Sentencia Nº 12-APC-2017 de Sala de lo Civil, 18-05-2018

EmisorSala de lo Civil
Sentido del falloRevócase en todas sus partes la sentencia pronunciada por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro.
MateriaCIVIL Y MERCANTIL
Fecha18 Mayo 2018
Tipo de RecursoRECURSO DE APELACION
Número de sentencia12-APC-2017
Tribunal de OrigenCÁMARA SEGUNDA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO
12-APC-2017
SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las trece
horas cuarenta y un minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.
Vista en apelación la sentencia definitiva pronunciada por la Cámara Segunda de lo Civil
de la Primera Sección del Centro, en el PROCESO DECLARATIVO COMÚN DE
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, promovido por el Estado de El Salvador, a través del Fiscal
General de la República, contra el diputado Reynaldo Antonio López Cardoza, y de la señora
AYGL.
Intervinieron en Primera Instancia los agentes auxiliares delegados por el Fiscal General
de la República, licenciados Lindaura Rocío Rodríguez de Molina, Ana Miriam Montalvo de
Cerón, Jeremías Antonio Ochoa Rivera, Yohana Teresa Rivas Ramírez, José Antonio Martínez,
Fabio Francisco Figueroa Almendarez, Ana Cecilia Galindo Santamaría y Héctor Nahún
Martínez García; los últimos tres abogados se postularon en esta instancia.
La parte demandada, Reynaldo Antonio López Cardoza y AYGL, fueron representados
por los licenciados Manuel Edgardo Acosta Oertel, José Manuel Cruz Azucena, Rubén Ernesto
Rivas Escalante y Enrique Antonio Araujo Machuca; en esta instancia, únicamente por los dos
primeros abogados.
A. CONSIDERANDO:
I. 1. En primera instancia, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del
Centro, en sentencia definitiva de las quince horas del veinte de marzo de dos mil diecisiete, de f.
5770 al 5809 de la 29ª pieza, resolvió: «[...] 1) DECLÁRESE NO HA LUGAR, a la existencia de
enriquecimiento sin causa justa del funcionario Reynaldo Antonio López Cardoza en su calidad
de diputado propietario de la Asamblea Legislativa por lo periodo correspondientes al uno de
mayo de dos mil nueve al treinta de abril de dos mil doce (2009-2012) y uno de mayo de dos mil
doce al treinta de abril de dos mil quince (2012-2015). 2) DECLÁRESE NO HA LUGAR, a
restituir de parte del demandado Reynaldo Antonio López Cardoza, al Estado los bienes
adquiridos injustificadamente por no haberse probado dicha pretensión. 3) DECLÁRESE NO HA
LUGAR A INHABILITAR al señor Reynaldo Antonio López Cardoza para el ejercicio de
cualquier cargo público, por no haberse probado el enriquecimiento sin justa causa. 4) Queda
expedito al señor Reynaldo Antonio López Cardoza, su derecho a ejercer, la acción de daños y
perjuicios que se le hubieren ocasionado, por la tramitación del presente proceso artículo 16
LEIFEP. 5) Librase certificación de la sentencia a pronunciarse a la Corte Suprema de Justicia, a
fin que, de considerarlo pertinente, imponga la multa a la que se refiere el artículo 19 LEIFEP, al
señor Reynaldo Antonio López Cardoza. 6) Librase oficio al Tribunal de Ética Gubernamental, a
fin que investigue las probables infracciones establecidas en la Ley de Ética Gubernamental, por
parte del señor al señor Reynaldo Antonio López Cardoza, en el tiempo en que ha ejercido su
cargo de diputado, según los artículos 4 y 5 de la referida ley a consecuencia del uso de los
dineros otorgados en concepto de viáticos. 7) Librase oficio al Tribunal Supremo Electoral, a fin
que investigue si se ha hecho un uso adecuado de los fondos entregados en concepto de deuda
política, en virtud de lo afirmado por el señor Reynaldo Antonio López Cardoza en el presente
proceso. 8). DECLÁRESE HA LUGAR, a la existencia de enriquecimiento sin causa justa de la
señora AYGL en calidad de cónyuge del funcionario Reynaldo Antonio López Cardoza. 9)
CONDÉNESE a la demandada, a restituir al Estado la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 10) INHABILÍTESE, a la señora
AYGL para el ejercicio de cualquier cargo público que pudiera postularse, durante el plazo de
diez años, contados a partir del día en que la presente sentencia adquiera firmeza. 11) Líbrese
oficio a la Fiscalía General de la República, a fin que investigue el probable cometimiento de
ilícitos penales, e inicie las investigaciones respectivas, en cumplimiento a los artículos 48
CPCM, y 312 del Código Penal. 12) Líbrese oficio al Ministerio de Hacienda, para que, en caso
lo considere pertinente, investigue la probable infracción a las obligaciones tributarias por parte
de los demandados. 13) Póngase a disposición del Juzgado Especializado en Extinción de
Dominio, los bienes solicitados y sujetos a medidas cautelares, declaradas en el presente proceso
y las impuestas por la Corte Suprema de Justicia. 14) NO HA LUGAR A LA CONDENA EN
COSTAS EN ESTA INSTANCIA, por haber sucumbido ambas partes en sus pretensiones.
HÁGASE SABER [(sic).
2. Dicha decisión contiene dos apartados principales y uno dedicado a las conclusiones,
que en lo medular, se fundamentaron así:
2.1 En cuanto al diputado Reynaldo Antonio López Cardoza, según lo expone el Tribunal
de la causa, se acreditó que obtuvo ingresos en el período investigado del uno de mayo de dos
mil nueve al treinta de abril de dos mil quince por $837,632.22, y que realizó erogaciones por
$696,475.56, por lo que arrojó un saldo a su favor por $141,156.66.
No obstante lo anterior, se señaló que el monto de egresos indicados por la representación
fiscal era superior al establecido por dicho Tribunal, en virtud que la misma expresó que obtuvo
bienes injustificadamente sin haber presentado el material probatorio pertinente, cuya propiedad,
fecha y monto de compra, se pretendió acreditar con ubicaciones catastrales.
Por otra parte, la Fiscalía señaló como incremento patrimonial injustificado, el aumento
de valor de cinco inmuebles propiedad del diputado, alegando que se compraron a un precio
menor al de mercado y que habían incrementado su valor en razón de construcciones realizadas
en los mismos, considerando la Cámara de mérito, que el incremento está justificado, debido a la
plusvalía que es una cuestión ajena al demandado, y que asimismo, no se impugno el contrato de
compraventa por lo que tiene validez plena; además, que no se puede acreditar con un valúo
pericial, el monto erogado para realizar construcciones o mejoras.
Finalmente, se relacionó que en la audiencia probatoria, la Fiscalía manifestó que según la
Sección de Probidad, el patrimonio injustificado ascendía a $806,479.25, al que debía sumársele
el incremento determinado por los peritos judiciales, de $903,895.85; por lo que el incremento
según la representación fiscal ascendía a $1,710,375.10; dicho monto, a criterio del Tribunal,
carece de sustento legal y probatorio, ya que se habían duplicado lo bienes adquiridos, incluso
triplicados, en virtud de que en la Sección de Probidad se señaló que el demandado incremento su
patrimonio a partir de la compra y mejora de inmuebles, siendo que este rubro también fue
tomado en cuenta por el perito contable financiero, y por la perito valuadora, así como los
vehículos, lo cual no es acorde a la realidad patrimonial, ya que únicamente se sumaron las
cantidades establecidas, sin haber verificado que se estaban duplicando los valores.
En conclusión, lo absuelve de las pretensiones fijadas por la Fiscalía General de la
República, por no haberse establecido un provecho proveniente de las arcas del Estado ni del
cargo ejercido, así como de las sanciones contenidas en la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de
Funcionarios y Empleados Públicos en adelante, LEIFEP.
2.2 En lo que concierne a la señora AYGL, la Cámara consideró que no logró desvirtuar
la presunción legal de enriquecimiento sin causa, por no haber presentado prueba que justificare
la obtención de $50,000.00, depositados a plazo en el banco Scotiabank El Salvador, ni la del
monto erogado para la compra de un inmueble por $28,000.00.
Lo anterior en virtud de que, según el Tribunal de primera instancia, las declaraciones
juradas y el testimonio de la señora RG, constituyen un indicio de los hechos alegados, ya que no
se demostró la cantidad de dinero enviada desde los Estados Unidos de América, ni las fechas en
que se realizaron las remesas, por lo que a su criterio, no se aportó el material probatorio
necesario para acreditar que la señora RG le envió una suma cierta y determinada de dinero a la
señora AL.
Aunado a lo anterior, advierte la Cámara que no se ofertaron recibos, comprobantes de
envío, ni documentos que demostraran las transferencias a favor de la demandada, y que tampoco
puede presumirse que se los dio su cónyuge, dado el régimen patrimonial de su matrimonio, el
cual se fijó por bienes separados.
Por consiguiente, estimó que la demandada se enriqueció injustificadamente por la
cantidad de $78,000.00, declarando lo pertinente a los hechos que tuvo como probados e
inhabilitándola a ejercer cualquier cargo público, por el término de diez años, según el art. 21
LEIFEP.
II. 1. Las partes respectivas, no conformes con el fallo transcrito, interpusieron recursos
de apelación, los cuales fueron admitidos por esta Sala mediante auto de las diez horas cuarenta y
un minutos del veintitrés de enero del corriente año.
El primero fue formulado por los abogados Manuel Edgardo Acosta Oertel y José Manuel
Cruz Azucena, en representación de la señora AYGL, impugnando la sentencia en lo que le
perjudica a sus intereses.
El segundo fue presentado por los agentes auxiliares del Fiscal General de la República,
licenciados Ana Cecilia Galindo Santamaría, Fabio Francisco Figueroa y ctor Nahún Martínez
García, impugnando la sentencia en cuanto a la absolución del diputado López Cardoza.
2. La audiencia se realizó en la sede de este Tribunal, iniciándose a las nueve horas
veintitrés minutos del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes
expusieran los fundamentos de los agravios contenidos en los recursos interpuestos y que se
sustentara la oposición a los mismos.
Dicho acto tuvo lugar con la comparecencia de los abogados Manuel Edgardo Acosta
Oertel y José Manuel Cruz Azucena, el señor Reynaldo Antonio López Cardoza y los agentes
auxiliares del Fiscal General de la República.
Al concluir la audiencia y luego de la respectiva deliberación, a partir de las quince horas
del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, este Tribunal expuso verbalmente el fallo, con base
en el art. 515 inc. 1º del Código Procesal Civil y Mercantil en lo que sigue, CPCM, del cual
quedaron debidamente enteradas las partes, tal como consta en acta levantada por la Secretaría de
este Tribunal y en el respectivo registro audiovisual arts. 205 y 206 CPCM.
III. Análisis del recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal.
Previo estudio del escrito en el que se expresan cuatro motivos de agravio,
específicamente, en el primero relacionado a la causa de pedir de la pretensión de
enriquecimiento ilícito por las construcciones o mejoras en cinco inmuebles del señor Reynado
Antonio López Cardoza, se aduce la infracción de los arts. 240 de la Constitución de la
República, 7 LEIFEP y 414 CPCM, relativos a la valoración de la presunción legal.
1. Los preceptos que se consideran infringidos prescriben la aplicabilidad de la presunción
por enriquecimiento ilícito, así:
El art. 240 inc. 1.º y 2.º Cn., expresa: Los funcionarios y empleados públicos que se
enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a
restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes.
Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o
empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya
cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener,
en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de
su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el
capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán
en conjunto.
El art. 7 LEIFEP determina que: Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento
del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo
hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que
normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido
legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa.
Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su
cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto.
Finalmente, el art. 414 CPCM establece: Cuando la ley establezca una presunción, la
persona a la que favorezca quedará dispensada de la prueba del hecho presunto al estar
probados los hechos en que se base.
Si la presunción legal admite prueba en contrario, la actividad probatoria se podrá
dirigir tanto a demostrar que los indicios probados inducen a un hecho distinto o a ninguno,
como a efectuar la contraprueba de dichos indicios para establecer su inexistencia.
En los casos en los que la presunción legal admita prueba en contrario, en la sentencia se
deberá justificar y razonar los argumentos que han llevado al tribunal a la concreta decisión
sobre si el hecho presunto es la consecuencia de los indicios.
2. Según lo sostiene el Ministerio Público Fiscal, dicha presunción releva a la parte actora
de la carga de la prueba, a partir de la acreditación del hecho base de la presunción, lo cual se
acreditó con el informe de la Sección de Probidad y la resolución de las once horas treinta
minutos del seis de octubre de dos mil quince, proveída por la Corte Suprema de Justicia en
Pleno, el cual consistía en las mejoras o construcciones efectuadas a los inmuebles propiedad del
demandado.
En tal sentido, consideran que el demandado tiene la obligación de desvirtuar la referida
presunción, en razón de lo preceptuado en el art. 7 LEIFEP, la cual obra a favor del Estado,
reiterando los errores de valoración ut supra circunscritos a la prueba documental de avalúos
judiciales y auditoría financiero contable.
3. Al respecto, esta Sala considera que el precepto constitucional regula una condición de
aplicación de la presunción por enriquecimiento ilícito, la cual determina la legitimación pasiva
del funcionario o empleado público.
Dicha condición es un presupuesto material o esencial de la pretensión que está arraigada
exclusivamente a la actividad del funcionario o empleado en la administración o manejo de
fondos públicos.
La expresión jurídica constitucional de esa condicionante establece que dichos sujetos han
de enriquecerse sin justa causa a costa de la hacienda pública o del municipio, lo cual significa
que no basta como único presupuesto tener la calidad funcionario o empleado público, sino que el
ejercicio real y efectivo de sus funciones le permita apropiarse bienes pertenecientes al erario
estatal.
De manera que, no puede atribuirse enriquecimiento ilícito civil a un sujeto que no ha
estado en una posición institucional que le facilite el contacto con el patrimonio del Estado
realizando labores directas de administración o gestión de los haberes estatales, tal como lo
expresa la norma suprema, a costa de la hacienda pública o el municipio.
Por ello, es necesario que, la afirmación de la parte actora sobre la legitimación pasiva
atribuida al empleado o funcionario público, determine el vínculo de sus funciones de
administración o gestión con el patrimonio afectado.
4. Lo antes dicho, está en armonía y tiene sustento en los elementos esenciales que
demarcan civilmente la existencia de un enriquecimiento sin causa justa, cuyo contenido exige
que concurran y se acredite lo siguiente:
[a] La ventaja patrimonial o enriquecimiento, puede ser de bienes, utilidades, ganancias,
beneficios o similares, por ello se refiere a una ventaja de carácter económico o pecuniaria con la
cual se mejora un patrimonio. Dicha ventaja puede ser positiva o negativa, ya sea acrecentando
haberes o evitando gastos en menoscabo patrimonial.
[b] El empobrecimiento es todo aquello que sin causa sale, pierde, destruye o se deja de
percibir algo por parte del individuo empobrecido. Bajo dicha concepción, quien no ha sufrido un
empobrecimiento, no tiene legitimación ni interés alguno que alegar, dado que no ha tenido
ninguna pérdida que reportar.
[c] El desplazamiento del patrimonio como nexo de causalidad enriquecimiento y
empobrecimiento correlativos; es decir, que el incremento patrimonial sea consecuencia del
perjuicio del otro.
[d] La ausencia de causa, es la falta de justificación, razón legal o motivo legítimo por el
cual deba efectuarse el desplazamiento de un patrimonio a otro, por ello, para que la acción
proceda es necesario que no exista un antecedente jurídico que sea fuente de obligación entre los
patrimonios correlativos.
Todo lo anterior debe probarse, ninguno de los ítems queda cubierto por la concurrencia
de uno de ellos.
5. Bajo los conceptos vertidos, esta Sala considera que debe analizarse la aplicabilidad de
la presunción conforme a los elementos esenciales del instituto que rige la materia civil, en
armonía con la especialidad de los presupuestos que tiene la LEIFEP.
Así pues, las distintas causas de pedir esgrimidas en la demanda, tratan de identificar los
móviles para activar la presunción de enriquecimiento ilícito estatal a favor de los demandados,
específicamente, la ventaja patrimonial que se alude en este motivo de agravio, se debe al
incremento del valor de cinco bienes inmuebles del señor Reynaldo Antonio López Cardoza, por
construcciones y mejoras sobre los mismos.
No obstante dicha ventaja atribuida por la parte actora, se advierte que la misma recae
sobre un funcionario público que no administró o manejó bienes del erario público, es decir, no
ha ostentado una posición institucional que le permita direccionar haberes estatales a su
patrimonio, y tal como se ha venido sosteniendo, por dicha razón, no tiene legitimación pasiva
para figurar como demandado.
Y es que esa falta de condición o vinculación con los haberes del Estado, tampoco
permite inferir el empobrecimiento bajo los trámites del proceso civil de enriquecimiento ilícito
regulado en la LEIFEP, ya que si el sujeto pasivo no ha podido ni siquiera por sus funciones
ejercer labores administrativas a costa de la Hacienda Pública o el Municipio, de éste patrimonio
que se considera empobrecido, no concurre legitimación activa alguna para demandar, ya que ni
por indicios podría solicitarse el trámite del presente proceso.
Bajo dicha premisa, no se acreditó esa condición personal de aplicabilidad de la
presunción bajo estudio, y que permitiera establecer vía presuntiva que a expensas estatales por
su administración de fondos hay sospecha fundada de un enriquecimiento ilícito civil.
6. Ahora bien, cuando no se tiene acreditada la calidad de funcionario o empleado cuyas
labores se vinculen directamente con el erario público, y se configura aunque sea indiciariamente
un incremento patrimonial desproporcionado a los sueldos o emolumentos percibidos en razón de
su cargo, naturalmente, quedan abiertas otras vías procesales acordes a la causa que se pretenda
atribuir, pero no un juicio civil, cuyo objeto no puede soslayar esa condición personal para su
procedencia.
7. Y, es que debe tenerse presente que el procedimiento previsto en el art. 9 LEIFEP
cuando se trata de un juicio civil, implica una procesamiento de carácter estrictamente civil por la
figura del enriquecimiento sin causa, es decir, se trata únicamente de un juicio civil, conforme a
una pretensión también de carácter civil, derivado de la figura del enriquecimiento sin justa
causa, según lo mandatado por la Constitución art. 240 inciso primero con la particularidad que
se trata de funcionarios o empleados públicos que hayan afectado la Hacienda pública o
Municipal, lo cual tiene una razonable explicación en lo siguiente:
[a] El enriquecimiento sin causa o ilícito, en su configuración civil tiene un antiguo
reconocimiento, bajo la advocación Nadie debe enriquecerse sin causa en perjuicio de otro la
cual se indica tuvo reconocimiento ya en el Digesto bajo la regla: Jure naturae aequum est,
neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem o Es justo, por derecho natural,
que nadie se haga más rico con daño y perjuicio de otro (Ambrosio Colin y H. Capitant Curso
Elemental de Derecho Civil. Tomo III. Traducción de la última edición francesa por Demófilo
de Buen. Editorial Reus. España, 1922 p 859 y ss; Fernando Fueyo Laneri Instituciones de
Derecho Civil Moderno. Editorial Jurídica de Chile. 1990 p 440].
El fundamento de la prohibición de enriquecimiento sin causa, implica necesariamente la
obligación de restitución de lo acrecentado a costa de un patrimonio ajeno, y ello se caracteriza
por la llamada restitutio que le da fundamento de carácter estrictamente civil a dicha institución,
así a la prohibición de enriquecerse sin causa a costa de otro, sigue la siguiente El que sin justa
causa legitima se enriqueciera a costa de otro, está obligado a la restitución.
Y sobre ello se advierte: Claramente se ve, que el enriquecimiento sin causa es el
fundamento de una acción de restitución, de la misma manera que la propiedad es el fundamento
de la acción reivindicatoria, la posesión de la publiciana, el daño culposo de la actio legis Aquila.
Esta pretensión de enriquecimiento dice Enneccerus no está justificada por el mero hecho de
que uno se ha enriquecido a costa de otro. Ni el derecho común ni el derecho civil conocen una
general acción de enriquecimiento, Por eso afirma categóricamente el Tribunal Supremo: El
principio de que nadie puede enriquecerse en perjuicio de otro, solo tiene actualidad cuando el
enriquecimiento es ilícito o torticero como decía el Código de las Siete Partidas [Sentencia 31 de
mayo 1910 []. [Rafael Núñez Lagos El Enriquecimiento sin causa en el Derecho Español.
Editorial Reus. Madrid. España. 1934 p 5].
También habrá que resaltarse que la combinación entre prohibición de enriquecimiento
sin causa, y obligación de restituir por cierto, fundamento sustantivo del inciso primero del art.
240 Cn. genera un sentido estrictamente patrimonial en relación al juicio civil que se
caracteriza por el acrecentamiento de un patrimonio, mediante el empobrecimiento del otro, y
ello, es el fundamento único de la acción de Enriquecimiento ilícito como institución civil.
Al respecto se dice: [...] El eje cardinal de la teoría del enriquecimiento está en el tránsito
de valor sin causa de un patrimonio a otro, verificado externamente de conformidad con el
derecho objetivo, pues si no apareciera el desplazamiento patrimonial, como algo devenido según
el derecho, no llegaría a tener existencia. El orden jurídico no evita que el desplazamiento
patrimonial se produzca. Pero da medios para impedir que se consolide definitivamente, sí la
atribución patrimonial se verificó sin causa. Este es el centro de gravedad del problema
atribución patrimonial sin causa y, al mismo tiempo, la fuente de dos fenómenos paralelos: el
enriquecimiento de un patrimonio y el correspondiente [en cualidad] empobrecimiento de otro.
Enriquecimiento y empobrecimiento no son más que dos consecuencias de una atribución sin
causa al enriquecido. Para restablecer el equilibrio en una cierta medida entre los dos patrimonios
hace falta una acción o pretensión restitutoria que verifique otro desplazamiento en sentido
inverso [...]. [Rafael Núñez Lagos El Enriquecimiento sin causa en el Derecho Español.
Editorial Reus. Madrid. España. 1934 pp 5 a 6 ].
El carácter patrimonial de la prohibición de enriquecimiento ilícito en materia civil el
patrimonio acrecienta a costa de medrar otro patrimonio genera clásicamente la vinculación de
dos figuras que también están presentes en el art. 240 Cn la llamada condictio cuando el
enriquecimiento es directo es decir del patrimonio del empobrecido al patrimonio del
enriquecido; y la llamada acción de rem in verso cuando el enriquecimiento es indirecto es
decir, del patrimonio del empobrecido a un patrimonio intermedio o diferente del enriquecido
[Rafael Núñez Lagos El Enriquecimiento sin causa en el Derecho Español. Editorial Reus.
Madrid. España. 1934 p 13; G. Marty Derecho Civil. Traducción de José M. Cajica Jr. Volumen
I. Universidad de Puebla. México pp 255 a 256; Henri y Léon Mazeaud Jean Mazeaud
Lecciones de Derecho Civil Parte Segunda. Volumen II. Ediciones Jurídicas Europa-América
1978 p 495].
En suma, el fundamento básico del enriquecimiento sin causa, es de orden estrictamente
patrimonial, cuando se trata de un juicio civil, y ello requiere que al enriquecimiento sin causa de
un patrimonio, se contraponga el empobrecimiento de otro patrimonio no de una función ante
lo cual se deriva la obligación de restituir el patrimonio indebidamente acrecentado sea en forma
directa o indirecta, y sobre ello se dice: Estos dos fenómenos suponen un desequilibrio injusto
en los patrimonios a que el Derecho provee con dos acciones o pretensiones: la condictio para los
desplazamientos patrimoniales directos y la versio in rem para los indirectos. Finalmente el
triunfo de la pretensión de enriquecimiento [conditio o versio] da lugar a la restitución [...].
[Rafael Núñez Lagos El Enriquecimiento sin causa en el Derecho Español. Editorial Reus.
Madrid. España. 1934 pp 16].
[b] Lo anterior, en cuanto al sentido de una acción estrictamente civil, está prefigurado en
el art. 240 de la Constitución en el sentido siguiente: [i] La relación del enriquecimiento indebido
y el empobrecimiento de otro patrimonio, en el sentido siguiente: Los funcionarios y empleados
públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal [];
[ii] La obligación de restitución como causa fundamental del enriquecimiento ilícito, mediante la
condición de restitución, en el sentido siguiente: [] estarán obligados a restituir al Estado o al
Municipio lo que hubiere adquirido ilegalmente [].
[iii] La relación entre acrecimiento injustificado del patrimonio y decrecimiento del otro
patrimonio, se encuentra previsto al establecerse: Se presume enriquecimiento ilícito cuando el
aumento del capital del funcionario o empleado desde la fecha en que haya tomado posesión de
su cargo, hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que
normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido
legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa
[].
[iv] El establecimiento del Enriquecimiento ilícito de manera indirecta y la contemplación
de la llamada condición versio in rem para la restitución de lo indebidamente acrecentado ante el
empobrecimiento de un patrimonio y el enriquecimiento sin causa del otro, también se encuentra
previsto así: [...] Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o
empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se consideraran en conjunto. Todo lo anterior,
determina que la obligación de restitución que ordena la Constitución sobre la base de
enriquecerse sin justa causa por el funcionario o empleado público o municipal a costa de la
Hacienda Pública o municipal, tiene como fundamento un juicio civil, derivado estrictamente de
la administración, manejo, o disposición del patrimonio público o municipal por parte del
funcionario, puesto que eso significa fundamentalmente la acción restitutoria conditio o versio
en el juicio de enriquecimiento sin causa.
[c] Sólo para hacer patente el carácter patrimonial no funcional del juicio civil por
enriquecimiento sin justa causa previsto en la Constitución, fundado en enriquecerse [...] a costa
de la hacienda Pública o Municipal [...] con obligación de restituir al Estado o al Municipio lo
adquirido ilegítimamente, debe indicarse que Hacienda Pública significa: En sentido general, es
el conjunto de bienes del Estado con su consiguiente administración [...]. [Emilio Fernández
Vázquez Diccionario de Derecho Público. Astrea. Argentina. 1981 p 365]; Cúmulo o conjunto
de bienes del Estado, muebles e inmuebles, rentas, impuestos y demás ingresos destinados a la
satisfacción de las necesidades públicas y al progreso nacional. [Guillermo Cabanellas De
Torres Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo 4. Heliasta. Argentina. 2009 p 261;
En sentido general, significa el conjunto de bienes del Estado con su consiguiente
administración. [Manuel Osorio Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
Heliasta. Argentina p 342].
Así, el concepto de Hacienda, hace relación directa al patrimonio del Estado sean estos
bienes pertenecientes al erario público o al municipal, pero, en todo caso, el funcionario en este
clase de juicios debe tener control o acceso a dichos bienes de carácter público o municipal que
forman parte de la Hacienda del Estado, y debe enriquecerse a costa de ellos, empobreciendo la
Hacienda Pública o Municipal, este el fundamento sustantivo, expreso y único del juicio civil
contra funcionarios o empleados públicos por Enriquecimiento sin justa causa, que da lugar
precisamente a la restitución de los bienes públicos o municipales indebidamente adquiridos, y
que da lugar al enriquecimiento directo o indirecto con sus respectivas acciones de restitutio o la
versio in rem.
[d] Ahora, debe resaltarse que la Ley sobre el Enriquecimiento ilícito de Funcionarios y
empleados Públicos es pre-constitucional data del Decreto Legislativo Número 2833 del 24 de
abril de 1959 por lo cual, su normativa, entendiendo incluida el procedimiento debe ajustarse a
la Constitución, en este caso, al juicio civil por enriquecimiento sin justa causa de funcionarios o
empleados públicos, que como juicio civil, mediante la acción de restitución directa patrimonio
del funcionario o empleado o indirecta, mediante la acción de versio in rem patrimonio del
cónyuge o hijos tiene que estar sustentada en el manejo o administración de la Hacienda Pública
o Municipal, puesto que a costa de ella, se ha determinado tal juicio civil de Enriquecimiento sin
justa causa como empobrecimiento de aquélla por parte del funcionario o empleado, es decir,
enriqueciéndose a costa de la Hacienda Pública o Municipal que tiene a su cargo.
Lo anterior, no significa que la Ley sobre el Enriquecimiento ilícito de Funcionarios y
empleados Públicos, no pueda dar lugar a otro tipos de control por parte de la Sección de
Probidad y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al contrario, los actos de prevención y de
control sobre el patrimonio declarado por los funcionarios y empleados públicos, permanece
indemne, sólo que el juicio civil por enriquecimiento sin causa, como juicio civil que es se
constituirá cuando el funcionario o empleado público, haya tenido a cargo, disposición de bienes
de la Hacienda Pública o Municipal, pero ello, no es óbice, para que se puedan constituir otros
procedimientos, que indaguen y resuelvan sobre el patrimonio del funcionario y su cónyuge e
hijos, por cuanto, también en este punto posterior a la LEIFEP se han aprobado otras leyes que
tienen lugar con el control del enriquecimiento ilícito y que deben entenderse integradas
heterointegración de las normas a la Ley sobre Enriquecimiento ilícito, para generar las acciones
correspondientes, que en este caso son diferentes a la acción de restitución que da lugar al juicio
civil por enriquecimiento ilícito, ello se expondrá a continuación:
[i] En efecto, cuando entró en vigencia la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de
Funcionarios y Empleados Públicos, en el Código Penal de la época Aprobado por Decreto
Legislativo del ocho de abril de 1904 no se tenía previsto el delito de Enriquecimiento Ilícito
en efecto, en el Título VII De los delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus
funciones que va del art. 278 al 353 no se encuentra previsto el enriquecimiento ilícito la
normativa que lo contempla es posterior, a la LEIFEP, así el Decreto Legislativo Número 270 de
fecha 13 de febrero de 1973 que aprobó el Código Penal, contemplaba en el art. 447 el delito de
Enriquecimiento Ilícito; y el Decreto Legislativo 1030 de fecha 26 de abril de 1997 que aprobó el
Código Penal, también contempla en el art. 333 el delito de Enriquecimiento ilícito con reforma
mediante Decreto Legislativo 703 publicado en el Diario Oficial Número 183 Tomo Número 345
del 4 de octubre de 1999.
El precepto en comento, si tiene como fundamento, el Enriquecimiento Ilícito con estricto
fundamento en el ejercicio de la función pública no necesariamente en la administración de la
Hacienda Pública o Municipal y dice: El funcionario, autoridad pública, o empleado público,
que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado
será sancionado con prisión de tres a diez años. En la misma pena de prisión incurrirá la persona
interpuesta para simular el incremento patrimonial no justificado.
[ii] La otra normativa posterior a la LEIFEP, que tiene relación con el control del
patrimonio de los funcionarios y empleados públicos, es la Ley Especial de Extinción de
Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita aprobada
mediante Decreto Legislativo 534 del 7 de noviembre de 2013 en la cual, son bienes sujetos a la
acción de extinción de dominio que es autónoma e independiente de los juicos civiles y penales
art. 10 LEDAB aquellos que cuadren en los presupuestos previstos en el Art. 6 y tengan fuente
de origen criminal según el art. 5 ambos de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la
Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita en el sentido de ser necesario el
origen o fuente criminal por ejemplo sentencias de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera
Sección del Centro en materia de extinción de dominio con referencia: 277-SD-2017 del
22/12/2017; 239-SD-2017 del 20/12/2017; 77-SD-2017 del 28/09/2017; l27-SD-2015 del
08/09/2015; 123-SD-2015 del 03/09/2015
Así, en relación al Enriquecimiento sin causa de los funcionarios y empleados públicos, se
integran todas las normativas relacionadas a la Ley sobre el Enriquecimiento ilícito de
Funcionarios y Empleados Públicos, y según sea el caso y las circunstancias sobre las cuales se
tengan acreditados sus presupuestos, pueden originarse distintas acciones que son diferentes entre
sí, y que deben de dar lugar a un procedimiento también diferenciado sobre la base fáctica de la
pretensión que se ejerce en su momento y que es como se detallara en general.
[e] Los aspectos de jurisdicción que pueden derivarse de las normativas relacionadas e
integradas entre sí son los siguientes: [i] Cuando se trate de un funcionario o empleado público
que tiene a su cargo bienes de la Hacienda Pública o Municipal, y concurre sospecha de
enriquecimiento ilícito por tener un aumento de capital notablemente superior como
consecuencia de la administración de esos bienes, corresponde la acción de restitución según lo
manda el art. 240 de la Constitución y en relación con la LEIFEP el juicio civil por
enriquecimiento ilícito respecto de su patrimonio, incluido el de su cónyuge e hijos.
[ii] Si el funcionario, autoridad o empleado público, no tiene la administración de bienes
de la Hacienda Pública o Municipal, pero su patrimonio se ha visto notoriamente incrementado
según el control de la Sección de Probidad y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia
corresponde una investigación penal por el delito de Enriquecimiento ilícito, según lo previsto en
el art. 333 del Código Penal, ello conforme al ejercicio de la función del funcionario, autoridad o
empleado público, investigación criminal que desarrollará la Fiscalía General de la República
cuando tenga noticia de la sospecha delictiva por parte de los organismos de control del
patrimonio del funcionario, autoridad o empleado público.
[iii] Si el funcionario, autoridad o empleado público, no tiene la administración de bienes
de la Hacienda Pública o Municipal, pero su patrimonio se ha visto notoriamente incrementado
según el control de la Sección de Probidad y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia no se
tiene sospecha del delito cometido de Enriquecimiento Ilícito, pero sí de una posible fuente ilícita
con origen criminal, corresponde la investigación a la Unidad Especializada de la Fiscalía
General de la República, y ejercer la acción art. 19 LEDAB ante los Tribunales Especializados
en Extinción de Dominio art. 17 LEDAB.
[iv] La aplicación de las normativas antes señaladas Código Penal y Código Procesal
Penal para el caso de los delitos y de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la
Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, diferenciadas de la acción de
restitución en el juicio civil por enriquecimiento ilícito de los funcionarios o empleados públicos,
también tiene fundamento constitucional en su aplicación y en su diferenciación cuando el art.
240 de la Carta Magna dice en lo pertinente: Los funcionarios y empleados públicos que se
enriquecieren sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a
restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes. [El subrayado es nuestro]
De todo lo dicho, si debe quedar claro, que el juicio civil por Enriquecimiento sin justa
causa que está previsto directamente en la Constitución mediante la acción de restitución tiene
como fundamento esencial, que el funcionario o empleado público haya administrado bienes de
la Hacienda Pública o Municipal, y mediante dicha administración resulte que su patrimonio se
encuentra en su capital notoriamente incrementado, de acuerdo a la fecha de toma de posesión y
de cesamiento del cargo, sin que dicho funcionario o empleado pueda justificar legítimamente
dicho incremento.
En tal sentido, sólo en los casos de administración de bienes de la Hacienda Pública o
Municipal por parte del funcionario o empleado público enriquecido, es que debe instarse y
ejercerse la acción de restitución por enriquecimiento sin justa causa directo patrimonio del
funcionario o indirecto patrimonio de su cónyuge o sus hijos en la forma especial prevista en
la Ley sobre el Enriquecimiento ilícito de Funcionarios y empleados Públicos, es decir, siguiendo
un juicio declarativo de Enriquecimiento sin justa causa ante la Cámara Seccional respectiva
según lo mandata el art. 9 de la ley de la materia.
8. Conforme a todo lo dicho, se advierte que el Tribunal de Primera instancia aplicó dicha
presunción en la causa de pedir atribuida a la señora AYGL, como consecuencia de no haberla
desvirtuado.
Al respecto, esta Sala considera, que si al sujeto principal, Reynaldo Antonio López
Cardoza, dada su calidad de funcionario público, y sobre quien gira el estudio entorno al aumento
del capital por aplicación de la presunción, tal como lo establece el art. 240 inc 2.º Cn, no se le
debe aplicar la misma, debido a la falta de acreditación de administración de bienes estatales, por
conexión de ese motivo, tampoco se le debe aplicar a su cónyuge, pues la condición determinante
de la legitimación no se configura para el primero, y por consiguiente, carece de mérito
determinar en este proceso el caudal patrimonial de la demandada, quien no está legitimada
pasivamente para ocupar dicha posición procesal.
No obstante, se advierte que lo anterior no es óbice para que puedan ventilarse las
pretensiones pertinentes en la vía procesal idónea, por los hallazgos que a criterio de la parte
interesada pudiera imputar a los sujetos que tienen o no la calidad de empleados o funcionarios
públicos, según los términos en que se ha señalado proceden las instancias correspondientes al
ejercicio de la respectiva acción, que en todo caso, es completamente diferente procede por
otros motivos a la acción de restitución que se enmarca en un juicio civil por Enriquecimiento
sin justa causa.
9. Con base en la premisa anterior, y habiendo realizado el estudio del recurso interpuesto
en interés de la señora AYGL, en el que se denuncia la falta de motivación de la sentencia, esta
Sala no entrará a su análisis, debido a lo consignado ut supra, puesto que si está acreditado en el
juicio que la persona del justiciable Reynaldo Antonio López Cardoza, no ha tenido en
administración bienes de la Hacienda Pública o Municipal lo cual es fundamento de la acción de
restitución en el juicio civil de Enriquecimiento sin justa causa menos podría sostenerse ese
presupuesto de su cónyuge la señora AYGL.
10. En consecuencia de todo lo antes dicho, esta Sala considera que procede revocar en
todas sus partes la sentencia de mérito, ya que el motivo de agravio se incardina en un asunto de
fondo revisión de la valoración de la prueba, por lo que con base en el art. 517 CPCM, la
potestad resolutiva antes dicha se justifica por cuanto se está resolviendo una cuestión que tiene
relación directa con el objeto del proceso y que afecta un elemento de fondo de la pretensión.
Bajo dicho orden de ideas, procede aplicar el art. 277 CPCM, que regula la
improponibilidad de la demanda, cuando no se configuran los presupuestos materiales o
esenciales de la pretensión, siendo que la legitimación pasiva determina un elemento de fondo del
asunto, el cual no se configura en el presente caso, tal como se ha reiterado, el demandado no
ocupa un cargo que le permita administrar fondos públicos, y por ende, que pueda enriquecerse a
costa de la Hacienda Pública o del municipio, siendo inaplicable la presunción legal
correspondiente.
Por ultimo debe indicarse que los bienes inmuebles, depósitos a plazo fijo y cuentas de
los señores Reynaldo Antonio López Cardoza y AYGL, que han sido caucionados y se
encuentran en ese estado, como resultado de este juicio civil de enriquecimiento sin causa,
quedan liberados sin restricción alguna por este proceso, ello sin perjuicio de que si dichos bienes
se encuentran caucionados a la orden de otra autoridad en otro proceso, deberán continuar en ese
estado, con las restricciones respectivas impuestas por dicha autoridad, hasta que ella no resuelva
lo que corresponda en derecho respecto de dichos bienes.
Lo anterior, en virtud de que, el Tribunal de alzada, mediante auto de las diez horas del
veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, agregado a fs. 5911, puso a disposición del Juzgado de
Extinción de Dominio, los bienes sujetos a medida cautelar por parte la Corte Suprema de
Justicia y por dicha Cámara, indicándose los que pasaban a dicha autoridad, entre ellos inmuebles
catorce en total, depósitos a plazo fijo a nombre de la señora AYGL, y cuenta de ahorro del
Banco Agrícola S.A., a nombre del señor Reynaldo Antonio López Cardoza.
B. POR TANTO, con base en las razones expuestas, art. 14 LEIFEP, art. 515 inc. 1.º
CPCM, y art. 172 Cn., en nombre de la República, esta Sala FALLA:
I) REVOCASE en todas sus partes la sentencia pronunciada a las quince horas del veinte
de marzo de dos mil diecisiete, por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del
Centro, en el PROCESO DECLARATIVO COMÚN DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
PROMOVIDO POR EL ESTADO DE EL SALVADOR, representado por el Fiscal General de la
República, en contra de los señores Reynaldo Antonio López Cardoza y AYGL.
II) DECLÁRASE IMPROPONIBLE la demanda interpuesta por el Ministerio Público
Fiscal, en contra de los demandados, por las razones expuestas en esta sentencia.
III) LIBERANSE los bienes de los señores Reynaldo Antonio López Cardoza y AYGL,
que han sido caucionados en este proceso civil de enriquecimiento sin causa, ello sin perjuicio de
que si dichos bienes se encuentran caucionados a la orden de otra autoridad en otro proceso,
deberán continuar en ese estado, con las restricciones respectivas impuestas por dicha autoridad,
hasta que ella no resuelva lo que corresponda en derecho respecto de dichos bienes.
IV) NO HAY CONDENA ESPECIAL EN COSTAS, por haber sucumbido ambas
partes en sus recursos.
Vuelvan los autos al Tribunal de origen, con la certificación respectiva, para los efectos
legales pertinentes.
GASE SABER.
C. SANCHEZ ESCOBAR.------------JUAN M. BOLAÑOS S.---------------DAVID OMAR M. Z.-
---------------PRONUNCIADO POR LOS MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.---------------
---------------KRISSIA REYES.-----------SRIA. INTA.------------RUBRICADAS.

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