Sentencia Nº 203-2017 de Sala de lo Constitucional, 20-09-2017

EmisorSala de lo Constitucional
Número de sentencia203-2017
Fecha20 Septiembre 2017
MateriaCONSTITUCIONAL
203-2017
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con
dieciocho minutos del día veinte de septiembre de dos mil diecisiete.
El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por los abogados Alfonso Gudiel
Estrada y Carlos Eduardo Bolaños Ruiz, contra omisiones del Director del Centro Penitenciario
de Seguridad de Zacatecoluca y del Jefe de la clínica médica adscrito a dicho reclusorio, doctor
CMMC, y a favor del señor HJRB.
Analizado el proceso, se hacen las consideraciones siguientes:
I. Los peticionarios refieren que tanto el director como el médico del centro penitenciario
atentan contra la integridad física del señor RB, específicamente contra su derecho a la salud, en
virtud de que este padece de "insuficiencia renal, hipopotasemia (pérdida de potasio) y dolores en
las articulaciones", lo cual consta en su expediente médico que lleva el centro penal, por lo que el
favorecido "(...) se encuentra padeciendo constantemente de dolores y cólicos renales en dicha
parte de su cuerpo lo cual incluso no le permite ni conciliar el sueño (...) la referida autoridad
denunciada omite brindarle la asistencia médica respectiva y tratamiento médico, ya que mi
defendido necesita ser atendido por especialistas por sus diversas enfermedades, a lo cual el
referido agraviado ha solicitado a dichas autoridades denunciadas que se le autorice ser atendido
por médicos particulares especialistas cancelados por sus familiares (...) siendo el caso que a la
presente fecha y no obstante su delicado estado de salud no se le brinda la oportunidad de poder
accesar a la asistencia médica particular, ni lo llevan a las consultas médicas especialistas
programadas dentro del sistema público de salud (...) argumentando las autoridades denunciadas
que no lo pueden trasladar a sus citas y tratamiento médico ordenado por las autoridades de salud
de la red de hospitales públicos competentes por la vigencia de las medidas extraordinarias
giradas para algunos centros penales entre ellos el de Seguridad de Zacatecoluca..." (mayúsculas
suprimidas) (sic).
II. En la forma prescrita por la Ley de Procedimientos Constitucionales se nombró jueza
ejecutora, designando para ello a Alejandra Yanira Martínez Peña, quien en su informe concluyó
que no ha existido vulneración a la integridad física, específicamente al derecho a la salud, del
señor HJRB, en virtud de que no se le concedió la consulta con médico particular por no haber
cumplido su familiar con el procedimiento establecido en el art. 390 del Reglamento de la Ley
Penitenciaria, pues debía presentar la cita médica cancelada del interno y el centro penitenciario
se encargaría de llamar a la clínica para verificar el perímetro del lugar donde se encontraba
ubicada; sin embargo, dicho familiar presentó la fecha y hora de la cita cancelada, así como una
serie de exámenes clínicos también cancelados.
Asimismo, verificó en el expediente clínico del favorecido que ha gozado de atención
médica dentro del reclusorio, constando las fechas de evaluación, diagnósticos y tratamientos
proporcionados.
Finalmente, comprobó que el señor RB también ha contado con atención especializada
en el Hospital Nacional Santa Teresa, pues consta comprobante de cita médica programada en
dicho nosocomio.
III. El Director del Centro Penitenciario de Seguridad de Zacatecoluca, remitió su
informe de defensa, recibido en esta sede en fecha 08/08/2017, en el que señala: "Al revisar el
expediente clínico del interno, registra patologías de colon irritable, lipotimia, artralgia de rodilla,
faringitis y gastritis, patología[s] que han sido tratadas con Magnetil, Clid, Anallat, Alive,
Ibuprofenos, Ultra y pastillas de potasio, por lo que a la fecha su problema del potasio está
estable, en cuanto a la insuficiencia renal que hacen mención, tampoco es cierto, ya que
medicamente no se ha declarado como paciente con Insuficiencia Renal (...)
[T]ampoco es cierto que como autoridades de este centro hemos omitido brindar al
privado de libertad, su derecho fundamental como es la salud, pues somos garantes de ese
derecho fundamental, prueba de ello es que el interno, ha recibido las atenciones médicas, de
forma oportuna, siendo las fechas siguientes: 2016 y 2017, los días 15/01/2016, 2801/2016,
07/03/2016, 01/04/2016, 21/06/2016, 18/08/2016, 20/09/2016, 10/11/2016, 07/03/2017 y
19/05/2017" (sic).
Respecto a la denegación de asistencia médica particular, asegura que el interno hizo una
petición verbal al doctor MC, quien lo evaluó el 15/01/2016. A raíz de tal requerimiento dicho
médico realizó informe de fecha 25/01/2016, dirigido al director del reclusorio, solicitando se
considerara la solicitud del beneficiado para que fuera evaluado por médico particular. El informe
fue autorizado a fin de que se hicieran las coordinaciones correspondientes, habiéndose
comunicado vía telefónica con la madre del privado de libertad para que hiciera los trámites
respectivos en clínica particular, resultando que ella canceló 24 pruebas de laboratorio que no
habían sido indicadas por ningún médico. No obstante ello, según tarjetas de control de citas, el
señor RB tiene programada consulta con el médico internista para el día 18/08/2017, en el
Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca.
Añade que se realizará informe médico y será remitido al Director General de Centros
Penales, a fin de informarle y solicitarle la salida del interno a su cita con médico particular, la
cual fue cancelada por su madre.
Con lo anterior, afirma, se desvirtúan totalmente las vulneraciones alegadas por los
abogados del favorecido.
IV. 1. Los peticionarios reclaman contra el Director del Centro Penitenciario de
Seguridad de Zacatecoluca y el Jefe de la clínica médica, doctor CMMC, por: 1) omitir brindar
consulta y atención médica al señor HJRB, pese a sus padecimientos de "insuficiencia renal,
hipopotasemia y dolor en articulaciones"; 2) negarle consulta médica particular; y 3) no
trasladarlo a sus citas en el sistema de salud pública.
Ante tal reclamo, debe indicarse que este Tribunal ya ha fijado su criterio con respecto a
los alcances de la protección constitucional a través del hábeas corpus de tipo correctivo, frente a
alegatos de vulneración al derecho de salud de personas que se encuentren internas en centros
penitenciarios.
Así se ha dispuesto que la salud de la persona, cuya protección está reconocida en el
artículo 65 de la Constitución, es susceptible de deterioro y cuando llega a tal punto de impedir
una vida normal o afecta gravemente el desempeño físico y social del ser humano, trasciende la
salud en sí misma y repercute en la integridad, especialmente en las dimensiones física y
psíquica. En el caso de las personas respecto de las que no se reclama la inconstitucionalidad de
su privación de libertad sino las condiciones del cumplimiento de ésta, su internamiento no puede
justificar la ausencia de tutela de los derechos que le son inherentes en su calidad de ser humano.
De lo contrario, podrían generarse afectaciones a diversos derechos entre ellos la salud que a
su vez menoscaben la integridad„ lo que deberá determinarse según las particularidades de cada
caso.
Asimismo, cabe citar lo dispuesto en tratados internacionales suscritos por El Salvador,
entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual, en su artículo 10,
establece que las personas privadas de libertad serán tratadas humanamente; y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto a la integridad física,
psíquica y moral de las personas que se encuentran detenidas (artículo 5).
También es importante referirse a lo contemplado en el romano X de Principios y Buenas
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobado por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indica que las personas privadas de
libertad tienen derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de
bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la .atención médica, psiquiátrica y
odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial así
como el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos.
Dicho principio también señala que el Estado debe garantizar que los servicios de salud
proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el
sistema de salud pública.
De manera que la protección a la integridad y a la salud de las personas detenidas no solo
está reconocida de forma expresa en una disposición constitucional sino también a través de
instrumentos internacionales que El Salvador debe cumplir -ver resoluciones de HC 164-
2005/79-2006 de fecha 9/3/2011, 374-2011 del 14/12/2012-.
2. A. Pasando al análisis del caso concreto, debe indicarse que en la certificación de
ciertos pasajes del expediente clínico penitenciario del señor HJRB, consta hoja con el título
expediente médico, por motivo de consulta inicial, de fecha 14/07/2009, diagnóstico gripe y
tratamiento detallado. Al reverso de esa misma hoja, se verifica consulta del 04/09/2009, en la
que se señala, entre otras cosas, proceso gripal y medicamento indicado.
También aparecen evaluaciones médicas posteriores realizadas los días: 16/01/2015,
19/01/2015, 27/02/2015, 17/03/2015, 15/04/2015, 31/07/2015, 13/08/2015, 02/09/2015,
17/09/2015, 12/10/2015, 29/10/2016, 15/01/2016, 28/01/2016, 07/03/2016, 01/04/2016,
21/06/2016, 18/08/2016, 20/04/2016, 10/11/2016, 07/03/2017, y 19/05/2017.
En esas consultas se advierten diagnósticos brindados al interno por médicos adscritos a
la clínica penitenciaria, consistentes en "bajos niveles de potasio, cólico renal, colon irritable,
gastritis crónica", con su respectivo tratamiento médico.
Asimismo, se corrobora en hojas de anotaciones de enfermería certificadas que el señor
RB fue llevado a consulta externa al Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca los días 15/02/2011,
14/03/2011, 23/08/2011, 15/11/2012, 13/12/2012, 19/09/2013, 01/09/2014, 01/09/2014,
24/03/2015, 08/04/2015, 14/04/2015, 06/05/2015, 19/05/2015, 26/11/2015, y que la última fecha
en que lo trasladaron a ese efecto fue el 12/01/2016, sin embargo, no llegó el médico urólogo que
lo examinaría, por lo que se le sacó cita nuevamente.
Según informe elaborado por el doctor CMMC, dirigido al director del centro penal, el
interno RB se encuentra "...controlado al momento sin medicamento en el mes de enero 2017
estaba con bajo potasio se medico que fuera evaluado por un médico internista sea privado o
particular elaboro para el hospital nacional y para medico particular por lo que director del centro
en ese momento autoriza y se le llama a familia pero el familiar de[b]io cancelar solo cita no todo
los exámenes y colocar fecha de cita solo debe cancelar y aquí es donde se coordinaba, al
momento de evaluar en mayo 2017 refiere problemas de mareos, desvanecimiento, leve dolor
articular, se medica por el problema de colon irritable" (sic).
La autoridad demandada certificó comprobante de cita médica a nombre del señor RB,
programada para las siete horas del viernes 18/08/2017, en la especialidad de medicina interna
del Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca.
Este Tribunal ordenó peritaje médico con el objeto de constatar qué enfermedades o
padecimientos de salud presenta el favorecido, en éste se establece: "...1- Paciente con
diagnóstico de artralgia en rodilla izquierda para cual está siendo evaluado ambulatoriamente por
ortopeda del Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, por lo que se recomienda se lleve a
sus citas y se le tome examen de ácido úrico control. 2-Paciente con antecedentes de bajo potasio
quien el día veintinueve de marzo del presente año se le tomo examen de potasio el cual salió con
un valor normal, por lo que se recomienda tomar electrolitos de control. 3- Al revisar expediente
clínico del paciente no se encontró ninguna nota médica que nos pudiera orientar a un diagnóstico
de insuficiencia renal, además el resultado del examen de creatinina que se le practico en marzo
de este año era con un valor normal, por lo que se recomienda se le tome creatinina de control. 4-
Paciente con diagnóstico de gastritis y colon irritable al momento evaluado adecuadamente por
personal médico del centro penal. 5-) Al momento de la evaluación médica el paciente se
encuentra con un buen estado de salud..." (sic).
B. Con fundamento en los anteriores datos, se tiene que el señor HJRB ha sido
diagnosticado con artralgia en rodilla izquierda, bajo potasio, gastritis y colon irritable, lo cual se
refleja tanto en las consultas médicas que le fueron brindadas por la clínica del reclusorio, como
en el peritaje médico que le fue practicado, en similares términos a los planteados por los
peticionarios. Esas enfermedades requieren de atención y tratamiento médico.
Además, se ha comprobado la inexistencia de diagnóstico de insuficiencia renal en la
condición de salud del señor RB, pues en ninguna de las hojas de consulta médica ni en el
peritaje se ha establecido que tenga ese padecimiento por el que necesite atención médica.
Se ha corroborado que al beneficiado desde el 16/01/2015 hasta 19/05/2017 al pasar
consulta en la clínica del reclusorio fue atendido, diagnosticado y tratado medicamente, de
manera adecuada para cada patología de acuerdo a las conclusiones del dictamen médico forense,
contrario a lo, reclamado por los solicitantes.
De modo que, este Tribunal determina la inexistencia de las omisiones atribuidas al
Director del Centro Penitenciario de Seguridad de Zacatecoluca y al. Jefe de la clínica médica
adscrita al mismo, referidas a la falta de atención y tratamiento médico alegado en perjuicio del
señor RB, en tanto se ha constatado que a éste se le brindaron las consultas requeridas y se le
indicó el medicamento para contrarrestar sus padecimientos; por tanto, respecto a dicho reclamo,
no existe vulneración a su derecho de salud con incidencia en su integridad personal y así debe
desestimarse.
C. Ahora bien, en relación con las omisiones de ser trasladado a sus citas en el sistema
de salud pública, previamente se advirtió que la última vez que fue llevado al Hospital Nacional
Santa Teresa a control médico fue el 12/01/2016; sin embargo, se hizo constar en anotaciones de
enfermería que en esa ocasión no llegó el médico urólogo que lo examinaría, por lo que se le sacó
cita nuevamente.
Al respecto, desde la fecha indicada hasta el momento de promoverse este hábeas corpus,
no consta que el señor RB haya sido trasladado a la cita reprogramada con el urólogo ni a alguna
otra consulta en el Hospital Nacional Santa Teresa, a las que comparecía con frecuencia, según su
expediente clínico; no obstante, el resultado del peritaje indica que al momento de ser evaluado el
beneficiado se encontró en un buen estado de salud.
En ese sentido, pese a que se ha comprobado que el favorecido desde enero del 2016 hasta
junio de 2017, no ha sido trasladado a citas en el hospital mencionado, ello no ha incidido en sus
derechos de salud e integridad, en tanto se ha constatado que goza de buen estado de salud y por
tanto ninguno de los derechos aludidos se han visto vulnerados por la omisión reclamada.
Al advertir esta Sala que no existe la vulneración alegada en perjuicio de los derechos
fundamentales referidos protegidos a través del hábeas corpus correctivo, ya que se ha verificado
que la falta de traslado del señor RB al Hospital Nacional Santa Teresa a consultas rutinarias no
ha ocasionado una incidencia negativa en los mismos, deberá desestimar este aspecto de la
pretensión.
D. Finalmente, los solicitantes alegan que al favorecido se le niega atención médica
particular, pese a que la ha solicitado y tiene derecho a ella de conformidad a la ley.
Según informe de la autoridad demanda y del Jefe de la clínica médica, doctor CMMC, el
interno RB efectivamente solicitó consulta con médico particular costeado por su familia, a la que
se accedió; sin embargo, aseguran, no cumplió con el procedimiento para que se concretara la
misma, pues aducen que fue pagada y programada por la madre de aquel, sin que ésta esperara las
verificaciones que deben hacerse respecto al perímetro de ubicación de la clínica particular y a
que el centro penal programara la cita; además, agregó la cancelación de 24 pruebas de
laboratorio que no habían sido indicadas por ningún médico, por lo que la cita no se llevó a cabo.
No obstante las aseveraciones realizadas por las personas demandadas en este proceso,
ello no ha sido constatado en la certificación que fue remitida, es decir, para este Tribunal no ha
sido factible verificar que las gestiones realizadas para conceder la consulta médica particular
fueron ejecutadas; sin embargo, sí está comprobado que dicha consulta fue pedida por el interno
de forma verbal, pues así lo aseguró el médico MC y ratificó el director del reclusorio.
De cualquier forma, si bien la atención médica particular no ha sido concretada pese a que
constituye un derecho de los privados de libertad contemplado en la Ley Penitenciaria art. 119,
y por ello del interno RB, tal situación no ha incidido negativamente en su derecho de salud, pues
como se indicó antes, al momento de ser evaluado por los médicos del Instituto de Medicina
Legal, se encontraba con buen estado de salud y había sido evaluado adecuadamente por el
personal del centro penal.
Y es que, cabe añadir que la finalidad que tiene el habeas corpus correctivo es brindar una
protección reforzada a los derechos de integridad personal y salud de las personas privadas de
libertad, cuando las autoridades penitenciarias que tienen a su cargo garantizarlos cometen
omisiones o actuaciones en transgresión de los mismos; para ello, es ineludible comprobar que
con la intervención o falta de acción de la autoridad demandada efectivamente se ha incidido en
tales derechos, pues de lo contrario no es posible estimar la pretensión en tanto no existe derecho
que reparar. Esto último es lo que ha acontecido en el caso en análisis, en tanto pese a que se ha
alegado y se ha comprobado la discutida omisión de conceder atención médica particular, ello no
ha sido capaz de vulnerar los derechos aludidos.
En conclusión, no existe vulneración al derecho de salud en detrimento de la integridad
personal del señor HJRB, en virtud de la omisión de Y brindarle asistencia médica particular, por
tanto también deberá desestimarse este punto de la pretensión planteada.
E. Sin perjuicio de lo dictaminado por este Tribunal, tanto el Director del Centro
Penitenciario de Seguridad de Zacatecoluca como el Jefe de la clínica adscrito al mismo deberán
continuar brindando la asistencia y tratamiento médico que el interno RB necesite para sus
padecimientos, así como, de estimarlo pertinente, autorizar la atención e intervención médica
particular que su estado de salud requiera o el traslado a un centro hospitalario público, tomando
en cuenta que el peritaje médico realizado recomienda: que el interno sea llevado a sus citas al
Hospital Nacional Santa Teresa y se le tomen exámenes de ácido úrico, electrolitos y creatinina.
Lo anterior de conformidad con los artículos 273, 276, 280, 281, 283, 285 y 286 del
Reglamento General de la Ley Penitenciaria, los cuales establecen que la administración
penitenciaria tiene la obligación de solicitar la colaboración del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y otras instituciones afines, para proporcionar los servicios médicos adecuados
a cada interno, para ello se facilita el establecimiento de diversos convenios de cooperación entre
instituciones públicas y privadas referente a tales prestaciones médicas.
Finalmente, es preciso agregar que las consideraciones realizadas no implican que esta
Sala avale las omisiones de traslado del favorecido a sus citas en el Hospital Nacional Santa
Teresa y la falta de gestiones para brindarle la asistencia médica particular requerida, pues si bien
se constató que el interno posee buen estado de salud, ello no descarta que las autoridades
incurrieron en dichas omisiones; de manera que, siempre que le sea programada una consulta al
beneficiado o a cualquier otro interno en, un centro hospitalario " o solicite el tipo de atención
médica mencionada, cumpliendo los requisitos legales, deberán realizar los trámites pertinentes
para que pueda gozar de las mismas.
Por todo lo expuesto y de conformidad con los artículos 11 inciso 2° de la Constitución;
71 de la Ley de Procedimientos Constitucionales; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el principio X de
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, esta Sala RESUELVE:
1. Declárase no ha lugar al hábeas corpus promovido por los abogados Alfonso
Gudiel Estrada y Carlos Eduardo Bolaños Ruiz, a favor del señor HJRB, por no haberse
constatado vulneración al derecho de salud con incidencia en la integridad personal de éste, en
relación con las omisiones atribuidas al Director del Centro Penitenciario de Seguridad de
Zacatecoluca y al Jefe de la clínica adscrito al mismo.
2. Continúese brindando las atenciones y tratamientos médicos al beneficiado por
parte del Director del Centro Penitenciario de Seguridad de Zacatecoluca y del Jefe de la clínica
adscrito a éste, así como el traslado a sus citas a hospitales del sistema público de salud y la
atención médica particular de así requerirlo el estado de salud de aquel.
3. Notifíquese. De existir alguna circunstancia que imposibilite ejecutar tal acto de
comunicación de la forma señalada por las partes, se autoriza a la Secretaría de este Tribunal para
que realice todas las gestiones pertinentes con el objeto de notificar la presente resolución por
cualquiera de los otros mecanismos dispuestos en la legislación procesal aplicable, debiendo
efectuar las diligencias necesarias en cualquiera de dichos medios para cumplir tal fin; inclusive a
través de tablero judicial, una vez agotados los procedimientos respectivos.
4. Archívese.
F. MELENDEZ ------ J. B. JAIME ------ E. S. BLANCO R. ------ R. E. GONZALEZ ------
PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN. ------ E.
SOCORRO C.------ SRIA. ------ RUBRICADAS. -

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