Sentencia Nº 291-2019 de Sala de lo Constitucional, 19-08-2019

EmisorSala de lo Constitucional
Fecha19 Agosto 2019
Número de sentencia291-2019
MateriaCONSTITUCIONAL
291-2019
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas
siete minutos del día diecinueve de agosto de dos mil diecinueve.
El presente hábeas corpus ha sido promovido en contra del Director de la Policía Nacional
Civil y del Jefe de bartolinas del Centro Judicial de San Salvador, por el señor FASA, a favor del
señor RALL.
Analizada la petición se realizan las siguientes consideraciones:
I. El solicitante manifiesta que el señor LL fue privado de libertad por la Policía Nacional
Civil el 19 de julio de 2019, en las afueras de su casa de habitación ubicada en Soyapango, "[...]
sin motivo alguno y sin presentar orden de detención [...]" (sic).
Refiere que la compañera de vida lo buscó en diferentes lugares, encontrándolo en las
bartolinas del Centro Judicial de San Salvador, agrega que al "[...] revisar los registros de la
Procuraduría de San Salvador y Soyapango no se encontró registro o petición alguna en la cual se
haya solicitado defensor público, lo irregular del caso [...] es que el mismo policía nacional civil,
que lo capturó el viernes 19 en horas de la noche, fue el mismo policía que llego a la casa de
habitación [...] a entregar su Documento Único de Identidad a su familia [...]" (mayúsculas
suprimidas) (sic), quien les mencionó que "si ya estaba en su casa el joven LL".
Además sostiene que en [] el sistema del centro judicial de personas detenidas, si
aparece su nombre, pero no arroja ningún resultado con respecto a que este a la orden de ningún
Tribunal, y en la misma oficina expresaron la extrañeza de que estuviera detenido [...]" (sic).
II. Dado que se plantea una posible vulneración a derechos tutelados a través del hábeas
corpus, es procedente el nombramiento de juez ejecutor artículo 43 de la Ley de
Procedimientos Constitucionales (LPC), cuya función es intimar a quien se atribuye una
restricción de la libertad personal, para que le exhiba la causa respectiva y le manifieste las
razones de aquella.
Por su parte, la autoridad demandada está obligada a responder íntegramente a los
requerimientos de aquel, lo cual permitirá otorgar una adecuada tutela constitucional.
El referido delegado de este Tribunal también documentará y comunicará oportunamente
cualquier obstáculo que se presente en el desarrollo de la labor encomendada. Con fundamento en
lo anterior, este deberá:
1. Intimar al Director de la Policía Nacional Civil y al Jefe de las Bartolinas del Centro
Judicial de San Salvador, para que se pronuncien sobre la vulneración constitucional alegada, en
el plazo del artículo 45 LPC el mismo día o el día siguiente a la recepción de esta resolución,
según la circunscripción territorial del demandado.
2. Verificar en los registros administrativos del Archivo Central de la Policía Nacional
Civil y del Departamento de Información de Personas Detenidas de la Corte Suprema de Justicia,
la fecha en que el señor LL fue capturado y por cuáles delitos, a disposición de qué autoridad
judicial se encuentra y si se ha decretado detención provisional en su contra. De igual forma,
deberá informar si las autoridades demandadas han realizado otras actuaciones que incidan en el
derecho de libertad personal del favorecido, puntualizando su estado actual.
3. Requerir al Director de la Policía Nacional Civil y al Jefe de las Bartolinas del Centro
Judicial de San Salvador o a cualquier otra autoridad que tenga a su disposición y custodia el
señor LL certificación de: i) orden de detención administrativa de haberla, ii) acta de
captura, iii) oficio de remisión al juzgado de paz competente o a la Fiscalía General de la
República, iv) oficio mediante el cual se ordenó su envío a las bartolinas del centro judicial, y v)
cualquier otra actuación que permita determinar la vulneración constitucional alegada por el
solicitante. Lo anterior deberá ser atendido por las autoridades dentro del plazo dispuesto para
ello en el inciso 3° del artículo 71 LPC, es decir, el mismo día en que sean intimadas por el juez
ejecutor.
4. Indicar la situación jurídica actual del señor RALL respecto a su libertad física y el
estado del correspondiente proceso penal si lo hubiese.
5. Presentar un informe en el que se pronuncie sobre la lesión constitucional alegada, en el
plazo dispuesto en el artículo 66 LPC, es decir, dentro de los cinco días de intimadas las
autoridades demandadas.
III. 1. Por otra parte, en esta resolución también es procedente solicitar, con fundamento
en los artículos 11 y 12 de la Constitución, informe de defensa a las autoridades demandadas, en
este caso el Director de la Policía Nacional Civil y el Jefe de Bartolinas del Centro Judicial de
San Salvador, a remitirse a esta Sala dentro de los tres días siguientes contados a partir del acto
de intimación que realice el juez ejecutor designado, debiendo pronunciarse sobre la vulneración
constitucional alegada por el peticionario y adjuntar certificación de la documentación que
consideren pertinente.
2. Asimismo, la autoridad a cargo de la disposición y custodia respectiva informará su
estado actual y la situación jurídica del favorecido respecto a su derecho de libertad personal;
debiendo comunicar cualquier decisión que incida en el referido derecho, con su respectiva
certificación y notificaciones.
Debido a la naturaleza del proceso que nos ocupa, el cual debe ser expedito y no cargado
de formalismos, las autoridades deben remitir cualquier información que se les requiera de forma
oportuna y completa; pudiendo esta Sede pronunciarse con posterioridad en caso de
incumplimiento de tales obligaciones.
IV. El peticionario ha señalado dirección para ser notificado, la cual deberá ser tomada en
cuenta por la Secretaría de esta Sala. Sin embargo, de advertirse alguna circunstancia que
imposibilite la comunicación que se ordena practicar, se autoriza a esta Secretaría para que
proceda a realizarla por otros mecanismos dispuestos en la legislación procesal pertinente y en la
jurisprudencia constitucional que fueren aplicables, debiendo efectuar las gestiones necesarias en
cualquiera de dichos medios para cumplir tal fin; inclusive a través de tablero judicial, una vez
agotados los procedimientos respectivos.
POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 11 y
12 de la Constitución; 26, 43, 44, 45, 46 y 71 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta
Sala RESUELVE:
1. Decrétase auto de exhibición personal a favor del señor RALL y para su
diligenciamiento se nombra como juez ejecutor a la licenciada María Francesca Rivas Amaya,
del domicilio de Antiguo Cuscatlán, quien intimará al Director de la Policía Nacional Civil y al
Jefe de las Bartolinas del Centro Judicial de San Salvador, y deberá rendir su informe en los
términos expuestos en el considerando II de la presente decisión.
2. Requiérase a las autoridades demandadas que, en el plazo de tres días contados a partir
de la intimación que realice la juez ejecutor nombrada, rindan informe de defensa en los términos
expuestos en el considerando III de este pronunciamiento, junto con la certificación de la
documentación en la que funden sus aseveraciones.
3. Solicítese a la sede que tenga a cargo la disposición y custodia, que informe su estado
actual y la situación jurídica del señor RALL, en relación con su libertad personal, debiendo
comunicar cualquier decisión que incida en tal derecho.
4. Notifíquese.
A. PINEDA-------------A. E. CÁDER CAMILOT------------C. SÁNCHEZ ESCOBAR---------M.
DE J. M. DE T.----------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO
SUSCRIBEN-----------E. SOCORRO C.--------------RUBRICADAS.

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