reos referente a que no sería llevado señor U a

la audiencia programada para el día siguiente porque no se encontraba en el Centro Penal de

Metapán sino en un centro asistencial, por lo que se solicitó al director de ese recinto carcelario

información sobre el ingreso hospitalario del procesado y por cuánto tiempo estaría en esa

condición para disponer su traslado a audiencia.

Cabe agregar que el 19 de marzo de 2019 los peritos presentaron “rectificaciones de

párrafos del informe de ampliación y aclaración de pericia” que les habían sido solicitadas.

El 2 de abril de 2019 la defensa interpuso revocatoria de la ampliación de acusación por

considerarla extemporánea, pues la instrucción había finalizado y las peticiones fiscales eran una

dilación innecesaria que impedían el juzgamiento penal en un plazo razonable, por lo que solicitó

declarar inadmisible la petición; sin embargo, mediante auto del 10 del mismo mes y año se resolvió

no ha lugar, aduciendo el juez que dicha decisión fue dictada de conformidad con los artículos 357,

361 y 384 CPP.

El 12 de abril de 2019 la defensa solicitó la realización de varias diligencias, por las que

pidió aplazar la audiencia preliminar, lo que fue atendido por el juez mediante auto del 25 de abril

de 2019, reprogramando la misma para el 20 de junio de 2019; sin embargo, esta fue igualmente

suspendida por la falta de traslado del imputado US, debido a las medidas extraordinarias

decretadas por el gobierno que impidieron la salida de los reos, por lo que la jueza instructora

suplente Lila Álvarez Blanco, quien continúa conociendo desde ese entonces el proceso penal,

solicitó, en esa misma fecha, al Director del Centro Penal de Metapán que indicara la vigencia de

tales restricciones para programar la audiencia, lo que fue resuelto por el referido director mediante

oficio número 522 ALC 2019, señalando que este finalizaba el 5 de julio de 2019.

Por lo anterior, se programó la audiencia para el 8 de agosto de 2019; sin embargo, un día

antes, el abogado Araujo Machuca solicitó su reprogramación por coincidir con otra diligencia

judicial previamente agendada, lo cual fue atendido por la autoridad judicial, luego de verificar la

veracidad del inconveniente de la defensa y la reprogramó para el 3 de septiembre de 2019, la cual

también se aplazó.

Después de la fecha referida, tal como lo indicara la autoridad demandada, finalmente el

día 3 de octubre de 2019 fue instalada la audiencia preliminar, culminando los alegatos el día 17

de del mismo mes y se señaló inicialmente el 18 de noviembre de 2019 para emitir la resolución,

pero fue reprogramada para el 18 de diciembre del mismo año debido, según indicó la jueza

instructora interina, a las dimensiones de la causa (2726 piezas) y la complejidad de la misma. Por

lo que llegada esa última fecha continuó con la audiencia para resolver los incidentes planteados

por las mismas partes, admitió parcialmente la acusación y ordenó la apertura a juicio, manteniendo

la detención provisional en contra del señor JU conocido como JUS y respecto al resto de

favorecidos, por ser imputados ausentes, se indicó que: “ […] posteriormente se haría el trámite

para si es el caso, declarar la rebeldía […]”(sic). Así la resolución quedó notificada a las partes a

las 15 horas con 30 minutos de ese mismo día.

El 23 de diciembre de 2019, el defensor Araujo Machuca planteó revocatoria de la apertura

juicio, pero por resolución del 14 de enero de 2020 se declaró inadmisible por 3 motivos y no ha

lugar por otro. Asimismo, el 3 de enero de 2020 se interpuso apelación del auto de apertura a juicio,

pero fue declarada inadmisible por la cámara respectiva.

Si bien desde el 20 de diciembre de 2019 la autoridad judicial ordenó la remisión del

proceso al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, dicho expediente no pudo ser

materialmente enviado sino hasta el 17 de marzo de 2020, según el último informe de la autoridad

demandada de fecha 27 de mayo de 2020, en el que además se indicó que respecto a los señores

WGU, MHSU y TRMG, por quienes se ordenó separación de juicio en la audiencia preliminar

“[…] una vez se haya resuelto lo pertinente respecto de su situación jurídica, se remitirá el informe

respectivo […]”.

De la exposición cronológica expuesta se advierte que el proceso penal gira en torno a un

total de 9 imputados, de los cuales 4 son favorecidos con respecto al presente hábeas corpus,

quienes desde el inicio de la causa a la fecha, han tenido calidad de ausentes, excepto el señor JU,

conocido como JUS, por haber sido capturado y puesto a la orden del juez respectivo el 26 de

octubre de 2018, fecha desde la cual está sometido a detención provisional. Asimismo, a los

justiciables se les atribuye un delito grave –lavado de dinero y de activos– para cuya investigación

la fiscalía propuso una serie de elementos probatorios, entre ellos, un peritaje de auditoría contable,

que requirió la designación de varios peritos y de un tiempo considerable para su realización.

Consta que desde que se recibió la causa en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San

Salvador –12 de junio de 2017– a la fecha en que se inició este hábeas corpus –5 de marzo de

2019–, transcurrió 1 año con 9 meses aproximadamente en esa etapa instructora; sin embargo, se

advierte que durante ese tiempo hubo prórroga por 6 meses del plazo de instrucción por petición

fiscal, lo cual fue justificado por el juez en razón de las circunstancias derivadas de la complejidad

del caso, entre ellas, la realización completa de las pericias de auditoría forense contable y la de

extracción y resguardo de información electrónica de la evidencia incautada, respecto de las cuales

los peritos aún se encontraban procesando la información.

Asimismo, se ha constatado que concluido ese término la autoridad judicial convocó a las

partes por primera vez para la celebración de la audiencia preliminar; sin embargo, la fiscalía

solicito 6 meses más para ampliación y aclaración de una gran cantidad de puntos de la pericia

contable aludida, respecto a la cual una vez presentada, las partes requirieron reprogramación de

audiencia para su estudio, pues la misma comprendía más de 1,000 folios y la evidencia documental

remitida constituía 966 piezas, aunado a lo cual se propuso ampliación de la acusación, la cual fue

admitida de conformidad al art. 384 CPP.

Al respecto, es de señalar que si bien dicha audiencia fue programada en varias ocasiones

–16 de julio de 2018, 23 de enero, 5 de marzo, 28 de marzo, 20 de junio, 8 de agosto, 3 de

septiembre y 3 de octubre, todas de 2019–, según consta en los pasajes procesales remitidos, 3

veces fueron por petición fiscal –una por ampliación de pericia y las otras por requerir tiempo para

estudiar dicha prueba–; 2 por falta de traslado del imputado detenido y 2 por petición de la defensa,

primero por solicitar diligencias y luego por coincidir la fecha con otra diligencia. De manera que,

este Tribunal ha comprobado que la prolongación en el tiempo para realizar la audiencia preliminar

no se ha debido a causas que puedan ser atribuidas directamente al juez instructor.

Cabe señalar, además, que la representación de la defensa participó de peticiones vinculadas

a la prueba producida en la etapa instructora y solicitó reprogramación de audiencias, lo que fue

atendido por la autoridad demandada, circunstancia que no evidencia una supuesta desigualdad

procesal con relación a la Fiscalía General de la República.

Se advierte entonces que el proceso penal instruido en contra de los favorecidos ha sido

calificado como complejo por la autoridad demandada, circunstancia que resulta evidente por las

características del delito atribuido, la cantidad de imputados entre presentes y ausentes que ha

determinado la separación de causas, el total de información recopilada y los análisis que se han

ordenado en el trámite del proceso, que ha requerido diligencias probatorias igualmente complejas,

como la auditoría financiera contable, la cual exigió un tiempo considerable para que fuera

elaborada, ampliada, incorporada y estudiada por las partes, entre otros aspectos derivados de esa

complejidad y que han provocado que el expediente que lo conforma se constituya en más de 2,700

piezas, siendo ello inusual en los procesos judiciales, tornándose así voluminoso. Lo anterior, sin

considerar que dicha sede judicial tramita otros procesos, los que podrían ser de similar naturaleza.

Y es que debe reiterarse que de conformidad al art. 11 Cn. las personas tienen derecho al

hábeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad;

por lo que, mediante el mismo, lo que se juzga es la legitimidad de una privación de libertad,

amenaza de esta, o las condiciones en que se encuentra el sujeto que sufre la restricción, sin extraer

más consecuencias que la necesaria finalización o modificación de tales situaciones.

En ese orden, cuando se reclaman dilaciones indebidas, de conformidad a la jurisprudencia,

esta Sede debe analizar en cada supuesto la magnitud de la afectación al derecho fundamental de

libertad física, en tanto que, solo aquellos retrasos en la tramitación de un proceso judicial que

carecen de justificación generan afectaciones con trascendencia constitucional; de ahí que, las

circunstancias descritas en torno al proceso penal instruido en contra de los favorecidos no permiten

deducir una incidencia en el derecho fundamental aludido. Aunado a lo cual, es de aclarar que, en

el caso del señor JU, conocido por JUS, quien se encuentra privado de libertad, no se advierte

vencimiento de término contemplado en el inc. 2° del art. 8 CPP.

A partir de lo anterior, esta Sala determina que si bien ha existido una dilación en el proceso

penal, esta no se adecúa a los supuestos que establece la jurisprudencia constitucional para

calificarla como indebida, en tanto se ha comprobado que el proceso penal que se sigue a los

beneficiados reviste una complejidad tal que ha generado mayor dificultad de investigación,

aunado al comportamiento de las partes que han motivado la prolongación de la causa, sin

advertirse plazos muertos o períodos de inactividad del Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador;

por tanto, la demora en la celebración de audiencia preliminar está justificada y no puede sostenerse

una vulneración a los derechos de defensa y libertad física de los señores 1) JU, conocido por JUS,

2) WGU, 3) MHSU y 4) TRMG, pues la misma se ha debido a causas ajenas a la actividad del

juzgador.

Y es que el incumplimiento de términos durante la tramitación de un proceso judicial no

siempre constituye, por sí mismo, una dilación indebida, pues de manera excepcional determinadas

circunstancias comprobadas pueden implicar una justa razón; es decir que en aquellos procesos

penales que revistan comprobada complejidad, como el estudiado en el presente caso, pueden

existir demoras más allá de los tiempos regulados por el legislador y estar justificadas.

En consecuencia, al no comprobarse la existencia de dilaciones indebidas que incidieran en

el retraso en la celebración de la mencionada audiencia por parte de la autoridad demandada, no es

posible acceder a la pretensión planteada y deberá desestimarse.

Sin perjuicio de lo dicho, esta Sala estima pertinente exhortar tanto a la Jueza Cuarto de

Instrucción como los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia, ambas sedes de esta ciudad, a que

realicen las actuaciones judiciales con la mayor celeridad posible y a conminar a los sujetos

procesales a que se sometan a los plazos contemplados para el desarrollo del proceso penal a través

de las herramientas que le franquea la ley, de modo que las autoridades judiciales referidas, según

les corresponda por estar a su orden los favorecidos, deben procurar evitar que el proceso penal se

continúe dilatando, a fin de resolver definitivamente y lo antes posible la situación jurídica de los

procesados en el caso en comento.

Finalmente, es de indicar que, según se advierte en los pasajes del proceso penal la defensa

del favorecido U presentó escrito el 3 de abril de 2019, solicitando al juez ordenar la realización

de peritajes médico y psicológico, al informarse que este se encontraba ingresado en un centro

asistencial por una cirugía en su columna vertebral, habiéndosele indicado un período de

rehabilitación y cuidados posteriores a la operación; sin embargo, el juez declaró no ha lugar tal

requerimiento aduciendo que no es su facultad verificar la atención médica del incoado sino que

corresponde a la Dirección General de Centros Penales, a través del director del centro penal

respectivo.

Al respecto, esta Sala ya ha sostenido que las autoridades judiciales a cuyo cargo se

encuentren las personas detenidas están obligadas a garantizar la protección de sus derechos

fundamentales, haciendo las gestiones indispensables para procurar que se les brinden los

tratamientos médicos que según sus padecimientos requieran o, en su caso, que sean trasladados a

los centros asistenciales cuando sea necesario; todo ello con la finalidad de asegurar su salud y

prevenir lesiones a su integridad personal –sentencia de 25 de octubre de 2019, hábeas corpus 252-

2019–

1

.

En consecuencia se considera que la medida idónea para garantizar el Derecho a la Salud

y por consiguiente la integridad física del favorecido, es ordenar al Juez de la causa, que realice las

acciones pertinentes para determinar su estado de salud actual, y verifique el tratamiento médico

1

En esa misma línea esta Sala ha insistido en que la privación de libertad no debe sacrificar otros derechos

fundamentales de los afectados, como la salud y la integridad personal, de manera que las autoridades a cuyo cargo se

encuentran están obligadas a respetarlos, a realizar acciones positivas p ara garantizar su ejercicio y a rectificar

cualquier comportamiento que los estuviere lesionando o poniendo en peligro –Resolución d e 24 de junio de 2020,

hábeas corpus 444-2020–.

adecuado y las medidas necesarias para atender sus padecimientos; además, deberá constatar la

atención medica brindada

Ahora bien, en el marco de la facultad judicial de revisión de medidas cautelares, conforme

lo dispone el Código Procesal Penal, y tal como se tuteló el derecho a la Salud de los imputados

procesados, ante la situación actual que se vive en el país por la pandemia declarada por la

Organización Mundial de la Salud, es necesario aplicar lo resuelto en el Habeas Corpus 201-2020,

para los efectos del presente proceso, y constatar si en la resolución que impuso la detención

provisional del favorecido se evaluó su estado de salud los riesgos que puede generar el COVID-

19 en personas que se encuentran privadas de libertad en condición de procesado, teniendo en

cuenta la edad, los padecimientos crónicos y otras variables, deberá entonces examinarse dichos

aspectos para determinar si es procedente mantener la referida medida cautelar.

Por las razones expuestas y con base en los artículos 2, 11 y 12 de la Constitución; 9.3 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos; esta Sala RESUELVE:

1. Declárase no ha lugar el presente hábeas corpus solicitado a favor de los señores: 1) JU,

conocido por JUS, 2) WGU, 3) MHSU y 4) TRMG, en virtud de no haber vulnerado el Juez Cuarto

de Instrucción de San Salvador sus derechos de defensa y libertad física, al no comprobarse la

existencia de dilaciones indebidas en su actuación, ni desigualdad procesal.

2. Requiérasele a la Jueza Cuarto de Instrucción y a los jueces del Tribunal Segundo de

Sentencia, ambas sedes de esta ciudad, a que realicen las actuaciones judiciales pertinentes a fin de

resolver definitivamente y lo antes posible la situación jurídica de los procesados en este caso.

3. Requiérasele al Juez de la causa, que realice la revisión de la medida cautelar de detención

provisional, en la que deberá valorar el estado de Salud, y la situación jurídica actual del favorecido

Asimismo, certifíquese la presente al Juez 2º. de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de

la Pena de Santa Ana, a efecto que conforme a los establecido en el artículo 35 de la Ley

Penitenciaria, ejerza la vigilancia sobre el derecho a la Salud del señor U.

4. Notifíquese esta resolución a las partes acreditadas y al Tribunal Segundo de Sentencia

de San Salvador, a cuyo cargo se informó que ha pasado el proceso penal en contra del señor U.

5. Archívese.

--------------A. PINEDA----------A. E. CÁDER CAMILOT---------C. S.AVILÉS.--------------------

PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.----------------

--------E. SOCORRO C.---------------------RUBRICADAS-------------------------------

TO PARTICULAR CONCURRENTE DEL MAGISTRADO ALDO ENRIQUE CÁDER

CAMILOT.

Aunque concurro con mi voto en la formación de la sentencia respecto a la declaratoria de

no ha lugar al hábeas corpus de mérito, por no haberse comprobado a la fecha la existencia de

dilaciones indebidas por parte de la autoridad demandada, no estoy de acuerdo con que se haya

efectuado una valoración sobre la medida cautelar que le ha sido impuesta a los solicitantes del

hábeas corpus, en virtud de los siguientes motivos:

1. Las autoridades judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional deben observar los

principios que rigen el proceso, entre estos, el de congruencia. De acuerdo con el citado principio,

la pretensión determina el objeto de control del proceso. Así, en el hábeas corpus, la Sala de lo

Constitucional estará facultada para controlar la constitucionalidad de las actuaciones impugnadas

por la parte actora con base en los motivos alegados, sobre los cuales aquella alegue una

vulneración a su derecho a la libertad personal o a la integridad física.

2. En el presente caso, tal como puede colegirse del considerando I. 1 de la presente

sentencia, los solicitantes alegaron que la autoridad judicial demandada vulneró “su derecho a ser

juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas”, pues dicho funcionario habría

prorrogado la etapa de instrucción por un plazo mayor al establecido en la ley, sin existir ninguna

circunstancias que legitimara tal situación.

De lo expuesto, se colige claramente que el hábeas corpus se centró en examinar si existían

o no dilaciones injustificadas en el proceso penal tramitado en contra de los actores. Es así, como

se admitió a trámite y se comisionó al juez ejecutor verificar la existencia o no de las mismas.

3. Si bien el examen de constitucionalidad realizado en la sentencia parte del control de las

actuaciones impugnadas, en un aspecto se aparta del orden lógico trazado al introducir un tema

que no fue cuestionado en la demanda, ni guarda relación con los vicios de constitucionalidad

controvertidos. Así, en la página 8 de la sentencia, pese a que el hábeas corpus se centra en

supuestas dilaciones indebidas cometidas por el juez instructor en la tramitación del proceso, se

destaca que el señor JU, conocido por JUS, se encuentra privado de libertad, pero que no se advierte

vencimiento del plazo de esa medida cautelar, según lo previsto en el art. 8 inc. 2° del Código

Procesal Penal.

Tal apreciación, a mi juicio, no guarda correspondencia con el objeto de control en este

proceso, por lo que considero importante destacar que si bien comparto las razones jurídicas y

fácticas con base en las cuales se comprobó la inexistencia de las dilaciones indebidas argüidas en

la demanda, mi razonamiento y decisión sobre el caso no se ha sustentado –ni tiene que ver- en la

situación procesal del pretensor. Por ello, no suscribo, por no haber formado parte de mi análisis,

la afirmación que se hace de que aún no ha vencido el plazo legal de la detención provisional. Y es

que, como expuse, tal circunstancia escapa de los términos a los que se circunscribió el inicio de

este proceso constitucional, por lo que no deben considerase como parte de las razones de mi

decisión. En conclusión, no era necesario hacer alusión a si ya venció o no el plazo de la detención,

o desde qué momento comienza a contar dicho plazo, para evitar confusiones sobre los motivos

que fundamentan el fallo.

---------------------------------------A. E. CÁDER CAMILOT.------------------------------------------

PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.----------------

-------------------E. SOCORRO C.--------------RUBRICADAS .-------------------------

Hábeas corpus

109-2019

Voto disidente de las Magistradas Sonia Elizabeth Cortez de Madriz y Marina de Jesús

Marenco de Torrento.

No concurrimos con nuestro voto a la formación de la anterior resolución, por las siguientes

razones:

I. En primer lugar, como se afirma en el considerando III de la resolución de la cual

discrepamos, este Tribunal ha insistido que una de las exigencias del derecho defensa, instaurado

dentro de un proceso constitucionalmente configurado, incluye que todo imputado obtenga dentro

de un plazo razonable la definición de su situación jurídica, en tanto que las dilaciones indebidas

dentro del proceso penal no solo coartan desproporcionalmente el derecho de libertad física –art. 2

Cn.–, cuando existe alguna limitación sobre el mismo, sino que también inciden en el de defensa –

art. 12 Cn.–, al impedir al justiciable definir su situación jurídica con la celeridad que el caso

específico amerite.

Asimismo, si bien existen elementos que en determinados supuestos podrían justificar un

retraso en la tramitación de un proceso, los cuales han sido desarrollados por la jurisprudencia y

relacionados en la decisión anterior, es necesario evaluar cada caso concreto a la luz de la

Constitución.

En ese orden, el fallo desestimatorio emitido en este hábeas corpus ha considerado que la

“complejidad del asunto” y la participación de las partes en algunos de los aplazamientos de la

audiencia preliminar justifican su demora; sin embargo, es de señalar que el tiempo de respuesta

para decidir los litigios sometidos a competencia de una autoridad judicial deberá tener en cuenta,

de forma primordial, el tipo de restricción que padece la persona del justiciable y en este caso la

decretada ha sido la más grave de todas: la prisión preventiva.

Debe considerarse además que la exigencia del plazo razonable en el enjuiciamiento penal

también ha sido recogida en instrumentos internacionales como los citados en la sentencia que

precede, respecto a los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido

que la falta de razonabilidad en el plazo para el desarrollo de un proceso judicial constituye por sí

mismo, en principio, una violación de las garantías judiciales reconocidas en la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (CADH)

1

.

II. Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente caso resulta relevante que, hasta la

presentación de este hábeas corpus, el proceso penal sobrepasara el año y medio sin finalizar la

etapa instructora, superando así los plazos máximos que disponen los artículos 309 y 310 del

Código Procesal Penal al haberse prorrogado la instrucción por el tiempo máximo que la ley

habilita

2

, al cual se sumaron 6 meses más para ampliar la pericia contable, cuya realización había

iniciado desde hacía 1 año atrás. Después de iniciado este proceso constitucional, transcurrieron 7

meses más para que la audiencia preliminar fuera celebrada, la cual fue precedida de 8

reprogramaciones con fechas distantes unas de otras que abarcaron 1 año y 3 meses

aproximadamente.

Al respecto, si bien es cierto que el proceso penal instruido en contra de los favorecidos ha

sido calificado como complejo, lo cual no contradecimos, ello no significa que pueda justificarse

sobrepasar el tiempo razonable para definir la investigación penal pues, en todo caso, es obligación

del juez, como director del proceso, no solo realizar las actuaciones necesarias para que la causa se

desenvuelva adecuadamente, sino también garantizar la gestión apropiada del transcurso de los

actos con el fin de evitar retrasos injustificados en el enjuiciamiento de los procesados, lo cual

implica controlar el comportamiento de las partes que pueda provocar de forma irrazonable o

injustificada el aplazamiento de diligencias, principalmente en este caso, de la audiencia

preliminar.

En ese orden, la CIDH ha indicado que la posible complejidad de determinados procesos

no constituye un elemento que excuse el retardo injustificado de la administración de justicia

3

, en

tanto que esta debe demostrar que se ha actuado con la debida diligencia y celeridad. De ahí que la

calificación de complejo no justifica, por sí misma, que el proceso penal siguiera abierto por tanto

1

Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, 2002.Párr 145 . Corte Interamericana de

Derechos Humanos.

2

De conformidad al Código Procesal Penal, la instrucción formal en el proceso penal está dispuesta para la recolección

de elementos que han de funda mentar la acusación y prepar ar la defensa –art. 301 CPP– a fin que al haberse agotado

dicho plazo de instrucción, las partes puedan presentar sus pretensiones según los arts. 3 55 y 358 CPP. Este espacio

de tiempo, q ue para casos como el analizado, es de un máximo d e seis meses, puede ser prorrogado por un periodo

igual (art. 310 Pr.Pn.).

3

Caso Garibaldi vs. Brasil, excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia d el 23 de septiembre

de 2009, párrafos 102 y 134. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, véase en derecho comparado,

Caso Wemhoff, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de junio de 1968.

tiempo y pendiente de definirse la situación jurídica de los favorecidos mediante la audiencia

preliminar.

En esa misma línea, conviene citar lo sostenido por la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos –CoIDH– con relación al alcance del art. 7.5 CADH referido al derecho a la

libertad personal

4

, respecto al cual ha indicado que el principio de legalidad que impone al Estado

la obligación de proceder al juzgamiento de las personas a quienes se les atribuye la comisión de

un delito, no justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto

de índole penal, pues de ser así implicaría de manera implícita asumir que “[…] el Estado siempre

enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la

culpabilidad […]"

5

.

Ahora bien, debe aclararse que esta Sala no puede determinar, por no ser parte de su

competencia, la necesidad de la obtención de la pericia financiera contable como la desarrollada

en el proceso penal que nos ocupa, pues eso es una cuestión que debe dilucidar el juez a cargo del

proceso penal, lo que sí debe señalarse es que su realización no debe implicar una demora excesiva

de la causa, como ocurrió en el presente caso.

Y es que desde que se emitió la autorización judicial para la realización de la prueba pericial

referida–20 de julio de 2017– hasta que se tuvo por finalizada después de su ampliación y

aclaración –25 de marzo de 2019– aconteció un tiempo de 1 año con 8 meses en el que se

concedieron y luego excedieron los máximos plazos procesales posibles, sin que se advierta un

control eficiente de dirección del juez para evitar esa prolongación excesiva.

En ese sentido y con base en todo lo expuesto, si bien se advierte cierta actividad de la

autoridad judicial, el lapso de aproximadamente 2 años con 4 meses que en su totalidad ha

demorado la tramitación del proceso penal en la sede de instrucción sobrepasa excesivamente un

plazo que pudiera considerarse razonable para realizar las correspondientes diligencias

investigativas que en esa etapa corresponde y celebrar la audiencia preliminar, cuando existen

imputados contra los cuales se ha ordenado la restricción más intensa que existe en el proceso penal

4

“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley

para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad,

sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su

comparecencia en el juicio”.

5

Informe n° 12/96 del 1° de marzo de 1996, OEA/Ser.LlVIII.91, Doc. 7 Rev., 28 de febrero de 1996, p árrafo 78.

Comisión IDH.

en relación con el derecho de libertad personal: la detención provisional, la cual se ha hecho

efectiva con relación a uno de ellos.

Y es que el incumplimiento de términos durante la tramitación de un proceso judicial no

siempre constituye, por sí mismo, una dilación indebida, pues de manera excepcional determinadas

circunstancias comprobadas pueden implicar una justa razón; sin embargo, cuando se ha decretado

la prisión preventiva del justiciable la duración excesiva del procesamiento y, en particular, la

restricción de libertad del que se haya detenido resultan desproporcionales, ante lo cual el juez a

cargo debe ser especialmente estricto y cuidadoso no solo de evitar la dilación de la causa, sino

también de reevaluar la continuidad de dicha medida

6

.

En otras palabras, los procesos penales complejos pueden demorar, justificadamente, y en

casos excepcionales más allá de los tiempos regulados por el legislador, pero en estos supuestos,

la obligación de los jueces respecto a la ponderación que deben hacer para decidir la medida

cautelar que debe aplicarse debe incluir tal consideración.

Entonces, es posible determinar que las dilaciones indebidas acontecidas en el proceso

penal instruido en contra de los señores: 1) JU, conocido por JUS, 2) WGU, 3) MHSU y 4) TRMG,

ha implicado la lesión a sus derechos fundamentales de defensa y libertad física, por haber

prolongado sin justificación su procesamiento.

Cabe aclarar que no se discute que acontezcan algunos aplazamientos de audiencia

preliminar ya sea por impedimentos justificados del juez, del fiscal o de otros intervinientes; el

problema en sí radica en que los mismos sean permitidos de manera reiterada y con mucho tiempo

entre los señalamientos habiendo demorado los plazos máximos de la fase de instrucción como en

el presente caso y que el juez no muestre diligencia para la pronta ejecución de dicha audiencia,

especialmente cuando se ha ordenado la medida cautelar más grave del ordenamiento jurídico.

7

Por otra parte, estimamos pertinente señalar que, en supuestos como el verificado en este

caso, en el cual el Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador Rigoberto Chicas, rechazó la petición

de ordenar la realización de peritaje médico solicitado a favor del señor US, su respuesta implicó

un comportamiento evasivo de sus obligaciones constitucionales con relación a los derechos de

salud e integridad personal del imputado, sin que tal circunstancia objetiva y novedosa respecto a

este haya sido tampoco considerada en la revisión de su medida cautelar, en tanto que las solicitudes

6

Véase el Caso Wesolowoski, sentencia de 22 de junio de 2004, Tribunal Europeo d e Derechos Humanos.

7

Véase el Caso Pantano, sentencia de 6 de noviembre de 2006 , Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

referidas a ella también fueron desestimadas, siendo hasta alrededor de 8 meses después que la

jueza suplente ordenó tal evaluación pericial y en la cual efectivamente se hizo constar que el

favorecido requería de tratamiento hospitalario posterior a su operación, circunstancia que se

traduce en una agravación al cumplimiento de su privación de libertad en tanto que esta ha sido

ejecutada sin una tutela adecuada de su derecho a la salud por parte del juez referido.

Por otro lado, consideramos conveniente dejar claro que la petición que nos ocupa no versa

sobre el exceso del plazo legal máximo de la detención provisional, sino respecto de la

prolongación injustificada del proceso penal mientras existe privación de libertad, de lo cual nos

hemos ocupado en estas líneas. Y es que, según la jurisprudencia constitucional, ambos supuestos

de vulneración son distintos y no es necesario que se superen los plazos máximos del art. 8 CPP

para que exista una lesión a derechos fundamentales, sino el análisis de dilaciones indebidas pierde

su sentido y su autonomía.

III. Con relación a los efectos que se consideran pertinentes, derivados de la presente

postura, se sostiene lo siguiente:

Es conveniente enfatizar que, en esta materia, las limitaciones a la libertad personal pueden

presentar múltiples escenarios de afectación y los niveles de vulneración también podrían implicar

una diversa gradualidad que amerite respuestas diferentes y proporcionales ante el daño causado a

tal derecho. Así, una vulneración de la naturaleza aludida en la presente decisión impone la

necesidad de una reparación del daño causado por la infracción, la cual en la medida de lo posible

debe estar referida a la plena restitución del derecho (restitutio in integrum)

8

.

En ese orden la CIDH, por ejemplo, ha abordado en varios casos el alcance del plazo

razonable en el contexto tanto de la CADH como, incluso, de criterios fundados en la regla general

de la interpretación de los tratados, particularmente del receptado sistema europeo de Derechos

Humanos, en virtud del cual se ha señalado que dicho termino implica que: "[…] Hasta que recaiga

sentencia condenatoria, el acusado debe ser considerado inocente y la finalidad del precepto que se

analiza es fundamentalmente que se conceda la libertad provisional desde que la continuación de

la detención deja de ser razonable […]"

9

. Asimismo, ha sostenido que el concepto de “tiempo

razonable” del artículo 7 de la aludida convención posibilita que el imputado sea puesto en libertad

8

Ver sentencia de 8 de julio de 2020, hábeas corpus 410-2018.

9

Resolución n° 17/89 del 13 de abril de 1989, Informe Anual 1988-1989, OEA/Ser.LlVIII.76, Doc. 10, 18 de

septiembre de 1989, ps. 38 y siguientes. Comisión IDH.

sin perjuicio de que continúe su proceso penal, en tanto que el tiempo establecido para la detención

provisional es necesariamente mucho menor que el destinado para todo el juicio

10

.

En este caso se decretó la detención provisional de los favorecidos mediante resolución

emitida por el Juez Cuarto de Paz de San Salvador el 24 de abril de 2017 y si bien la audiencia

preliminar ya fue celebrada, esta se realizó únicamente respecto al procesado presente JU, contra

quien se ordenó apertura a juicio.

En ese sentido, al haberse determinado que hubo dilaciones indebidas del proceso penal en

la sede de instrucción, lo que ha impedido definir de forma oportuna la situación jurídica de los

favorecidos, tal circunstancia no genera los mismos efectos para todos ellos, en tanto que su

reconocimiento afecta sustantivamente el derecho de libertad física de quien se hallare detenido;

en este caso el señor JU es el único que se encuentra en esa condición de restricción –a la fecha

durante 1 año con 10 meses– la cual se torna inconstitucional por las razones detalladas. En

consecuencia, tal como lo manda el art. 72 de la Ley de Procedimientos Constitucionales lo que

correspondería es ordenar su inmediata libertad por el juez a cuyo cargo se encuentre, siempre que

el justiciable no se hallara detenido a la orden de otra autoridad por otro delito, debiendo en todo

caso imponérsele las medidas de sujeción que la autoridad judicial estime pertinentes para

vincularlo al procedimiento, las cuales, en todo caso, deberían ser menos lesivas que la detención

provisional.

Finalmente, respecto a los señores WGU, MHSU y TRMG, lo que correspondería como

consecuencia de la vulneración constitucional reconocida es que, en el momento en que se

presenten al proceso, se defina de forma inmediata, por parte de la autoridad judicial a cuyo cargo

se encuentran, la situación jurídica en cuanto a su imputación y las medidas cautelares a las que

estarían sujetas, si fuera procedente, continuando vigente la detención provisional ordenada en su

contra en la audiencia inicial y las correspondientes órdenes de restricción por ser imputados

ausentes, sin que pueda considerarse la pertinencia del dictado de medidas cautelares distintas a la

prisión preventiva mientras no comparezcan al proceso penal.

Conclusión:

A partir de las razones expuestas, consideramos que en el fallo correspondía declarar ha

lugar el presente hábeas corpus solicitado a favor de los señores: 1) JU, conocido por JUS, 2) WGU,

10

Informe n° 12/96 del 1° de marzo de 1996, OEA/Ser.LlVIII.91, Doc. 7 Rev., 28 de febrero de 1996, pár rafo 110.

3) MHSU y 4) TRMG, por no haber sido procesados en un plazo razonable durante la etapa de

instrucción, lo cual generó vulneración a sus derechos de defensa y libertad física.

Consecuentemente, procedería ordenar la inmediata libertad del primero de los favorecidos,

al ser el único que se encuentra padeciendo la prisión preventiva ordenada, siempre que no se

hallare a la orden de otra autoridad por otro delito, pudiendo la autoridad judicial considerar

cualquier otra medida alterna y menos lesiva que la detención provisional; así como definir lo antes

posible la situación jurídica de los últimos 3 favorecidos, quienes se encuentran ausentes en el

proceso, continuando vigentes la detención provisional ordenada en su contra y las órdenes de

restricción, sin que pueda considerarse la pertinencia del dictado de medidas cautelares distintas a

la prisión preventiva mientras no se presenten al proceso penal.

----------------------M. DE J. M. DE T.------------------------SONIA C. DE MADRIZ.--------------

PRONUNCIADO POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS QUE LO SUSCRIBEN.----------------

-----------------------E. SOCORRO C.----------------------RUBRICADAS.-------------