Sentencia Nº 314-2020 de Sala de lo Constitucional, 14-10-2020

EmisorSala de lo Constitucional
Fecha14 Octubre 2020
Número de sentencia314-2020
314-2020
Amparo
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las ocho horas con
cuarenta y nueve minutos del día catorce de octubre de dos mil veinte.
Agrégase a sus antecedentes el escrito firmado por la señora Carmen Milena Mayorga de
Monterrosa, conocida por Carmen Milena Mayorga Valera, mediante el cual pretende ampliar la
demanda presentada.
Por recibido el escrito remitido por correo electrónico y firmado por el señor Mario
Marroquín Mejía en calidad de Secretario Directivo de la Asamblea Legislativa, mediante el cual
evacúa el traslado conferido con base en el artículo 21 de la Ley de Procedimientos
Constitucionales (LPC) y expresa que no son ciertos los hechos que la actora le atribuye a dicho
órgano directivo.
Analizado el escrito firmado por la señora Mayorga de Monterrosa, se efectúan las
siguientes consideraciones:
I. La demandante expresa que, del auto de admisión parcial de su demanda de amparo de
9 de septiembre de 2020 y de los votos particulares emitidos por dos de los Magistrados que
conforman esta Sala, infiere que existen elementos pertinentes para la ampliación de [su]
demanda.
La solicitante manifiesta que de su demanda, y principalmente del escrito de evacuación
de las prevenciones, se colige que su reclamo también se dirige contra la decisión del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) de 12 de agosto de 2020 que declaró improcedente su solicitud de
reconocimiento de candidaturas no partidarias que planteó junto con el ciudadano Jorge Antonio
Juárez Morales y ordenó la devolución de los libros que habían presentado para la recolección de
las firmas requeridas en la normativa secundaria.
Y es que, sostiene que la referida resolución del TSE le ocasiona un agravio de
trascendencia constitucional respecto a su derecho a optar a un cargo público, pues le impide
cumplir con los requisitos legales de inscripción de su candidatura no partidaria y posterior
postulación en las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo año.
En ese orden, plantea la ampliación de su demanda en cuanto a que se tenga como
autoridad demandada al TSE en virtud de haber emitido la resolución citada que aparentemente le
imposibilita para inscribirse como candidata a diputada no partidaria por el departamento de San
Salvador en los comicios que se celebrarán en febrero de 2021, situación que afectaría su derecho
al sufragio pasivo.
En tal sentido, la actora alega que la decisión del TSE se fundamentó en la jurisprudencia
constitucional, específicamente en las sentencias de 24 de octubre de 2011 y de 18 de diciembre
de 2017, pronunciadas respectivamente en los procesos de inconstitucionalidad 10-2011 y 66-
2013, en las que se plantearon criterios referentes al transfuguismo y que posteriormente
propiciaron la reforma del Código Electoral (CE) en cuanto a las sanciones y efectos de dicha
figura (artículo 226-A CE).
A juicio de la demandante, ni los referidos criterios jurisprudenciales ni lo previsto en el
artículo 226-A CE son aplicables a su caso, pues las motivaciones que tuvo para declararse
diputada independiente, renunciar irrevocablemente del partido político Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) e iniciar los trámites para inscribirse como candidata no partidaria, ... se
apartan no solo de los criterios mencionados por parte del [TSE], sino también de los supuestos
que motivaron la emisión de [la citada disposición].
Aunado a lo expuesto, la pretensora sostiene que las argumentaciones del TSE que
sirvieron para fundamentar el rechazo a su solicitud se derivan del obiter dictum y la ratio
decidendi pronunciadas por esta Sala en un proceso abstracto de inconstitucionalidad. Y es que a
su criterio ... marca una diferencia trascendental, en el abordaje, conocimiento y decisión de
[su] caso particular ahora planteado por la vía del amparo constitucional, ya que éste es un
mecanismo de control concreto de constitucionalidad, que implica la existencia de un agravio
específico y directo en la esfera jurídica del sujeto activo de la pretensión.... En tal sentido,
arguye que no puede ser descartado su reclamo ... bajo el supuesto de haber sido juzgado un
objeto de control en abstracto..., pues este consiste en un ... proceso de control cuya naturaleza
y discurrir procesal se diferencian normativa y fácticamente de la tutela que por vía de un proceso
concreto se realiza....
II. Expuestos los aspectos que constituyen el fundamento de la solicitud de la
demandante, corresponde en este apartado referirse a la posibilidad de ampliar o modificar la
pretensión en esta etapa procesal.
1. Con relación a la posibilidad de ampliar o modificar la pretensión de la parte actora en
esta etapa procesal, es preciso acotar que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que en el
proceso de amparo la preclusión de la oportunidad de modificar la demanda está justificada en
razón de la determinación del tema de decisión a discutirse en un caso concreto, pues permitir el
constante cambio de los fundamentos de una pretensión afectaría tanto la seguridad jurídica como
la igualdad de las partes en el proceso.
En ese sentido, según lo dispuesto en el artículo 94 inciso 1º del Código Procesal Civil y
Mercantil de aplicación supletoria en el proceso de amparo, la contestación a la demanda sirve
para fijar los términos del debate en relación con el objeto procesal propuesto por el demandante,
sin que este pueda ser alterado. Asimismo, el artículo 280 inciso 2º del referido cuerpo legal
ratifica lo expuesto al disponer que la demanda solo puede ser ampliada antes de la contestación.
En el caso del proceso de amparo, es preciso señalar que según la jurisprudencia sostenida
por esta Sala v. gr. autos de 20 de octubre de 2010 y 13 de abril de 2011, amparos 296-2010 y
218-2010 la rendición del informe justificativo de la autoridad demandada o por tratarse de un
proceso que se impulsa oficiosamente el vencimiento de dicho plazo supone la preclusión de la
oportunidad para modificar la demanda y, en consecuencia, no es procedente su modificación con
posterioridad a la rendición del informe justificativo o al vencimiento del plazo para rendirlo.
En ese orden, la preclusión de la oportunidad de modificar la demanda en razón de la
determinación del tema de decisión a discutirse en un caso concreto está delimitado con el
informe justificativo regulado en el artículo 26 de la LPC, pues permitir el constante cambio de
los fundamentos de una pretensión afectaría tanto la seguridad jurídica como la igualdad de las
partes en el proceso.
2. Con base en lo expuesto, se advierte que, en el presente caso, la solicitud de ampliación
de la demanda ha sido presentada previo a la rendición del informe en el que se justifica la
actuación de la autoridad demandada, por lo que resulta pertinente examinar si las situaciones
jurídicas que la parte actora plantea en su escrito de ampliación de la demanda reúnen los
requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia.
III. Acotado lo anterior, al encontrarse el presente amparo en una etapa procesal previa a
la rendición del informe en el que se justifica la actuación de la autoridad demandada regulado
en el artículo 26 de la LPC resulta pertinente examinar si las situaciones jurídicas que la parte
actora plantea en su escrito de ampliación de la demanda reúnen los requisitos mínimos de
admisibilidad y procedencia.
1. De los argumentos esbozados por la peticionaria, se advierte que reclama contra la
resolución emitida el 12 de agosto de 2020 por el TSE, la cual consiste en una actuación distinta
al objeto de control establecido en el auto de admisión de 9 de septiembre de 2020, atribuido a
una autoridad que difiere de la entidad demandada de conformidad al referido auto; sin embargo,
la demandante alega que tales actuaciones se encuentran vinculadas fácticamente.
En ese orden, la señora Mayorga de Monterrosa sostiene que la decisión emitida por el
TSE afecta su derecho al sufragio pasivo en cuanto que no le permite cumplir con los requisitos
para poder postularse como candidata no partidaria para las elecciones legislativas a celebrarse en
el 2021.
En tal sentido, afirma que la referida resolución del ente electoral se fundamentó en
sentencias emitidas por esta Sala en los procesos de inconstitucionalidad 10-2011 y 66-2013; sin
embargo, la pretensora asevera que los criterios referentes al transfuguismo consignados en las
mencionadas decisiones no le son aplicables y, consecuentemente, tampoco su renuncia al partido
que la postulo para diputada encaja en los supuestos previstos en el artículo 226-A del CE.
2. Señalados los argumentos de la parte actora en cuanto a su ampliación de demanda, es
necesario formular ciertas consideraciones de índole jurisprudencial que han de servir como
fundamento de la presente decisión.
Así, tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio
de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en
este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo
formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta
afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.
Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de asuntos puramente
judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el
contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de los respectivos procedimientos,
la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que
se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.
3. A. Respecto de las aseveraciones planteadas por la señora Mayorga de Monterrosa en
cuanto a que su renuncia del partido político que la postuló como diputada y posterior solicitud
de reconocimiento como candidata no partidaria no se ajusta a los criterios de transfuguismo
expuestos en la jurisprudencia constitucional ni a lo regulado por la disposición citada, es preciso
acotar ciertos aspectos expuestos en el auto de admisión del presente amparo.
En dicha resolución se citaron los ejemplos de las causales de transfuguismo señalados en
la sentencia de inconstitucionalidad 66-2013, entre estos: el cambio de orientación político-
ideológica de los partidos, la desaparición o crisis interna de los mismos, la búsqueda de mejores
posiciones políticas, o los intereses económicos o de otra índole transfuguismo retribuido, la
discrepancia con la dirigencia del partido y la mutación ideológica del diputado.
Asimismo, se indicó que los postulados estipulados en la referida sentencia son amplios,
por lo que la situación particular de la demandante podría enmarcarse en alguno de los supuestos
establecidos en dicha decisión. Y es que, para desligarse de tales criterios, la peticionaria
únicamente ha sostenido la presunta disparidad en ciertas posturas políticas entre su persona y
algunos dirigentes del partido político ARENA, lo cual a su juicio trajo como consecuencia la
afectación en su trabajo legislativo.
En tal sentido, de los argumentos expuestos por la actora no se logra identificar la
supuesta particularidad de su caso que permita diferenciarla de lo previsto en los mencionados
criterios jurisprudenciales; lo anterior, puesto que la divergencia con la dirigencia del partido
político, así como la posible justificación con base en el artículo 125 Cn., fueron contempladas
por la jurisprudencia constitucional como causales que pueden suscitar al transfuguismo.
B. Por otra parte, la solicitante había sostenido en sus anteriores escritos que con su
demanda de amparo no pretendía cuestionar la jurisprudencia de esta Sala; sin embargo, en su
petición de ampliación de la demanda expone que ... las argumentaciones del [TSE] son
derivadas de procesos abstractos de inconstitucionalidad, lo cual marca una diferencia
trascendental, en el abordaje, conocimiento y decisión de [su] caso particular ahora planteado por
la vía de amparo constitucional, ya que éste es un mecanismo de control concreto de
constitucionalidad....
De tales argumentos se advierte que lo que pretende la señora Mayorga de Monterrosa es
cuestionar mediante un proceso de amparo los criterios jurisprudenciales emitidos en los procesos
de inconstitucionalidad.
Al respecto, esta Sala ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de impugnar en amparo
una decisión dictada en otro proceso constitucional resolución de 11 de enero de 2002, amparo
648-2001 y ha señalado que, si bien la LPC no establece ninguna disposición al respecto, la
estructura del sistema procesal constitucional y de la integración de los procesos constitucionales
en este permite esclarecer tal situación.
En ese orden, dentro de nuestro esquema procesal constitucional se sitúa a esta Sala como
el máxime intérprete de la Constitución, pues actúa como la última instancia de juzgamiento
constitucional de dos actos de las autoridades públicas y los particulares, ello significa que no
existe la posibilidad de revisar o controlar sus decisiones definitivas salvo en el recurso de
revocatoria contra autos definitivos, pues tales pronunciamientos son la expresión de la labor
analítica de examen constitucional improcedencia de 4 de mayo de 2016, amparo 663-2015.
Aunado a lo manifestado, el artículo 10 LPC de manera implícita señala la imposibilidad
de cuestionar una sentencia dictada en un proceso de inconstitucionalidad mediante la vía del
amparo, pues la decisión emitida en los procesos de control abstracto no admite ningún recurso y
es de obligatorio cumplimiento, de un modo general para los órganos y funcionarios del Estado,
así como para toda persona particular.
En ese sentido en la citada resolución pronunciada en el amparo 663-2015 se señaló que
... [d]esde una perspectiva práctica, la promoción de una pretensión de amparo contra una
actuación u omisión recaída en un proceso de inconstitucionalidad contraviene el principio
constitucional de la seguridad jurídica, a cuya consecución tienden todos los procesos
jurisdiccionales. Y es que, si se permitiese la discusión ulterior en amparo sobre el contenido
esencial de las decisiones emitidas en los procesos constitucionales, se aplazaría indefinidamente
los efectos de estas, pues se generaría una incesante promoción de amparos contra las
resoluciones pronunciadas en tales los procesos.
En ese orden, el argumento de la demandante mediante el cual pretende que esta Sala
analice los criterios jurisprudenciales emitidos en las inconstitucionalidades 10-2011 y 66-2013,
bajo el pretexto de que su caso no se encuentra contemplado en las causas que
ejemplificativamente (y no de manera taxativa) se señalaron en dichas sentencias, no es atendible
pues como se expresó no es posible revisar en un proceso de amparo las decisiones emitidas en
otros procesos constitucionales, de lo contrario, se atentaría contra la seguridad jurídica.
Y es que, aun cuando la actora alega que no pretende cuestionar los criterios pronunciados
por esta Sala en los procesos de inconstitucionalidad sino que busca el análisis de las
particularidades de su caso en un proceso concreto de constitucionalidad, lo cierto es que como
se mencionó supra no se infieren las supuestas particularidades especiales de su situación, por lo
que se advierte que, en esencia, lo que intenta es que mediante el proceso de amparo se revisen
los criterios emitidos en un control abstracto de constitucionalidad, lo cual resultaría en una
afectación a la seguridad jurídica.
C. Por último, es preciso mencionar que, pese a que la demandante afirma que el TSE
rechazó su solicitud de reconocimiento como candidata independiente mediante una aplicación
... irreflexiva y desproporcional [de] algunos criterios determinados por sentencia de [esta]
Honorable Sala en procesos abstractos de inconstitucionalidad, siendo [su] caso concreto un
supuesto que se aparta de los criterios generales adoptados, a raíz de las particularidades que
circundan al mismo [mayúsculas suprimidas], se advierte que la señora Mayorga de Monterrosa
no habría expresado ante el referido ente las supuestas peculiaridades de su situación.
De acuerdo a la documentación anexa a su demanda, la peticionaria presentó dos escritos
ante el TSE: el primero, el 28 de julio de 2020 en el que informó al referido tribunal sobre su
renuncia y desafiliación del partido político ARENA y, el segundo, de 31 de julio de 2020, en el
que solicitó su reconocimiento como candidata no partidaria y la autorización de los libros
correspondientes. En ninguno de estos escritos la demandante expuso las supuestas características
distintivas de su caso que a su juicio la excluirían de los criterios jurisprudenciales y legales de
transfuguismo.
En tal sentido, no se infiere en esta etapa del proceso, que la decisión del órgano electoral
haya sido irreflexiva y desproporcional como lo afirma la actora, pues esta no puede pretender
que el TSE valore aspectos que no le fueron planteados por la parte interesada.
4. Por lo expuesto, se evidencia que los argumentos esgrimidos por la demandante
carecen de un verdadero fundamento constitucional, ya que se sustentan en una mera
inconformidad con lo resuelto por el TSE ante su solicitud de reconocimiento como candidata no
partidaria, por lo que no se observa la trascendencia constitucional del alegado agravio en la
esfera particular de la peticionaria, sino una simple inconformidad con lo resuelto por el TSE,
evidenciándose un defecto de procesabilidad en su pretensión.
De esta forma, es pertinente declarar la improcedencia de la pretensión planteada en
ampliación de la demanda presentada por la señora Mayorga de Monterrosa.
IV. Por otra parte, corresponde ahora analizar la petición de la actora orientada a que se
emita una medida cautelar en el presente caso.
1. En su escrito de ampliación de la demanda, la señora Mayorga de Monterrosa reitera su
solicitud de que se emita como medida cautelar la suspensión de la resolución de 12 de agosto de
2020 emitida por el TSE, en la que se declaró improcedente su solicitud de reconocimiento como
candidata a diputada no partidaria para los comicios que se realizarán en el 2021; asimismo,
solicita se ordene que no se le aplique el artículo 226-A CE, en el sentido de que su declaratoria
unilateral como diputada independiente, no le impida optara al cargo de diputada en los comicios
que se celebrarán el próximo año.
Al respecto, tal como se señaló en el auto de admisión de 9 de septiembre de 2020 y en
virtud del rechazo de la pretensión incorporada en la ampliación requerida, la demanda ha sido
admitida únicamente para dirimir la supuesta vulneración al derecho a obtener una resolución
motivada de la pretensora por la posible falta de fundamentación en la respuesta emitida por el
sexto secretario de la Junta Directiva de la AL a su petición. En tal sentido, el objeto de control
del presente amparo consiste en la presunta omisión de haber fundamentado suficientemente la
respuesta dirigida a la funcionaria demandante.
Ahora bien, es preciso acotar que la suspensión resulta infructuosa cuando el acto
impugnado no está produciendo efectos positivos, ya sea porque se trata de una mera omisión o
porque el contenido del acto cuya constitucionalidad se controvierte implica una negativa o una
obstaculización por parte de las autoridades decisoras en el ejercicio de los derechos
fundamentales de los agraviados artículo 19 inciso 2º de la LPC.
En virtud de lo señalado, siendo que el presente amparo se circunscribió para conocer
sobre la constitucionalidad de una posible omisión la presunta falta de fundamentación no se
ordenó una medida cautelar pues no existían situaciones que pudieran preservarse mediante la
suspensión del acto que se reclama.
2. En ese orden, al haber sido rechazada la solicitud de ampliación de la demanda, no se
advierten nuevas circunstancias que justifiquen la adopción de una medida cautelar en el presente
amparo, por lo que la petición planteada por la señora Mayorga de Monterrosa deberá ser
declarada sin lugar.
V. Finalmente, habiéndose notificado al Fiscal de la Corte del auto del 9 de septiembre de
2020 y a efectos de continuar con la tramitación de este amparo, es pertinente requerir a la
autoridad demandada que rinda un nuevo informe justificativo en los términos indicados en el
artículo 26 de la LPC.
POR TANTO, con base en las razones expuestas esta Sala RESUELVE:
1. Declárase improcedente la pretensión incorporada en la ampliación de la demanda
solicitada por la señora Carmen Milena Mayorga de Monterrosa, conocida por Carmen Milena
Mayorga Valera, en contra del Tribunal Supremo Electoral por la resolución emitida el 12 de
agosto de 2020, por la presunta vulneración de su derecho al sufragio pasivo, en virtud de que de
los argumentos planteados se sustentan en una mera inconformidad con la decisión impugnada,
de lo que no se infiere la trascendencia constitucional del supuesto agravio ocasionado.
2. Declárase sin lugar la solicitud de la parte actora orientada a que se ordene la
suspensión de los efectos del acto reclamado, por no existir situaciones que puedan preservarse
mediante la adopción de una medida cautelar y, en consecuencia, confírmase la decisión de 9 de
septiembre de 2020 en la cual se denegó la adopción de una medida cautelar en este amparo.
3. Pídase nuevo informe a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, quien deberá
rendirlo dentro del plazo de tres días, haciendo una relación pormenorizada de los hechos, con las
justificaciones que estime conveniente y certificando los pasajes en los que apoye la
constitucionalidad de la omisión reclamada.
4. Tome nota la Secretaría de esta Sala del lugar y medio técnico (correo electrónico)
señalados por la autoridad demandada para recibir notificaciones.
5. Notifíquese.
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------------A. PINEDA-----------C. SÁNCHEZ ESCOBAR----------M. DE J. M. DE T.--------------
---------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN--------
--------------------------E. SOCORRO C.---------------------RUBRICADAS------------------------------
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