Sentencia Nº 314-2015 de Sala de lo Contencioso Administrativo, 26-08-2019

EmisorSala de lo Contencioso Administrativo
Sentido del falloDECLARATORIA DE ILEGALIDAD
Número de sentencia314-2015
MateriaADMINISTRATIVO
Fecha26 Agosto 2019
314-2015
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de julio de dos
mil diecinueve.
El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por la señora IYAA,
por medio de la defensora pública laboral, licenciada Marina Fidelicia Granados de Solano,
contra el Tribunal de Servicio Civil, por la supuesta ilegalidad de la resolución de las nueve horas
cinco minutos del ocho de julio de dos mil quince, mediante la cual se revocó la resolución
pronunciada por la Comisión de Servicio Civil del Consejo Nacional de la Judicatura, de las
quince horas del doce de junio de dos mil quince, y se confirmó la decisión del Consejo Nacional
de la Judicatura de destituir a la señora IYAA, del cargo de secretaria IV, por no haberse opuesto
en tiempo a la acción iniciada en su contra.
Han intervenido en el proceso: la parte actora, por medio de la defensora pública laboral,
licenciada Marina Fidelicia Granados de Solano; el Tribunal de Servicio Civil, como autoridad
demandada; el Fiscal General de la República, por medio de la agente auxiliar, licenciada Erika
Lissette García; y el Consejo Nacional de la Judicatura, como tercero beneficiado con el acto
administrativo impugnado, por medio de la Presidenta y representante legal, licenciada María
Antonieta Josa de Parada.
Leídos los autos, y CONSIDERANDO:
I. La demandante expuso: «VI.1 Mí (sic) representada ingreso (sic) a laborar para el
Consejo Nacional de la Judicatura, con sede en la ciudad de Santa Ana, del Departamento (sic)
del mismo nombre, el día tres de septiembre de dos mil trece, desempeñándose con el cargo de
Secretaria (sic) IV; devengando un salario mensual de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
DOLARES (sic) CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (sic) DE DÓLAR MENSUALES, pagados de
la misma forma, y por medio de depósito en el Banco Agrícola, S.A. VI.2 Que la señora I (sic) Y
A (sic) A, le realizaron ante la Comisión del (sic) Servicio Civil del Consejo Nacional de la
Judicatura, Diligencias (sic) de Autorización (sic) de despido, las cuales fueron promovidas por
el Licenciado (sic) JOSE (sic) ANTONIO CANDRAY ALVARADO, en su calidad de Apoderado
(sic) Especial (sic) Judicial (sic) del Consejo Nacional de la Judicatura, el día dieciocho de
febrero de dos mil quince; en dicha solicitud de autorización de despido se determinaba que se
incoaba dichas diligencias por acusación realizada por el Licenciado (sic) I (sic) ES,
Administrador (sic) Académico (sic) de la sede regional del CNJ en la ciudad de Santa Ana, del
Departamento (sic) del mismo nombre, en contra de mi mandante por haberlo acusado ésta -
según su opinión indebidamente de haber cometido en su contra actos los delitos de ACOSO
SEXUAL Y EXPRESIONES DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER; en el Juzgado
Primero de Instrucción de Santa Ana, y del cual el Licenciado (sic) ES había obtenido un
sobreseimiento definitivo; ya que con la demanda penal antes referida a juicio de los
magistrados del CNJ y del Licenciado (sic) I (sic) E S, mi representada ha infringido a los
deberes contenidos en los literales e) y g) del Articulo (sic) treinta y uno de la Ley del (sic)
Servicio Civil, conducta lesiva que es sancionada con destitución del cargo según lo establece el
artículo cincuenta y cuatro literal a) de la LSC. VI.3 No obstante lo anterior la Comisión del
(sic) Servicio Civil del CNJ, resolvió en el sentido siguiente: a) Tener (sic) por opuesta y alegada
la excepción de incompetencia por razón de la materia para conocer de la pretensión de la parte
actora; b) Declarase (sic) carente de competencia objetiva en razón de la materia; c) Rechazar
(sic) por improponible la solicitud de diligencias para confirmar o revocar la destitución de la I
(sic) Y A (sic) A; y d) omitir pronunciamiento alguno de la excepción de prescripción alegada
por la Licenciada (sic) Reina Elizabeth Núñez Alvarado y las excepciones de prescripción y
oscuridad en la demanda planteadas por el Licenciado (sic) Julio Alberto Ramos Argueta, por
no tener competencia objetiva esta Comisión (sic), para conocer del fondo del asunto planteado:
por lo que el Apoderado (sic) Especial (sic) Judicial (sic) del Consejo Nacional de la Judicatura,
presento (sic) recurso de Revisión (sic) ante el Tribunal del (sic) Servicio Civil, con el argumento
siguiente (…) y en consecuencia la resolución emitida por el Tribunal (sic) demandado fue la
siguiente: “““1) Revocase (sic) la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva pronunciada por
la Comisión del (sic) Servicio Civil, del Consejo Nacional de la Judicatura, a las quince horas
del día doce de junio del dos mil quince. 2) Confirmase (sic) la decisión del Consejo Nacional de
la Judicatura, de destituir a las señora (sic) I (sic) Y A (sic) A del cargo de Secretaria (sic) IV, en
virtud de no haberse opuesto en tiempo a la acción incoada en su contra”““; sentencia que a mi
criterio es completamente lesiva a los derechos fundamentales de mi mandante, con la agravante
que el Tribunal (sic) demandado no solo omite pronunciarse por la causal por la cual se fue en
revisión la mencionada diligencia, sino que hace una interpretación dolosa, maliciosa e
incongruente de las normas procesales, y da un fallo confirmando la petición de autorización de
despido de mi mandante» (negritas suprimidas) (folios 1 vuelto y 2 frente).
En otras palabras, la demandante tenía la plaza de secretaria IV en el Consejo Nacional de
la Judicatura, autoridad que consideró que la señora IYAA incumplió el régimen disciplinario al
que se encontraba sometida, iniciando el correspondiente procedimiento sancionatorio ante la
Comisión de Servicio Civil, quien en un primer momento se declaró incompetente en razón de la
materia para conocer la controversia.
Seguidamente, el apoderado del Consejo Nacional de la Judicatura, al no estar de acuerdo
con el acto de la comisión, interpuso un recurso de revisión, para que el Tribunal de Servicio
Civil conociera sobre la decisión adoptada por la comisión, autoridad que finalmente revocó y
confirmó la destitución de la señora IYAA.
La parte actora sostuvo que con la emisión del acto administrativo impugnado se
violentaron los artículos 2, 11, 12, 14, 86 y 164 de la Constitución de la República, 7 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 72 de la Ley de Servicio Civil y 3, 4, 5, 18, 19, 20,
142, 143, 144, 145 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil; así como los derechos de
audiencia y defensa, seguridad jurídica, congruencia procesal, trabajo y propiedad, debido
proceso y los principios de legalidad e inocencia.
II. En la resolución de las doce horas diez minutos del siete de diciembre de dos mil
quince (folios 16 al 18) se admitió la demanda y se tuvo por parte a la señora IYAA. Se requirió
del Tribunal de Servicio Civil un informe sobre la existencia del acto atribuido, de conformidad
con el artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -ya derogada-, emitida
el catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, publicada en el Diario Oficial número
doscientos treinta y seis, tomo número doscientos sesenta y uno, de fecha diecinueve de
diciembre de mil novecientos setenta y ocho (en adelante LJCA), ordenamiento de aplicación al
presente caso en virtud del artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
vigente. Se ordenó la suspensión provisional de la ejecución de los efectos del acto
administrativo impugnado.
El Tribunal de Servicio Civil presentó un escrito (folio 21) con el que rindió el primer
informe requerido y manifestó: «(…) Que en efecto existe el acto administrativo consistente en la
sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Servicio Civil, a las nueve horas con cinco
minutos del día ocho de julio de dos mil quince, en el recurso de revisión con referencia número
I-69-2015, interpuesto por el Licenciado (sic) JOSÉ ANTONIO CANDRAY ALVARADO,
Apoderado (sic) General (sic) Judicial (sic) del Consejo Nacional de la Judicatura, en las
diligencias de despido interpuesta (sic) por el Licenciado (sic) CANDRAY ALVARADO, en la
calidad antes dicha, en contra de las señoras I (sic) YA (sic) A y REP (sic) C, el Tribunal de
Servicio Civil pronunció la sentencia, de conformidad al marco jurídico legal vigente, ya que con
la vista de los autos de las diligencias de despido tramitadas ante la Comisión de Servicio Civil
del Consejo Nacional de la Judicatura, quedó comprobado que las señoras I (sic) YA (sic) A y
REP (sic) C, no se opusieron en tiempo a la acción incoada en su contra, es decir, dentro del
plazo de los tres días contados desde la fecha de la notificación, que le otorga la Ley de Servicio
Civil en el literal b) del Art. (sic) 55, por lo que habiéndose vencido el plazo, si el empleado no
hubiere presentado oposición o manifestare expresamente su conformidad, quedará despido o
destituido definitivamente, de conformidad a lo previsto en el literal c) de la misma disposición
(…)»
En el auto de las catorce horas veintidós minutos del diez de marzo de dos mil dieciséis
(folio 23) se tuvo por rendido el primer informe. Se requirió de la autoridad demandada el
informe a que hace referencia el artículo 24 de la LJCA. Se confirmó la suspensión provisional de
los efectos del acto administrativo impugnado. Se ordenó notificar la existencia de este proceso al
Fiscal General de la República, de conformidad con el artículo 13 de la LJCA.
La licenciada Erika Lissette García presentó un escrito (folio 27) en el que solicitó
intervenir como agente auxiliar y en representación del Fiscal General de la República, agregó la
credencial que acredita su personería.
El Tribunal de Servicio Civil presentó un escrito (folios 30 al 32) mediante el cual
cumplió con el informe justificativo de legalidad, esencialmente manifestó lo siguiente: «(…) II.
Ante el cuestionamiento que hace la demandante, este Ente (sic) Colegiado (sic), considera que
no se ha observado una vulneración a los principios ni a las disposiciones que hace referencia la
Licenciada (sic) GRANADOS DE SOLANO, ya que las señoras I (sic) YA (sic) A y REP (sic) C,
no se opusieron en tiempo a la acción incoada en su contra, es decir, no hicieron uso oportuno y
adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus
derechos; por lo que este Tribunal de Servicio Civil, no conoció sobre un acto que ha sido fuera
del plazo que la ley concede para tal efecto y ante tal circunstancia, este Ente (sic) Colegiado
(sic), no hizo énfasis en cuanto a la procedencia del recurso interpuesto, ni se manifestó sobre
los aspectos de fondo. La Comisión de Servicio Civil del Consejo Nacional de la Judicatura, aún
cuando la Licenciada (sic) REINA ELIZABETH NUÑEZ (sic) ALVARADO, Apoderada (sic)
General (sic) Judicial (sic) de las señoras I (sic) Y A (sic) A y REPDC, presentó su escrito de
oposición de la demanda, de manera extemporánea, obvió tal circunstancia y le dio el trámite
correspondiente. En lo que respecta a la forma de contabilizar el plazo para la oposición de la
demanda, el literal (sic) b) y c) del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil, rezan (…) En tal
sentido debe aclararse que los actos administrativos deben cumplirse con los plazos establecidos
y serán contados tal como lo contempla la Ley de Servicio Civil. Esto no significa la restricción
del derecho de acceso a la justicia para el demandado, sino la reglamentación del tiempo en el
que puede ejercitarse tal derecho, por ende, dicho plazo es perentorio e improrrogable (salvo
que exista impedimento o justa causa), es decir que no hay necesidad de solicitar su terminación
o que la comisión competente lo declare por concluido, pues es su deber el continuar con la
siguiente etapa procesal, lo cual cobra singular importancia dentro del procedimiento
administrativo por los principios de celeridad y eficacia. Ante tal circunstancia, es necesario
aclarar en cuanto a la supletoriedad aplicable en los procesos administrativos contemplados en
la Ley de Servicio Civil en relación a la normativa procesal del derecho común, es procedente
cuando una determinada actuación no se encuentre expresamente regulada por la Ley de
Servicio Civil, es decir que ante un supuesto no regulado en la misma, se aplicará
supletoriamente el CPCM, según el caso, no obstante se realizará una interpretación analógica
en la que se respeten los principios y el espíritu del legislador que se consagran en la Ley de
Servicio Civil. La licenciada MARINA FIDELICIA GRANADOS DE SOLANO, considera
violentados los artículos 3, 4, 5, 18, 19, 20, 142, 143, 144, 145 y 218 del CPCM, al respecto se le
aclara a la Licenciada (sic) GRANADOS DE SOLANO, que el artículo 20 del CPCM, establece
la aplicación supletoria de ese Código (sic), la cual se pondrá de manifiesto en el caso de los
procesos sujetos a conocimiento de este Tribunal y cuando se trate de asuntos de naturaleza
estrictamente procesal que no tuvieren una regulación específica en la Ley de Servicio Civil; en
tal sentido, la comisión competente debió respetar los plazos que se establecen en el artículo 55
de la Ley de Servicio Civil y adecuar en lo que no esté regulado en dicho cuerpo normativo, lo
dispuesto en el CPCM. III. Acotado lo anterior, lo manifestado por la Licenciada (sic) MARINA
FIDELINA (sic) GRANADOS DE SOLANO, no es cierto, en vista que las formalidades previstas
por la ley, tienen carácter de obligatorias y no pueden ser alteradas por ninguna de las partes,
por lo que no consideramos haber violentado los principios de Inocencia (sic) y legalidad, ni los
demás derechos constitucionales, tal como lo señala la Licenciada (sic) GRANADOS DE
SOLANO, este Tribunal es respetuoso del criterio de la Sala de lo Constitucional de la
Honorable (sic) Corte Suprema de Justicia, en la sentencia pronunciada en el Proceso (sic)
Amparo (sic), con referencia número 51-2011, en donde se establece que “La responsabilidad de
los funcionarios Públicos (sic) que violentan la Constitución es personal”. En consecuencia se
tiene la firme convicción que no se ha violado ninguna disposición de nuestro ordenamiento
jurídico, ya que los actos administrativos, fueron efectuados con apego a la ley, respetando
derechos y garantías consagrados en nuestra Ley (sic) primaria (…)» (negritas suprimidas)
(folios 30 vuelto y 31 frente y vuelto).
III. En la resolución de las catorce horas dos minutos del cuatro de julio de dos mil
dieciséis (folio 34) se dio intervención a la licenciada Erika Lissette García, como agente auxiliar
y en representación del Fiscal General de la República. Se tuvo por rendido el informe
justificativo de legalidad requerido al Tribunal de Servicio Civil. Se abrió a prueba el proceso por
el término de ley, de conformidad con el artículo 26 de la LJCA.
En la etapa probatoria el Tribunal de Servicio Civil agregó un escrito (folios 38 y 39) y
adjuntó la certificación de la resolución emitida en el recurso de revisión, identificado con la
referencia I-69-2015.
En el auto de las catorce horas con veinte minutos del seis de diciembre de dos mil
dieciséis (folio 46) se admitió la prueba documental ofrecida por la autoridad demandada. Se
requirió de la Comisión de Servicio Civil del Consejo Nacional de la Judicatura el expediente
administrativo llevado por dicha autoridad identificado con la referencia 002/CSC/2015. Se
corrieron los traslados que ordena el artículo 28 de la LJCA.
a) La parte actora presentó un escrito (folio 50) con el que cumplió el traslado conferido.
Además, incorporó nuevos elementos para que sean examinados por este tribunal; sin embargo,
los alegatos finales «sirven para fijar, concretar y ajustar definitivamente tanto los hechos
alegados como la pretensión, a la vista del resultado de la práctica de las pruebas» (artículo 412
del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria a este proceso de conformidad
con el artículo 53 de la LJCA), es decir, en esta etapa se deben establecer los hechos que fueron
probados en el término correspondiente, por tanto, los nuevos argumentos ya no podrán ser
valorados.
b) El Tribunal de Servicio Civil, de manera general, reiteró los argumentos expuestos en
el informe justificativo de legalidad.
c) La licenciada Erika Lissette García, en representación del Fiscal General de la
República, expresó: «(…) Sobre la base de lo antes expuesto, en el presente caso esta
Representación (sic) Fiscal (sic) denota que la Comisión del (sic) Servicio Civil del Consejo
Nacional de la Judicatura admitió la solicitud de destitución interpuesta por el Licenciado (sic)
José Antonio Candray Alvarado, Apoderado (sic) General (sic) Judicial (sic) del CNJ en contra
de las señoras I (sic) YA (sic) A y REP (sic) DC, a las trece horas del día tres de marzo de dos
mil quince, solicitud que fue presentada en fecha el dieciocho de febrero de dos mil quince, las
cuales fueron debidamente emplazadas y notificadas, otorgándoles el plazo de tres días para que
estas (sic) contestaran la demanda y se mandó a oír al Licenciado (sic) José Antonio Candray
Alvarado, por tres días para que se manifestaran al respecto de la excepción de incompetencia
por razón de la materia alegada por el Defensor (sic) Público (sic) Laboral (sic) de las señoras
IYAA y REP (sic) de C. En ese sentido, la Comisión del (sic) Servicio Civil resolvió sobre la
excepción de incompetencia en razón de la materia, declarándose carente de competencia
objetiva en razón de la materia y rechazó la demanda por Improponible (sic), resolución que fue
notificada a las partes, habiéndose interpuesto por parte del el (sic) Licenciado (sic) José
Antonio Candray Alvarado, Apoderado (sic) General (sic) Judicial (sic) del CNJ, recurso de
revisión ante el Tribunal del (sic) Servicio Civil, ente que fundamentó su fallo en el hecho que las
señoras IYAA y REP (sic) De (sic) C, por medio de su Defensora (sic) Pública (sic) Laboral (sic)
no se opusieron en tiempo a la solicitud de despido interpuesta en su contra, ya que no
contestaron en el plazo otorgado por la ley, señalando que consta en las actas del
emplazamiento que les fue notificada la admisión de la demanda el día cuatro de marzo de dos
mil quince, en ese sentido, el plazo de los tres días son contados desde la fecha de la notificación
tal como se establece en el literal b) del articulo (sic) 55 de la LSC, ya que las señoras IYAA y
REP (sic) De (sic) C, lo realizaron hasta el día nueve del referido mes y año, no expresando
alguna causa que justificara dicha extemporaneidad. Por lo que con base a los argumentos antes
expuestos, para ésta (sic) Representación (sic) Fiscal (sic), el acto administrativo impugnado, se
ha llevado a cabo dentro del marco de la legalidad y tampoco transgrede los derechos invocados
por la parte actora, por carecer de elementos de carácter lesivos que vengan a perjudicar la
legalidad del acto administrativo objeto de impugnación (…)» (folios 59 vuelto y 60 frente).
d) El Consejo Nacional de la Judicatura, tercero beneficiado con el acto impugnado, por
medio de su Presidenta y representante legal, manifestó: «(…) Expresado lo anterior, la
resolución emitida por el Tribunal de Servicio Civil, se encuentra fundamentada conforme a
derecho, toda vez que la Ley de Servicio Civil es clara e inequívoca al establecer la forma de
proceder a la destitución en el artículo 55 literal (sic) b) y c) (…) Aplicado lo anterior al caso
concreto, la señora IYAA, no se opuso en tiempo a la acción iniciada en su contra, haciéndolo de
forma extemporánea, ni alego (sic) justo impedimento para oponerse en el término legal
establecido, es por ello que el Tribunal de Servicio Civil al efectuar el análisis correspondiente,
procede a pronunciarse respecto del fondo de la pretensión, dictando la resolución que conforme
a derecho correspondía en aquel momento procesal, por no haberse opuesto en tiempo la señora
AA. Por otra parte, es de hacer notar que en el presente caso no aplica la supletoriedad del
Código Procesal Civil y Mercantil, que alega la Licenciada (sic) Granados de Solano, en
representación de la parte actora en el proceso contencioso respecto de los plazos, en virtud que
la Ley (sic) especial predomina sobre la ley general, por criterio de especialidad de la ley y en
caso de no establecerse en la ley especial lo relacionado a la materia, se aplicará
supletoriamente la ley general, en el presente caso el artículo 55 letra b) de la Ley de Servicio
Civil, establece categóricamente el plazo y la forma en que debe contarse dicho término (…) Con
base a los argumentos antes expuestos, el acto administrativo hoy impugnado se dicto (sic)
conforme a derecho y dentro del marco del principio de legalidad y el debido proceso, no
existiendo vulneración a los derechos invocados por la parte demandante (…)» (folios 94 frente
y vuelto y 95 frente).
IV. La presente controversia consiste en determinar si el Tribunal de Servicio Civil, con la
emisión del acto administrativo impugnado, vulneró los artículos 2, 11, 12, 14, 86 y 164 de la
Constitución de la República, 7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 72 de la
Ley de Servicio Civil y 3, 4, 5, 18, 19, 20, 142, 143, 144, 145 y 218 del Código Procesal Civil y
Mercantil; así como los derechos de audiencia y defensa, seguridad jurídica, congruencia
procesal, trabajo y propiedad, debido proceso y los principios de legalidad e inocencia.
1) A efecto de analizar los argumentos de ilegalidad planteados, se procede en primer
lugar a examinar si el Tribunal de Servicio Civil resolvió manera extra petita el recurso
interpuesto por el impetrante al entrar a conocer aspectos que no le fueron alegados por el
apoderado del CNJ.
Para fundamentar tal vicio manifestó: « VI. 4 En este contexto sabido es que el Recurso
(sic) de Revisión (sic) en el caso en concreto tenía que circunscribirse a los motivos expresados
por el apelante para impugnar la resolución antes referida; sin embargo el Tribunal (sic)
demandado de manera extra petita, entra a conocer de todas las diligencias y cometen dos actos
de nulidad los cuales son: a) resuelve más allá de lo pedido en el Recurso (sic) de Revisión (sic);
b) Se extralimita en su rol de ente revisor y se desempeña como Tribunal (sic) Judicial (sic)
Independiente (sic), y hace su propia interpretación de las disposiciones legales
correspondientes, haciendo a un lado disposición expresa como son los artículos 56 y 57 de la
Ley de Servicio Civil; y c) de manera perniciosa, hace una mala interpretación de las
disposiciones de la ley (sic) del (sic) Servicio Civil, y en parte de la sentencia aplica el Código
Procesal Civil y Mercantil como norma supletoria y en otra parte no aplica dicho ordenamiento
legal, y realiza una interpretación restrictiva del artículo 55 literal b) de la Ley del (sic) Servicio
Civil, y se niega en ese punto a aplicar los arts. 18, 19, 20 y 142, del CPCM (…) la actuación del
Tribunal del (sic) Servicio Civil, se circunscribe de acuerdo al art. 1 de la Ley del (sic) Servicio
Civil a regular las relaciones del Estado y el Municipio con sus Servidores (sic) Públicos (sic),
garantizando la protección y estabilidad de estos (sic) y la eficiencia de las Instituciones (sic)
Públicas (sic) (…) y son atribuciones de dicho Tribunal (sic) Art. (sic) 134 literal a) la de
conocer, en recurso de revisión y de nulidad de las resoluciones definitivas pronunciadas por la
Comisión del (sic) Servicio Civil; y en este punto deseo hacer énfasis en que el Tribunal del (sic)
Servicio Civil no puede fallar mas (sic) allá de lo pedido en el Recurso (sic) de Revisión (sic), ni
puede atribuirse facultades que la Ley (sic) no le ha determinado, y mucho menos como en el
caso en concreto que hizo una interpretación de la Ley (sic) completamente lesiva a los intereses
de mi representada, en tal sentido parecería que el demandado necesitaba autorizar el despido
aunque éste no tuviera fundamento legal alguno, sin tomar en cuenta la Ley (sic) de la materia,
ni los tratados internacionales, en donde claramente se determina que en caso de duda se deberá
aplicar lo favorable al trabajador, tal y como lo dispone el art. 18 del Código Procesal Civil y
Mercantil, en relación a los arts. 2, 11 y 12 de la Constitución» (negritas suprimidas) (folio 2
vuelto).
Este tribunal tiene a la vista el expediente administrativo llevado por la Comisión de
Servicio Civil del Consejo Nacional de la Judicatura, que consta de una pieza con 192 folios
útiles; en el que se dejó constancia del procedimiento sancionatorio contra la señora IYAA y otra.
La demandante ha alegado que el Tribunal de Servicio Civil resolvió más de lo que fue
pedido en el recurso de revisión, por lo que resulta trascendente traer a colación las actuaciones
medulares en el procedimiento que se inició para destituirla, ante la Comisión del Servicio Civil
del Consejo Nacional de la Judicatura, autoridad que, luego de efectuar las valoraciones
correspondientes, resolvió: «a- Tener por opuesta y alegada la excepción de incompetencia por
razón de la materia, en los términos expuestos por el licenciado Julio Alberto Ramos Argueta,
Defensor (sic) Público (sic) Laboral (sic), quien es parte en el presente procedimiento. b-
Declararse carente de competencia objetiva en razón de la materia, para conocer de la
pretensión de la parte actora, tal como se regula en los artículos 37, 45, 276 ordinal 5° y 277 del
Código Procesal Civil y Mercantil. c- Rechazar por improponible -como equivalente de la
demanda- la solicitud de diligencias para confirmar o revocar la destitución de las Señoreas
(sic) IYAA y REPDC, presentada por el licenciado José Antonio Candray Alvarado, por mandato
del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura; omitiendo indicar el tribunal competente (Art.
(sic) 45 CPCM), por ejercer esta Comisión de Servicio Civil la jurisdicción administrativa y
estar aplicando supletoriamente el referido Código Procesal. d- Omitir pronunciamiento alguno
en la excepción de prescripción alegada por la licenciada Reina Elízabeth (sic) Núñez Alvarado,
y las excepciones de prescripción y de oscuridad de la demanda, planteadas por el licenciado
Julio Alberto Ramos Argueta, por no tener competencia objetiva esta Comisión, para conocer el
fondo del asunto plateado (…)» (folio 143 frente y vuelto).
A folios 154 y 155 se encuentra agregado un escrito del licenciado José Antonio Candray
Alvarado, apoderado especial judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, mediante el cual
interpuso el recurso de revisión contra la resolución de la Comisión de Servicio Civil de la
referida institución, emitida a las quince horas del doce de junio de dos mil quince, en dicho
escrito, entre otras cosas, apuntó: «(…) No comparto los razonamientos que han conducido a la
declaratoria de incompetencia los cuales dicen “Del contenido de ambos pasajes textuales, se
infiere que la solicitud de destitución no se fundamenta en el uso legítimo de la potestad
sancionatoria de la administración (sic) pública (sic), ya que los supuestos hechos que pudieran
haberle generado al Pleno (sic) del CNJ, hacer un uso legítimo de tal potestad, sucedieron en el
año dos mil trece, y éstos tendrían que haber hecho nacer una relación procesal entre el
administrado y el administrador, mediante la acción correspondiente. Sin embargo -y tal como
se ha configurado la pretensión procesal de la parte actora- lo único que podría haber nacido es
una relación procesal entre particulares, que tendría que resolverse por la vía jurisdiccional
ordinaria y no por la vía procesal administrativa de la Comisión de Servicio Civil”. Como lo
señalé en mi escrito que contestó la audiencia conferida por la interposición de la excepción de
incompetencia, las indebidas relaciones interpersonales entre empleados y empleados y jefes,
dan lugar a tipificar faltas en la prestación del servicio, por ello, los literales e) y g) del Art. (sic)
31 LSC contienen esas tipificaciones, las cuales se resuelven en sede administrativa y no en sede
jurisdiccional ante juez común, pues aunque la Administración no sea la directamente afectada
por el trato interpersonal, si se ve afectada la calidad de los servicios por el establecimiento de
un clima laboral inadecuado para la atención de los usuarios. Es en ese orden que la Ley de
Servicio Civil habilita a la Administración a accionar por las faltas de disciplina cometidas por
un empleado contra otro o por un empleado contra su jefe. Por otra parte, los hechos que
constituyen la causa de la solicitud de destitución están plenamente establecidos, y se tratan de
la denuncia interpuesta por las empleadas en contra de su superior inmediato, sin fundamento,
como concluyó la sentencia judicial respectiva, hechos de los cuales tuvo conocimiento el Pleno
hasta que fue informado de los mismos, por lo que el plazo para la correspondiente acción se
cuenta a partir de ese conocimiento. Si la base o fundamento de esa Comisión para la
incompetencia fuera el no haberse señalado el tiempo, lugar y modo de los hechos que se
atribuyen a las empleadas demandadas, la Ley (sic) prevé la alternativa de las
PREVENCIONES, mediante las cuales la autoridad que conoce el caso solicita al peticionario
que aclare determinados aspectos de su petición, lo cual no da base para una improponibilidad
(…)» (folio 154 vuelto).
El Tribunal de Servicio Civil en el acto impugnado, entre otras cosas, argumentó: «(…)
En virtud de lo anterior, es imprescindible traer a consideración lo dispuesto en el Art. (sic) 55
literal b) de la Ley de Servicio Civil (…) Por otra parte es necesario tomar en consideración que
la Ley de Servicio Civil, ya menciona cuando el plazo va ser de días hábiles, los demás plazos
debe entenderse que son días corridos, es decir, incluyen los días hábiles e inhábiles, o sea los
llamados “días calendario”. Tomando en consideración lo dispuesto en el Art. (sic) 48 del
Código Civil (…) De acuerdo a la premisa anterior, las Comisiones de Servicio Civil y este
Tribunal, tienen que aplicar en su integridad la Ley de Servicio Civil, por esa razón es
importante observar lo dispuesto en el Art. (sic) 19 inciso 1° del Código Civil (…) En ese
entendido estando regulados los plazos en el Art. (sic) 55 de la Ley de Servicio Civil, no se
pueden aplicar los plazos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, ya que son
exclusivos para los procesos judiciales. De acuerdo a lo que se ha constatado en las diligencias
venidas en grado de revisión se observa que la Licenciada (sic) REINA ELIZABETH NUÑEZ
(sic) ALVARADO, Apoderada (sic) General (sic) Judicial (sic) de las señora (sic) I (sic) Y A (sic)
A y REP (sic) DE C, no se opuso en tiempo a la solicitud de despido interpuesta en su contra, no
habiendo contestado la misma en el plazo otorgado por la Ley (sic) (…) Ante lo advertido por
este Tribunal, no es necesario entrar a conocer el fondo del asunto principal, ni de los motivos
planteados en el recurso de revisión, por lo que las partes deben estarse al fallo que se
pronuncie en esta instancia. En ese orden de ideas y sirviendo cómo (sic) fundamento el análisis
explicado en el apartado anterior, se vuelve imperioso resolver el caso en consideración, además
en el caso que nos ocupa, la Licenciada (sic) REINA ELIZABET (sic) NUÑEZ (sic) ALVARADO,
Apoderada (sic) General (sic) Judicial (sic) de las señoras I (sic) Y A (sic) A y REP (sic) DE C,
no demostró dentro de tercero día de vencido el plazo correspondiente para la contestación de la
solicitud de destitución que sus representadas, haya (sic) estado impedida por justa causa para
ello. Es por lo argumentado anteriormente, que procede legalmente de acuerdo a nuestras
facultades, a declarar nula la resolución donde se declaran incompetente la Comisión de
Servicio Civil del Consejo Nacional de la Judicatura y rechazan la demanda por improponible, y
pronunciar el fallo en el sentido de autorizar la destitución de las señoras I (sic) Y A (sic) A y
REP (sic) C, como consecuencia inmediata de no haberse opuesto a la acción incoada en su
contra en el tiempo que la Ley (sic) de la materia prescribe para ello, debiendo entonces
pronunciarse en ese sentido. Este Tribunal de Servicio Civil, acoge la teoría del contencioso
subjetivo o de plena jurisdicción en donde el proceso que se ventila es un auténtico proceso entre
partes, se puede alegar y controvertir plenamente los hechos acaecidos en sede administrativa
(…)» (negritas suprimidas) (folios 164 vuelto y 165 frente y vuelto).
El punto medular de esta controversia - en atención al argumento planteado por la parte
actora- consiste en examinar si el Tribunal de Servicio Civil resolvió más de lo que fue pedido en
el recurso de revisión presentado por el apoderado del Consejo Nacional de la Judicatura. Es así,
que de la transcripción del referido escrito queda evidenciado que, en ningún momento
argumentó que las empleadas presentaran de manera extemporánea la oposición a la solicitud de
despido, esta situación fue advertirá de oficio por parte del Tribunal del Servicio Civil.
Frente a tal circunstancia se hace necesario aclarar que la actividad oficiosa del Tribunal
de Servicio Civil al advertir circunstancias que constan en el expediente, aunque no hayan sido
alegadas por las partes, no conlleva per un vicio de ilegalidad, puesto que en el derecho
administrativo opera el denominado principio de verdad material, mediante el cual la
Administración Pública deben ajustarse a los hechos, lo que le impone la obligación de investigar
las situaciones acontecidas independientemente que hayan sido alegadas por los interesados o que
se deriven de las pruebas propuestas por ellos. Su existencia en la dinámica de la Administración
Pública se justifica por el hecho que ella sirve con objetividad los intereses generales.
En ese sentido, el Tribunal de Servicio Civil estaba habilitado para efectuar el examen de
legalidad según los actos y hechos acontecidos que constan en el expediente llevado por la
Comisión, aún sin haber sido alegados por el recurrente; no obstante, no puede soslayarse que
debe armonizar sus actuaciones conforme a la Constitución de la República.
Teniendo claridad que el Tribunal de Servicio Civil puede examinar de oficio los actos y
actuaciones desarrollados ante la Comisión, con el fin de llegar a conocer la realidad material de
los hechos y así adoptar una decisión legal y justa, se concluye que el acto administrativo
impugnado no es ilegal en razón de este argumento planteado por la parte actora.
2. Debido al carácter de la Constitución como norma fundante y fundamentadora del
ordenamiento jurídico, su aplicación es una exigencia indefectible de todo operador de justicia, lo
cual supone del juzgador no solamente que la aplique siempre por sobre cualquier otra
disposición legal, sino también que examine la concordancia de las leyes secundarias y de las
normas menores (ordenanzas, reglamentos y disposiciones de rango inferior como manuales,
lineamientos, normas técnicas, etc.) con ella.
Atendiendo a la condición de norma normarum de la constitución, las demás
disposiciones del ordenamiento jurídico solamente lo son, si fueron elaboradas por los órganos
determinados en ella y siguiendo los procedimientos prescritos en su seno a tal efecto, pero, tan
importante como el proceso de creación de normas, es su adecuación al contenido constitucional.
Tal es la exigencia desarrollada en el artículo 246 Cn.:
“Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden
ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio.
La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene
primacía sobre el interés privado.”
Esto lleva a cada juez a aplicar una disposición legal siempre y cuando (a) haya sido
dictada por el órgano competente, (b) se haya seguido el procedimiento de creación establecido
para esta disposición legal y (c) su contenido sea compatible con las exigencias constitucionales.
Esta tercera condición obliga al aplicador de justicia a un ejercicio de interpretación por el
cual debe determinar si una disposición que será necesario emplear para tomar una decisión tiene
un contenido acorde a las exigencias constitucionales o la contradice.
Tal obligación se ha desarrollado también en la legislación, así, se encuentra en el artículo
2 del Código Procesal Civil y Mercantil, norma supletoria del proceso contencioso
administrativo, así:
Los jueces están vinculados por la normativa constitucional, las leyes y demás normas del
ordenamiento jurídico, sin que puedan desconocerlas ni desobedecerlas.
Todo juez, a instancia de parte o de oficio, deberá examinar previamente la
constitucionalidad de las normas de cuya validez dependa la tramitación de cualquier proceso o
el fundamento de las decisiones que adopten en el mismo; y si alguna de ellas contradice la
normativa constitucional, la declarará inaplicable en resolución debidamente motivada, en la
que se consignen la disposición cuya inaplicabilidad se declara, el derecho, principio o valor
constitucional que se considera infringido y las específicas razones que fundamentan.
Las pruebas que se hubieren obtenido, directa o indirectamente, con infracción de
derechos o libertades fundamentales, no surtirán efecto.
Particularmente, la obligación determinada en el segundo inciso de este artículo también
se desarrolla en el artículo 77-A de la Ley de Procedimientos Constitucionales en términos
prácticamente idénticos.
En el ejercicio de la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, los tribunales aplican como
fundamento de sus decisiones una diversidad de disposiciones legales que se originan en distintas
épocas. Algunas de ellas preceden a la entrada en vigencia de la Constitución de la República
actualmente vigente y otras son coetáneas o posteriores a ella.
Las normas que se dictaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución
pueden someterse a este control difuso (por el cual cada juez puede decidir si la inaplica o no
siempre que no haya un pronunciamiento previo de la Sala de lo Constitucional).
Por otra parte, existen disposiciones legales que preceden a la vigencia de la actual
Constitución, para estos casos se procede de norma ligeramente distinta.
El artículo 249 de la Constitución de la República, establece: «Derógase la Constitución
promulgada por Decreto N° 6, de fecha 8 de enero de 1962, publicado en el Diario Oficial N°
110, Tomo 194, de fecha 16 del mismo mes y año, adoptada por Decreto Constituyente N° 3, de
fecha 26 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial N° 75, Tomo 275, de la misma fecha, su
régimen de excepciones, así como todas aquellas disposiciones que estuvieren en contra de
cualquier precepto de esta Constitución» (negritas suplidas). Es decir que el citado artículo
deroga expresamente todas las disposiciones que contraríen a la Constitución, por lo que se trata
de una derogación genérica.
Así las cosas, cuando un juez entienda que una ley o disposición está derogada conforme
con el artículo 249 de la Constitución, debe seguir las reglas de la inaplicabilidad, establecidas en
los artículos 77-A y siguientes de la Ley de Procedimientos Constitucionales, las cuales
jurisprudencialmente han sido abreviadas de la siguiente manera:
« ...los requisitos de la técnica de la inaplicación pueden resumirse así a) la existencia de
una norma constitucional que sea utilizada como parámetro de control; b) la norma o acto que
será el objeto de control debe ser susceptible de aplicación; c) la inexistencia de un
pronunciamiento por parte de la Sala de lo Constitucional, en el mismo sentido que los
esgrimidos en el caso en estudio; d) previo a la inaplicación, debe intentarse una interpretación
conforme a la Constitución de la República de las disposiciones cuestionadas; y e) la
oportunidad en que se debe realizar el juicio de validez constitucional cuando se tenga que
pronunciar una decisión (...)»(Sentencia 435-2010, emitida por este Tribunal el catorce de marzo
de dos mil catorce).
En el presente caso, el Tribunal de Servicio Civil advirtió de oficio que la demandante
presentó extemporáneamente ante la Comisión del Servicio Civil, la contestación de la solicitud
de destitución. Frente a tal situación el Tribunal de Servicio Civil estimó que se había
configurado el supuesto contenido en la letra c) del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil y
aplicó la correspondiente consecuencia jurídica, ordenando el despido definitivo de la
demandante.
Por ende, el artículo 55 letra “c” de la Ley de Servicio Civil, que es una disposición
preexistente a la entrada en vigencia de la actual Constitución, es una norma de importancia
capital en el presente proceso, por cuanto de su validez depende el fundamento de la decisión del
Tribunal de Servicio Civil que se examina.
Lo antecedente supone la obligación de este Tribunal de examinar la concordancia
constitucional de este artículo para determinar si (a) es conforme con la constitución en
cualquiera de sus interpretaciones; (b) admite una interpretación conforme con la constitución
que será la que utilizará el juzgador o (c) ninguna interpretación que se haga de esta disposición
resulta constitucional, por lo que no debe ser aplicada por el juzgador.
El artículo en referencia es del siguiente tenor:
“Artículo 55.- Forma de proceder.- Para proceder al despido o destitución se
observarán las reglas siguientes: a) La autoridad o Jefe del funcionario o empleado comunicará
por escrito a la respectiva Comisión de Servicio Civil su decisión de despedirlo o destituirlo,
expresando las razones legales que tuviere para ello, los hechos en que la funda y proponiendo
la prueba de éstos; b) La Comisión hará saber al funcionario o empleado la decisión de la
autoridad o jefe y le dará un plazo de tres días, contados desde la fecha de la notificación, a fin
de que si quisiere exponga los motivos que tenga para oponerse a su destitución o despido y
proponga las pruebas de descargo que existieren a su favor; c) Si vencido el plazo a que se
refiere el inciso anterior el funcionario o empleado no hubiere presentado oposición o
manifestare expresamente su conformidad, quedará despedido o destituido definitivamente; a
menos que dentro de tercero día de vencido el plazo, compruebe ante la Comisión haber estado
impedido por justa causa para oponerse, en cuyo caso se le concederá un nuevo plazo de tres
días; d) Si el funcionario o empleado se opusiere dentro de los términos expresados en los
incisos precedentes, la Comisión instruirá la información respectiva con intervención de la
autoridad o jefe solicitante o de un delegado de su nombramiento y del funcionario o empleado
opositor. La Comisión recibirá las pruebas que se hayan propuesto y las demás que estime
necesario producir, dentro del término improrrogable de ocho días, vencidos los cuales
pronunciará resolución confirmando o revocando la decisión de destitución o despido.
“[Negrillas suplidas].
De la lectura de la anterior disposición legal, este Tribunal advierte un choque normativo
con el artículo 12 de la Constitución, que reconoce, como garantía fundamental, la presunción de
inocencia el cual señala:
“Toda persona a quien se le impute un delito, se presumirá inocente mientras no se
compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público, en el que se le aseguren
todas las garantías necesarias para su defensa (...)”,
Es decir que para demostrar la comisión de un hecho constitutivo de infracción, no basta
un simple señalamiento o un mero indicio de la comisión de una infracción; muy por el contrario,
es menester que el actuar infractor que se atribuye a una persona sea plenamente comprobado, lo
cual únicamente se alcanza con el análisis objetivo de los ' argumentos y los medios de prueba
que se presenten, y que traigan el convencimiento pleno de la procedencia de la emisión de la
respectiva declaratoria de responsabilidad del infractor
Y es que debe tenerse en cuenta que el supuesto estipulado en la letra c) del artículo en
análisis, prevé la destitución definitiva un empleado o funcionario por el solo hecho de no
oponerse en tiempo a las razones de hecho o de derecho expuestos por la autoridad o jefe que
pretende tal consecuencia legal, e inhibe a la Comisión de Servicio Civil de su labor de entrar a
conocer y valorar los argumentos y pruebas que han sido planteadas por la Administración
Pública, para fundamentar su decisión de despido o destitución, limitando la labor de dicho ente
colegiado a la de asumir, por un supuesto de ley, que dichas razones son válidas.
Lo anterior, contraviene por completo la garantía de presunción de inocencia, pues como
ya se indicó, para proceder a la imposición de una sanción, es necesario comprobar de forma
certera no solo la simple imputación de una infracción, sino además, tal hecho haya sido
comprobado.
El contenido de la disposición aplicable al caso -letra c) del artículo 55-, establece
entonces una presunción de culpabilidad contra el funcionario o empleado, a quien se le
atribuye el cometimiento de una infracción, y por lo tanto es sancionado con despido o
destitución definitiva, por el simple hecho de no contestar la solicitud dentro del plazo
establecido en la ley.
Respecto a la presunción de inocencia, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en
el sentido que:
«(...) En cuanto a la presunción de inocencia, el artículo 12 de la Constitución en el
inciso primero, establece que toda persona a quien se le impute un delito o infracción, se
presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público,
en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. En virtud de ello, esta Sala
ha sostenido (...) que toda persona sometida a un proceso o procedimiento es inocente y se
mantendrá como tal dentro de los mismos, mientras no se determine su culpabilidad por sentencia
definitiva condenatoria, y con el respeto a los principios constitucionales procesales, por lo tanto
no puede verse privada de algún derecho por aplicaciones automáticas y aisladas de
presunciones de culpabilidad. ». (Sentencia de Amparo 404-2008 del día diecinueve de mayo
de dos mil diez).
El anterior razonamiento implica entonces, que la presunción de inocencia inicia desde el
momento en que una persona es considerada sospechosa del cometimiento de un hecho punible, y
ésta debe garantizarse en las diferentes etapas del proceso, ya que le otorga una protección
reforzada frente a posibles actuaciones arbitrarias o abusivas del Estado, tanto durante el período
de la investigación de la conducta atribuida como del proceso mismo, con el objeto de garantizar
el debido proceso y el derecho de defensa.
El texto del artículo 55 letra “c” de la Ley de Servicio Civil no admite alguna
interpretación que logre su concordancia con la Constitución, en tanto el procedimiento de
despido está constitucionalmente configurado en tanto en él deba valorarse prueba y determinarse
si el supuesto de hecho de la infracción se cumple, además de establecer responsabilidad por
determinación de elementos subjetivos; empero, la habilitación para despedir -es decir, para
imponer la sanción- al empleado o funcionario por el mero hecho de no presentar un escrito en un
cierto tiempo, constituye la atribución de responsabilidad y el ejercicio de la consecuencia
jurídica, sin que se haya cumplido con lo antes dicho: determinación de tipicidad mediante
prueba, puesto que se ha sustituido el supuesto por otro: una especie de “allanamiento tácito” que
no es más que, como se señaló anteladamente, una presunción de culpabilidad.
Habida cuenta de lo precedente, se cumplen los requisitos jurisprudenciales para el
control constitucional difuso de la siguiente manera: 1) el artículo 12 de la Constitución será el
parámetro de control; 2) el supuesto normativo de la letra c) del artículo 55 de la Ley de Servicio
Civil -«(...) Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior el funcionario o empleado no
hubiere presentado oposición (...) quedará despedido o destituido definitivamente (...)»- es la
disposición que será examinada; 3) no existe en el caso concreto un pronunciamiento por parte de
la Sala de lo Constitucional; 4) no existe la posibilidad de que al examinar el artículo pueda ser
salvado con una interpretación conforme a la Constitución; y 5) el proceso se encuentra en estado
de pronunciar sentencia. Por tal razón, se estima que el contenido de la letra c) del artículo 55 de
la Ley de Servicio Civil que señala -«(...) Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior el
funcionario o empleado no hubiere presentado oposición (...) quedará despedido o destituido
definitivamente (...)»- se encuentra derogado desde que entró en vigencia la actual
Constitución; de conformidad con el artículo 249 de esa norma, por violentar los derechos al
debido proceso y a la presunción de inocencia que consagra el artículo hace necesario que la Sala
de lo Constitucional efectúe el correspondiente juicio de constitucionalidad de la referida norma
infraconstitucional
3. La parte demandante afirma que la Administración Pública ha vulnerado el debido
proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica,
todos ellos garantías y derechos fundamentales que son tutelados por la Constitución de la
República. Para dilucidar tal circunstancia, se procede a realizar un análisis a partir de la
situación fáctica planteada en el presente caso.
Tal y como ha sido indicado anteriormente, la decisión a controlar está fundada en la
aplicación del artículo 55 letra “c” de la Ley de Servicio Civil, así, el referido Tribunal señaló que
en el procedimiento ante la Comisión de Servicio Civil se tenía la decisión adoptada por el
Consejo Nacional de la Judicatura de despedir a la señora IYAA y que ésta “no se opuso en
tiempo a la acción incoada en su contra”, por lo que se confirmó la decisión de despido.
Lo anterior significa que, por el solo retraso en contestar oponiéndose a la decisión de
despido, el Tribunal de Servicio Civil tuvo por establecida esa especie de “allanamiento tácito”
que se relacionó anteriormente, con lo cual dejó de examinar el fondo de la pretensión e impuso
la responsabilidad sin haber analizado su procedencia y sin haber permitido a la persona sometida
al procedimiento que se defendiera.
Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que en materia administrativa
sancionadora la persona acusada del cometimiento de una infracción administrativa, no está
obligada a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia, pues hay una obligación de
soportar la carga de la prueba por parte del Estado, lo que lo obliga a comprobar la culpabilidad
que se imputa a una persona.
Se exige por tanto que en los elementos de convicción exista, más allá de la duda
razonable, un nexo entre la conducta atribuida y el presunto infractor. Tal postura. en materia
administrativa, deviene de los principios de verdad materia y oficiosidad que rigen a la
Administración Pública -tal y como fue indicado en el apartado precedente- ; el profesor Agustín
Gordillo señala al respecto:
«Dado que la administración debe ajustarse a los hechos reales, a la verdad material
prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no, resulta que la
carga procesal, de averiguar esos hechos y cualesquiera otros que resulten necesarios para la
correcta solución del caso, recae sobre ella. Si la decisión administrativa no se ajusta a tales
hechos reales, aunque ello resulte de una falta de información no subsanada por el particular, el
principio de la verdad material lleva a igual conclusión: El acto que no se ajusta a la verdad de
los hechos se encuentra viciado. ». (tordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y obras
selectas, 11a ed., Buenos Aires, F.D.A., 2013, págs. 355 y 356).
Consecuentemente, en materia administrativa sancionadora, la presunción de inocencia no
solamente lleva implícito el sometimiento del presunto infractor a un juicio en el que pueda
ejercer su derecho de defensa y confrontación sobre la prueba de culpabilidad aportada por el
acusador, a fin de que pueda controvertir los medios de prueba de cargo; sino que la
Administración Pública está obligada a realizar las diligencias que sean necesarias,
tendentes a la averiguación y análisis de los hechos conducentes a la decisión, a efecto de emitir
la misma en atención a la verdad material que ha sido constatada.
En el momento en que la autoridad demandada, en el presente caso, aplicó la
consecuencia jurídica del artículo 55 letra c) de la Ley de Servicio Civil, violentó flagrantemente
la garantía de presunción de inocencia, que debía proteger a la señora IYAA, pues la decisión
emitida parte del supuesto que la Administración Pública está relevada de la obligación de
constatar la veracidad de los hechos imputados a la administrada por aquel que promueve su
despido y, por lo tanto, presume la culpabilidad de aquella sin valorar el acervo probatorio
correspondiente, por el simple hecho de no haberse opuesto a la solicitud de despido o destitución
en el plazo de tres días.
Si bien es cierto la Administración Pública tiene la potestad de imponer sanciones
administrativas -tal como se reconoce en el artículo 14 de la Constitución- lo cierto es que al
momento de ejercer el ius puniendi, debe resguardar los derechos y garantías fundamentales del
presunto infractor, dentro de los cuales se encuentra la presunción de inocencia.
Habiendo identificado la confrontación existente entre el contenido del artículo 55 letra c)
de la Ley de Servicio Civil y la Constitución vigente, el actuar de la Administración amparado en
dicha norma, conlleva indiscutiblemente una franca y directa vulneración a la garantía de
presunción de inocencia, pues como anteriormente se ha indicado, dicho actuar se basa en el
supuesto “allanamiento tácito” o presunta aceptación del funcionario o empleado, de las
infracciones que se le imputan, para ser despedido o destituido, sin que la Comisión de Servicio
Civil sea capaz de evaluarlas y de esta forma verificar la legalidad de la decisión que deba
adoptarse.
Las anteriores valoraciones, nos llevan entonces a la convicción que el Tribunal del
Servicio Civil al emitir el fallo de revocar la decisión de la Comisión del Servicio Civil y
confirmar la decisión de despido ordenada por el Consejo Nacional de la Judicatura, en atención
a lo prescrito en el artículo antes indicado, actuó fuera de los parámetros constitucionales, lo que
hace que el acto impugnado en el presente proceso devenga en ilegal.
V. Medida para restablecer el derecho violado.
Determinada la ilegalidad del acto administrativo impugnado, corresponde pronunciarse
sobre la medida para el restablecimiento del derecho violado.
El artículo 32 inciso final de la LJCA establece: “Cuando en la sentencia se declare la
ilegalidad total o parcial del acto impugnado, se dictarán, en su caso, las providencias
pertinentes para el pleno restablecimiento del derecho violado”.
Corresponde examinar si procede dictar una providencia para 1 pleno restablecimiento del
derecho de la demandante; en ese sentido, consta en el expediente administrativo la certificación
del acto del Tribunal de Servicio Civil, emitido a las nueve horas cinco minutos del ocho de julio
de dos mil quince (folios 161 al 166).
El acto de la autoridad demandada, comenzó a producir efectos jurídicos a partir de la
fecha en que fue notificada la señora IYAA, dicho acto de comunicación se efectuó, según el acta
de la Comisión de Servicio Civil del Consejo Nacional de la Judicatura, a las catorce horas
cuarenta y ocho minutos del veintidós de septiembre de dos mil quince (folio 169).
Esta Sala, en el auto de las doce horas diez minutos del siete de diciembre de dos mil
quince (folios 16 al 18), entre otros, suspendió provisionalmente los efectos del acto impugnado,
debiendo restituir en sus funciones a la señora IYAA, habiendo sido notificado el Tribunal de
Servicio Civil, para los efectos legales correspondientes, a las nueve horas ocho minutos del
veintiocho de enero de dos mil dieciséis (folio 20 de este expediente judicial).
Asimismo, la señora IYAA deberá continuar en su cargo de secretaria IV dentro del
Consejo Nacional de la Judicatura y debido a que dejó de percibir los salarios que le
correspondían, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil quince y enero
de dos mil dieciséis; por consiguiente, de conformidad con el artículo 61 inciso 4° de la Ley de
Servicio Civil, se ordenará que cancele el equivalente a tres meses de salario con cargo a la
institución por haberlo establecido de esa manera la referida disposición.
Adicionalmente, se habilita a favor de la demandante la correspondiente acción por los
daños y perjuicios que se le ocasionaron, contra las personas que suscribieron el acto que se
declara ilegal.
FALLO:
POR TANTO, con fundamento en los argumentos expuestos y en los artículos 11, 12, 185
y 249 de la Constitución, 77-A, 77-B, 77-C y 77-E de la Ley de Procedimientos Constitucionales;
55 y 61 de la Ley de Servicio Civil; 216, 217, 218 y 272 del Código Procesal Civil y Mercantil, y
31, 32, 34 y 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -ya derogada-, emitida el
catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, publicada en el Diario Oficial número
doscientos treinta y seis, tomo número doscientos sesenta y uno, de Fecha diecinueve de
diciembre de mil novecientos setenta y ocho, ordenamiento de aplicación al presente caso en
virtud del artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa vigente; en
nombre de la República, esta Sala FALLA:
1. Declarar que el contenido de la letra c) del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil -«(...)
Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior el funcionario o empleado no hubiere
presentado oposición (...) quedará despedido o destituido definitivamente (...)”- ha sido
derogado, según el artículo 249 de la Constitución, por violentar flagrantemente el artículo 12 de
este último cuerpo normativo.
2. Remitir a la Sala de lo Constitucional una certificación de esta sentencia para los
3. Declarar ilegal la resolución pronunciada por el Tribunal de Servicio Civil, de las nueve
horas cinco minutos del ocho de julio de dos mil quince, mediante la cual se revocó la resolución
de la Comisión de Servicio Civil del Consejo Nacional de la Judicatura, de las quince horas del
doce de junio de dos mil quince, y se confirmó la decisión del Consejo Nacional de la Judicatura
de destituir a la señora IYAA, del cargo de secretaria IV, por no haberse opuesto en tiempo a la
acción iniciada en su contra.
4. Condenar en costas a la autoridad demandada, conforme al derecho común.
5. Como medida para restablecer el derecho violado la señora IYAA, deberá continuar
desempeñando sus labores en el cargo que ocupa dentro de la institución; y se ordena al Consejo
Nacional de la Judicatura que le pague» el equivalente a tres meses de salarios de conformidad
con el artículo 61 inciso 4° de la Ley de Servicio Civil.
6. Habilitar a la demandante la correspondiente acción por los daños y perjuicios que se le
ocasionaron, contra las personas que suscribieron el acto que se declara ilegal.
7. Devolver el expediente administrativo a su oficina de origen.
8. En el acto de la notificación, entregar una certificación de esta sententia a la autoridad
demandada y a la representación fiscal.
Notifíquese.
DUEÑAS ---- P. VELÁSQUEZ C. ----- S. L. RIV. MARQUEZ------ RCCE -----
PRONUNCIADO POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS Y LOS SEÑORES
MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.-------M.A.V.------ SRIA.----------
RUBRICADAS.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR