Sentencia Nº 20-21-RA-SCA de Sala de lo Contencioso Administrativo, 13-12-2021

EmisorSala de lo Contencioso Administrativo
Sentido del falloIMPROCEDENCIA
Tipo de RecursoRECURSO DE APELACION
Fecha13 Diciembre 2021
Tribunal de OrigenCámara de lo Contencioso Administrativo, con residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad
Número de sentencia20-21-RA-SCA
20-21-RA-SCA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas cuarenta y nueve minutos del trece de diciembre de
dos mil veintiuno.
El seis de diciembre de dos mil veintiuno se recibió el oficio número 449, del uno del
mismo mes y año, suscrito por el secretario de actuaciones de la Cámara de lo Contencioso
Administrativo, con residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad [en adelante, la
Cámara], por medio del cual remite: (1) el expediente de aviso de demanda con la referencia
00192-19-ST-COAD-CAM [referencia interna 19-AD-2019]; (2) el escrito de apelación de fecha
uno de diciembre de dos mil veintiuno, interpuesto por la licenciada SMSR, en su carácter
personal [en adelante, la apelante], contra la resolución de la Cámara dictada en las diligencias de
aviso de demanda; y (3) la certificación de la resolución pronunciada por la mencionada Cámara,
de las catorce horas cuarenta y siete minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno, que
resolvió declarar improponibles las pretensiones contenidas en el aviso de demanda planteada.
I..A..
1. La licenciada SMSR interpuso, por medio de su procurador, licenciado W..D.
.
C.A., un aviso de demanda ante esta S., quien, mediante la resolución de las nueve horas
cinco minutos del doce de diciembre de dos mil dieciocho, efectuó, entre otras consideraciones,
la siguiente prevención: «A. Identificar congruentemente a la parte demandada. B. Identificar
claramente el acto administrativo impugnado, fecha de emisión y notificación, en relación con la
autoridad que emite dicha actuación» (folio 11 vuelto del expediente de la Cámara).
Con el objeto de cumplir la prevención supra relacionada, la impetrante presentó, a través
de su procurador, un escrito el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, con el que subsanó
las prevenciones (folio 16 del expediente de la Cámara).
Por medio de la resolución de las ocho horas cinco minutos del dieciocho de junio de dos
mil diecinueve (folios 20 al 25 del expediente de la Cámara), esta S. resolvió, entre otros
puntos: «(…) Rechazar el presente aviso de demanda presentado por la licenciada SMSR, por
medio de su procurador licenciado W.D.C...A., en contra de la Comisión Política
de la Asamblea Legislativa, por las razones esbozadas en este auto. 3. Remitir el presente
expediente de aviso de demanda a la Cámara de lo Contencioso Administrativo, que es el
competente para diligenciar el presente tramite (…)».
Luego de haberse remitido el aviso de demanda por la razón señalada, la Cámara de lo
Contencioso Administrativo resolvió, por medio del auto de las quince horas ocho minutos del
diecinueve de julio de dos mil diecinueve (folios 37 al 39 del expediente de la Cámara), lo
siguiente: «(…) SE DECLARA IMCOMPETENTE en razón del tipo de funcionario solicitado en
el aviso de demanda, remitido por la S. de lo Contencioso Administrativo, interpuesto por la
licenciada SM (sic) SR, por medio de su procurador, el licenciado W.D.C..A.,
contra la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. 2. REMITASE (sic) los autos al
Honorable (sic) Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a efecto que dirima el conflicto de
competencia suscitado; y para tal efecto líbrese el oficio correspondiente (…)» (folios 38 y 39
del expediente de la Cámara).
La Corte Suprema de Justicia en Pleno, mediante la resolución de las diez horas dos
minutos del diecinueve de enero de dos mil veintiuno (folios 43 y 44 del expediente de la
Cámara), dirimió el conflicto de competencia así: «A) Declárase que son competentes para
sustanciar y decidir el caso de mérito, los Magistrados de la Cámara de lo Contencioso
Administrativo, con sede en Santa Tecla; B) Remitanse (sic) los autos a dichos funcionarios con
certificación de esta sentencia, a fin de que procedan conforme a derecho corresponda (…)»
Seguidamente, la Cámara conoció sobre el aviso de demanda interpuesto por la licenciada
SMSR, por medio de su procurador, licenciado W.D.C.A., en los términos que
posteriormente se relacionarán.
2. La Cámara, al conocer sobre el aviso de demanda, resolvió, por medio del auto de las
catorce horas cuarenta y siete minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno (folio 45 al 47
del expediente de la Cámara), lo siguiente: «(…) SE DECLARAN IMPROPONIBLES las
pretensiones contenidas en el aviso de demanda presentado por la licenciada SMSR, por medio
de su procurador W.D..C.A., contra la COMISIÓN POLITICA (sic) DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA (…)» (folio 47 frente del expediente de la Cámara).
Dicha resolución fue fundamentada, básicamente, en los siguientes términos: “(…) este
Tribunal ha de precisar que aun cuando en el presente aviso de demanda no se impugne de
manera directa la elección del F. General de la República, sino el acto por medio del cual se
puso fin a las aspiraciones de la licenciada SR para optar a dicho cargo, lo cierto es que la
Comisión Política de la Asamblea Legislativa tomó una decisión respecto a la aludida
profesional en un procedimiento de aplicación de la Constitución. Y es que aun cuando en ese
procedimiento por designio legislativo participen otros órganos de trabajo con funciones
limitadas, lo cierto es que se trata del ejercicio de la facultad consagrada en el art. 131 ordinal
19 de la Cn, la cual es una sola y el hecho que la Comisión participe en una etapa previa a la
elección que realiza el Pleno de la Asamblea de ningún modo le cambia la naturaleza de dicho
acto. En ese orden, esta Cámara estima que el acto que pretende demandar la licenciada SR, no
goza del carácter de acto administrativo, por tanto, la pretensión carece de objeto, pues no existe
actuación administrativa alguna que sea susceptible de control en la jurisdicción contencioso
administrativa”. (folio 47 frente del expediente de la Cámara).
II. Análisis de admisibilidad de la apelación.
1. La licenciada SMSR, en su carácter personal, ha interpuesto un recurso de apelación
contra la resolución emitida por la Cámara de lo Contencioso Administrativo a las catorce horas
cuarenta y siete minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno (folio 45 al 47 del
expediente de la Cámara), cuyo contenido decisorio se ha relacionado en el párrafo anterior.
2. De conformidad con los artículos 115 y 123 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa [en adelante LJCA], y 510 y 511 del Código Procesal Civil y M., [en lo
sucesivo CPCM] [de aplicación supletoria al presente caso según el artículo 123 de la LJCA];
este Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso de apelación planteado.
En primer lugar, el artículo 112 de la LJCA reza que: «(…) Podrá interponerse recurso de
apelación contra toda sentencia y auto definitivo, pronunciados por los tribunales de primera
instancia y por las cámaras de segunda instancia (…)» (el subrayado es propio). Y el artículo
113 del mismo cuerpo normativo estatuye que: «(…) El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma autoridad que dictó la resolución recurrida, dentro del plazo de
cinco días contados a partir del siguiente al de su notificación y deberá identificar la resolución
apelada, manifestar la voluntad de recurrir y especificar los puntos impugnados de la decisión
de la que se recurre».
Del contenido de las disposiciones supra relacionadas se advierte que las decisiones
impugnables mediante el recurso de apelación son las sentencias y los autos definitivos emitidos
por los tribunales de una instancia inferir.
3. Establecido lo anterior, es relevante precisar que la LJCA no desarrolla de una forma
detallada determinados aspectos que corresponden al recurso de apelación. Así, por ejemplo, las
disposiciones normativas que regulan dicho medio impugnativo no indican los alcances o efectos
de las decisiones que resuelve el mismo.
En contraposición, en virtud de la integración normativa y la regla de supletoriedad
establecida en el artículo 123 de la LJCA, es posible aplicar al proceso contencioso
administrativo, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del mismo, las disposiciones del
CPCM.
A partir de tal remisión normativa, es importante relacionar el artículo 515 del CPCM que
establece que la sentencia que resuelva el recurso de apelación: «(…) deberá pronunciarse
exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los
escritos de adhesión».
Como se aprecia, la procedencia del recurso de apelación en sede judicial se circunscribe
a las impugnaciones que se diriman contra las resoluciones establecidas en el artículo 112 del
LJCA, y las decisiones del tribunal ad quem deben pronunciarse exclusivamente con los
argumentos presentados por los sujetos que intervienen en el respectivo incidente.
En esa línea, el recurrente no debe utilizar el recurso de apelación para cuestionar las
resoluciones administrativas que se buscaron impugnar en primera instancia, sino que debe
específicamente controvertir los argumentos que se consignen en la resolución judicial y que se
consideren contrarios a derecho, derivar el agravio que los mismos comportan, y argumentar con
suficiencia los vicios de fondo o procesales eventualmente cometidos por el a quo. Esto, desde
luego, implica una argumentación jurídica suficiente, que sea capaz de sostener la pretensión
impugnativa, y que se circunscriba al objeto natural de la apelación, esto es, la decisión judicial
recurrida.
4. En lo pertinente al presente caso, conforme con lo expuesto en los apartados
precedentes, esta S. es enfática en señalar que el recurso de apelación instaurado en los
artículos 112 de la LJCA tiene por objeto de revisión, no los motivos que llevaron al actor a
interponer el aviso de demanda planteados en la instancia inferior, sino el razonamiento de la
resolución judicial emitida por la Cámara [en el sub judice].
En ese sentido, se insiste, el agravio planteado en el recurso de apelación debe tener como
fundamento las valoraciones y la aplicación del derecho efectuados por la referida Cámara en la
decisión correspondiente y no, las actuaciones de la Administración que concurrieron para formar
su voluntad en la emisión del acto originario cuestionado. Así, dicho medio recursivo superaría el
juicio de procedencia que debe realizar esta S. al momento de pronunciarse sobre la
admisibilidad del recurso. Una vez esgrimido lo anterior, corresponde revisar los requisitos que
exige el artículo 113 de la LJCA.
El primero, es el órgano competente; en este caso, el recurso se interpone ante la misma
autoridad [Cámara de lo Contencioso Administrativo] que dictó la resolución recurrida.
El segundo, se refiere al plazo. Consta a folio 48 del expediente judicial 00192-19-ST-
COAD-CAM [referencia interna 19-AD-2019] que la resolución judicial recurrida [de las catorce
horas cuarenta y siete minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno] fue notificada a la
impetrante a las diez horas ocho minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno por
medio del Sistema de Notificación Electrónica [SNE]. En ese sentido, el plazo para interponer el
recurso de apelación venció el dos de diciembre de dos mil veintiuno, puesto que la misma se
tiene por realizada veinticuatro horas después del envío, de conformidad con el artículo 178 del
Código Procesal Civil y M. [CPCM]. En ese orden, de folios 3 y 4 de este expediente,
consta el escrito de interposición del recurso de apelación ante la Cámara y, en la razón de
presentación, aparece que fue presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno. De modo que
se interpuso el recurso en tiempo y ante el tribunal competente. Por ende, también se cumplen los
primeros requisitos en comento.
Finalmente, el último requisito es el relativo a la forma del recurso. El mismo artículo 113
ya citado dota de contenido a ese requisito e indica que se compone de tres elementos:
a) Identificación de la resolución apelada.
La recurrente señala que: «(…) en virtud de lo antes relacionado vengo ante su digna
autoridad a interponer RECURSO DE APELACION contra la resolución arriba mencionada
[catorce horas cuarenta y siete minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno] y proveída
por su digna autoridad (…)» (folio 3 frente), la cual, efectivamente, decidió declarar
improponibles las pretensiones contenidas en el aviso de demanda. De ahí que se cumple este
requisito.
b) Manifestación de la voluntad de recurrir.
La recurrente ha sido explícita en señalar que la decisión de la Cámara causa un agravio
por ser violatoria de derechos constitucionales, por ello, interpone el recurso en cuestión,
cumpliéndose esta formalidad.
c) Especificación de los puntos impugnados de la decisión que se recurre.
Se observa en el escrito presentado que la licenciada SR ─apelante─, en su carácter
personal, en la parte expositiva, omite identificar con claridad los motivos de agravio que le ha
causado la resolución que ataca. Únicamente expresa que: “(…) La suscrita considera que el
fallo dictado por su digno tribunal corresponde a un Fallo dictado por la honorable SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y pronunciado por los honorables MAGISTRADOS
PROPIETARIOS, quienes expusieron sus argumentos, siendo que uno de los funcionarios
propietarios dio su voto disidente en contra de que fuera enviada a esta sede judicial el referido
escrito, por lo que su (sic) señorías deben basar sus fundamentos legales, analizando sus
circunstancias en cuanto a los fallo del TRIBUNAL SUPERIOR emitido, siendo la HONORABLE
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPFREMA (sic) DE
JUSTICIA, hago mención de dicha situación, por el ACTO ADMINISTRATIVO a considerar es
la discusión del curriculum vitae de la suscrita, para participar en el proceso del año 2019, de
F.ía General de la Republica, y dicho curriculum no quiso ser recibido para participar como
aspirante, siendo un derecho que tengo y no podían coartármelo en aquel momento, dichas
acciones corresponden a la presentación del curriculum vitae en sede legislativa, u órgano
legislativo, de igual manera el presentado y la falta de recibido corresponden a acciones
administrativas, por lo que considero que deben garantizar la LEGALIDAD y objetividad en la
decisión tomada, el cual fue conocido en comisión Política y discutido por los Diputados de la
Honorable Asamblea Legislativa, siendo que no le dieron tramite a mi petición en aquel
momento (…) Considero que se ha presentado dilaciones en el proceso para resolverlo, puesto
que el no haberlo resuelto en tiempo, la suscrita no pudo participar porque debieron resolverlo
aplicando principios de justicia, legalidad, y sobre todo de igualdad, y Pronta (sic) y cumplida
justicia, por la falta de oportunidad de ser entrevistada en la Comisión Política de la Asamblea
Legislativa, de ese entonces y por el acto administrativo reclamado por tratarse de cargos de
segundo grado en el ámbito público. El hecho administrativo ocurrido ha sido por la inactividad
de la Administración Pública, por no ejecutar el acto legal total de recibir mi escrito de interés y
mi curriculum vitae, para participar en el proceso arriba mencionado, el tribunal superior debió
haber suspendido el proceso previamente a la elección del funcionario que se nombró en aquel
momento.- De igual manera este tribunal de alzada ha cometido dilación en cuanto a la tardanza
para resolverlo, no cumpliendo el mandato constitucional conferido como funcionarios menester
mencionar que el acto administrativo a impugnar es el acto de tramite (sic) al presente aviso de
los hechos bajo su conocimiento, considero que nos encontramos en presencia de omisiones
jurídicas relativas a actuaciones administrativas respecto al acto administrativo, de ejecutarlo
en órgano legislativo (sic) y en la S. de lo Contencioso Administrativo, emitir fallo, el cual ha
sido dilatorio en el trámite respectivo, no hemos tenido pronunciamiento y debieron suspender el
proceso para que se me diera la oportunidad de participar en el mismo juntamente con los
demás participantes. Porque si hubieran resuelto ordenar el presentado y recibido de mi escrito
de interés juntamente con mi curriculum vitae, la suscrita hubiera tenido oportunidad de
participar en la entrevista. Por otra parte, hago mención que lo que nos causa agravio es el acto
administrativo mencionado considero que los Recursos (sic) son mecanismos controladores de la
actividad jurisdiccional encaminados a corregir los errores judiciales, asimismo son medios que
la ley franquea para impugnar las resoluciones judiciales. No debemos olvidar que la finalidad
última de los Recursos (sic) consiste en enmendar los errores judiciales la cual es la máxima de
los recursos, es decir la corrección del error, puede hacerse por medio del mismo juez
Magistrado en la instancia correspondiente” (folios 3 vuelto y 4 frente).
De lo transcrito, no hay duda que la recurrente se limita a referir hechos o
acontecimientos que ocurrieron ante la autoridad que supuestamente limitó su derecho de
participar en la elección de F. General de la República [Comisión Política de la Asamblea
Legislativa]. Sin embargo, omite desarrollar concretamente los puntos que estima contrarios a
derecho de la resolución recurrida, emitida por la Cámara de lo Contencioso Administrativo a las
catorce horas cuarenta y siete minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno. En otras
palabras, la recurrente plantea una franca desviación del recurso hacia la revisión de actuaciones
administrativas, como si se tratara del fundamento que motivó la interposición del aviso de
demanda o de las razones por las que supuestamente demandaría en primera instancia, obviando
esgrimir argumentos de derecho categóricos para desvanecer los juicios y razonamientos del
tribunal a quo.
En este orden de ideas, este Tribunal no puede tener por superado el juicio de
procedencia del recurso de apelación, ya que a pesar de que la apelante enuncia inconformidades
de las actuaciones de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, en ningún momento
cuestiona con sólidos motivos de derecho el pronunciamiento emitido por la Cámara.
Tal como se precisó en los apartados precedentes, ante la presencia de un recurso de
apelación que cuestiona única y exclusivamente los pronunciamientos realizados en la actuación
administrativa, no se puede generar una prevención para construir de nuevo el núcleo jurídico del
medio impugnativo, pues esto constituiría materialmente el otorgamiento de un nuevo plazo para
la interposición del recurso; no debe perderse de vista que el legislador predefinió las reglas que
conducen el ejercicio del derecho a recurrir, estableciendo un plazo razonable para su
presentación y los escenarios en que el mismo era procedente; límites que deben respetarse, tanto
por el recurrente como por el juez ad quem.
Por otra parte, mal haría esta S. en suplir la omisión del recurrente en cuanto a la
fundamentación jurídica de su medio impugnativo, mediante un esfuerzo intelectivo de
interpretación o deducción apartándose de la literalidad del escrito de apelación; puesto que quien
constituye la pretensión, sus motivos esenciales, justificaciones de derecho y cuestionamientos de
la decisión judicial cuestionada, es el apelante.
En este sentido, esta S. debe preservar la imparcialidad que la caracteriza, siendo que
cumplir con los supuestos establecidos por el legislador para la procedencia del recurso, como se
ha señalado supra, constituye una obligación por parte de este tribunal, incluso antes de examinar
si se han cumplido los requisitos de fondo y forma.
III. Conclusión.
En el iter lógico del presente análisis, resulta importante señalar que la S. de lo Civil de
esta Corte, en la sentencia de las diez horas veinte minutos del cuatro de marzo de dos mil veinte,
referencia 296-CAC-2019, al relacionar el juicio de procedencia de los recursos, señaló que:
«Según la práctica y teoría general de los recursos, la procedencia es lo primero que se verifica,
y está conformada, además del agravio, por (…) la competencia del tribunal y la recurribilidad
de la resolución impugnada(…)»
En lo que atañe al presente caso, tomando en cuenta la anterior reseña jurisprudencial,
debe destacarse nuevamente que el artículo 112 de la LJCA regula de manera específica las
resoluciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso de apelación. De modo que si el
objeto de impugnación, los agravios o los argumentos no pueden ajustarse a lo definido en la
norma antedicha, la consecuencia jurídica sería de declaración de su improcedencia.
En ese sentido, habiéndose verificado que la recurrente plantea una franca desviación del
recurso de apelación hacia la revisión de actuaciones administrativas, como si se tratara de una
demanda contenciosa, obviando esgrimir argumentos de derecho categóricos para desvanecer los
juicios y razonamientos del tribunal a quo; esta S. está en presencia de una pretensión que no
se encasilla a los supuestos de procedencia establecidos para dicho medio recursivo (artículo 112
de la LJCA).
En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto resulta improcedente.
POR TANTO, con base a lo expuesto, disposiciones normativas citadas y los artículos
112, 113, 114, 115 y 123 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y 515 del
Código Procesal Civil y M., esta S. RESUELVE:
1. Tener por recibido el oficio número 449, de fecha uno de diciembre de este año,
suscrito por el Secretario de actuaciones de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, con
residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad; así como la documentación adjunta al
mismo, en los términos descritos en la razón de presentación suscrita por la Secretaria de esta
S..
2. Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto la licenciada SMSR, en su
carácter personal, contra la resolución judicial emitida por la Cámara de lo Contencioso
Administrativo, con residencia en Santa Tecla, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del
diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el proceso contencioso administrativo 00192-19-ST-
COAD-CAM, mediante la cual se declararon improponibles las pretensiones contenidas en el
aviso de demanda presentado por la abogada en referencia, por medio de su procurador,
licenciado W.D.C.A..
3. Notificar a la licenciada SMSR en el CEU **********, tal como consta en el acta de
notificación de folio 48, o en el medio electrónico señalado en el folio 4 vuelto.
4. Remitir el expediente judicial a la Cámara de lo Contencioso Administrativo que ésta
envió en el presente incidente de apelación, junto con una certificación de esta resolución.
N.. -
“”””--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------P..V.C.----- S.L.RIV.MARQUEZ ---- ENRIQUE ALBERT O PORTILLO ---- J..C.V. ---
----PRONUNCIADA POR LA SEÑORA M AGISTRADA Y LOS SEÑORES MAGIST RADOS QUE LA
SUSCRIBEN ------------------ M. B. A. -------------------------- SRIA. ---------------------RUBRICADAS------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“””

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR