Sentencia Nº 267-COM-2018 de Corte Plena, 10-01-2019

Sentido del falloDeclárase que es competente para sustanciar y decidir el caso de mérito, la Jueza Cuarto de Menor Cuantía de San Salvador (2).
EmisorCorte Plena
Fecha10 Enero 2019
MateriaCIVIL Y MERCANTIL
Número de sentencia267-COM-2018
267-COM-2018
COMPETENCIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las nueve horas cuarenta minutos del diez
de enero de dos mil diecinueve.
VISTOS los autos en competencia negativa suscitada entre el Juez de lo Civil de
Mejicanos (1) y el Juez interino del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil (1), ambos del
departamento de San Salvador, para conocer del Proceso Ejecutivo Mercantil, promovido por la
Licenciada RUBIDIA YELIZETH ALVARADO BENAVIDES, en su calidad de Apoderada
General Judicial del señor MALB, en contra de los señores NAD, en calidad de deudor principal
y MAOD, como avalista; reclamándoles cantidad de dinero, intereses y costas procesales.
VISTOS LOS AUTOS; Y,
CONSIDERANDO:
I. La Licenciada Alvarado Benavides, en la calidad mencionada, presentó demanda de
Proceso Ejecutivo Mercantil, la que fue asignada al Juzgado de lo Civil de Mejicanos,
departamento de San Salvador (1) y en la que sustancialmente EXPUSO: Que los demandados
suscribieron a favor de su representada, un Pagaré sin Protesto, por la suma de DOS MIL
TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con un interés
convencional del UNO PUNTO CINCO POR CIENTO mensual y uno moratorio del TRES
POR CIENTO mensual. Dicha obligación no ha sido cumplida por los demandados,
promoviéndose en consecuencia el proceso de mérito, en el que la postulante solicita, que vista la
fuerza ejecutiva del documento base de la pretensión, se decrete embargo en el salario de ambos
sujetos pasivos y en sentencia definitiva, se les condene al pago de las sumas antes mencionadas
y las costas procesales generadas en esa instancia.
II. El Juez de lo Civil de Mejicanos, departamento de San Salvador (1), en auto de las
catorce horas cinco minutos del veintidós de junio de dos mil dieciocho, de fs. 14, en lo esencial
RESOLVIÓ: Que en el Pagaré sin Protesto agregado como documento base de la pretensión, se
consignó expresamente que la obligación sería cumplida en esta ciudad; asimismo, al corroborar
el domicilio de ambos demandados se verificó que los mismos correspondían a los municipios
de Olocuilta, departamento de La Paz y Panchimalco, departamento de San Salvador; por tanto,
al encontrarse inhibido para conocer de la pretensión, declaró improponible la demanda por ser
incompetente en razón del territorio y remitió los autos a quien consideró serlo.
III. El Juez interino del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de esta ciudad (1) por
auto de las diez horas treinta minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, de fs. 20, en
lo sustancial SOSTUVO: Que el Pagaré sin Protesto anexado a la demanda, fue suscrito por la
cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, siendo dicho monto el que se reclama como debido y no pagado; no obstante, en
términos de la cuantía, este es inferior al límite mínimo establecido por el legislador para que ese
Juzgado pudiese sustanciar el proceso; todo ello de conformidad con el art. 30, en relación al
ordinal 4° del art. 31, ambos del CPCM. Esta última disposición asigna la competencia para
conocer de procesos como el presente, a los Juzgados de Primera Instancia de Menor Cuantía,
siempre y cuando el monto de la pretensión no exceda los Veinticinco mil colones o su
equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. En vista de tales razonamientos,
declaró improponible la demanda y ordenó la remisión del expediente a esta sede, conforme lo
dispone el art. 47 inc. 2° CPCM.
IV. Los autos se encuentran en esta Corte para dirimir el conflicto de competencia
negativo, suscitado entre el Juez de lo Civil de Mejicanos (1) y el Juez interino del Juzgado
Segundo de lo Civil y Mercantil (1), ambos del departamento de San Salvador.
Analizados los argumentos planteados por los expresados funcionarios, se hacen las
siguientes CONSIDERACIONES:
El art. 623 del Código de Comercio, define los títulos valores como aquellos
documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se
consigna; en consecuencia, valen por sí mismos y a raíz de ello se consideran de naturaleza
especial, por diferir de las características que exhiben los documentos comunes.
En cuanto al Pagaré, éste es un documento mercantil de naturaleza especial, que
proporciona plena certeza en cuanto a los derechos derivados del mismo y contiene la promesa
unilateral de pago escrita, en cuya virtud una persona se obliga a pagar a otra o a su orden una
suma de dinero cierta.
Al tratarse de acciones promovidas sobre títulos valores, los precedentes
jurisprudenciales sentados por este Tribunal han sido unánimes al establecer, que la competencia
territorial se sujetará por regla general, al lugar consignado para el pago, de acuerdo a los arts.
625 romano IV y 788 romano IV del Código de Comercio y, únicamente en caso que éste dato
haya sido omitido en el texto del documento, se aplicará como norma supletoria el domicilio del
suscriptor, de conformidad a lo regulado en el art. 789 del citado Código, considerándosele
como lugar de pago de la obligación cambiarla. (Véanse los conflictos de competencia con
números de referencia: 145-COM-2014, 258-COM-2014, 193- COM-2016, 241-COM-2017, 47-
COM-2018 y 111-COM-2018).
Si los datos arriba enunciados no se hubieren plasmado en el texto del título valor y no
existiera otro criterio aplicable dentro del Código de Comercio, se acudirá a lo dispuesto en el
art. 33 inc. CPCM, es decir que la competencia se decidirá en base al domicilio del
demandado que se hubiere señalado en el libelo. (Véase el conflicto de competencia con número
de referencia: 15-COM-2017).
En el caso sometido a estudio, la acción ejecutiva tiene como documento base un Pagaré
sin Protesto, según consta a fs. 4, por la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en donde además se expresó que dicho monto
sería pagadero a la orden del demandante, en la ciudad de San Salvador, por lo que se ha
determinado fehacientemente un lugar de pago, atendiendo a lo regulado en el art. 788 del
Código de Comercio previamente enunciado, siendo dicho precepto aplicable, para decidir lo
concerniente a la competencia territorial.
Finalmente, en lo que respecta a la competencia en razón de la cuantía, tal y como lo
apuntara el Juez interino del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de esta ciudad (1) en su
resolución, el monto de lo reclamado es inferior al límite legal fijado en el art. 31 numeral
CPCM, correspondiéndole en todo caso el conocimiento de la litis a un Tribunal de Menor
Cuantía de la circunscripción territorial de esta ciudad.
En consecuencia, siendo potestad de este Tribunal vigilar que se administre pronta y
cumplida justicia, se concluye, que ninguno de los funcionarios que han provocado el presente
conflicto de competencia, tienen facultad para conocer sobre el proceso, siéndolo en su lugar la
Jueza Cuarto de Menor Cuantía de esta ciudad (2) lo que así se detemiinará; no sin antes
advertirle al Juez de lo Civil de Mejicanos (1), de la obligación que tiene de analizar
cuidadosamente su competencia, no únicamente en razón del territorio, sino también en cuanto a
los demás criterios legalmente establecidos, con el fin de evitar dilaciones indebidas en la
tramitación de los procesos, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa.
POR TANTO: de acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas y arts.
182 at. 2ª y 5ª Cn. y 47 inciso 2° CPCM a nombre de la República, esta Corte RESUELVE: A) )
Declárase que ninguno de los Jueces en el conflicto de competencia lo es para conocer del caso
en cuestión; B) Declárase que es competente para sustanciar y decidir el caso de mérito, la Jueza
Cuarto de Menor Cuantía de esta ciudad (2); C) Remítanse los autos a dicha funcionaria con
certificación de esta sentencia, a fin de que disponga el llamamiento a las partes para que
comparezcan a hacer uso de sus derechos dentro del término legal correspondiente; y D)
Comuníquese esta providencia tanto al Juez de lo Civil de Mejicanos (1) como al Juez interino
del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil (1), ambos del departamento de San Salvador, para
los efectos de Ley. HÁGASE SABER.

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