Sentencia Nº 18-19-PC-SCA de Sala de lo Contencioso Administrativo, 15-11-2019

Sentencia

Citas 9

Citado por

Mapa de Precedentes

Sentido del fallo	DECLARATORIA DE ILEGALIDAD
Emisor	Sala de lo Contencioso Administrativo
Fecha	15 Noviembre 2019
Materia	ADMINISTRATIVO
Número de sentencia	18-19-PC-SCA

18-19-PC-SCA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA: San Salvador a las quince horas cincuenta y cinco minutos del quince de noviembre

de dos mil diecinueve.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por el señor CMM, por

medio de su apoderada general judicial, licenciada Marcela Mártir Castillo, contra el doctor José

Belarmino Jaime, quien fungió como Presidente de la Corte Suprema de Justicia y originalmente

fue demandado por responsabilidad patrimonial directa, y contra el actual Presidente del referido

órgano, por la supuesta nulidad de pleno derecho de los siguientes actos administrativos:

a) Nota de fecha quince de diciembre de dos mil nueve, en la cual el entonces Presidente

de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Belarmino Jaime, comunicó al señor CMM que, a

partir del día treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, su relación laboral con la Corte

Suprema de Justicia finalizaba.

b) Resolución de las ocho horas treinta minutos del quince de febrero de dos mil

diecinueve, en la que se declara improponible el recurso de revocatoria interpuesto por el señor

CMM, por medio de su apoderada licenciada Marcela Mártir Castillo, el seis del mismo mes y

año, de conformidad con el artículo 3 de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento

Administrativo y del Régimen de la Administración Pública -hoy derogadas-, ante la Presidencia

de la Corte Suprema de Justicia, por no cumplir el presupuesto de falta de agotamiento de la vía

legal previa.

Han intervenido en el proceso: la parte actora, en la forma indicada; el doctor José

Belarmino Jaime, en su carácter personal, como demandado por responsabilidad patrimonial; el

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por medio de los apoderados generales judiciales,

licenciado José Ernesto Clímaco Valiente y doctor Ricardo Arnoldo Escobar García, como

autoridad demandada; y el Fiscal General de la República, por medio de la agente auxiliar,

licenciada Ana Cecilia Galindo Santamaría.

CONSIDERANDO:

I. El demandante, por medio de la apoderada, licenciada Marcela Mártir Castillo, expuso

en la demanda: «Mi representado señor CMM, laboró para las ordenes (sic) de la Corte

Suprema de Justicia que fue contratado inicialmente como Administrador del Centro Judicial de

Zacatecoluca, el día 10 de febrero del año 2003, hasta el día 7 de septiembre de 2003,

contratado bajo el Régimen (sic) de Contrato (sic) Por (sic) Servicios (sic) Personales(sic). A

partir del día 8 de septiembre del año 2003, fue trasladado comenzando funciones en el cargo de

Sub - Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la Corte Suprema

de Justicia, desempeñando funciones de carácter permanente, tales como: a) Asistir a la Jefatura

(sic) en sus labores en los diferentes programas, proyectos y actividades de la Dirección, b)

Colaborar (sic) con la Formulación (sic) de los planes de la dirección, como lo eran: 1) Plan

Anual Operativo de la Dirección de Planificación Institucional, 2) Plan Anual Operativo de la

Dirección de Calidad, 3) Plan de Inspección de Calidad y 4) Programación Anual de

Adquisiciones y Contrataciones Institucional; c) Revisión (sic) y proposición de ajustes a los

métodos, sistemas y procedimientos de funcionamiento para operar con mayor eficiencia;

entregando los resultados al Jefe de la Unidad, d) Revisión (sic) de requisiciones de bienes y

servicios, salidas de bienes, devoluciones de fianzas y compromisos presupuestarios; e)

Participar (sic) en actos de apertura de ofertas de licitación y concurso público; f) Participar

(sic) en reuniones de trabajo y emitir comentarios u observaciones mediante informes ejecutivos;

g) Coordinar (sic) la distribución de la correspondencia interna y externa y transporte de

personal de la Dirección, h) Proponer (sic) asignación de personal para las diferentes

capacitaciones del programa de formación de la Dirección de Recursos Humanos; i) Coordinar

(sic) el proceso de prórroga de contratos de servicio para el ejercicio siguiente; j) Elaboración

(sic) de programas de distribución de bienes donados; k) Coordinar (sic) la entrega de las

prestaciones sociales a personal de la Dirección; 1) Contribuir (sic) con las tareas asignadas

acorde al Sistema de Gestión de Calidad y velar porque se cumplan los procesos establecidos;

m) Responder (sic) las observaciones de los informes de auditoría de la Corte de Cuentas de la

República, auditoría interna, auditoria interna y externa de calidad y de atención al Cliente(sic);

n) Colaborar (sic) en la supervisión y control de las actividades realizadas por las distintas

Jefaturas (sic) de la Sección; ñ) Realizar (sic) seguimientos de planes de inspección y objetivos

de calidad; o) Elaborar (sic) y remitir informes: mensuales de actividades a la Gerencia General

de Administración y Finanzas trimestral, ejecución de metas del Plan Anual Operativo de la

Dirección de Planificación Institucional y Trimestral del Plan Anual Operativo de Calidad, p)

Seguimiento (sic) a los informes de registros de personal emitidos por la Dirección de Recursos

Humanos; q) Actualización (sic) control de activo fijo asignado a la Dirección; r) Control (sic)

de compras realizadas a través del fondo circulante; s) Coordinar (sic) a falta del director la

elaboración de la memora anual de laboras de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones

Institucional; y finalmente, las demás que establece la Ley de Adquisiciones y contrataciones

(sic) de la Administración Pública. Todas las funciones desempeñadas e incluso las previstas por

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, son atribuciones que

forman parte del giro ordinario del área en la que laboró mi representado Ingeniero (sic) CMM,

por lo que dicho cargo no puede ser considerado como un cargo de confianza, sino que se trata

de una actividad de carácter técnico permanente de la Institución(sic), ya que supone el

desarrollo de los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Institución(sic), Por (sic) lo

tanto, no supone un cargo que presta un apoyo directo a las jefaturas, ni un cargo de carácter

eventual extraordinario, sino una función permanente institucional. Del Despido. En fecha 15 de

diciembre de 2009 mi representado Ingeniero (sic) CMM, recibió nota escrita fechada el día 15

de diciembre de 2009, la cual fue firmada por el entonces Presidente de la Corte Suprema de

Justicia, Doctor (sic) José Berlarmino Jaime, en la que se le comunicó a mi representado que a

partir del día 31 de diciembre del año 2009, su relación laboral con la Corte Suprema de

Justicia, finalizaría. Por lo que mi representado según el Decreto Legislativo número diez, del

veinte de mayo de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial número noventa y cuatro, tomo

trescientos ochenta y tres, de fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve, se reformaron los

incisos segundo y cuarto de la letra m) del artículo 4 de la Ley de Servicio Civil, los cuales

establecen: “Sin perjuicio a lo establecido en los literales anteriores, cualquier persona que

preste servicios de carácter permanente, propios del funcionamiento de las instituciones públicas

contratadas bajo el régimen de contrato, estarán comprendidas en la carrera administrativa.

Para efectos de esta Ley (sic) se entenderán por servicios de carácter permanente, aquellos

prestados por una persona natural bajo la figura de la continuidad y dependencia o

subordinación indispensable para el cumplimiento de los fines institucionales; recibiendo una

remuneración financiada con recursos del Presupuesto General del Estado”. Es decir mi

representado gozaba de estabilidad laboral, por otro lado fue despedido violentándosele todas

las garantías constitucionales, violentándosele el derecho a la estabilidad laboral (…) Por otro

lado como ya lo mencioné la resolución de las ocho horas con treinta minutos del día quince de

febrero de dos mil diecinueve, la cual resuelve el recurso de revocatoria, la cual en la parte

dispositiva dice: “En razón de lo anterior, esta Presidencia RESUELVE: Declárase

improponible la petición requerida por el señor CMM, por medio de su apoderada licenciada

Marcela Mártir Castillo, por no cumplir la misma con el presupuesto de falta de agotamiento de

la vía legal previa.”Dentro del fundamento de dicha resolución el presidente (sic) de la Corte

Suprema de Justicia dijo “Contando con esas premisas es viable colegir que la vía procesal

correcta que al momento que le notificaron el despido tenía que haber activado y seguido el

señor MM, era la que establecía el artículo 61 de la Ley de Servicio Civil; es decir que, tal como

lo establece dicha normativa especial para el caso sometido a controversia, el interesado debió

acudir, dentro de los tres meses siguientes de ocurrido el hecho, por escrito ante el Tribunal del

(sic) Servicio Civil dando cuenta de su destitución o despido de hecho para que dicho Tribunal

(sic) diera audiencia por cuarenta y ocho horas al funcionario a quien se le imputaba la

destitución y con la contestación de ésta o sin ella, se hubieran recibido a prueba las diligencias

por cuatro días y, si fuera necesario, vencido el plazo antes dicho, el Tribunal hubiera podido

resolver lo conducente conforme a derecho dentro de tercero día. Habilitado el citado

procedimiento para atacar el acto concreto, si el Tribunal hubiera declarado la nulidad de la

destitución, habría ordinado (sic) en la misma resolución que al funcionario o empleado fuera

restituido a su empleo, o pudo haberle colocado en otro de igual categoría o clase. Y, además,

hubiera podido ordenar cancelar los sueldos que dejó de percibir siempre que no pasaren de tres

meses. Con las consecuencias legales expresadas, es de suyo reconocer que queda acreditada la

idoneidad y pertinencia de la vía procesal señalada para controvertir en legal forma el acto

impugnado. Sin embargo, y no obstante la habilitación legal y expresa de la vía procesal ad hoc

establecida a la fecha de dictado el acto para atacarlo, tales acciones no fueron activadas o

utilizadas por el peticionario, ni en tiempo ni en forma; al menos es algo que no consta o se

derive de la documentación con que se cuenta. Partiendo de dicho análisis, es sustancial

expresar al peticionario que las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y

del Régimen de la Administración Pública vigentes desde 2018 que invoca como habilitantes a su

pretensión, no son aplicables automáticamente al presente caso, pues como queda dicho,

resultaba preceptivo agotar previamente la vía administrativa vigente a la fecha de dictado el

acto que considera lesivo a sus derechos. Habiendo omitido su legal oportuno ejercicio,

inhabilito (sic) por su omisión la posibilidad de entrar a conocer el mismo por las razones

apuntadas supra.”En base a la fundamentación de la resolución del recurso de revocatoria,

significaría que la acción de nulidad de pleno derecho del artículo 1 literal b) de las

Disposiciones Transitorias antes citadas, no operaría bajo ninguna perspectiva en los casos que

se despida a un empleado y que ese despido sea con vulneración de su derecho de defensa,

audiencia, contradictorio es decir con una gran vulneración de todas las garantías que la

constitución (sic) nos da a todos como administrados. Dicha interpretación del procedimiento de

despido de un empleado público realizada en dicha resolución Chocaría (sic) con lo que

preceptúa las disposiciones transitorias, pues en las mismas vicia con NULIDAD ABSOLUTA O

DE PLENO DERECHO, el acto que se dicte violentando derechos fundamentales como el

derecho de defensa, audiencia y debido proceso. Por lo tanto en los despidos en los que no se da

el derecho de audiencia y defensa son despidos prácticamente inconstitucionales. Y si bien el

derecho administrativo los regula como la causa máxima de nulidad, desde la ley anterior y

ahora en la nueva legislación porque (sic) habría de darle valor o ponerle limitantes a los

derechos fundamentales a los que todos los ciudadanos tenemos derecho, de esa forma se le

estaría dando validez a todos los actos de la administración pública que sean violatorios de

derechos fundamentales, por consiguiente todos los funcionarios pudieran actuar violando

derechos fundamentales y más gravoso aun EL PRESIDENTE DEL MAXIMO (sic) TRIBUNAL

DE JUSTICIA, que es el garante de cumplir y hacer cumplir la CONSTITUCIÓN, estaría

violando derechos fundamentales. Por lo tanto la interpretación que se hace en dicha resolución

es errónea y el vicio que conlleva el acto administrativo es de NULIDAD ABSOLUTA O DE

PLENO DERECHO (…) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Con fundamento en los hechos

anteriormente narrados es decir en que el en (sic) el (sic) artículo 9 de la IJCA, en relación con

el artículo 3 inciso segundo de la LICA, Por (sic) este medio vengo a demandar al entonces

presidente de la (sic) Corte Suprema de Justicia, doctor José Belarmino Jaime, por el acto

administrativo dictado con fecha quince de diciembre de dos mil nueve, el cual comunico(sic) a

mi representado que su relación laboral finalizaría, lo cual a criterio de mi poderdante da lugar

a una acción indemnizatoria de daños y perjuicios en su contra, lo cual fundamento de la

siguiente forma: Es conocido por todos dentro del acervo jurídico que la columna vertebral de

las disciplinas jurídicas, se contenía en la Teoría (sic) de las Obligaciones(sic), ya que en el

Código Civil se habla que La (sic) Responsabilidad (sic) Civil(sic), que contiene la acción

indemnizatoria, esta solamente puede ser contractual caso que la origine el Contrato(sic), o

Extracontractual (sic) cuando ésta es producto de un acto ilícito específicamente de un delito,

cuasidelito o una falta o de la Ley (sic) Art. (sic) 2065, lo que quiere decir que para que una

persona tenga que cumplir una obligación para con otra esta (sic) debe estar fundamentada en

una fuente de obligación, de lo contrario no nace derecho y por consiguiente obligado»[Negritas

suprimidas, folios 2 vuelto al 5 frente].

II. En la resolución de las ocho horas treinta y ocho minutos del once de septiembre de dos

mil diecinueve [folios 38 al 40] se resolvió, entre otros, la admisión de la demanda contra el

doctor José Belarmino Jaime, quien fungió como Presidente de la Corte Suprema de Justicia y

fue demandado por responsabilidad patrimonial, y el actual Presidente de dicho órgano; se tuvo

por parte al señor CMM, por medio de su apoderado general judicial, licenciada Marcela Mártir

Castillo; se hizo saber al Fiscal General de la República la existencia del proceso; se emplazó al

doctor José Belarmino Jaime y al presidente de la Corte Suprema de Justicia; y se requirió de la

autoridad demandada el expediente administrativo relacionado con el presente caso, de

conformidad con el artículo 37 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa [en

adelante LJCA].

Al contestar la demanda, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su

apoderado general judicial, licenciado José Ernesto Clímaco Valiente, expresó que: «Respecto de

la nulidad absoluta o de pleno derecho alegada por la parte demandante, fundamentada en el

art. 2 literal b) de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del

Régimen de la Administración Pública, en el supuesto que la Administración Pública emita actos

administrativos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido,

la honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, tal como dictamina la resolución

interlocutoria dictada a las ocho horas dieciocho minutos del día diez de septiembre del

corriente año en el proceso referencia 70-18-PC-SCA, sostiene que, en aplicación de las

mencionadas Disposiciones Transitorias, la vía administrativa se entenderá agotada de la forma

en que estipula el art. 2 de dicho cuerpo normativo, y respecto de los recursos administrativos

que sirven para agotar la sede administrativa sostiene: “Los recursos son los instrumentos que

la ley provee para la impugnación de las resoluciones, a efecto de subsanar los errores de fondo

o de forma en que se haya incurrido al dictarlas. Constituyen entonces, una garantía para los

afectados por actuaciones de la administración, en la medida que les asegura la posibilidad de

reaccionar ante ellas, y eventualmente de eliminar el perjuicio que comportan”; sigue

expresando la referida resolución judicial que: “Para hacer uso del referido control, crea la ley

expresamente la figura del recurso administrativo como un medio de defensa para deducir, ante

un órgano administrativo, una pretensión de modificación o revocación de un acto dictado por

ese órgano o por un inferior jerárquico se convierten en la vía utilizada por los administrados

para solicitar a la administración pública la modificación de una resolución administrativa que

afecta la esfera jurídica y que se considera ilegal”. En ese orden de ideas, del examen de lo

sucedido en la sede administrativa y lo alegado por la parte actora en su demanda por medio de

su representante, se nos permite partir del hecho que el señor CMM se encontraba comprendido

dentro de la carrera administrativa en virtud de lo establecido en el referido art. 4 incisos 2° y 4°

de la Ley de Servicio Civil -situación que ha sido confirmada por la Sala de lo Constitucional

dentro del proceso de inconstitucionalidad referencia 28-2013 mediante sentencia de las catorce

horas quince minutos del día 4 de noviembre de 2015-. De tales premisas, tal como se ha

establecido en las actuaciones impugnadas, es posible determinar que la vía procesal correcta o,

en términos de esa honorable Sala, el mecanismo de defensa ad hoc previamente incorporado al

ordenamiento jurídico, que al momento que le notificaron el despido tenía que haber activado el

señor MM, era el que establecía el art. 61 de la Ley de Servicio Civil; es decir, que el interesado

debió acudir, dentro de los tres meses siguientes de ocurrido el hecho, por escrito, ante el

Tribunal de Servicio Civil, dando cuenta de su destitución o despido de hecho, para que dicho

tribunal diera audiencia por cuarenta y ocho horas al funcionario a quien se le imputaba la

destitución y con la contestación de esta o sin ella, se hubieran recibido a prueba las diligencias

por cuatro días y, si fuere necesario, vencido el plazo antes dicho, el Tribunal hubiera podido

resolver lo conducente conforme a derecho dentro del tercero día. En palabras simples, era el

propio ordenamiento jurídico el que establecía de manera específica y taxativa un mecanismo

procedimental ad hoc, completo y estructurado de impugnación para atacar y controvertir la

decisión que ahora se pretende cuestionar. Consecuentemente, esta representación entiende, al

amparo de la jurisprudencia relacionada, que en caso que dicho procedimiento de impugnación

hubiese sido activado para atacar el acto concreto, el Tribunal competente pudo haber

declarado la nulidad de la destitución y pudo haber ordenado en la misma resolución que el

funcionario o empleado fuera restituido a su empleo, o colocarlo en otro de igual categoría o

clase. Además, hubiera podido ordenar, como así lo expresa meses (sic), pero esto fue algo que

el ahora demandante obvió, imposibilitando habilitarse para si (sic) la vía contencioso

administrativa. Como queda ampliamente señalado, al existir la habilitación expresa de un

mecanismo de impugnación procesal eficiente e idóneo para atacar el acto que le causaba

agravio y no haberlo utilizado, ni en tiempo, ni en forma, tal como consta en la documentación

con que se cuenta, la demanda y su pretensión carecen de un presupuesto procesal indispensable

el agotamiento de la vía previa y, por lo mismo, deberá rechazarse in persequendi litis. En

concordancia con lo anterior, resulta importante dilucidar el hecho de haberse invocado las

Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la Administración

Pública vigentes desde 2018, porque a criterio de esta representación las mismas no son

aplicables, ya que resultaba preceptivo agotar previamente la vía administrativa vigente a la

fecha de dictado el acto que vulneraba sus derechos» [folios 61 frente al 62 frente].

El doctor José Belarmino Jaime presentó un escrito con el cual pidió la improponibilidad

de la demanda y, por eventualidad procesal, señaló que la demanda la contestaba en sentido

negativo.

La licenciada Ana Cecilia Galindo Santamaría presentó un escrito [folio 35] con el que

pidió intervenir como delegada y en representación del Fiscal General de la República, agregó la

credencial con la que acreditó su personería.

III. Mediante la resolución de las ocho horas treinta y dos minutos del ocho de octubre de

dos mil diecinueve [folios 82 al 84], entre otros, se tuvo por parte al Presidente de la Corte

Suprema de Justicia, por medio del apoderado general judicial, licenciado José Ernesto Clímaco

Valiente,como autoridad demandada, y al doctor José Belarmino Jaime, en su carácter personal,y,

además, se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo, por parte de ambos; se concedió

intervención a la licenciada Ana Cecilia Galindo Santamaría, como agente auxiliar del Fiscal

General de la República; y se señaló, para la celebración de la audiencia inicial, las nueve horas

treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en el Palacio Judicial, debiendo

comparecer los sujetos procesales a la Secretaría de esta Sala.

De folios 91 al 96 consta el acta de audiencia inicial, celebrada a las nueve horas treinta

minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la cual se llevó a cabo en la sala de

audiencias de casación de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el Palacio

Judicial.

(1) En el acta de audiencia, inicialmente, se dejó constancia de lo siguiente: «(…) la parte

demandante expresa que desiste de la pretensión procesal incoada contra el doctor José

Belarmino Jaime, en cuanto a la reclamación patrimonial, esto en virtud, de que si es cierto, se

ha visto un deterioro en el patrimonio de su representado, la norma no se encontraba vigente al

momento de realizarse el despido (…)»[folio 91 vuelto].De ahí que este Tribunal tuvo por

desistida la pretensión de responsabilidad patrimonial interpuesta contra el doctor José Belarmino

Jaime; en tal sentido, tanto los argumentos que fundamentan dicha pretensión como los de su

resistencia, en razón del desistimiento, no serán analizados por esta Sala.

(2)En la audiencia se abrió un incidente por la inadmisibilidad planteada por la autoridad

demandada y se hizo constar en el acta que: «(…) Se le concede la palabra al licenciado José

Ernesto Clímaco Valiente, quien argumenta (…) la petición requerida por el señor Monroy por

medio de su apoderada que se afincan específicamente por no cumplir la misma con el

presupuesto de falta de procedimiento de la vía legal previa, considera que el artículo 61 de la

Ley de Servicio Civil plantea un procedimiento ad hoc, idóneo, eficaz y ha sido establecido por el

legislador específicamente para esa circunstancia, cuando se considera que ha habido una

destitución o una remoción de un funcionario ya sea que haya sido sin ninguna causa o por

causa no establecida en la ley o sin observarse los procedimientos en ella regulados, y

precisamente habla que existe ese procedimiento, ha sido un procedimiento precisamente no

estructurado por la base del procedimiento estándar original que se tiene cuando se va a iniciar

un procedimiento para despedir a una persona, sino cuando no existe ningún tipo de

procedimiento, entonces el legislador diseña este tipo de procedimiento específico para este tipo

de oportunidades en donde no existe procedimiento sino que se da por ejemplo un despido de

hecho (…) cuando las disposiciones transitorias expresan que la vía administrativa se entiende

agotada según el caso cuando el acto pone fin al procedimiento respectivo considera, las

disposiciones transitorias, para el caso concreto el legislador hace una referencia inequívoca a

ese procedimiento que contempla el artículo 61 de la Ley de Servicio Civil, procedimiento que

era el mecanismo procesal idóneo y específico para atacar, controvertir o subsanar cualquier

tipo de deficiencia, cualquier tipo de nulidad que hubiere causado agravios, en este caso a la

persona con los intereses de servidor público, al no haberlo activado en tiempo que fue algo que

el demandante al menos de la documentación que tenemos, que contaba la Corte Suprema de

Justicia en ese momento al resolver el recurso planteado, el demandante no hizo uso de ese

procedimiento de esa vía administrativa, que tenía para controvertir y para salvaguardar sus

intereses y sus derechos y al no haberlo hecho en tiempo y forma, incumple ese presupuesto

procesal para tener por agotada esa vía administrativa para efectos que esta fuese admitida en

esta instancia (…)» [folio 92].

Por su parte, el demandante, sobre la inadmisibilidad planteada, expuso: «(…) La parte

demandante expresa que con base a la fundamentación que ha realizado la parte demandada,

esto no operaria (sic) entonces, bajo ninguna circunstancia, ni perspectiva, el artículo 1 literal

b) de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la

Administración Pública, ya que ese despido se realizó con vulneración de derechos de defensa,

audiencia y por tanto, si en ese momento se agotaba la vía administrativa se le estaría danto

validez a los actos que la Administración Pública realizó violentando todo tipo de derechos

fundamentales y no tendría razón de ser el artículo 1 de las referidas disposiciones. Es por esa

razón que se impugna como nulos los dos actos, la resolución en donde se da el cese y en la que

se le declara improponible la petición de revocatoria, en este caso hace una errónea

interpretación, como bien se manifestó al inicio de esta audiencia se omitió seguir con base al

artículo 55 de la Ley de Servicio Civil las formas de proceder para un despido, por tanto desde

ese momento ya el acto estaba ante una nulidad absoluta, lo que se apega perfectamente al

artículo 1 de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de

la Administración Pública, ya que no se le hizo saber las razones por las cuales se le despedía

(…) Por tanto, en cuanto a la improponibilidad que alega la parte demandada no es válida en

virtud que en ese momento el acto propio que se está alegando es nulo de pleno derecho y al

haber activado ese tipo de procedimientos, se estaría dando validez a un acto que desde su inició

fue nulo» [folios 93 vuelto y 94 frente].

Acto seguido, se escuchó a la agente representante de la Fiscalía, quien expuso: «(…) La

representación fiscal es del criterio que si bien activó su recurso no agotó la vía procesal, de

conformidad al artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por tal

motivo según lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Servicio Civil, la parte actora debió

haber incoado el proceso de nulidad de destitución en contra de la Corte Suprema de Justicia,

procedimiento que no activó, es un requisito sine qua non haber agotado el procedimiento

establecido en la Ley de Servicio Civil, por tal motivo considera que es procedente declarar la

inadmisibilidad de la demanda incoada contra la Corte Suprema de Justicia» [folio 94].

Esta Sala, después de deliberar y considerar que los argumentos tanto de la parte

demandada como de la actora se identifican con el fondo de la pretensión, decidió efectuar el

examen y valoración de los mismos hasta el momento de pronunciar la sentencia.

En virtud de lo anterior, se procede a realizar el siguiente análisis:

Los vicios que afectan la validez de un acto administrativo tienden a ubicarse en dos

categorías: la mera anulabilidad -implica que el acto nulo de manera relativa- y la nulidad de

pleno derecho. En cuanto a esta última, la doctrina coincide en reconocerle un alto rango y una

naturaleza especial que la distingue de cualquier otro vicio. Así, se señala que la nulidad de pleno

derecho constituye el grado máximo de invalidez de un acto administrativo que acarrea, por

consecuencia, su ineficacia ab initio. Resulta importante señalar que una pretensión contencioso

administrativa, deducida bajo la forma de una nulidad de pleno derecho, tiene a su base la

alegación de vicios con características exclusivas que los diferencian de aquellos vicios de mera

anulabilidad o simple ilegalidad. Tales vicios deben ser causas tasadas y, en razón que su

ineficiencia debe considerarse ab initio, la alegación de éstos es imprescriptible, pues concretan

afectaciones insubsanables del ordenamiento jurídico.

Es así que las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen

de la Administración Pública regulan en el artículo 3: «Los actos desfavorables podrán ser

revocados por la Administración, de oficio o a instancia del interesado. Solo a instancia del

interesado puede la Administración Pública revocar por razones de legitimidad sus actos que

produzcan efectos favorables. El interesado podrá solicitar la revocatoria de los actos

administrativos en cualquier tiempo en los supuestos de nulidad absoluta, pero en los casos de

nulidad relativa solo podrá hacerlo mediante la interposición de los recursos a los que se refiere

el artículo 2 de este Decreto».

En el artículo 2 de tal norma se regula el agotamiento de la vía administrativa. Pero el

artículo 3 citado determina que éste será únicamente exigible cuando el vicio alegado se

enmarque en una nulidad relativa. De forma expresa se señala la obligatoriedad de hacer uso de

los medios de impugnación regulados en la ley, a efecto de verificar su revocación, y, de manera

residual, excluye dicho requisito para las nulidades absolutas o de pleno derecho. Siendo

indudable que la norma en comento regula en sí el carácter de la imprescriptibilidad de la nulidad

absoluta y, por ende, no exige el agotamiento de la vía administrativa frente a dichos vicios.

En el presente caso, el señor CMM, por medio de su apoderada general judicial, licenciada

Marcela Mártir Castillo, de acuerdo con el artículo 3 de las Disposiciones Transitorias, pidió al

Presidente de la Corte Suprema de Justicia la revocación de la nota de fecha quince de diciembre

de dos mil nueve, en la cual el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José

Belarmino Jaime, comunicó al señor CMM que, a partir del día treinta y uno de diciembre de dos

mil nueve, su relación laboral con la Corte Suprema de Justicia finalizaría. La parte actora alega

que: «(…) por adolecer de NULIDAD ABSOLUTA O DE PLENO DERECHO de acuerdo al

artículo 1 literal b) de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del

Régimen de la Administración Pública, es decir que el acto del cual interpongo la presente

demanda incurre en nulidad absoluta o de pleno derecho porque fue dictado prescindiendo total

y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y se omitieron los elementos

esenciales del procedimiento previsto, o los que garantizan el derecho de defensa de los

interesados (…)» [folio 1 vuelto].

La letra b) del artículo 1 de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento

Administrativo y del Régimen de la Administración Pública establece que:«Losactos

administrativos incurren en nulidad absoluta o de pleno derecho en los casos siguientes:

(…) b)Cuando sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido, se omitan los elementos esenciales del procedimiento previsto, o

los que garantizan el derecho a la defensa de los interesados (…)»

Al invocar la nulidad de pleno derecho regulada en la letra b) antes mencionada, el señor

CMM no tenía como exigencia legal el agotamiento de la vía administrativa, en virtud de la

imprescriptibilidad de la nulidad absoluta según deduce del artículo 3 inciso tercero de las

Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la

Administración Pública. De ahí que la inadmisibilidad planteada por los apoderados generales

judiciales del Presidente de la Corte Suprema de Justicia se debe declarar sin lugar.

(3) En la audiencia se dio la palabra a las partes para que manifestaran su postura respecto

de declarar el presente proceso de mero derecho. Se pidió a la parte actora que fijara la

pretensión, y ésta última manifestó: «(…) estar de acuerdo que se siga de mero derecho,

asimismo fijó sus pretensiones con respecto a que se declare la nulidad de pleno derecho, en

cuanto al acto administrativo del quince de diciembre de dos mil nueve, en el cual el entonces

Presidente de la Corte Suprema de Justicia Doctor (sic) José Belarmino Jaime, comunicó al

ingeniero CMM, que a partir del día treinta y uno de diciembre del año dos mil nueve, su

relación laboral con la Corte Suprema de Justicia finalizaría, siendo notificado en fecha día

quince de diciembre del mismo año. Así mismo la resolución de las ocho horas con treinta

minutos del día quince de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se resuelve el recurso de

revocatoria donde se declara improponible la solicitud de revocatoria por razones de

legitimidad. Solicita que una vez declarados nulos de pleno derecho los actos administrativos se

paguen los salarios que contempla la Ley de Servicio Civil en concepto de salarios caídos que no

son los mismos dejados de percibir y que se dé el reinstalo o en un puesto que sea semejante al

que ostentaba en dicha fecha (…)» [folio 94 vuelto].

Acto seguido se otorgó la palabra a la autoridad demandada, quien dijo: «(…) El abogado

Clímaco Valiente, expresa que, si está de acuerdo que se califique el proceso de mero derecho,

con respecto a la pretensión de la parte demandante, se tenga por contestada en sentido negativo

la demanda y se declare sin lugar la pretensión de la parte actora por no haber agotado la vía

administrativa. Respecto del reinstalo y de los salarios dejados de percibir hace la acotación que

en la demanda no se expresó en ningún momento, la pretensión del pago de salarios dejados de

percibir, ya que solicitaba la declaratoria de responsabilidad patrimonial del doctor José

Belarmino Jaime, y dado que en esta audiencia como punto preliminar se tuvo por desistida la

referida pretensión ya no puede ser solicitada por la parte demandante. Por lo que no puede

venir a pedir la pretensión de los salarios dejados de percibir, ya que ni en su escrito de

demanda ni en el que evacuó las prevenciones, se pronunció respecto del pago de los salarios

por parte de la institución que representa, únicamente perseguía la pretensión patrimonial

respecto del doctor Jaime, la cual ya fue desistida y fue declarado el desistimiento por parte de

este Tribunal. En ese sentido solicita se declare sin lugar la pretensión y la petición de los

salarios dejados de percibir (…)» [folio 94 vuelto].

La Magistrada Presidente preguntó a la representación fiscal si está de acuerdo en que el

proceso se tramite como juicio de mero derecho, quien respondió que sí.

Al manifestar los sujetos procesales estar de acuerdo con la declaración de mero derecho

del proceso, éste así fue declarado.

(4) Una vez declarado el proceso de mero derecho, conforme con el artículo 47 inciso

segundo de la LJCA, se continuó con los alegatos.

Y así, la parte actora expuso: «(…) se declare la nulidad de pleno derecho de los actos

administrativos de fecha quince de diciembre de dos mil nueve, en el cual se despidió al señor

MM, se le hace saber bajo un acto administrativo que finaliza su labor con la Corte Suprema de

Justicia, y así mismo la resolución de las ocho horas treinta minutos del día quince de febrero de

dos mil diecinueve, en el cual se resuelve la improponibilidad, en virtud de que se han violentado

derechos fundamentales, lo que conlleva apegarse a la norma del artículo 1 literal b de las

Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la Administración

Pública. En cuanto al reinstalo y los salarios dejados de percibir, señala que si(sic) los solicitó

tanto en la demanda como en el escrito de subsanación de prevenciones presentado el día

veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, específicamente en el último apartado donde se hace

mención lo que se ha dejado de percibir y en el escrito de presentación de la demanda, en la

parte de la petición en el último apartado todos los salarios dejados de percibir desde el

momento del despido hasta la fecha, por lo tanto solicita se declare la nulidad de dichas

resoluciones en virtud de habérsele violentado derechos fundamentales, apegándose así al

artículo 1 de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de

la Administración Pública (…)» [folio 95 frente].

La autoridad demandada alegó: «(…) La representación de la autoridad demandada

expresa con respecto a la responsabilidad patrimonial que ha sido exigida por la parte

demandante desde su demanda y en su escrito de contestación de las prevenciones, se realiza

una exposición respecto de las responsabilidades pecuniarias que recaen en cuanto al

funcionario que dictó la resolución que le causó agravios, haciendo alusión tanto a la falta de

salarios dejados de percibir como la responsabilidad extra contractual de diferentes daños que

hubieran causado como nexo causal de la destitución o del despido que fue ejercido en contra

del señor MM; en cuanto a la referencia de los daños materiales, el daño emergente y del lucro

cesante en todo momento hace referencia a la responsabilidad directa que tendría sobre la

aplicación del funcionario que pronunció el acto en este caso el doctor Jaime. En tal sentido se

pronuncia en el escrito de subsanación de las prevenciones hechas a la demanda que siempre se

mantiene sobre la pretensión patrimonial directa del doctor Jaime, en las primeras alegaciones,

en ningún momento se ha presentado o se ha iniciado una acción pecuniaria en contra de la

Corte Suprema de Justicia y conforme con las disposiciones supletorias aplicable del CPCM, en

el caso en el cual establecen que una vez contestada la demanda esta no podrá ser ampliada ni

modificada por la parte demandante no ha existido una modificación en la cual se expresa clara

y precisa para exigir la cantidad de salarios caídos dejados de percibir. Es necesario recordar

que para la determinación de los daños o salarios dejados de percibir debe de existir una

cuantificación e identificación de lucro cesante y el daño emergente que se causó con las

actuaciones de las cuales se demanda. En este caso, no existe tal cuantificación y no hay una

determinación o una erogación directa hacia la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta

además el desistimiento que la parte hiciera respecto de la pretensión por responsabilidad

patrimonial en el presente caso, ha quedado establecido y ha sido decidido por esta Sala tener a

(sic) lugar el desistimiento razón por la cual no existe lugar para pronunciarse sobre los salarios

dejados de percibir, en razón que la misma parte de manera voluntaria propuso y aceptó el

desistimiento que se diera sobre dicha situación. En tal sentido, y habiendo concluido la fase

para la fijación del objeto del debate y las alegaciones de las partes con los escritos de

presentación y contestación de la demanda y las eventuales alegaciones que se hubieran dado no

puede venir la parte demandante a modificar su petitorio de la acción. Dos puntos

fundamentales para terminar sería la primera de estas que ya se ventiló de sobremanera el

aspecto que tiene que ver con el agotamiento previo de la vía administrativa, por lo que

considera que el legislador hace una referencia inequívoca a que el procedimiento establecido

en el artículo 61 era el procedimiento adecuado para poder controvertir de manera eficaz,

adecuada, e idónea para subsanar este tipo de actos que le pudieran haber causado agravios,

reitera esa posición ya que no se activó en el tiempo y en la forma que establece el citado

artículo por lo que incumple ese presupuesto procesal que imposibilita acceder a esta vía

contencioso administrativa y deberá declararse de esa manera. En segundo lugar, por el

principio de eventualidad, este tipo de alternativas de valoración, para efectos de considerar la

plaza y las funciones que desempeñaba el ingeniero MM, como Subdirector de la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, en primer lugar, se refiere a que, si

definitivamente era un cargo de confianza, pues no gozaba de ese derecho de estabilidad laboral,

independientemente del régimen al cual este(sic) adscrito; en segundo lugar, bajo ese mismo

principio si se considera dentro de la Carrera Administrativa, a la luz del artículo 4 al que se ha

hecho referencia, en donde dice que no estarán comprendidos en la Carrera Administrativa los

servidores públicos siguientes, y haciendo énfasis, en la letra l «los servidores públicos que

desempeñan los cargos de directores, subdirectores, y secretarios de estos», por lo tanto el

argumento que este (sic) comprendido dentro de la carrera administrativa y que tenga

estabilidad laboral, es un argumento que se debe valorar a la luz de este artículo. Es importante

destacar como prueba que consta también en el expediente, la constancia firmada por la Jefa de

Recursos Humanos. Este es un argumento que debe tomarse en cuenta en consideración para

efectos de la decisión final. El último argumento que se debe valorar en caso de establecer que el

ingeniero MM si formaba parte de la carrera administrativa, el demandante incluso bajo ese

mismo supuesto, no gozaba de estabilidad laboral a la fecha de emitido el primero de los actos

impugnados, es decir el quince de diciembre de dos mil nueve, pues su régimen laboral de

vinculación como ya queda especificado con la nota de la Jefa de Recursos Humanos, es por

contrato de servicios personales con un plazo definido con unas condiciones establecidas, ese

plazo se cumple a la fecha en que se procede a separar al ingeniero MM de la plaza y de las

funciones que tenía como Subdirector de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Institucionales. Esta afirmación es posible realizarla al amparo de la resolución de la Sala de lo

Constitucional referencia 1-2011 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, a partir de

este amparo se hace un giro jurisprudencial ya que se sostenía que si bien es cierto aquellas

personas que tenían funciones de carácter permanente con la Corte y que estaban adscritos al

régimen administrativo del servicio civil, estaban vinculadas al Estado, o a la Corte, por la vía

de contrato, si gozaban de estabilidad laboral, pero hasta la vigencia del contrato, es decir en

términos sencillos si se les despedía, o si se les removía dentro de la vigencia pues obviamente si

gozaban de estabilidad parcial. Pero es a partir de la referida sentencia que se reinterpreta este

criterio, y se le da a esa estabilidad laboral a todos los servidores incluyendo aquellos que se

encontraban con contrato, salvo aquellos que fueran cargos de confianza. Pero lo más

importante es que los alcances que esta sentencia particularmente le da hacia futuro a la

interpretación y la aplicación de ese mismo giro jurisprudencial la Sala consideró pertinente

realizar. Con lo anterior, se puede apreciar que la idea de reinterpretar y nuevamente

incorporar a aquellos empleados que se vinculaban con la Administración Pública por la vía de

un contrato era a partir de la fecha que se dicta la resolución hacia adelante y no hacia atrás

como se pretende que gozaban de estabilidad laboral (…)»[el subrayado y negritas son nuestros,

folios 95 frente al 96 frente].

En este punto es necesario recordar que el proceso fue declarado de mero derecho y

destacar que los apoderados de la autoridad demandada pretenden, basados en el principio de

eventualidad procesal, establecer un nuevo argumento para defender la legalidad de la actuación

impugnada; sin embargo, esta Sala debe hacer la siguiente consideración, fundamentada en el

artículo 123 de la LJCA, es decir, la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil

[CPCM].

El artículo 412 del CPCM regula el contenido de los alegatos finales así:«(…) se

expondrán en forma oral, para fijar, concretar y ajustar definitivamente tanto los hechos

alegados como la pretensión, a la vista del resultado de la práctica de las pruebas. No se

admitirán en ningún caso alegatos que supongan cambio de la pretensión, tal como quedó fijada

en la audiencia preparatoria; pero sí las precisiones, modificaciones o rectificaciones no

esenciales, que se razonen como derivadas lógicamente del resultado de la audiencia probatoria.

Las partes, al exponer sus alegatos, relatarán en forma clara y ordenada los hechos que

consideran probados, con indicación de las pruebas que los acreditan. También podrán

argumentar sobre la falta o la insuficiencia de prueba respecto de los hechos aducidos por la

parte contraria; así como sobre lo que a su criterio resulten inciertos (…)» [el subrayado es

nuestro].

El referido artículo limita a las partes el contenido de los alegatos y, por ende, evidencia la

preclusión procesal, ésta última entendida como: «Extinción, clausura, caducidad; acción y

efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto procesal, sea por prohibición de la ley, por

haberse dejado pasar la oportunidad de verificarlo o por haberse realizado otro incompatible

con aquél (Couture). I Principio procesal según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de

las cuales supone la clausura de la anterior, sin posibilidad de renovarla (Couture). Esta

segunda definición coincide con la de Chiovenda cuando afirma que el proceso avanza cerrando

estadios precedentes y no puede retroceder».[Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y

Sociales, Manuel Osorio, 24ª Edición Actualizada, corregida y aumentada por Guillermo

Cabanellas de Las Cuevas, Editorial Heliasta, pág. 784].

Al aplicar tal norma de manera subsidiaria se deberá entender que los alegatos [inciso

segundo del artículo 47 LJCA]se limitarán a relatar en forma clara y ordenada los hechos

probados y se deberán basar en los argumentos planteados tanto en la demanda como en la

contestación de la misma. De ahí que, al expresar los alegatos finales, por preclusión procesal, no

son admisibles nuevos argumentos. Lógicamente, esta Sala está inhibida de examinar el alegato

planteado por los apoderados de la autoridad demandada, de que el actor está excluido de la

carrera administrativa y, por ello, no tiene estabilidad laboral; introducido bajo la excusa del

principio de eventualidad procesal, a folio 95 vuelto.

Por su parte, la representación fiscal expuso: «(…) se ha establecido que mediante el

artículo 219 de la Constitución de la República y el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil, el

contrato de servicios personales suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y el ingeniero

CMM, es un contrato de carácter permanente y le es aplicable el régimen de la Ley de Servicio

Civil, el acto administrativo impugnado es ilegal porque tuvo que habérsele aplicado el

procedimiento, si la Corte Suprema de Justicia justificó que el señor no reunía el perfil para

continuar trabajando, debió haberle incoado un procedimiento de destitución, de conformidad al

artículo 52 y siguientes de la Ley de Servicio Civil, por lo que el acto administrativo es ilegal por

habérsele vulnerado la estabilidad laboral al demandante. En consecuencia, el siguiente acto

administrativo que también se ha impugnado, que es la resolución mediante la cual le ha

declarado improponible el recurso de revocatoria, por no haber agotado la vía administrativa,

en ese sentido la parte actora si tuvo la oportunidad de poder incoar la nulidad del despido

iniciado por la Corte Suprema de Justicia, no obstante si consideró que el despido realizado por

la Corte Suprema de Justicia es ilegal, por qué no le siguió el procedimiento de destitución

regulado en la Ley de Servicio Civil por tal motivo se le ha vulnerado el derecho a la estabilidad

laboral al señor demandante» [folio 96 frente].

Para finalizar, en la audiencia se decidió emitir la sentencia dentro del plazo de quince

días.

IV. La parte actora alega nulidad absoluta o de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 1

letra b) de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la

Administración Pública -falta de procedimiento-.Manifiesta que laboró en la Corte Suprema de

Justicia como sub jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales y que era

parte de la carrera administrativa de conformidad con las funciones permanentes que ejercía y el

inciso segundo del artículo 4 de la Ley de Servicio Civil [LSC], perola Corte Suprema de Justicia

no realizó el procedimiento correspondiente para despedirlo.

La parte actora manifestó que: «Todas las funciones desempeñadas e incluso las previstas

por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, son atribuciones que

forman parte del giro ordinario del área en la que laboró mi representado Ingeniero (sic) CMM,

por lo que dicho cargo no puede ser considerado como un cargo de confianza, sino que se trata

de una actividad de carácter técnico permanente de la Institución(sic), ya que supone el

desarrollo de los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Institución(sic), Por(sic) lo

tanto, no supone un cargo que presta un apoyo directo a las jefaturas, ni un cargo de carácter

eventual extraordinario, sino una función permanente institucional» [folio 3 frente].

Por su parte, el licenciado José Ernesto Clímaco Valiente, apoderado de la autoridad

demandada, en la contestación de la demanda expuso: «En ese orden de ideas, del examen de lo

sucedido en la sede administrativa y lo alegado por la parte actora en su demanda por medio de

su representante, se nos permite partir del hecho que el señor CMM se encontraba comprendido

dentro de la carrera administrativa en virtud de lo establecido en el referido art. 4 incisos 2° y

4° de la Ley de Servicio Civil -situación que ha sido confirmada por la Sala de lo Constitucional