Sentencia Nº 22-CAL-2022 de Sala de lo Civil, 02-06-2022

• Emisor: Sala de lo Civil
• Sentido del fallo: Declárase no ha lugar a casar la sentencia
• Número de sentencia: 22-CAL-2022
• Fecha: 02 Junio 2022
• Materia: LABORAL
• Tipo de Recurso: RECURSO DE CASACION
• Tribunal de Origen: CÁMARA PRIMERA DE LO LABORAL, SAN SALVADOR

22-CAL-2022

SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once

horas con veintiocho minutos del dos de junio de dos mil veintidós.

Vistos los autos en relación al recurso de casación interpuesto por el licenciado L.

.

H.A.P.A., en su calidad de apoderado general judicial de la sociedad CREDI

OPCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (en adelante la sociedad

demandada, sujeto pasivo de la pretensión, recurrente e impetrante), en contra de la sentencia

pronunciada por la Cámara Primera de lo Laboral de la ciudad de San Salvador, a las doce horas

con veinte minutos del día nueve de agosto de dos mil veintiuno (en lo sucesivo Cámara, tribunal

de alzada o de segunda instancia), mediante la cual conoció del incidente de apelación de la

sentencia proveída por el Juzgado Primero de lo Laboral de esta misma sede, en el juicio

individual ordinario de trabajo, promovido por el defensor público laboral, licenciado D.

.

F., B.H., en nombre y representación del trabajador, señor JDQP, en contra de

la sociedad recurrente, reclamándole el pago de indemnización por despido injusto, salarios

adeudados por días laborados y no remunerados (del período comprendido del uno al siete de

octubre de dos mil diecinueve), salarios por comisión (del cinco por ciento por el cobro efectivo

realizado a clientes del empleador en el período comprendido del uno al veintiocho de septiembre

de dos mil diecinueve), y demás prestaciones laborales.

Intervinieron en primera y segunda instancia, en nombre y representación del trabajador,

señor JDQP, los defensores públicos laborales, licenciados D..F..B..H.,

S.C..R. de R.Z. y R.J.osé V.H.; y como apoderado

general judicial, en nombre y representación de la demandada, el licenciado L.H.A.

.

P.A.. En casación ha intervenido únicamente el licenciado P.A., en la calidad

indicada.

Considerandos:

I.- Antecedentes de hecho

La demanda fue presentada por el defensor público laboral, licenciado D..F.

.

B.H., en nombre y representación del trabajador, señor JDQP, en contra de la sociedad

C.O., Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamándole el pago de indemnización

por despido injusto y demás prestaciones laborales.

Admitida la demanda, se amplió la misma, en el sentido de que el trabajador demandante

también reclamaba al empleador, el pago de salarios adeudados por días laborados y no

remunerados (del período comprendido del uno al siete de octubre de dos mil diecinueve),

salarios por comisión (del cinco por ciento por el cobro efectivo realizado a clientes del

empleador en el período comprendido del uno al veintiocho de septiembre de dos mil

diecinueve). Se citó a las partes a audiencia conciliatoria, la que se llevó a cabo pero no se logró

su finalidad, en virtud de que el representante legal de la demandada no ofreció ninguna medida

conciliatoria.

Posteriormente el licenciado L..H.A.P..A., contestó la demanda en

sentido negativo, y se abrió a pruebas el juicio por el término de ley, período en que el apoderado

de la demandada opuso y alegó la excepción contenida en la causal 9ª del art. 50 del Código de

Trabajo (en lo sucesivo CT), presentó prueba documental, testimonial y declaración de parte

contraria del trabajador demandante (diligencia que no se llevó a cabo por la incomparecencia del

apoderado de la demandada), tal como consta a folios 85 de la pieza principal.

La representante del trabajador presentó prueba documental y solicitó declaración de parte

contraria del representante legal de la sociedad demandada, la cual se llevó a cabo (tal como

consta a folios 108 de la pieza principal), de igual manera pidió que se requiriera a la demandada

la exhibición del contrato de compraventa firmado entre la sociedad demandada y el señor NJAA,

con respecto a la motocicleta con número de chasis **********, color naranja, modelo CB/90,

placas **********, o en su defecto que se ordenara la inspección judicial para “tener mas

claridad sobre los hechos”. Requerimiento sobre el cual, el apoderado de la demandada hizo del

conocimiento del Juzgado Primero de lo Laboral de esta ciudad, que dicha motocicleta había sido

incautada, que el documento requerido se encontraba en resguardo en Sertracen, y que su

representada no posee copia o escaneo del mismo, por lo que no era posible su presentación.

Asimismo, la representante del trabajador presentó escrito por medio del cual hizo del

conocimiento del Juzgado Primero de lo Laboral de esta ciudad, que su representado había

llegado a un acuerdo extrajudicial “parcial” con la sociedad demandada, en cuanto al pago de las

cantidades en concepto de comisiones reclamadas en la demanda, por lo que el juzgado tuvo por

desistido ese reclamo.

II. El Juzgado Primero de lo Laboral de esta ciudad, al conocer de la demanda interpuesta

por el trabajador, señor JDQP, declaró terminado, con responsabilidad patronal, el contrato

individual que vinculó a las partes; sin lugar la excepción contenida en la causal 9ª del art. 50 CT,

condenó a la demandada al pago de la indemnización por despido injusto, vacación y aguinaldo

proporcional y los salarios caídos generados en esa instancia, y absolvió a la demandada del pago

del reclamo de salarios adeudados por días laborados y no remunerados (del período

comprendido del uno al siete de octubre de dos mil diecinueve).

III. La Cámara Primera de lo Laboral de esta ciudad, al conocer del recurso de apelación

interpuesto por el apoderado de la demandada, confirmó el fallo condenatorio y agregó el pago de

los salarios caídos generados en esa instancia.

Inconforme con el fallo de la Cámara sentenciadora, el licenciado L..H.A...

.

P.A., ha recurrido en casación invocando la causa genérica de infracción de ley, y los

motivos específicos de violación al art. 117 del Código de Comercio, interpretación errónea del

art. 547 del Código Civil, y error de derecho en la apreciación de la prueba documental, citando

como disposición vulnerada el art. 402 CT.

El recurso se admitió únicamente por el submotivo de error de derecho en la apreciación

de la prueba documental, con relación al art. 402 CT, y se ordenó que el proceso pasara a la

secretaría a efecto de que la parte contraria presentara sus alegatos, a lo que no dio cumplimiento.

IV.- Fundamentos de derecho

Error de derecho en la apreciación de la prueba documental

Precepto infringido art. 402 CT

Con relación al vicio invocado, se advierte que la inconformidad del recurrente radica en

que la Cámara le restó valor probatorio a las capturas de pantalla de los documentos privados que

contenían una conversación realizada por medio de la aplicación telefónica de WhatsApp, entre

el señor NA (cliente) y la empresa Ht San Miguel Roosevelt, los que constituían plena prueba

respecto del hecho que le atribuían al trabajador demandante, y que sólo podían ser desestimados

si se alegaba previamente la falsedad de los mismos.

De igual forma el impetrante manifestó, que la violación al artículo 402 CT, provocó la

inadmisión de los documentos privados al proceso, cuando la ley establece que los mismos

constituyen plena prueba, y que solo se desestimarán si se alega previamente un incidente de

falsedad, lo que no ocurrió en este caso. Y en ese sentido, al haberse admitido la citada prueba,

conforme a los criterios jurisprudenciales actuales y al no haberse redargüido de falsas, la Cámara

debió tener por ciertos los hechos que contenían los mismos.

En cuanto al error de derecho en la apreciación de la prueba documental, esta Sala ha

sostenido a través de su jurisprudencia, v.g., sentencia de las once horas con veintidós minutos

del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, pronunciada en el incidente de casación con

referencia 222-CAL-2019, entre otras, “que el mismo se presenta, cuando el juzgador, al

apreciar las pruebas o al estimar su valor, no aplica las normas establecidas para tal medio

probatorio, infringiendo con ello, los preceptos sobre la valoración de los medios de prueba. Se

produce también cuando el juzgador aprecia incorrectamente una prueba y le da un valor

distinto al que le asigna la ley”.

Definido el vicio invocado, es necesario remitirse a lo que la Cámara Primera de lo

Laboral con sede en San Salvador, estableció en su sentencia, con relación a la apreciación del

documento objeto del submotivo: “[...] 5. En cuanto al segundo punto de agravio, se advierte

que la parte demandada, con el objeto de probar la excepción contenida en la causal 9ª del Art.

50 del Código de Trabajo, incorporo al expediente judicial los siguientes medios de prueba: (...)

c) Impresión de capturas de pantalla (WhatsApp) de fs. 49 a 50; (...) los folios citados en el

presente párrafo corresponden a la pieza principal (...) 5.1. Respecto a la prueba documental, si

bien es cierto el legislador en el Art. 402 del Código de Trabajo, estableció que los instrumentos

privados, sin necesidad de previo reconocimiento, hacen plena prueba, es de señalar que tal

como lo manifiesta el recurrente, en su escrito de intervención en esta instancia, los documentos

públicos o privados, por simple hecho de ostentar tal calidad, no constituyen prueba de un

hecho, pues además de ser públicos o privados, éstos deben reunir otras características, que

permitan establecer el hecho que se pretende probar, generando certeza en el juzgador para

tenerlo por probado; ahora bien, de la lectura del escrito de fs. 44 de la pieza principal, por

medio del cual la demandada alegó y opuso la excepción contenida en la causal 9ª del Art. 50 del

Código de Trabajo, se advierte que en síntesis el hecho que se le atribuye al actor es que se

apropió indebidamente de la cantidad de ciento cincuenta dólares, por la supuesta venta de una

motocicleta por el valor de mil quinientos dólares y que éste únicamente remesó la cantidad de

mil trescientos cincuenta dólares, por lo que son estos los hechos que se deben de acreditar para

tener por probada la eximente de responsabilidad patronal (...) 7. Aunado a lo anterior es de

señalar que la conclusión a la que se arribó en el informe de auditoría, en el sentido que el

trabajador demandante se apropió indebidamente de la cantidad de $150 dólares, fue como

consecuencia de haber realizado únicamente una supuesta “validación” vía teléfono y

mensajería instantánea WhatsApp, sobre el valor cancelado por el cliente por la motocicleta que

compró, estableciendo que éste manifestó que canceló al trabajador demandante la cantidad de

$1,500 dólares, pues no consta en dicho instrumento que se haya verificado esa información con

otro documento o persona encargada de autorizar el precio de venta; en ese sentido no consta en

autos prueba alguna que acredite dicho extremo, pues si bien es cierto se incorporó al

expediente judicial, la impresión de capturas de pantalla mostrando una conversación en

mensajería instantánea WhatsApp, con las mismas no es posible determinar que en efecto esa

conversación pertenezca o no, al señor NJA, pues estas impresiones corresponden a un medio de

almacenaje electrónico que no fue incorporado conforme a las reglas establecidas en el Código

Procesal Civil y Mercantil, careciendo las mismas de valor probatorio (...) 9. Aunado a lo

anterior, de la lectura de la sentencia de alzada no se advierte que la señora Jueza A quo, haya

aplicado una presunción “negativa” en base a lo dispuesto en el Art. 415 del CPCM,

presumiendo que las impresiones de capturas de pantalla, mostrando una conversación en

mensajería instantánea WhatsApp, de fs. 49 a 50 de la pieza principal, hubiesen sido alteradas y

que por ese motivo le restara valor probatorio, como lo sostiene el recurrente en esta instancia;

y es que, lo que ocurrió es que para la señora Juez A quo, dichas impresiones no merecían

credibilidad, al no poderse establecer el origen de las mismas, y que por lo tanto podían ser

elaboradas o modificadas por cualquier persona; y tomando en cuenta que estas no fueron

incorporadas al expediente judicial conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal

Civil y Mercantil -por ser un medio de almacenamiento electrónico-, tal como se ha expuesto en

el párrafo número siete de estos fundamentos de derecho, se comparte el criterio que estas

impresiones de captura de pantalla carecen de valor probatorio […]” (sic).

De los anteriores razonamientos de la Cámara se advierte, que no otorgó valor probatorio

a las capturas de pantalla de la aplicación telefónica Whatsapp (aportadas como prueba

documental de descargo), con las que se intentaba establecer que el trabajador demandante se

apropió indebidamente de cierta cantidad de dinero por la supuesta venta de una motocicleta; por

estimar, en principio, que no era posible determinar “que en efecto esa conversación pertenezca

o no, al señor NJA” (cliente). Además, porque carecían de valor probatorio, ya que las

impresiones que correspondían a un medio de almacenaje electrónico, no fueron incorporadas al

proceso conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil (en lo

sucesivo CPCM).

Con base en lo expuesto, cabe señalar que, para esta Sala, la parte demandada no ha

logrado evidenciar de forma inequívoca, cómo obtuvo (del dispositivo móvil) las impresiones

simples de captura de pantalla de la conversación telefónica de la red social WhatsApp agregadas

a folios 49 y 50 de la pieza principal. De igual forma no se ha establecido fehacientemente que

dicha conversación corresponda al supuesto cliente, señor NJA, la fecha de la misma, entre otros.

Asimismo, a juicio de este tribunal, el documento en análisis no proporciona seguridad en

cuanto a la integridad o invariabilidad de su contenido (que no haya sido alterado o modificado

por cualquier persona), ya que no se ha determinado su origen.

De igual forma cabe señalar, que es menester que ante la oferta de un documento como el

controvertido, se acompañe del medio de almacenamiento que lo contiene, para que sea analizado

y considerado como prueba, de conformidad con lo establecido en el art. 397 CPCM.

Y es que, vale decir, que los documentos como el referido, no ofrecen por si solos,

elementos de seguridad comprobable en el proceso, tal y como lo advierte el doctrinario español

Fermandinho Domingos Sanca, “Revista de Derecho Privado y Social, Sala de lo Civil, Corte

Suprema de Justicia, El Salvador; número 2, año 2017, pág. 247”; quien al desarrollar el tema

“Seguridad en el Comercio Electrónico”, consideró que la comunicación electrónica, por lo

menos debe cumplir con los requisitos básicos siguiente: 1) Autenticación: certeza e

identificación de los que intervienen. 2) Confidencialidad: evitar que la comunicación sea

interceptada por un tercero. 3) Integridad: que la información no sea alterada ilícitamente. 4) El

no rechazo o repudio: el hecho que las partes intervinientes no nieguen haber participado en la

comunicación” (tomado del incidente de casación con referencia 481-CAL-2018).

Además de dichos requisitos, previo a admitir un medio de captación tecnológica como

medio de prueba, el juzgador debe analizar su licitud, pertinencia y utilidad, pues por la

naturaleza de este tipo de documentos, existe el riesgo de una eventual vulneración a derechos

fundamentales como a la dignidad, el honor, la intimidad, la propia imagen de las partes, así

como de terceros que podrían no tener una relación directa sobre los hechos del litigio.

En ese sentido la justificación de la Cámara Primera de lo Laboral de esta sede, para

determinar que las referidas impresiones no merecían credibilidad, es válida, dado que al provenir

la información de un medio de almacenamiento electrónico, era indispensable que se evidenciara

cómo se obtuvo dicha información para determinar su origen, nexo e invariabilidad, entre otros

aspectos a analizar.

Por tal razón a juicio de esta Sala, la decisión tomada por el tribunal de alzada, para

desestimar la prueba documental referida, es justificada y válida, dado que, al ser presentada

prueba documental, cuyo registro original se encuentra en un medio de almacenamiento de

información, para este caso, el teléfono en el cual se registraron los mensajes de la aplicación

telefónica “Whatsapp”, se debió haber cumplido con los requisitos que establece la ley, tal y

como se relacionó en los párrafos anteriores. Ante dicho incumplimiento, es conforme a derecho

que se desestimen los documentos presentados. En consecuencia, no existe la posibilidad de que

se haya cometido el error de derecho en la apreciación de la prueba documental, con relación al

art. 402 CT, alegado por el licenciado P.A.; por lo que resulta procedente declarar no ha

lugar a casar la sentencia de mérito.

POR TANTO: de conformidad a los arts. 591, 593 y 602 Código de Trabajo; arts. 522,

536 y 537 del Código Procesal Civil y M., a nombre de la República, esta Sala FALLA:

a) D. no ha lugar a casar la sentencia recurrida por la causa genérica de

infracción de ley, y por el submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba

documental, con respecto al art. 402 CT.

b) O. a la Cámara Primera de lo Laboral de San Salvador, entregue al trabajador,

señor JQP, la cantidad de ciento catorce dólares con veintinueve centavos de dólar de los Estados

Unidos de América, depositada en concepto de interposición de este recurso, por medio del

recibo de ingreso número **********, de la “cuenta de fondos ajenos en custodia” del

Ministerio de Hacienda; y,

c) Devuélvanse los autos al tribunal remitente con certificación de esta sentencia para los

efectos de ley; y,

H. saber.

““““----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------A.M.S.-----------------L. R. MURCIA---------------

----------------PRONUNCIADA POR LOS MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN---------------

----------------KRISSIA REYES-------------------SRIA.------------------RUBRICADAS---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------””””

VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA

DAFNE Y.S.D.M....

.

D..Y.S. de M., magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de

Justicia, en el incidente de casación 22-CAL-2022, emito voto concurrente, por estar de acuerdo

con la decisión que antecede, no así con algunos de sus fundamentos, según lo especificaré más

adelante. Sustento mi voto en las razones que expongo a continuación.

En la sentencia que antecede, entre otras cosas, se ha declarado lo siguiente: “a) D.

no ha lugar a casar la sentencia recurrida por la causa genérica de infracción de ley, y por el

submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba documental, con respecto al art. 402

CT (...)”. Y entre los argumentos que fundamentan dicha decisión se encuentran los siguientes:

“De los anteriores razonamientos de la Cámara se advierte, que no otorgó valor

probatorio a las capturas de pantalla de la aplicación telefónica de Whatsapp (aportadas

como prueba documental de descargo), con las que se intentaba establecer que el trabajador

demandante se apropió indebidamente de cierta cantidad de dinero (...) Con base en lo expuesto,

cabe señalar que, para esta Sala, la parte demandada no ha logrado evidenciar de forma

inequívoca, cómo obtuvo (del dispositivo móvil) las impresiones simples de captura de pantalla

de la conversación telefónica de la red social WhatsApp (...) De igual forma no se ha establecido

fehacientemente que dicha conversación corresponde al supuesto cliente (...) A.smo, a juicio

de este tribunal, el documento en análisis no proporciona seguridad en cuanto a la integridad o

invariabilidad de su contenido (...) De igual forma cabe señalar, que es menester que ante la

oferta de un documento como el controvertido, se acompañe del medio de almacenamiento que

lo contiene, para que sea analizado y considerado, de conformidad con lo establecido en el art.

397 CPCM” -resaltado propio-.

No comparto algunas de las anteriores consideraciones, porque, a mi juicio, tal forma de

abordar el aspecto relativo al uso de la prueba digital o electrónica, restringe el derecho a probar

en el juicio, al mismo tiempo que impone una regla de derecho que desconoce el principio de

libertad probatoria.

Para explicar mi voto, haré referencia a los siguientes aspectos temáticos: a) sociedad,

tecnología y derechos fundamentales; b) teoría de la prueba, con énfasis en los medios y fuentes

de prueba, así como lo relativo a la proposición y valoración de la prueba digital o electrónica.

Agotado lo anterior, expondré mi postura sobre la resolución del presente caso.

a) Sociedad, tecnología y derechos fundamentales

Los sistemas de justicia modernos en general y la lógica de los procesos judiciales en

particular, responden a las reglas y principios que rigen la vida en sociedad. La estructura y

funcionamiento de los procesos está determinada por el desarrollo económico, social, político,

jurídico y cultural de los pueblos, así como por el desarrollo tecnológico e ideológico de los

mismos. Los procesos y sus diversas fases se configuran en un contexto histórico. No es extraño,

por ejemplo, que hasta hace un par de décadas algunos plazos procesales y el computo de los

mismos se definieran por la distancia que había que recorrer para notificar el contenido de una

resolución (el “término de la distancia” -véase, por ejemplo, los artículos 209 y 211 del derogado

Código de Procedimientos Civiles); que las actuaciones procesales fueran estrictamente

actuaciones escritas (“el proceso escrito” y todas sus implicaciones rituales); y que la prueba de

determinados hechos objetivos solo pudiera realizarse de forma indirecta, aproximada o tentativa

(la prueba de paternidad, por ejemplo).

En cambio, en la actualidad, es innegable la posibilidad de notificar una resolución por

medios técnicos (telefax o correo electrónico -Sistema de Notificación Electrónica-); de recibir,

documentar y resguardar las actuaciones procesales por medios de almacenamiento electrónico

(como las audiencias del procesal oral, cuya celebración, incluso, hoy puede hacerse de forma

virtual en modalidad sincrónica -artículo 203-A CPCM-; o la recepción de demandas por medio

de correo electrónico, según lo ha hecho la Sala de lo Constitucional de esta Corte

1

); y de

proponer y reproducir la prueba científica (reconocida desde 1994, en el artículo 51 de la Ley

Procesal de Familia; así como en el derecho procesal común -artículo 375 CPCM-). Esto, sin

duda alguna, ha sido el resultado del establecimiento de una realidad tecnológica emergente que

incide en la estructura y funcionamiento de los procesos judiciales.

1

Durante el contexto de la cuarentena domiciliar obligatoria, como reacción a la pandemia de la covid-19, la Sala de

lo Constitucional habilitó la recepción de demandas a través de su correcto electrónico institucional. Véase, entre

otras, la resolución pronunciada a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de marzo de dos mil

veinte, dentro del proceso de habeas corpus 148-2020.

Los cambios del mundo extraprocesal repercuten significativamente en el mundo

procesal, no solo porque los procesos judiciales son instrumentos del Estado (y, en tanto que

instrumentos, modificables en atención al fin que persiguen -que no es otro que el de resolver

pretensiones jurídicamente relevantes-), sino también porque la función valorativa de los

procesos, es decir, la realización de la justicia, les exige asumir reglas, estrategias y formas

adecuadas para corroborar lo que en el ámbito de la realidad material acontece. Pierde razón de

ser el proceso, en la medida en que la justicia que declara, no logra dar cuenta de la realidad

material en la que se realiza. Así, la íntima relación entre justicia y tecnología es indiscutible.

También es incuestionable el nexo entre tecnología y sociedad. La sociedad

contemporánea es conocida como la sociedad de la información. Este calificativo responde a una

de sus principales cualidades: la facilidad para crear, distribuir y manipular la información, a

través del uso de la tecnología. En este sentido, la tecnología describe “el uso del conocimiento

científico para especificar modos de hacer cosas de una manera reproducible”

2

. La sociedad

contemporánea vive una revolución tecnológica, cuyas raíces se hunden no solo en el campo de

la información, sino también en el de las telecomunicaciones. Por ello, no es extraño que se hable

con mucha frecuencia sobre las TICʼs (Tecnología de la Información y las Comunicaciones) y

que su uso cada día sea más intenso, expansivo y progresivo (compras por Internet,

videollamadas, mensajería instantánea, comunidades virtuales, etc.). Y es que la revolución

industrial, que inicia con el empleo de la fuerza del vapor y que continúa con la producción y

control de la electricidad, en la actualidad, se traduce en una revolución tecnológica, la cual da un

“nuevo” paso a través del amplio control de la información y las telecomunicaciones

3

. Por eso se

habla de las nuevas tecnologías, es decir, la aplicación del conocimiento científico para

especificar modos de hacer cosas en lo que corresponde a la información y a las

telecomunicaciones.

La sociedad contemporánea, entonces, testifica acerca de una realidad tecnológica

emergente en los ámbitos de la información y las telecomunicaciones, cuyo objeto central incide

2

H.B. y D..B., cfr. CASTELLS, M., La sociedad red, traducido al castellano por C.

.

M.G., Alianza Editorial, p. 56.

3

Amplíese en CASTELLS, M., La sociedad red, traducido al castellano por C..M..G.,

Alianza Editorial, páginas. 57-66.

en la estructura y funcionamiento de los procesos judiciales. Y es que, así como existe una

dimensión social de la revolución tecnológica, también existe una dimensión jurídica-procesal de

la misma. Tal dimensión no solo abarca la realidad intraprocesal, como la recepción virtual de las

demandas, la notificación electrónica de las resoluciones o la celebración de audiencias virtuales;

sino también la introducción de elementos extraprocesales cuya génesis anida en el uso de esas

nuevas tecnologías y cuyo objeto está relacionado de modo esencial con la actividad

jurisdiccional. Así, la introducción al proceso de información contenida en capturas de pantalla

(pantallazo

4

o screenshot), de elementos audiovisuales descargados de redes sociales (Facebook,

Instagram, T., TikTok, etc.), de registros de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegrama,

Signal, etc.), de datos contenidos en correos electrónicos (Gmail, Outlook, Yahoo!, etc.), en sitios

web (YouTube, Wikis, etc.) en otras aplicaciones, es una actividad procesal relevante que exige

el entendimiento, uso y reproducción de las nuevas tecnologías. En pocas palabras, la dimensión

jurídico-procesal de la revolución tecnológica contempla lo relativo a la actividad probatoria en

todas sus dimensiones (proposición, admisión, reproducción y valoración de la prueba).

Ahora bien, esta revolución también hace eco en otros aspectos jurídicos, como lo relativo

al reconocimiento, promoción y protección de los derechos fundamentales. En efecto, en la

sociedad contemporánea, el individuo se sitúa dentro de una realidad tecnológica que le confiere

determinados cursos de acción en relación a su condición de persona (titular de prerrogativas y

obligaciones). Algunos de esos cursos de acción solo son viables en la medida en que a la

persona se le reconocen y garantizan sus derechos fundamentales.

El derecho fundamental a la libertad de expresión, cuyo anclaje constitucional se

encuentra en el artículo 6, “es el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir, sin

interferencia indebida del Estado o los particulares, ideas, pensamientos, opiniones, juicio de

valor e informaciones de toda índole, a través de la palabra, de la escritura, en forma impresa o

artística, o por cualquier otro medio, sin consideración de fronteras, derecho que no puede estar

4

La doctrina denomina a las capturas de pantalla (o screenshot en inglés) con el nombre de pantallazos. Y aunque no

es un término comúnmente utilizad o en la jerga jurídica nacional, en otras latitudes su uso resulta bastante frecuente.

Al respecto, puede consultarse: ROJAS ROSCO, R., “La prueba d igital en el ámbito laboral ¿Son válidos los

pantallazos?, en AA.VV., La prueba electrónica. Validez y eficacia procesal, R.O.L. y S.V...

.

B.(..), J. del futuro (eBook), 2016. Asimismo, O.G., Mercedes, La prueba digital

en el proceso civil. Verificación y régimen legal, Trabajo de fin de grado, bajo la tutoría de L.F.B.R.,

Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2017.

sujeto a censura sino a responsabilidades ulteriores” (resaltado propio). Esta definición ha sido

adoptada por la Sala de lo Constitucional, a través de la resolución pronunciada el diecinueve de

mayo de dos mil catorce, en el proceso de amparo clasificado bajo la referencia 43-2012.

Reconociendo el contenido de dicha definición, puede afirmarse que, en virtud de este derecho,

toda persona puede recibir y difundir información, también a través de las herramientas y

aplicaciones que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.

No existe razón alguna para vedar su ejercicio en este ámbito de la realidad. En tal sentido, la

información generada sobre la base de estas tecnologías, constituye materia relevante que

potencialmente puede ser objeto de interés en un proceso judicial. Por ello, debe reconocerse la

posibilidad de que tal información pueda introducirse al juicio, por medio de la actividad

probatoria, sin necesidad de superar obstáculos irracionales, desproporcionales o ilegales.

El derecho a la prueba es un derecho fundamental. En efecto, se erige como un derecho de

naturaleza procesal elevado a rango constitucional, como manifestación del derecho al debido

proceso, el cual, a su vez, es una manifestación del derecho a la protección jurisdiccional, cuyo

fundamento normativo descansa en el artículo 2 Cn. La Sala de lo Constitucional, mediante

sentencia pronunciada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el proceso de amparo

604-2015; ha reconocido tal naturaleza. El derecho a la prueba, en tanto que derecho

fundamental, incide en la configuración de las reglas y principios que rigen el proceso, de modo

que las partes litigantes gozan de la suficiente libertad para proponer y reproducir la prueba que

estimen conveniente a su estrategia procesal, en la medida en que esta cumpla con los criterios de

proposición, admisión, reproducción y valoración. El derecho a la prueba, entonces, garantiza que

se puedan introducir al juicio aquellas fuentes de información cuya génesis anida en el uso de

esas nuevas tecnologías y cuyo objeto está relacionado de modo esencial con el debate procesal.

En ese orden de ideas, estimo que el derecho a la prueba permite que las autoridades judiciales

adopten, dentro del marco de la legalidad, las medidas necesarias para que las partes litigantes

puedan informarles sobre el contenido y alcance de los hechos controvertidos, con el fin de

persuadir a la verdad del acaecimiento de los mismos.

La forma de introducir al proceso ese tipo de información es el tema central de este voto.

Y para hacer referencia a tal actividad, es necesario tomar en cuenta lo que se ha denominado la

prueba digital o electrónica. El estudio de este tipo de prueba toma en cuenta dos aspectos:

primero, que el entendimiento de la prueba digital o electrónica exige tomar como marco de

referencia la realidad que produce y reproduce la tecnología de la información y de las

telecomunicaciones; y, segundo, que su entendimiento exige el respeto y garantía de los derechos

fundamentales, con especial referencia a la libertad de expresión y el derecho a la prueba. Y

sobre esto, ya me he ocupado supra.

b) Teoría de la prueba, con énfasis en los medios y fuentes de prueba.

Tomando en cuenta los aportes de la doctrina, la prueba es la actividad procesal que

define el contenido y el alcance de una realidad

5

. En otras palabras, la prueba es la delimitación y

reproducción de un segmento de la realidad extraprocesal en cuanto a su contenido y alcance. El

objeto de la prueba, por excelencia, son las afirmaciones de las partes, planteadas en sus

alegaciones iniciales o en las alegaciones complementarias (sobre hechos nuevos o de nuevo

conocimiento). Así lo establecen los artículos 307, 313 ordinal 1º y 312 CPCM. Cuando un

testigo declara sobre un hecho controvertido lo que hace es segmentar el contenido y el alcance

de un evento acaecido, definiendo y reproduciendo verbalmente lo que se produjo en la realidad

debatida. Similar situación ocurre con el resto de medios probatorios. En otras palabras, la prueba

es el puente entre la realidad material y la realidad construida o revelada en el proceso.

La introducción de los hechos o la información al proceso sigue determinadas reglas

legales. La teoría de la prueba circunscribe o reduce esta actividad a cuatro etapas. La

proposición, la admisión, la reproducción y la valoración de la prueba. En este voto centraré mi

atención en la primera, no obstante que ligeramente me referiré a algunas cuestiones asociadas a

la última etapa.

La proposición de la prueba

Como regla general, la proposición incluye la oferta y la aportación de la prueba. La

5

Vid. O.G., Mercedes, La prueba digital en el proceso civil. Verificació n y régimen legal, Trabajo de

fin de grado, bajo la tutoría de L.F.B.R., Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 201 7, p. 11.

oferta implica enunciar e identificar las fuentes de prueba que se introducirán al proceso, a través

de los correspondientes medios de prueba. Por ejemplo, se puede ofertar la declaración

testimonial, determinando la identidad del testigo y enunciando la finalidad de su proposición.

Esto implica, además, la singularización del medio de prueba (artículo 310 CPCM).

A grandes rasgos, la aportación conlleva la presentación material de la fuente de prueba,

dependiendo de la naturaleza de las mismas. Tratándose del medio probatorio de la prueba

documental, la fuente de prueba (cartas, recibos, actas notariales, escrituras públicas o privadas,

etc.), se presentan junto a la demanda y demás alegaciones iniciales (contestación de la demanda,

reconvención y contestación de la reconvención). Similar situación ocurre con la prueba pericial

de parte (artículos 276 ordinal 7º in fine, 288 inciso 3º y 377 CPCM). En el caso de la declaración

de testigos o la declaración de parte, por su naturaleza, su aportación no se realiza de forma

material junto a las alegaciones iniciales. En tales supuestos, basta con identificar a los

declarantes. Similar situación ocurre con el reconocimiento judicial. Como excepción a la regla

mencionada, es posible ofertar la prueba sin aportarla. Esto tiene lugar, por ejemplo, cuando la

parte que la propone, no está en las condiciones de poder disponer de la correspondiente fuente

de prueba (generalmente de tipo documental). Lo anterior tiene fundamento en las reglas del

derecho procesal común (artículos 276, 288 y 289 CPCM).

Como se observa, en la proposición de la prueba intervienen dos figuras propias de la

actividad probatoria: la fuente de prueba y el medio de prueba

6

. La regla procesal establece que,

solo en la conjunción de ambas instituciones es posible la formación de la prueba en el proceso.

Para establecer la forma de proponer la prueba digital o electrónica es importante aclarar

estos tres conceptos. Primero, la fuente de prueba es la persona o el objeto que contiene la

información relevante al proceso (de naturaleza preprocesal). Segundo, el medio de prueba es el

canal diseñado por el legislador para que la fuente de prueba pueda ingresar al juicio (de

6

Sobre estos conceptos, se ha dicho: “Las fuentes de prueba son los eleme ntos que existen en la realidad, y los

medios consisten en las actividades que es preciso desplegar para incorporar las fuentes al proceso. La fuente es

anterior al proceso y existe independientemente de él; el medio se forma durante el proceso y pertenece a él. La

fuente es lo sustancial y material; el medio, lo adjetivo y fo rmal” (Vid. M..A., J., La prueba,

Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, p. 45). También puede examinarse OLMOS GARCÍA,

Mercedes, Ob. cit., p. 11.

naturaleza procesal-instrumental). Y tercero, la prueba es la información vertida en el juicio por

medio de la fuente de prueba, por cuyos elementos se determina el acaecimiento de un hecho (de

naturaleza procesal-valorativa). Si no se acredita el contenido y el alcance de un segmento de la

realidad (es decir, el hecho controvertido), simplemente no existe prueba. Así, el testimonio de la

escritura matriz de un contrato individual de trabajo, es la fuente de prueba, mientras que el

medio de prueba es la prueba documental (instrumento público). El contenido y alcance de las

condiciones de trabajo y demás prestaciones labores señaladas en el referido testimonio sería la

prueba. Asimismo, el testigo “z” por medio de su saber es la fuente de prueba, mientras el medio

de prueba es el interrogatorio de testigos (conocido también como “declaración testimonial”). El

contenido y alcance de su declaración (por ejemplo, sobre el despido laboral) sería la prueba.

En otros términos, la fuente de prueba (el testimonio de la escritura matriz o la persona

del testigo), en tanto que precede al juicio, solo ingresa al debate procesal en la medida que

atraviesa los canales diseñados por el legislador para dichos fines. Esos canales no son otros que

los medios de prueba reconocidos por el derecho procesal común (CPCM). Dichos medios son,

según su denominación legal, los siguientes: prueba documental (artículos 330 y sig.),

declaración de parte (artículos 344 y sig.), interrogatorio de testigos (artículos 354 y sig.), prueba

pericial (artículos 375 y sig.), reconocimiento judicial (artículos 390 y sig.), y medios de

reproducción del sonido, voz o de la imagen y almacenamiento de la información (artículos 396 y

sig.) -todos del CPCM-. Estas mismas reglas aplican en el ámbito del derecho procesal laboral,

por cuanto la regulación relativa a la actividad probatoria que establece el CPCM, se extiende a

todas las áreas del derecho procesal, que se sujetan a su supletoriedad, como sucede en este caso,

según el artículo 602 CT. Tan determinante es este aspecto que, pese a que el Código de Trabajo

regula el medio de prueba de “la confesión” (artículo 400), en la actualidad su aplicación ha sido

superada (o por lo menos debe superarse), por cuanto lo aplicable son las reglas del medio de

prueba de declaración de parte (por ser equivalentes, mas no iguales).

En todo caso, lo que interesa advertir es que, la prueba solo puede generarse en la

conjunción adecuada de la fuente de prueba y los medios de prueba; y que los únicos medios de

prueba existentes, en la actualidad, son los que reconoce el CPCM. Y aun y cuando el artículo

330 inciso 2º CPCM, dispone que “Los medios de prueba no previstos por la ley serán admisibles

siempre que no afecten la moral o la libertad personal de las partes o de terceros”, lo cierto es

que, en la actualidad, no se advierte la existencia de otros medios de prueba diferentes a los

señalados. Sin embargo, lo que importa destacar es que el legislador ha concedido a las partes un

amplio margen de libertad probatoria en cuanto a la acreditación de sus intereses procesales,

como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional, en la dimensión del derecho al

debido proceso, particularmente en lo relativo al derecho a la prueba (artículo 2 Cn).

Proposición de la prueba digital o electrónica

La prueba electrónica es “cualquier información obtenida a partir de un dispositivo

electrónico o medio digital que sirva para adquirir convencimiento de la certeza de un hecho,

siempre que sea correctamente obtenida, constituyendo así pruebas exactas, veraces y objetivas”

7

.

Y en concordancia con lo supra expuesto, puede afirmarse que la prueba digital o electrónica es

la delimitación y reproducción de un segmento de la realidad extraprocesal que ha sido generada,

procesada, almacenada y/o reproducida en dispositivos electrónicos (generalmente adscritos al

uso de las nuevas tecnologías). En este sentido, las reglas relativas a la proposición de la prueba

digital o electrónica giran fundamentalmente en torno a la configuración de las fuentes de prueba.

Esto es así, porque el carácter digital o electrónico del entorno en el que descansa la fuente

probatoria que pretende hacerse valer en el proceso, es un asunto asociado a una realidad

preprocesal, ajena al juicio y de orden material. Se trata de información, relevante al juicio, que

está contenida en un objeto de singular naturaleza: digital o electrónico.

El uso de las nuevas tecnologías ha estimulado el surgimiento de la prueba digital o

electrónica, por cuanto se refiere a información generada y contenida en el contexto de una nueva

realidad: lo digital o electrónico. En tal sentido, soy categórica al señalar que, en principio, el

esfuerzo intelectual no se debe centrar en identificar si el legislador ha creado un canal especial

para que la información generada en instrumentos electrónicos o en espacios digitales pueda

ingresar al juicio. Más bien, lo primero que debe hacerse, es identificar la naturaleza de la fuente

de prueba. La fuente precede al medio, y en ese orden debe efectuarse el esfuerzo intelectual

7

Vid. BUENO DE MATA, E., La prueba electrónica..., cfr. S.H..Z., J., Estud io de la

prueba electrónica en el proceso penal: especial referencia a las conservaciones de WhatsApp, Trabajo de fin de

título, Dirigido por D.. D.M.d.P.P., Universidad de Salamanca, 2016, p. 8 .

dirigido al desahogo de los elementos de prueba.

Al identificar la naturaleza de la fuente de prueba digital o electrónica, se advierte que se

trata de un tipo de realidad intangible o inmaterial, que se exterioriza en formato auditivo, visual

o audiovisual. Por tanto, la forma de introducir al proceso información generada en un contexto

digital (con uso de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones), como la

contenida en capturas de pantalla, en elementos audiovisuales descargados de redes sociales

(Facebook, Instagram, T., TikTok, etc.), en registros digitales de mensajería instantánea

(WhatsApp, Telegrama, Signal, etc.), en datos contenidos en correos electrónicos (Gmail,

Outlook, Yahoo!, etc.), en sitios web (YouTube, Wikis, etc.), o en diversas aplicaciones (editores

de fotos, videos, texto, audio, etc.); no se adecua totalmente a las reglas de introducir al proceso

las fuentes de prueba tangibles.

Sin embargo, esto no implica que no pueda introducirse este tipo de prueba al proceso.

Por el contrario, la protección y garantía de los derechos fundamentales, como la libertad de

expresión y el derecho a la protección jurisdiccional, en la dimensión del derecho al debido

proceso (particularmente en lo relativo al derecho a la prueba), así como el principio de libertad

probatoria, permiten, según señalé antes, el aprovechamiento de este tipo de información en el

debate procesal. Pero esto, como ya lo dije, requiere que la fuente de prueba (de naturaleza

intangible) se vierta o se aporte en un soporte tangible, para que pueda transitar o fluir a través de

los medios de prueba existentes, hasta llegar al centro del debate procesal.

Así, por ejemplo, es posible que la información contenida en un contexto digital, como un

sitio web, pueda aprehenderse a través de una captura de pantalla que adquiera la forma de

documento impreso (documento privado) o por medio de una declaración acerca de su contenido

visual, a la que la ley le reconoce valor probatorio (acta notarial, que es un documento público); o

por medio de la proyección visual de su contenido, el cual se identifica y aprecia directamente

por el juzgador (reconocimiento judicial); por medio de la narración personal que da cuenta de su

contenido (declaración testimonial o de parte); o por la exploración, recepción y extracción de la

información vertida en determinado soporte (prueba pericial; y medios de reproducción del

sonido, voz o de la imagen y almacenamiento de la información).

Debo aclarar que los medios de reproducción del sonido, voz o de la imagen y

almacenamiento de la información (artículos 396 y sig. CPCM), como las películas, cintas de

video, disquetes flexibles, discos duros, CDʼs, DVDʼs u otros medios de grabación, no han sido

previstos por el legislador con exclusividad y especialidad, para introducir a través de ellos toda

la prueba que puede surgir en el contexto del uso de las nuevas tecnologías de la información y

las telecomunicaciones. Es verdad que son medios producto del creciente y evidente desarrollo

tecnológico; pero también es cierto que no conservan el monopolio de la introducción de las

fuentes de prueba, cuya génesis anida en contextos digitales, virtuales, informativos o

electrónicos. Esto es así, porque, como ya lo apunté, la cuestión determinante no está en

identificar el medio de prueba idóneo, sino en la consideración de la naturaleza de la fuente de

prueba, y por tanto, en cómo esta puede incorporarse al juicio a través de los diferentes medios de

prueba disponible. En consecuencia, no debe estimarse que la forma de introducir al juicio las

fuentes de prueba derivadas de entornos de naturaleza digital o electrónica (propias de las nuevas

tecnologías) es, únicamente, haciendo uso de los medios de reproducción del sonido, la voz o la

imagen.

Por tanto, una vez identificada la fuente de prueba digital, resultará necesario introducirla

al proceso a través de algunos de los medios de prueba reconocidos por el ordenamiento jurídico,

sin perder de vista que la elección del medio es una opción de las partes, quienes asumen las

consecuencias jurídicas derivadas. Por ejemplo, asume las reglas relativas al valor probatorio

asignado, según el medio de prueba que eligió utilizar; ya que el sistema de valoración de la

prueba está aparejado al tipo de medio de prueba seleccionado y no a la fuente de prueba

introducida. Las partes deben ponderar, en cada caso, cuál de los medios probatorios disponibles

le satisface en sus aspiraciones procesales. Por ejemplo, al litigante le corresponde definir si la

información contenida en una página web puede acreditarla con mayor eficacia haciendo uso de

la prueba documental o de la prueba testimonial; o haciendo un uso conjunto de los referidos

medios.

Incluso, una vez que se ha introducido la fuente de prueba en la forma que he señalado, es

posible que su contenido sirva como un parámetro que ilustra sobre el acaecimiento de un hecho,

pero que en el fondo goza del beneficio de la excepción de prueba (artículo 314 CPCM). Puede

suceder que se trate de hechos notorios o admitidos. La jurisprudencia nacional se ha

pronunciado sobre el primer caso. Por ejemplo, existe diversos precedentes constitucionales en lo

que se ha sometido a control judicial actuaciones consumadas a través de contextos digitales y

cuya prueba ha sido posible haciendo uso de fuentes de prueba digitales (capturas de pantallas de

tweets); pero que se han introducido al proceso como impresiones (documentos privados) o

señalando el hipervínculo del sitio web (que en el fondo implica una forma de reconocimiento

judicial). En algunos de estos casos se expresó que “es un hecho público y notorio ampliamente

divulgado” la actuación que se sometía a control judicial, de modo que no era objeto de prueba.

Por ejemplo, puede consultarse la resolución pronunciada a las diez horas del trece de mayo de

dos mil veinte, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dentro del

proceso de habeas corpus 327-2020.

En casos como el mencionado, la introducción de una captura de pantalla o la remisión a

un sitio web través de un hipervínculo, sirve de marco preliminar sobre la existencia de un hecho

que, dado su carácter público y notorio, está exento de prueba. En otras ocasiones, los elementos

mencionados constituyen auténticas fuentes de prueba, que deben apreciarse conforme a las

reglas de cada medio probatorio; sobre todo cuando la naturaleza de los hechos controvertidos

obliga a adoptar un marco de apreciación probatoria más amplio, tal y como sucede en aquellos

casos en los que, por ejemplo, se denuncia la ilegalidad de las actuaciones materiales

constitutivas de vía de hecho, consistentes en el bloqueo virtual del acceso a la cuenta

institucional de la red social de twitter de una institución pública y de la cuenta personal del

titular de la misma. Al respecto, puede examinarse la resolución pronunciada por la Cámara de lo

Contencioso Administrativo, a las nueve horas cincuenta minutos del veintidós de junio de dos

mil diecinueve, dentro del proceso clasificado bajo la referencia 00089-l8-ST-COPC-CAM. Lo

interesante, en todo caso, no es solo la variada casuística en la que toma importancia la prueba

digital o electrónica, sino también la forma de introducir la fuente de información digital, ya sea

que sirva como una simple referencia o como una fuente de prueba robusta.

Reitero, la fuente de prueba digital puede incorporarse a través de los diversos medios de

prueba existentes. Puede suceder, por ejemplo, que la información contenida en un sistema de

mensajería instantánea se incorpore bajo el medio de prueba documental (habiendo impreso las

correspondientes imágenes), en cuyo caso se le reconoce su validez y eficacia probatoria,

mientras no se establezca, a través de otros medios de prueba, que su conformación o la

información que declara, no corresponde a la verdad. Sin embargo, mientras esto no suceda, la

fuente de prueba digital introducida a través de los medios reconocidos, posee la suficiente

eficacia para que sea apreciada y valorada. Por tanto, si la parte a la que le desfavorece dicha

fuente no controvierte su conformación material o su contenido, pudiendo hacerlo, el juez no

debe desacreditar automáticamente dicha fuente. El operador de justicia no puede asumir una

actitud de desconfianza sobre las fuentes de prueba que se le presentan, en aquellos casos en que

la parte contraria tolera, consiente, o admite el contenido y alcance de las mismas. Y es que la

sociedad en general y los procesos en particular giran, jurídicamente hablando, sobre la base de la

buena fe. Ahora bien, el operador de justicia puede examinar con mayor rigor los requisitos de

proposición, admisibilidad, reproducción y valoración de la prueba, cuando la naturaleza de las

pretensiones lo exige (por ejemplo, asociadas a materia de orden público -como las formas de

constituir familia, el establecimiento o desplazamiento de la filiación, la fijación de alimentos,

etc.-; o en materia de protección de la niñez y adolescencia), o cuando la garantía del derecho de

defensa lo avala (por ejemplo, cuando el demandado es de paradero ignorado o carece de

asistencia técnica efectiva).

Finalmente, debo señalar que, dado el carácter manipulable de la información contenida

en espacios digitales, es admisible que, como requisito de proposición de las fuentes de prueba

digital, el juez requiera que se autentique el contenido de la misma, por los medios legalmente

admisibles.

Resolución del presente caso

En la resolución que antecede, no se otorgó valor probatorio a las capturas de pantalla de

la aplicación telefónica de WhatsApp, aportadas como prueba documental, bajo el argumento de

que la parte demandada no acreditó cómo obtuvo las impresiones de captura de pantalla, ni que la

conversación corresponda al supuesto cliente; y, a juicio de la Sala, el documento no proporciona

seguridad en cuanto a la integridad o invariabilidad de su contenido. Además, se sostuvo que es

necesario acompañar el medio de almacenamiento que contiene la información, para que sea

analizado y considerado de conformidad al artículo 397 CPCM.

A mi juicio, en aquellos casos en los que se presentan fuentes de prueba generadas en un

sistema de comunicación que registra la transmisión de datos, y cuando tal registro es accesible y

controlable para los sujetos que intervienen en el mismo, como sucede con los sistemas de

mensajería instantánea que reportan y conservan los datos en dispositivos electrónicos (tanto de

la parte demandante, como de la de la parte demandada). Si una de ellas no impugna el contenido

de la información incorporada al proceso a través de los medios de prueba legalmente disponibles

(como sucede con los documentos privados -capturas de pantalla-), pudiendo hacerlo, es posible

concluir que admite los hechos declarados o descritos en las fuentes de prueba. En este tipo de

casos, el carácter bilateral de la recepción, control y registro de la comunicación sustenta dicha

conclusión. Este efecto, desde luego, puede impedirse en la medida en que exista justa causa,

alegada y acreditada por el sujeto en controversia.

La jurisprudencia de esta Sala, al referirse a la eficacia probatoria de las impresiones del

contenido de una página web o de correos electrónicos, ha sostenido que “la eficacia probatoria

del mismo, dependerá de la actitud procesal de la parte contraria quien podría o no impugnarla a

través de los medios establecidos para tal efecto, por lo que en caso de no hacerlo, la misma

tendría plena eficacia probatoria” (sentencia pronunciada a las catorce horas cuarenta y cinco

minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dentro del incidente de apelación

clasificado bajo la referencia 12-APL-2016). Comparto lo expuesto en este precedente, en lo

relativo a que la eficacia probatoria de las capturas de pantalla depende de la actitud procesal de

la parte demandada. Y en concordancia con lo expuesto en este voto, esa actitud debe analizarse

con especial atención sobre todo cuando el carácter bilateral de la recepción, control y registro de

la comunicación amplia las posibilidades de impugnar la prueba ofertada por la contraparte.

En el caso del sistema de mensajería instantánea de WhatsApp, la transmisión de los

mensajes se produce sobre la base de dispositivos que reciben y resguardan dicha información, la

cual, en principio, es accesible y controlable por ambas partes de la comunicación. Por tanto, si la

información contenida en las capturas de pantalla no se redarguye de falsa o incompleta, debe

estimarse su eficacia probatoria.

Ahora bien, en el presente caso, la parte demandada presentó impresiones de captura de

pantalla, pretendiendo acreditar que el actor se apropió indebidamente de una suma de dinero, por

la venta de una motocicleta. Se presentó un informe de auditoría, en el que se concluye que el

trabajador se apropió indebidamente de la suma de dinero, luego de haberse realizado una

“validación” vía teléfono y mensajería instantánea de WhatsApp, sobre el valor cancelado por el

cliente al comprar la motocicleta. En este sentido, la comunicación registrada por medio de

WhatsApp no se ha generado entre demandante y demandada, sino entre la demandada y un

tercero. Por tanto, la posibilidad de que el demandante pueda acceder, controlar o verificar el

contenido y autenticidad de dicha información, se ve reducida. En consecuencia, la parte

demandada sí debía acreditar el origen, titularidad y autenticidad de dicha información, es decir,

la información contenida en las capturas de pantalla presentadas como prueba documental, a

través de cualquiera de los medios de prueba admisibles, según se ha expuesto. Por esa razón

comparto la decisión que se ha emitido, en cuanto a no casar la resolución impugnada.

Sin embargo, no comparto el criterio relativo a que, en este tipo de casos, es necesario

acompañar el medio de almacenamiento que contiene la información, para que sea analizado y

considerado de conformidad al artículo 397 CPCM. Sustento mi postura en dos aspectos.

Primero, que, tal y como ya lo expuse, el litigante puede incorporar las fuentes de prueba cuya

génesis anida en el uso de esas nuevas tecnologías, y cuyo objeto esté relacionado de modo

esencial con sus intereses procesales, haciendo uso de los diversos medios de prueba legalmente

reconocidos por el ordenamiento jurídico; y según el medio de prueba seleccionado, así serán las

reglas probatorias aplicables. En este caso, las impresiones de captura de pantalla se propusieron

como medios de prueba documental.

Segundo, que, el contenido del artículo 397 CPCM permite concluir que la necesidad de

presentar el medio de almacenamiento que contiene la información descrita en las impresiones de

captura de pantalla, es procedente cuando la otra parte lo pidiera, situación que no se ha

presentado en este caso. Por tanto, establecer como regla general, que la oferta de un documento

requiere presentar el medio de almacenamiento que lo contiene, constituye una infracción de

derecho, derivada de la aplicación errónea de la referida disposición legal.

A mi juicio, las partes tienen la posibilidad de ofertar prueba contenida en fuentes

digitales, y hacer uso de los medios de prueba que resulte posible, con el fin de validar, reforzar o

robustecer el contenido de aquellas. Sin embargo, esto no significa que, el no incorporar el

dispositivo que almacena la información generada en contextos digitales, traiga como

consecuencia la imposibilidad de valorar su contenido. En cambio, si la contraparte pide que se

presente dicho dispositivo y dicho requerimiento avalado por el juez no se cumple, es posible

desvirtuar o desacreditar la prueba, salvo que se hayan ofertado y desahogado otros medios de

prueba que suplen la falta de presentación del dispositivo.

En consecuencia, acompaño la decisión que antecede, no así en los aspectos que he

señalado en este voto.

Así mi voto.

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