Sentencia Nº 341-2014 de Sala de lo Contencioso Administrativo, 08-05-2019

341-2014

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas con cinco minutos del ocho de mayo de dos mil

diecinueve.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por TVRED,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia, TVRED, S.A. DE C.V.,

por medio de su apoderado general judicial con cláusula especial, doctor Carlos Alfredo Ramos

Contreras, posteriormente sustituido por la licenciada Carmen Elena Gomar, contra la Junta de

Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, por la supuesta

ilegalidad de la resolución T-0642-2014, emitida a las dieciocho horas del veinticinco de agosto

de dos mil catorce, mediante la cual la mencionada autoridad administrativa revocó la

resolución T-0315-2014, emitida por el Superintendente General de Electricidad y

Telecomunicaciones, a las diez horas treinta minutos del diez de abril de dos mil catorce que: (i)

modificó el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias -CNAF- en la banda de frecuencia

608-614 MHz, (ii) actualizó el CNAF en el sentido que el rango de frecuencias 608 a 614 MHz,

correspondiente al canal 37 de televisión, fuese utilizado a título primario al servicio de

RADIOASTRONOMIA, y a título secundario al servicio móvil por satélite salvo móvil

aeronáutico por satélite -tierra-espacio-, (iii) revocó parcialmente la suspensión contenida en la

resolución T-1043-2012 de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, (iv) reasignó el canal

11 de televisión a la Universidad Francisco Gavidia, con las condiciones técnicas establecidas en

la resolución que se describe, para transmisión con estándar analógico NTSC, (v) dejó libre el

rango de frecuencias 608 a 614 MHz, correspondiente al canal 37 de televisión, para que fuese

utilizado a título primario por estaciones del servicio de RADIOASTRONOMIA, y a título

secundario por estaciones del servicio móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite -

tierra-espacio-, (vi) otorgó al operador de canal 37 de televisión un plazo máximo de seis meses a

partir de la notificación de la resolución que se describe, para cesar el uso de dicho canal e iniciar

operaciones en el canal 11 de televisión, (vii) ordenó la inscripción de la modificación del CNAF

en el Registro de Electricidad y Telecomunicaciones, (viii) ordenó la publicación de dicha

resolución en lo referente a la modificación del CNAF, y (ix) ordenó la notificación al operador

del canal 37 de televisión para que hiciera uso de los recursos de ley correspondientes.

Han intervenido en el proceso: la parte actora, en la forma indicada; la Junta de Directores

de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, como parte demandada;

CANAL DOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia CANAL

DOS, S.A. de C.V., y CANAL SEIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que

se abrevia, CANAL SEIS, S.A. de C.V., por medio de su representante legal, licenciado CFAC,

YSU TV CANAL 4, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia, YSU

TV CANAL 4, S.A. de C.V., por medio de su apoderado general judicial, licenciado CFAC,

INVERSIONES DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia, INDESI, S.A. de C.V., por medio de su apoderado

general judicial, licenciado José Luis Grande Álvarez, y CANAL 12 DE TELEVISIÓN,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia, CANAL 12 DE

TELEVISIÓN, S.A. de C.V., por medio de su apoderado general judicial, licenciado Juan Carlos

Nieto Menéndez, como terceros beneficiados con el acto administrativo impugnado; y, el Fiscal

General de la República, por medio de su agente auxiliar, licenciado Herber Ernesto Montoya

Salazar.

LEÍDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:

I. El Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones -en adelante el

Superintendente-, por medio de la resolución T-1043-2012, de las once horas del dieciocho de

septiembre de dos mil doce, suspendió temporalmente la eficacia de las resoluciones T-390-2009,

T-0417-2014 y T-0535-2009, el otorgamiento de concesiones para la explotación de frecuencias

del espectro radioeléctrico, en las bandas de 54-88 MHz y 470-806 MHz, para los servicios de

difusión televisiva de libre recepción por suscripción fijo-móvil, y la tramitación de las

solicitudes de asignación de rango adicional de frecuencias, todo ello mientras se implementaba

la transición a la televisión digital en nuestro país.

Posteriormente, por medio de la resolución T-298-2014, de las once horas con quince

minutos del dos de abril de dos mil catorce, el Superintendente inició de oficio un procedimiento

administrativo para determinar la viabilidad técnica y legal del uso de la banda 608-614 MHz,

para el servicio de radiodifusión. En dicha porción del espectro radioeléctrico funcionaba el canal

37 mismo que, en ese momento, era propiedad de la Universidad Francisco Gavidia, por ser la

concesionaria que gozaba de los derechos de explotación de tal frecuencia.

Además, por medio de la resolución precitada, el Superintendente requirió a la Gerencia

de Telecomunicacionesque, en el plazo de cinco días, informara sobre la situación de la

frecuencia 608-614 MHz.

Consecuentemente, la Gerencia de Telecomunicaciones rindió el informe técnico 205/14,

de fecha nueve de abril de dos mil catorce, en el que manifestó: «(...) Esta Gerencia encuentra

factible la reasignación del canal 37 de operación actual asignado a la UNIVERSIDAD

FRANCISCO GAVIDIA, al nuevo rango de frecuencias de Canal 11, (198 a 204 MHz) para el

Servicio de Difusión Televisiva de Libre Recepción con el fin de cumplir con las normas

internacionales y evitar interferencias con los servicios asignados a la misma banda por nuestros

vecinos (…)».

Por lo anterior, la Gerencia aludida recomendó al Superintendente modificar el Cuadro

Nacional de Atribución de Frecuencias -CNAF- y revocar parcialmente la suspensión contenida

en la resolución T-1043-2012, con la finalidad de reasignar el canal 11 de televisión a la

Universidad Francisco Gavidia, confiriéndole el plazo de seis meses para cesar el uso del canal

37 de televisión e iniciar operaciones en el canal 11 de televisión.

Así, el Superintendente, por medio de la resolución T-0315-2014, de las diez horas y

treinta y un minutos del diez de abril de dos mil catorce, (i) modificó el Cuadro Nacional de

Atribución de Frecuencias -CNAF- en la banda de frecuencia 608-614 MHz, (ii) actualizó el

CNAF en el sentido que el rango de frecuencias 608 a 614 MHz, correspondiente al canal 37 de

televisión, fuese utilizado a título primario al servicio de RADIOASTRONOMÍA, y a título

secundario al servicio móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite -tierra-espacio- (iii)

revocó parcialmente la suspensión contenida en la resolución T-1043-2012 de fecha dieciocho de

septiembre de dos mil doce, (iv) reasignó el canal 11 de televisión a la Universidad Francisco

Gavidia, con las condiciones técnicas establecidas en la resolución que se describe, para

transmisión con estándar analógico NTSC, (v) dejó libre el rango de frecuencias 608 a 614 MHz,

correspondiente al canal 37 de televisión, para que fuese utilizado a título primario por estaciones

del servicio de RADIOASTRONOMÍA, y a título secundario por estaciones del servicio móvil

por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite -tierra-espacio-, (vi) otorgó al operador de canal

37 de televisión un plazo máximo de seis meses a partir de la notificación de la resolución que se

describe, para cesar el uso de dicho canal e iniciar operaciones en el canal 11 de televisión, (vii)

ordenó la inscripción de la modificación del CNAF en el Registro de Electricidad y

Telecomunicaciones, (viii) ordenó la publicación de dicha resolución en lo referente a la

modificación del CNAF, y (ix) ordenó la notificación al operador del canal 37 de televisión para

que hiciera uso de los recursos de ley correspondientes.

Ante tal resolución administrativa, las sociedades YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V. -el

veintiocho de mayo de dos mil catorce-, CANAL 12 DE TELEVISIÓN S.A. de C.V. -el treinta

de mayo de dos mil catorce-, CANAL SEIS, S.A. de C.V. -el cuatro de junio de dos mil catorce-,

INDESI, S.A. de C.V. -el nueve de junio de dos mil catorce -, y CANAL DOS, S.A. de C.V. -el

dos de julio de dos mil catorce -, interpusieron los recursos de apelación ante la Junta de

Directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones -SIGET-.

Al respecto, este último ente colegiado, por medio de la resolución T-0642-2014, de las

dieciocho horas del veinticinco de agosto de dos mil catorce -que es el acto administrativo

impugnado en este proceso-, revocó la resolución T-0315-2014, emitida por el Superintendente, a

las diez horas y treinta minutos del diez de abril de dos mil catorce.

Finalmente, para una mejor contextualización del caso, debe precisarse que la Universidad

Francisco Gavidia, en fecha nueve de abril de dos mil catorce, transfirió a TVRED, S.A. de C.V.

los derechos de la concesión de uso del rango de frecuencia correspondiente al canal 37 de

televisión, para la prestación del servicio de televisión de libre recepción. De ahí que la

mencionada sociedad, siendo titular de la explotación de la frecuencia del canal 37 y,

posteriormente, en virtud de la resolución T-0315-2014, del canal 11 de televisión, ha sido la

persona jurídica legitimada activamente para iniciar el presente proceso contencioso

administrativo.

II. La sociedad demandante afirmó que la Junta de Directores de la SIGET, al emitir el

acto administrativo impugnado,vulnerósus derechos a la seguridad jurídica, a la motivación y

congruencia de la decisión, y los artículos 17 inciso 1° de la Constitución, 13 inciso 2° de la Ley

de Creación de la SIGET -LCSIGET-,61, 81 y 126 de la Ley de Telecomunicaciones -LT-, 66 del

Código Procesal Civil y Mercantil -CPCM-, 4, 6 y 44 del Convenio Internacional de

Telecomunicaciones -CIT-, 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones -RR- y 24 de la Ley de

Procedimientos Constitucionales -L Pr. Cnales.-.

III. Por auto de las once horas cincuenta y cinco minutos del doce de septiembre de dos

mil catorce (folios 265 al 268), se admitió la demanda, se tuvo por parte a TVRED, S.A. de C.V.,

por medio de su apoderado general judicial, doctor Carlos Alfredo Ramos Contreras.

Además, en el auto relacionado se requirió de la autoridad demandada que informara

sobre la existencia del acto administrativo controvertido, la remisión del expediente

administrativo relacionado al caso, y se le confirió audiencia, por el plazo de cinco días

hábiles,para que se pronunciara respecto la petición cautelar formulada por la sociedad

demandante en su demanda.

En respuesta al primer informe requerido, la autoridad demandada confirmó la existencia

del acto administrativo impugnado (folio 271 frente y vuelto). Por otra parte, en cuanto a la

medida cautelar solicitada por la parte actora, manifestó: «(...) la Junta de Directores dejó

plasmada su postura en el acto en cuestión, pues expuso que la demandante puede continuar

operando en la banda de frecuencia originalmente concesionada. Sin embargo, la procedencia

de la medida cautelar, en base a la existencia del daño irreparable, es un aspecto que debe

valorar vuestra Honorable Sala, por ser el ente facultado para decretarla (…) respecto a la

apariencia de buen derecho, esta Junta actuó apegada a la Ley y aplicando correctamente las

disposiciones legales de la materia, por lo que entiende que no se configura este segundo

requisito (…)» (SIC) (folio 272 frente).

Por medio del auto de las doce horas y un minuto del uno de octubre de dos mil catorce

(folios 1376 al 1381), se tuvo por parte a la Junta de Directores de la SIGET, se suspendió

provisionalmente la ejecución del acto administrativo impugnado, en el sentido que la autoridad

demandada o cualquier otra autoridad administrativa de la SIGET con facultades de decisión,

dirección o ejecución, no podrían impedir a TVRED, S.A. DE C.V. -durante la tramitación de

este proceso- sus operaciones en la banda de frecuencia correspondiente al canal 11 de televisión,

de conformidad con el artículo 17 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

emitida mediante Decreto Legislativo número ochenta y uno, del catorce de noviembre de mil

novecientos setenta y ocho, publicado en el Diario Oficial número doscientos treinta y seis, Tomo

número doscientos sesenta y uno, de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y

ocho, en adelante LJCA, ordenamiento derogado pero aplicable al presente caso en virtud del

artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa vigente.

A su vez, en el auto precitado se requirió de la autoridad demandada el informe

justificativo de legalidad del acto controvertido que exige el artículo 24 de la LJCA, y se ordenó

notificar la existencia de este proceso al Fiscal General de la República y a los terceros

beneficiados con el acto administrativo impugnado.

Ante la orden cautelar emitida por este Tribunal, la Junta de Directores de la SIGET, por

medio de la resolución T-0732-2014, de las dieciséis horas con treinta minutos del dos de octubre

de dos mil catorce (folios 1392 al 1393), resolvió «(...) Acatar la medida cautelar [y] (…)

Notificar a la sociedad TVRED, S.A. de C.V. a fin de que [continuara]sus operaciones en la

banda de frecuencias correspondiente al canal 11 de televisión (…)» (folio 1393 vuelto).

Además, por medio del escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil catorce

(folios 1416 al 1433), la mencionada autoridad presentó el informe justificativo de legalidad del

acto controvertido requerido en el auto de folios 1376 al 1383.

Autónomamente, el director suplente del sector no gubernamental de la Junta de

Directores de la SIGET, señor Alonso Valdemar Saravia Mendoza, por medio de su apoderado

general judicial, licenciado Carlos Mauricio Canjura Quintanilla, en el escrito presentado el

veintitrés de octubre de dos mil catorce (folios 1435 al 1440), se apartó de los argumentos de

legalidad del acto administrativo impugnado expuestos por los restantes miembros integrantes del

ente administrativo demandado, enfatizando que su voto disidente fue anexado a la resolución T-

0642-2014. Así, el mencionado funcionario manifestó: «(...) la resolución impugnada se emitió

sobre la base y apariencia de un buen derecho y realizó un acto administrativo, que conocemos

como modificación de una concesión la cual la doctrina legal denomina “Principio de

mutabilidad” y cuya aplicación (…) como prerrogativa de la Administración, los elementos

objetivos, subjetivos y temporales definidos en el contrato, pueden ser susceptibles de

modificación directa (…)» (folio 1440 vuelto). Finalmente, el director suplente relacionado supra

solicitó intervención en la calidad indicada y que se tuviera por rendido, de su parte, el informe

requerido en el auto de las doce horas un minuto del uno de octubre de dos mil catorce (folios

1376 al 1383).

CANAL SEIS, S.A. de C.V., por medio de su representante legal, licenciado CFAC, en el

escrito presentado el doce de noviembre de dos mil catorce (folios 1448 al 1528), solicitó a este

Tribunal la inadmisibilidad de la demanda, la revocatoria de la medida cautelar ordenaday la

incorporación, como prueba, de los documentos agregados defolios1545 al 1596.

CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V., por medio de su apoderado general judicial,

licenciado Juan Carlos Antonio Nieto Menéndez, en el escrito presentado el diecisiete de

noviembre de dos mil catorce (folios 1597 al 1608), solicitó la revocatoria de la medida cautelar

ordenada.

CANAL DOS, S.A. de C.V., por medio de su representante legal, licenciado CFAC, en el

escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil catorce (folios 1617 al 1697), solicitó la

inadmisibilidad de la demanda, la revocatoria de la medida cautelar ordenada y la incorporación,

como prueba, de los documentos agregados a folios1729 al 1760.

YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V., por medio de su apoderado general judicial, licenciado

CFAC, en el escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil catorce (folios 1761 al

1844), solicitó la inadmisibilidad de la demanda, la revocatoria de la medida cautelar ordenada y

la incorporación, como prueba, de los documentos agregados a folios 1870 al 1901.

Finalmente, INDESI, S.A. de C.V., por medio de su apoderado general judicial,

licenciado José Luis Grande Álvarez, en el escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos

mil catorce (folios 1902 al 1972), solicitó la revocatoria de la medida cautelar ordenada.

Por otra parte, CANAL DOS, S.A. DE C.V., CANAL SEIS, S.A. DE C.V. y YSU TV

CANAL 4, S.A. DE C.V., con el objetivo de desacreditar los argumentos expuestos por la

sociedad actora para la procedencia de la medida cautelar ordenada, solicitaron a esta Sala que

ordenara a tal sociedad la presentación de las planillas que presenta en el Instituto Salvadoreño

del Seguro Social y los contratos individuales de trabajo, debidamente inscritos en el Ministerio

de Trabajo, de toda su planta laboral (folios 1525 frente y vuelto, 1694 frente y vuelto y 1840

vuelto y 1841 frente). Además, solicitaron a este Tribunal que requiriera del Instituto

Salvadoreño del Seguro Social una certificación de los documentos que acreditaran la fecha en

que la parte actora se inscribió al sistema de salud de dicha institución y el número de

trabajadores que reportó para los efectos del aporte patronal por la prestación social de salud

(folios 1528 frente, 1697 frente y 1843 vuelto).

Así, por medio del auto de las once horas treinta y un minutos del veintitrés de febrero de

dos mil quince -folios 1976 al 1983-, (i) se declararon sin lugar las peticiones realizadas por el

director suplente del sector no gubernamental de la Junta de Directores de la SIGET, señor

Alonso Valdemar Saravia Mendoza, (ii) se dio intervención a los terceros beneficiados con el

acto administrativo impugnado CANAL DOS, S.A. de C.V. y CANAL SEIS, S.A. de C.V., por

medio de su representante legal, licenciado CFAC, YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V., por medio

de su apoderado general judicial, licenciado CFAC, e INDESI, S.A. de C.V., por medio de su

apoderado general judicial, licenciado José Luis Grande Álvarez, (iii) se concedió audiencia a la

sociedad actora y a la autoridad administrativa demandada, por el plazo de cinco días hábiles, a

fin que se pronunciaran sobre las peticiones de los terceros beneficiados aludidos relativas a

declarar la inadmisibilidad de la demanda, revocar la medida cautelar ordenada y requerir los

documentos señalados en el párrafo anterior a la demandante, y, finalmente, (iv) se dio

intervención al delegado del Fiscal General de la República, licenciado Herber Ernesto Montoya

Salazar.

La Junta de Directores de la SIGET, por medio del escrito presentado el ocho de abril de

dos mil quince (folios 2003 al 2009), cumplió la audiencia conferida en el auto que antecede y

solicitó que se agregaran como prueba las grabaciones magnetofónicas de las audiencias

celebradas en sede administrativa, con el objeto que este Tribunal tuviera conocimiento de los

hechos acontecidos en las mismas.

La sociedad demandante, por medio de su apoderado general judicial, licenciado Carlos

Alfredo Ramos Contreras, mediante el escrito presentado el ocho de abril de dos mil quince

(folios 2012 al 2018), cumplió la audiencia conferida en el auto relacionado supra y solicitó que

se agregaran como prueba los documentos de folios 2024 al 2333.

Así, en el auto de las once horas treinta minutos del once de mayo de dos mil quince -

folios 2334 al 2358-, (i) se dio intervención, en calidad de tercero beneficiario con el acto

administrativo impugnado, a CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V., por medio de su

apoderado general judicial, licenciado Juan Carlos Antonio Nieto Menéndez, (ii) se agregaron

como prueba los documentos incorporados por la sociedad demandante a folios 2024 al 2333, y

las grabaciones magnetofónicas aportadas por la autoridad administrativa demandada, (iii) se

declaró sin lugar la inadmisibilidad de la demanda y la revocatoria de la medida cautelar

ordenada en el proceso, (iv) se confirmó dicha medida cautelar y, finalmente, (v) se abrió a

prueba el proceso de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la LJCA.

En esta etapa, la sociedad demandante, por medio de su apoderado general judicial,

licenciado Carlos Alfredo Ramos Contreras, manifestó: «(...) corre agregada en autos la

certificación íntegra de los expedientes administrativos, remitida por la referida Junta de

Directores mediante escrito de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, en la cual

consta fehacientemente el acto administrativo impugnado mediante este proceso; y, además

también corren agregados en autos, los informes rendidos por la autoridad demandada

confesando la existencia de tal acto, con una pretendida justificación del mismo, que no logra

desproveerlo de su ostensible ilegalidad (…) Por lo anterior, os pido atentamente que, al

momento de pronunciar la sentencia definitiva de mérito, le reconozcáis a la referida

documentación, el valor probatorio que le corresponde (…)» (folio 2367).

A su vez, CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V., por medio de su apoderado

general judicial, licenciado Juan Carlos Antonio Nieto Menéndez, en el escrito presentado el

dieciocho de junio de dos mil quince (folio2368), solicitó que se tuviera por desistida su

intervención como tercero beneficiario en el presente proceso, ello, dado que «(...) ya no tiene

interés en continuar interviniendo (…) por considerar que la resolución T-0315-2014 (…) no

genera ningún tipo de agravio [en su] contra (…)» (SIC) (folio 2368).

La Junta de Directores de la SIGET, por medio del escrito presentado el dieciocho de

junio de dos mil quince (folios 2369 al 2373), solicitó que se valorara como prueba la

certificación del expediente administrativo incorporado al proceso y los documentos agregados a

folios 2374 al 2440.

CANAL DOS, S.A. de C.V., CANAL SEIS, S.A. de C.V., y YSU TV CANAL 4, S.A. de

C.V., no hicieron uso de la etapa probatoria.

Por medio del auto de las once horas cincuenta y siete minutos del veintiséis de agosto de

dos mil quince (folios 2441 y 2442), se declaró sin lugar la solicitud de desistimiento presentada

por CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V., en su calidad de tercero beneficiado con el acto

administrativo impugnado, ello, dado que -según se argumentó en el auto relacionado- el

ejercicio de tal figurano correspondía, según ley, a este sujeto procesal debido a su posición

frente a la pretensión.

Finalmente, se corrieron los traslados que ordena el artículo 28 de la LJCA, con los

siguientes resultados.

La sociedad demandante no presentó sus alegatos finales a pesar de la legal notificación

del auto que ordenaba el traslado respectivo, tal como consta a folio 2444.

La Junta de Directores de la SIGET ratificó los argumentos de legalidad del acto

administrativo impugnado, expuestos en el informe presentado el veintitrés de octubre de dos mil

catorce (folios 2446 al 2452).

El Fiscal General de la República, por medio de su agente auxiliar, licenciado Herber

Ernesto Montoya Salazar, expuso que la autoridad demandada actuó con base a las facultades que

el ordenamiento jurídico le confiere, concretamente,conforme con lo establecido en el artículo 13

de la LCSIGET que la faculta a conocer de los recursos de apelación interpuestos por CANAL 12

DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V., CANAL DOS, S.A. de C.V., CANAL SEIS, S.A. de C.V.,

INDESI, S.A. de C.V., y YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V.

Agregó, además, que la resolución T-0315-2014no se publicó íntegramente en el Diario

Oficial, vulnerándose con ello el artículo 61 de la LT.

Respecto a la falta de legitimación de los terceros beneficiados con el acto impugnado

para intervenir en sede administrativa -alegación de la parte actora-, la representación fiscal

manifestó «(...) dichas sociedades sí tienen un interés legítimo y directo, que les ampara para

que su caso fuera conocido en sede administrativa, y se demuestra al considerar, que dichas

sociedades son concesionarias del espectro radioeléctrico, por tanto son titulares del derecho a

la explotación de las frecuencias asignadas. Por tanto cualquier cambio modificación de

frecuencia, o posición en el dial o banda, se les debe garantizar ese derecho en hacer del

conocimiento por medio de un debido proceso, donde puedan tener el derecho de audiencia y de

defensa; y de igualdad (…)» (SIC) (folio 2466).

Finalmente, en lo relativo a la “reasignación” del canal 11 de televisión efectuada por el

Superintendente, la representación fiscal expuso: «(...) el canal de televisión abierta que debió de

sustituir al canal 37, debió ser uno que respondiera a condiciones similares a éste, y su

utilización o transmisión de ser en la BANDA UHF, lo cual no sucedió, ya que el

Superintendente (…) le “reasignó” el CANAL 11, en canal distinto con mejores condiciones al

del Canal 37 y que opera en una banda distinta a la UHF, como lo es la banda VHF (…) antes

de haberle asignado el canal 11 al concesionario del Canal 37, debió proceder de oficio, abrir el

procedimiento correspondiente a la reasignación de otras frecuencias y de aquellos canales que

se encuentran dentro del rango de frecuencias (…) que caerán en desuso para los servicios de

difusión televisa con la entrada de la Televisión Terrestre Digital (…)» (SIC) (folio 2466 vuelto

al 2467 frente).

Por otra parte, CANAL DOS, S.A. de C.V.,CANAL SEIS, S.A. de C.V., por medio de su

representante legal, licenciado CFAC, y YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V., por medio de su

apoderado general judicial, licenciado CFAC, todos terceros beneficiados con el acto

administrativo impugnado, mediante el escrito presentado el once de mayo de dos mil dieciséis

(folios 2469 al 2518), contestaron el traslado conferido.Además, en dicho escrito solicitaron (i) la

revisión del criterio jurisprudencial adoptado en el presente proceso, respecto al agotamiento de

la vía administrativa como requisito de procesabilidad para la promoción de la acción

contencioso administrativo, (ii) la inadmisibilidad de la demanda,y (iii) la revocatoria de la

medida cautelar decretada en el ordinal cuarto de la parte resolutiva del auto de las doce horas un

minuto del uno octubre de dos mil catorce (folios 1376 al 1383).

Tales peticiones fueron declaradas sin lugar en las resoluciones emitidas por esta Sala a

las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, y

a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete

(folios 2523 al 2528 y 2595 al 2598).

CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V. e INDESI, S.A. de C.V. no presentaron sus

alegatos finales a pesar de la legal notificación del traslado respectivo, tal como consta a folios

2454 y 2455.

IV. Precisadas las actuaciones procesales del presente caso, corresponde a esta Salaemitir

la decisión sobre el fondo de la controversia.

La sociedad demandante afirmó que la Junta de Directores de la SIGET, al emitir el acto

administrativo impugnado, vulneró sus derechos a la seguridad jurídica, a la motivación y

congruencia de la decisión, y los artículos 17 inciso 1° de la Constitución, 13 inciso 2° de la Ley

de Creación de la SIGET -LCSIGET-, 61, 81 y 126 de la Ley de Telecomunicaciones -LT-, 66

del Código Procesal Civil y Mercantil -CPCM-, 4, 6 y 44 del Convenio Internacional de

Telecomunicaciones -CIT-, 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones -RR- y 24 de la Ley de

Procedimientos Constitucionales -L Pr. Cnales.-.

A. Vulneración de los artículos 13 inciso 2° de la LCSIGET, 17 inciso 1° de la

Constitución, 61 y 81 de la LT y el derecho a la seguridad jurídica.

1. La demandante manifestó que en el procedimiento de reasignación de frecuencias que

finalizó con la emisión de la resolución T-0315-2014, emitida por el Superintendente, no era

exigible por “legislación alguna” la notificación de tal acto administrativo a CANAL DOS, S.A.

DE C.V., YSU TV CANAL 4, S.A. DE C.V., CANAL SEIS, S.A. DE C.V., CANAL 12 DE

TELEVISIÓN, S.A. DE C.V., e INDESI, S.A. DE C.V., o su publicación en el Diario Oficial.

A pesar de lo anterior, indicó la parte actora, la resolución T-0315-2014 se hizo de

“conocimiento público” a partir del veintidós de mayo de dos mil catorce, a través de diversos

medios de comunicación escritos y televisivos en los que se difundieron “noticias periodísticas”

sobre la reasignación del canal 11 de televisión (folio 9 vuelto). En este sentido, la “posibilidad”

de los operadores relacionados en el párrafo anterior para interponer un recurso de apelación

contra la mencionada resolución T-0315-2014, se habilitó durante los tres días posteriores a la

fecha indicada.

En este orden de ideas, la impetrante señaló que los operadores aludidos, en fechas dos de

julio, veintiocho de mayo, cuatro de junio, treinta de mayo, y nueve de junio de dos mil catorce,

respectivamente, interpusieron recursos de apelación contra la resolución T-0315-2014, los

cuales debían declarase inadmisibles por encontrarse fuera del plazo de impugnación que habilita

la ley. Sin embargo, tales recursos fueron admitidos por la autoridad demandada “(...) en el

entendido que los recurrentes se encontraban dentro del plazo legal para su interposición, y para

sostener ello, incluso se afirma que la contabilización del plazo se realizó “desde el momento en

que cada empresa manifestó y comprobó haber tenido conocimiento del acto recurrido”,

situación que, a juicio de la Autoridad Demandada, se da a partir del día siguiente en que el

Registro de Electricidad y Telecomunicaciones extendió a algunos operadores certificación de la

resolución del Superintendente No. T-0315-2014, o en otros casos desde la publicación de dicho

acto (…) concluyendo la Junta de Directores que “no es posible afirmar que la resolución

impugnada (…) ya ha causado estado” (…)» (SIC) (folio 9 frente).

La parte demandante indicó que «(...) la Autoridad Demandada, en franca inobservancia

del derecho a la seguridad jurídica, pronunció el Acto Reclamado en este proceso como

culminación de un recurso de apelación que debió declararse inadmisible, a pesar de hallarse

ejecutoriada la resolución de reasignación (…) de forma previa a los recursos de apelación

interpuestos por los terceros beneficiados en este proceso (…)» (SIC) (folios 11 frente).

Además, advirtió que la Junta de Directores de la SIGET, al resolver los recursos de

apelación interpuestos, «(…) declaró la ilegalidad de un acto que por haber adquirido firmeza de

acuerdo a la Ley ya [había generado]derechos (…) y sobre el cual (…) no podía ya pronunciarse

de ninguna manera (…)»(SIC) (folio 12 vuelto).

Por otra parte, la impetrante señaló que la autoridad demandada pretendió dar un sentido

distinto al artículo 61 de la LT, ello, dado que «(...) dicha disposición es clara en cuanto a que

las únicas resoluciones que deben publicarse son las que la Ley o el Reglamento disponen. En

ese sentido, el Superintendente actuó apegado a dicha disposición, pues ciertamente publicó la

actualización del CNAF, que es a lo único que obliga el Art. 11 de la Ley de Telecomunicaciones

en relación con el Art. 61 de la misma Ley (…)» (SIC) (folio 13 frente).

Asimismo, puntualizó que no es válida la interpretación realizada por la autoridad

demandada respecto a que “las resoluciones complejas y que resuelven una variedad de

cuestiones” -como la resolución T-0315-2014-, deben publicarse de manera íntegra, ya que «(...)

lo que la norma dispone en el Art. 11 de la Ley de Telecomunicaciones es que el CNAF sea

público, no pudiendo entenderse de ninguna forma el absurdo de que por el hecho de estar en la

misma resolución una actualización del CNAF junto con providencias de índole distinta existe

obligatoriedad de mandar a publicar asuntos distintos a dicha modificación. Y lo más grave aún,

que aun cumpliéndose el requisito legal, se invalide el acto por no publicar tópicos que la ley no

manda a que sean públicos (…)» (SIC) (folio 13 vuelto al 14 frente).

La sociedad demandante concluyó que «(...) una fuente normativa como resultan ser las

resoluciones del Superintendente o aún las de la Junta Directiva, no poseen jerarquía normativa

para contrariar el producto de la actividad formalmente legislativa, y en particular, el Art. 113

de la Ley de Telecomunicaciones, que faculta al Superintendente para realizar oficiosamente

cambios en el CNAF. Es por lo expuesto que (…) exigir la publicación de la resolución de

reasignación, como aduce la Autoridad Demandada, trasgrede el Art. 61 de la Ley de

Telecomunicaciones (…)» (SIC) (folio 15 frente).

2. En defensa de la legalidad del acto administrativo impugnado, la Junta de Directores de

la SIGET manifestó que la impetrante desconoce la naturaleza de la resolución T-0315-2014

recurrida en apelación, siendo relevantes la multiplicidad de las decisiones que contiene y “la

vinculación y concatenación de la validez de las mismas”.

La autoridad demandada señaló que « (…) el CNAF tiene una naturaleza normativa y por

lo tanto es un documento público, según lo instaura el artículo 11 de la Ley de

Telecomunicaciones, por lo que las modificaciones del referido cuerpo normativo deben ser

publicadas para asegurar su conocimiento por los destinatarios de las mismas y de los

operadores del sector en general, de conformidad a la normativa sectorial (…)» (SIC) (folio

1426 vuelto). Así, indicó: «(...) si la aplicación de una modificación del CNAF se enlaza a su

publicación en el Diario Oficial, tal situación conlleva a la certeza que las demás resoluciones

vinculadas con dicho cambio no pueden adquirir firmeza alguna antes de tal fecha, pues tienen

como base legal dicha reforma en la normativa para surtir efectos» (folio 1426 vuelto).

La Junta Directiva de la SIGET agregó que del texto de la resolución T-0315-2014 se

advierte que el cambio de naturaleza y destino de la banda de frecuencia en la que operaba la

Universidad Francisco Gavidia -canal 37- fue el fundamento de la decisión del Superintendente

para “reasignar” la concesión y otorgar derechos sobre la banda de frecuencia correspondiente al

canal 11 de televisión. Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial los días veintidós y

veinticuatro de abril de dos mil catorce, pero el primero de dichos ejemplares salió a circulación

hasta el día veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Por lo anterior, la autoridad administrativa demandada expuso que el plazo de tres días

para cuestionar la legalidad de la decisión -por medio del recurso administrativo de apelación-

inició el veintiocho de mayo de dos mil catorce y finalizó el treinta y uno de mayo de dos mil

catorce, «(...) En tal sentido, la Junta de Directores de la SIGET con la vista de certificación de

la fecha en que salió a circulación el ejemplar del Diario Oficial en el cual se publicó la

resolución No. T-0315-2014 y ante la interposición del recurso de apelación de YSU TV CANAL

4, S.A. de C.V. y CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V. dentro del plazo que la Ley de

Creación de la SIGET prescribe, llegó a la conclusión que eran admisibles tales recursos. Cabe

aclarar que, de la vista del texto original de la resolución y de lo publicado en el Diario Oficial

la Junta se advirtió que tal publicación no era fiel con su original, situación especial que habilitó

a la admisión de los demás recursos de apelación relacionados en el caso (…) los cuales se

interpusieron después de los tres días que siguieron a la certificación emitida por el Registro de

Electricidad y Telecomunicaciones (…)» (SIC) (folio 1427 frente).

En este orden, indicó la parte demandada, los recursos de apelación en sede administrativa

fueron debidamente admitidos, ya que a las fechas de su interposición la resolución T-0315-2014

aún no había adquirido firmeza, conforme a lo establecido en la normativa sectorial.

Por otra parte, la autoridad demandada manifestó que la obligación del Superintendente de

publicar ciertas resoluciones se fundamenta en los principios de igualdad y seguridad jurídica que

inspiran la legislación sectorial, y que son los artículos 61 y 78 de la LT los que instauran la

obligación de publicar las solicitudes relacionadas con concesiones del espectro radioeléctrico,

con la finalidad de dar a conocer “la intención de otorgar derechos de explotación sobre alguna

parte del espectro” y que algún interesado presente su oposición a tal concesión.

Dicha autoridad administrativa señaló, además, que el Superintendente, por medio de la

resolución T-1043-2012, resolvió «(...) Suspender el otorgamiento de concesiones para la

explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico, en las bandas de 54-88 MHz y 470-806

MHz, para los servicios de Difusión Televisiva de Libre Recepción, por Suscripción y Fijo-Móvil

(…)» (SIC) (folio 1428 frente). En este sentido, “por la importancia y efectos de su contenido”, la

resolución precitada “(...) se publicó en el Diario Oficial Número 178, Tomo No. 396, del

veinticinco de septiembre de dos mil doce; y, además, en un periódico de circulación nacional

(…) el veinte de septiembre de dos mil doce. Tales publicaciones se [dieron] en virtud del

contenido de la misma y la multiplicidad de operadores del sector interesados en el otorgamiento

de concesiones y asignación de rango de frecuencias (…)» (SIC) (folio 1428 frente). Sin

embargo, la posterior resolución T-0315-2014 emitida por el mismo Superintendente mediante la

cual revocó la resolución T-1043-2012, no se publicó ni notificó a los sujetos afectados con su

contenido, es decir, a todos aquellos operadores cuyos trámites de concesión se habían

suspendido.

En este sentido, estableció la mencionada autoridad, cualquier decisión administrativa que

modificara la resolución T-1043-2012 “debía tener el mismo nivel de publicidad, lo que equivale

a ser publicada en el Diario Oficial y en un medio de circulación nacional, en las condiciones que

establece el artículo 61 de la Ley de Telecomunicaciones” (folio 1428 vuelto).

Respecto a la reasignación del canal 11 de televisión, la autoridad demandada puntualizó

que tal modificación «(...) no era viable sin antes dejar sin efecto la resolución No. T-1043-2012,

ya que la orden de suspensión era un impedimento real para que se le diera a la concesionaria,

derechos de explotación sobre el canal 11 (…) De ahí que, el Superintendente entendió que con

la emisión del acto controvertido [por medio de los recursos de apelación administrativos] superó

la problemática pues manifestó «c) Revóquese parcialmente la suspensión contenida en la

resolución T-1043-2012 (…)», pero tal impase no se venció como se pretendía, pues cuando

manifiesta revocar parcialmente lo ordenado por la resolución No. T-1043-2012, omite

determinar qué es lo que “revoca parcialmente” (…)» (SIC) (folio 1428 vuelto).

En suma, la Junta de Directores de la SIGET concluyó que la decisión adoptada en la

resolución T-0315-2014 por el Superintendente carece de un presupuesto necesario para su legal

emisión, ya que “no existe certeza sobre los alcances de la revocación parcial de la suspensión de

la resolución No. T-1043-2012, pues ésta no se hizo respetando el principio de transparencia e

igualdad, como tampoco la especificidad requerida para el caso” (SIC) (folio 1429 frente).

3. Los terceros beneficiados con el acto administrativo impugnado indicaron que no es

cierto que la Junta de Directores demandada abrió un procedimiento administrativo que ya se

encontraba fenecido, ello, dado que la resolución T-0315-2014 emitida por el Superintendente no

había adquirido firmeza (folios 1510 vuelto, 1679 vuelto, 1826 frente).

Los terceros afirmaron que se encontraban “dentro del plazo legal para recurrir”, pues el

cómputo del mismo se hizo a “partir de la notificación por parte de la Administración, entiéndase

el Registro” de las certificaciones de la resolución precitada (folios 1513 frente, 1682 frente,

1828 vuelto).

Por otra parte, respecto a la “falta de publicación del texto íntegro de la resolución T-

0315-2014, los terceros expresaron que “no existe ningún argumento que pueda justificar la falta

de publicación de los actos administrativos, cuya finalidad descansa en el principio de

transparencia de los actos emitidos por los funcionarios públicos” (folios 1515 vuelto, 1684

vuelto, 1831 frente).

4. Precisados los argumentos de las partes y terceros beneficiados con el acto

administrativo impugnado, esta Sala hace las siguientes consideraciones.

i. En la resolución T-0390-2009, de las quince horas del veintidós de abril de dos mil

nueve (folios 1549 vuelto al 1554 frente), al analizar la futura introducción de la televisión digital

en nuestro país, el Superintendente consideró -con fundamento en el informe técnico AE-288-A,

de fecha tres de abril de dos mil nueve, emitido por la Gerencia de Telecomunicaciones de la

SIGET- que existía la necesidad de ordenarlas medidas necesarias que permitieran la efectiva

conversión de la televisión analógica a la digital, con el objeto que todos los concesionarios del

servicio de difusión de televisión de libre recepción realizaran su planificación, calendarización y

preparación de sus sistemas y equipos para la denominada “era de la televisión digital”.

Por lo anterior, en la misma resolución, el Superintendente resolvió: “(...) a) Suspéndase

el otorgamiento de concesiones para la explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico,

en las bandas de 54-88 MHz, 174-216 MHz y 470-806 MHz, para los servicios de Difusión

Televisiva de Libre Recepción, por Suscripción y Fijo-Móvil, hasta que se concluya el proceso de

migración al esquema donde sólo existan emisiones de Televisión Terrestre Digital (TTD); b)

Determínense los aspectos básicos a considerar para la migración del servicio de difusión

televisiva de libre recepción, del esquema analógico al digital, de la siguiente manera: (…) 2. La

SIGET otorgará a los operadores del servicio de difusión de televisión de libre recepción que lo

soliciten, aplicando el principio de prioridad y de acuerdo a la disponibilidad y factibilidad

técnica, un rango adicional de frecuencias de 6 MHz, a través del cual deberán transmitir en

TTD simultáneamente la misma programación transmitida en el canal analógico, respetando el

área de cobertura asignada, a fin de garantizar la continuidad del servicio de televisión

analógica durante el período de transición y facilitar la implementación de la Televisión

Terrestre Digital (TTD). La transmisión en TTD simultánea puede ser total o parcial en la

programación y en el área de cobertura asignada (…) 3. Todo operador del servicio de difusión

de televisión de libre recepción interesado en adquirir un rango adicional de frecuencias de 6

MHz, deberá presentar solicitud a la SIGET que cumpla con los requisitos que determina la Ley

de Telecomunicaciones (…) 4. Siempre que se determine que existe disponibilidad y factibilidad

técnica, la SIGET otorgará el rango adicional de frecuencias de 6MHz solicitado con carácter

temporal (…) c) Actualícese el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias -CNAF-,

conforme a los términos y condiciones determinados en esta resolución (…) e) Notifíquese a

todos los concesionarios del servicio de difusión de televisión de libre recepción (…)» (SIC)

(folio 1553 frente y vuelto) (el subrayado es propio).

Posteriormente, por medio de la resolución T-0417-2009, de las ocho horas y cincuenta

minutos del seis de mayo de dos mil nueve (folios 1556 vuelto al 1559 vuelto), el

Superintendentemodificó el CNAF en las bandas de frecuencia de 54-88 MHz, 174-216 MHz y

470-806 MHz, conforme con los parámetros establecidos en la resolución T-0390-2009, y ordenó

la publicación de tal resolución en el Diario Oficial.

Así, CANAL DOS, S.A. de C.V., YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V., CANAL SEIS, S.A.

de C.V., CANAL 35, S.A. de C.V. y ALQUILERES E INVERSIONES S.A. de C.V. -el

veintinueve de abril de dos mil nueve -, MASTER COMMUNICATIONS, S.A. de C.V. -el

treinta de abril de dos mil nueve-, MISIÓN BAUTISTA INTERNACIONAL DE EL

SALVADOR -el siete de mayo de dos mil nueve -, LARM y RAR -el catorce de mayo de dos mil

nueve -, y MISIÓN CRISTIANA ELIM-el veintiuno de mayo de dos mil nueve-, solicitaron a la

SIGET la asignación de un rango adicional de frecuencias para realizar pruebas de transmisión de

televisión terrestre digital, conforme con los parámetros establecidos en la resolución T-0390-

2009.

Con posterioridad, por medio de la resolución T-1043-2012, de las once horas del

dieciocho de septiembre de dos mil doce (folios 1564 al 1568), el Superintendente [con

fundamento en el informe técnico AE-0293/2012-observaciones al proceso de migración del

servicio de difusión televisiva de libre recepción del esquema analógico al digital-] manifestó:

«(...) En atención a la trascendencia de la radiodifusión televisiva de libre recepción es

necesario que diversos agentes de la sociedad se involucren en la definición del estándar que

debe ser adoptado para este proceso de convergencia, a fin de alcanzar la propuesta más ad hoc

a las particularidades de El Salvador (…) Se ha podido comprobar que no hubo participación de

la sociedad en general respecto de la definición del estándar único en Televisión Terrestre

Digital adoptado mediante la resolución T-0390-2009. En este sentido, se hace necesario

establecer los criterios esenciales que debería contener una decisión de esta magnitud: Un

menor costo y mayor facilidad de adopción para el público; aquel escenario que involucre la

menor cantidad de incertidumbres; y las mejores posibilidades de desarrollo acordes al medio

nacional. Por lo expuesto, deben suspenderse temporalmente los efectos de dicha resolución, así

como los de las resoluciones (…) T-0417-2009 y T-0535-2009. En igual sentido deberán

suspenderse el otorgamiento de concesiones para la explotación de frecuencias del espectro

radioeléctrico, en las bandas de 54-88 MHz, 174-216 MHz y 470-806 MHz, para los servicios de

Difusión Televisiva de Libre Recepción (…)» (SIC) (folio 1568).

En este orden, el Superintendente, en la resolución precitada, resolvió: «(...) a) Suspender

temporalmente los efectos de las siguientes resoluciones: i) T-390-2009 (…) ii) T-0417-2009 (…)

y, iii) T-0535-2009 (…); b) Suspender el otorgamiento de concesiones para la explotación de

frecuencias del espectro radioeléctrico, en las bandas de 54-88 MHz, 174-216 MHz y 470-806

MHz, para los servicios de Difusión Televisiva de Libre Recepción, por Suscripción y Fijo-

Móvil; c) Suspender las solicitudes de asignación de rango adicional de frecuencias

identificadas en el Considerando IX de esta resolución; d) Conformar una Comisión para la

implementación de la TV Digital en El Salvador, coordinada por SIGET e integrada por distintos

sectores de la industria; y, e) Publicar (…)» (SIC) (folio 1568 vuelto).

Consecuentemente, el Superintendente, por medio de la resolución T-0298-2014, de las

once horas con quince minutos del dos de abril de dos mil catorce (folios 2377), al analizar la

banda de frecuencia 608-614 MHz, determinó que según el Reglamento de

Radiotelecomunicaciones de la UIT, dicha banda debía estar atribuida a título primario al servicio

de Radioastronomía, y a título secundario al servicio móvil por satélite salvo móvil aeronáutico

por satélite. Sin embargo, en nuestro país, dicha frecuencia se encontraba asignada al servicio de

Radiodifusión. Por ello, la autoridad administrativa aludida resolvió: «(...) a) Iníciese el

procedimiento para determinar la viabilidad técnica y legal del uso de la banda de 608 a 614

MHz para el servicio de RADIODIFUSIÓN. b) Requiérase informe técnico a la Gerencia de

Telecomunicaciones, referente a la situación actual del uso de la banda de 608 a 614 MHz para

el servicio de RADIODIFUSIÓN (Canal 37) tal como lo establece actualmente el Cuadro

Nacional de Atribución de Frecuencias -CNAF- y, de acuerdo con el resultado del mismo, la

posible factibilidad de reasignar al concesionario actual de la citada banda, un canal alternativo

para seguir operando la concesión del servicio de RADIODIFUSIÓN. Dicho informe deberá ser

rendido en un plazo no mayor a cinco días hábiles (…)» (SIC) (folio 2377 vuelto).

La Gerencia de Telecomunicaciones de la SIGET, al rendir el informe técnico 205/14, de

fecha nueve de abril de dos mil catorce (folios 2379 al 2384), recomendó: «(...) Modificar el (…)

CNAF, en la banda de frecuencia 608-614 MHz (…) Actualizase el CNAF en el sentido que el

rango de frecuencias 608-614 MHz, correspondiente al canal 37, sea utilizado a título primario

al servicio de RADIOASTRONOMÍA, y a título secundario a el servicio Móvil por satélite salvo

móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) (…) Revocar parcialmente la suspensión

contenida en la resolución T-1043-2012 (…) con la finalidad de reasignar el canal 11 de

televisión a la UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA (…)» (SIC) (folio 2384).

En este punto debe precisarse que en la misma fecha, es decir, el nueve de abril de dos mil

catorce, la Universidad Francisco Gavidia transfirió a TVRED, S.A. de C.V., por medio del

contrato respectivo, los derechos de la concesión de uso del rango de frecuencia correspondiente

al canal 37 de televisión, para la prestación del servicio de televisión de libre recepción (folios

150 al 155). Consecuentemente, tal contrato fue presentado en el Registro de Electricidad y

Telecomunicaciones, el mismo día nueve abril de dos mil catorce (folio 149)

Ahora bien, con base en el informe técnico relacionadosupra, el Superintendente, por

medio de la resolución T-0315-2014, de las diez horas y treinta minutos del diez de abril de dos

mil catorce (folios 2424 al 2427), (i) modificó el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias -

CNAF- en la banda de frecuencia 608-614 MHz, (ii) actualizó el CNAF en el sentido que el

rango de frecuencias 608 a 614 MHz, correspondiente al canal 37 de televisión, fuese utilizado a

título primario al servicio de RADIOASTRONOMÍA, y a título secundario al servicio móvil por

satélite salvo móvil aeronáutico por satélite -tierra-espacio-, (iii) revocó parcialmente la

suspensión contenida en la resolución T-1043-2012 de fecha dieciocho de septiembre de dos mil

doce, (iv) reasignó el canal 11 de televisión a la Universidad Francisco Gavidia, con las

condiciones técnicas establecidas en la resolución que se describe, para transmisión con estándar

analógico NTSC, (v) dejó libre el rango de frecuencias 608 a 614 MHz, correspondiente al canal

37 de televisión, para que fuese utilizado a título primario por estaciones del servicio de

RADIOASTRONOMÍA, y a título secundario por estaciones del servicio móvil por satélite salvo

móvil aeronáutico por satélite -tierra-espacio-, (vi) otorgó al operador de canal 37 de televisión un

plazo máximo de seis meses a partir de la notificación de la resolución que se describe, para cesar

el uso de dicho canal e iniciar operaciones en el canal 11 de televisión, (vii) ordenó la inscripción

de la modificación del CNAF en el Registro de Electricidad y Telecomunicaciones, (viii) ordenó

la publicación de dicha resolución en lo referente a la modificación del CNAF, y (ix) ordenó la

notificación al operador del canal 37 de televisión para que hiciera uso de los recursos de ley

correspondientes.

Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial número 71, tomo N° 403, del

veintidós de abril de dos mil catorce, el cual salió a circulación el veintisiete de mayo de dos mil

catorce (folio 490), de la forma siguiente: «(...) EL INFRASCRITO SUPERINTENDENTE

GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, CERTIFICA: Que esta

Superintendencia emitió la resolución No. T-0315-2014 de fecha diez de abril del año dos mil

catorce, cuya parte resolutiva que literalmente dice: (…) RESUELVE (…) a) Modificase el

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, CNAF, en la banda de frecuencia de 608-614

MHz (…) b) Actualizase el CNAF en el sentido que el rango de frecuencias 608 a 614 MHz,

correspondiente al canal 37, sea utilizado a título primario al servicio de RADIOASTRONOMÍA,

y a título secundario a el servicio Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-

espacio). c) Publicar (…) Es conforme con su original con el cual se confrontó y para ser

presentado en el Diario Oficial, extiendo la presente en la ciudad de San Salvador, a los

veintidós días del mes de abril del año dos mil catorce (…)» (SIC) (folio 418).

Finalmente, el contrato por medio del cual la Universidad Francisco Gavidia transfirió a

TVRED, S.A. de C.V. los derechos de la concesión de uso del rango de frecuencia

correspondiente al canal 37 de televisión, fue inscrito a las once horas con veinte minutos del diez

de abril de dos mil catorce, según consta en la ficha de inscripción firmada por la registradora

correspondiente, agregada a folio 148 del expediente judicial.

ii. Pues bien, las suspensiones ordenadas en la resolución T-1043-2012 impedían, en lo

relevante al presente caso: (a) el otorgamiento de concesiones para la explotación de frecuencias

del espectro radioeléctrico, en las bandas de 54-88 MHz, 174-216 MHz y 470-806 MHz, para los

servicios de Difusión Televisiva de Libre Recepción, por Suscripción y Fijo-Móvil, y (b) la

tramitación de solicitudes de asignación de un rango adicional de frecuencias para realizar

pruebas de transmisión de televisión terrestre digital de diversos operadores.

Pero es el caso que el Superintendente -según el contenido de la resolución T-0315-2014-

decidió: (i) “revocar parcialmente los efectos de la resolución T-1043-2012” sin especificar el

alcance de tal revocatoria y (ii) reasignar a la Universidad Francisco Gavidia el canal 11 de

televisión.

Así, CANAL DOS, S.A. de C.V., YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V., CANAL SEIS, S.A.

de C.V., CANAL 12 DE TELEVISIÓN S.A. de C.V. e INDESI, S.A. de C.V., impugnaron la

resolución T-0315-2014, ello, dado que las decisiones contenidas en la misma generaron

incertidumbre sobre la vigencia de las suspensiones contenidas en la resolución T-1043-2012.

Establecido lo anterior esta Sala constata, también, que el Superintendente, en la parte

resolutiva de la resolución T-0315-2014, ordenó la publicación -en el Diario Oficial-

únicamentede la modificación del CNAF, omitiendo la publicación las demás decisiones

administrativas adoptadas en dicha resolución, específicamente, aquéllas que revocaron

parcialmente las suspensiones contenidas en la resolución T-1043-2012y a partir de las cuales se

favoreció exclusivamente la reasignación del canal 11 de televisión.

Ello se comprueba a partir de la publicación de la resolución precitadaen el Diario Oficial

N° 71, tomo N° 403, de fecha veintidós de abril de dos mil catorce, el cual salió a circulación el

veintisiete de mayo de dos mil catorce, y que ha sido transcrita en el apartado i.supra.

Lógicamente, todas las decisiones administrativas contenidas en la resolución T-0315-

2014 afectaban la esfera jurídica de los operadores relacionados supra, en los términos expuestos.

Precisamente esta relación de afectación material permite que tales operadores se instituyan como

sujetos con un interés legítimo frente a la resolución T-0315-2014.En este sentido, en aplicación

directa de la Constitución -artículo 11, derecho de defensa- tales sociedades debían ser puestas en

conocimiento de los fundamentos a partir de los cuales el Superintendente decidió (i) “revocar

parcialmente los efectos de la resolución T-1043-2012” sin especificar el alcance de tal

revocatoria y (ii) reasignar a la Universidad Francisco Gavidia el canal 11 de televisión.

Consecuentemente, el Superintendente estaba obligado a notificar la resolución T-0315-

2014 de manera íntegra a CANAL DOS, S.A. de C.V., YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V.,

CANAL SEIS, S.A. de C.V., LARM, RAR, CANAL 35, S.A. de C.V., ALQUILERES E

INVERSIONES, S.A. de C.V., MASTER COMMUNICATIONS, S.A. de C.V., MISIÓN

BAUTISTA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MISIÓN CRISTIANA ELIM y, además,

a CANAL 12 DE TELEVISIÓN S.A. de C.V. e INDESI, S.A. de C.V.

En este punto conviene señalar que los hechos que la actora trae a colación en su demanda

para establecer que la resolución T-0315-2014 fue del conocimiento de los operadores

relacionados, no constituyen actos formales de notificación.

Concretamente, la parte demandante indicó que la resolución señalada se hizo de

“conocimiento público” a partir del veintidós de mayo de dos mil catorce, a través de diversos

medios de comunicación escritos y televisivos en los que se difundieron “noticias periodísticas”

sobre la reasignación del canal 11 de televisión (folio 9 vuelto).

Al respecto, es criterio de esta Sala que tales “noticias periodísticas” (folio 9 vuelto), bajo

el formato que sean, no pueden constituir verdaderos actos de notificación revestidos con las

garantías mínimas que el ordenamiento jurídico exige.

Ahora, la impetrante señaló en su demanda que “la fecha a partir de la cual hubiese

podido nacer a la vida jurídica la posibilidad de impugnar la resolución T-0315-2014 -por parte

de los terceros beneficiados- fue desde la fecha en que la decisión se hizo del conocimiento

público” en diversos medios de comunicación (folio 8 vuelto). Para sustentar dicho

argumentocitó la resolución de las once horas del cuatro de mayo de dos mil doce, emitida por la

Sala de lo Constitucional de esta Corte, en el proceso de inconstitucionalidad 19-2012, en la cual

el Tribunal aludido,al abordar la temática de los medios alternativos al Diario Oficial para hacer

de conocimiento público las elecciones de segundo grado realizadas por la Asamblea Legislativa,

concluyó lo siguiente: «(...) los actos por medio de los cuales el Legislativo realiza elecciones de

segundo grado, se perfeccionan en el momento en que los decretos correspondientes son

aprobados (…) para darlos a conocer, estos decretos legislativos pueden publicarse por

cualquier medio (…) Y en vista que los decretos legislativos en cuestión no han sido publicados

formalmente por la Asamblea Legislativa, no es necesario, en el presente caso, tenerlos a la vista

ni, mucho menos, el Diario Oficial en que se publicarán; tales decisiones son del conocimiento

público, por lo que su existencia se da por supuesta (…)» (SIC) (folio 8 vuelto y 9 frente).

En ese sentido, la parte actora indicó que con base a la jurisprudencia constitucional

relacionada, la resolución T-0315-2014 fue de conocimiento público a partir de su divulgación en

diversos medios noticiosos por lo que “no resultaría exigible su publicación en el Diario Oficial

para que los terceros beneficiados con el acto cuya legalidad se controvierte en esta sede

pudiesen recurrir del mismo (…) o que se les hubiese entregado certificación de la resolución

impugnada por los mismos, en apelación, ante la Autoridad Demandada en este proceso, pues la

posibilidad de recurrir en apelación (…) se hubiese habilitado sólo durante los tres días

posteriores a la fecha en que la resolución No. T-0315-2014 se hizo del conocimiento público”

(folio 9 frente).

Al respecto, esta Sala considera necesario precisar que la solución adoptada en la

jurisprudencia constitucional aludida, al específico caso en ella analizado -conocimiento público

de las elecciones de segundo grado realizadas por la Asamblea Legislativa-, no resulta aplicable

al presente proceso.

La jurisprudencia constitucional expuesta sostiene que el nombramiento de un funcionario

de segundo grado por parte de la Asamblea Legislativa es un hecho de conocimiento público

respecto del cual “no es necesario (…) [tenerlo] a la vista ni, mucho menos, el Diario Oficial en

que se [publica]; tales decisiones son del conocimiento público, por lo que su existencia se da

por supuesta (…)”

Ahora, la diferencia con el presente caso viene dada por los particulares efectos derivados

de la resolución T-0315-2014 -afectación de un interés legítimo-, en el sentido que la misma

incidía en la esfera jurídica de los operadores relacionados supra.

Como ya se estableció en apartados precedentes, por medio de la resolución T-0315-2014

(i) se revocaron parcialmente los efectos de la resolución T-1043-2012 sin especificar el alcance

de tal revocatoria y (ii) se reasignó a la Universidad Francisco Gavidia el canal 11 de televisión.

Dicho lo anterior, debe precisarse que, conforme con el artículo 4 del Instructivo para las

Notificaciones de los Acuerdos y Resoluciones Emitidas por la Superintendencia General de

Electricidad y Telecomunicaciones, las notificaciones de las resoluciones de la SIGET que

afecten derechos o interés legítimos deben realizarse inicialmente de forma personal y, en su

caso, cumpliéndose los presupuestos que el mencionado instructivo señala en relación a la

procedencia de diversas formas de notificación, por medio de la publicación de un edicto.

Así, el artículo 4 del Instructivo para las Notificaciones de los Acuerdos y Resoluciones

Emitidas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones señala: «(...)

Cuando sea desconocida la residencia del destinatario o interesado en las diligencias, éste no

hubiere señalado lugar para oír notificaciones o cambiare el mismo sin notificarlo a SIGET, y

que en todo caso éste no constare en el expediente o archivos de esta Superintendencia, se

procederá de la siguiente manera: a) Tratándose de resoluciones o acuerdos que den inicio a un

procedimiento sancionatorio o que afecte derechos del destinatario, o de las resoluciones o

acuerdos que pongan término a un procedimiento, se publicará en un periódico de circulación

nacional un extracto del contenido esencial de la misma, y paralelamente se realizará por edicto

que se fijará en un tablero colocado en lugar visible de la recepción de las oficinas de SIGET

por el término de tres días. Transcurrido dicho término la notificación producirá todos sus

efectos. b) Para las resoluciones o acuerdos que no encajen en el supuesto anterior, bastará su

realización por edicto de la forma en que ha quedado establecido (…)».

En este orden de ideas, debe enfatizarse el hecho que la resolución T-0315-2014 afectaba

intereses legítimos de los terceros beneficiados, en los términos expuestos en los apartados

precedentes, por lo que la notificación de dicha resolución, en función del derecho constitucional

de defensa, debía hacerse a cada operador y, además, publicarse íntegramente en el Diario

Oficial, tal como se hizo con la resolución inmediatamente anterior, es decir, la identificada como

T-1043-2012 que suspendía (a) el otorgamiento de concesiones para la explotación de

frecuencias del espectro radioeléctrico, en las bandas de 54-88 MHz, 174-216 MHz y 470-806

MHz, para los servicios de Difusión Televisiva de Libre Recepción, por Suscripción y Fijo-

Móvil, y (b) la tramitación de solicitudes de asignación de un rango adicional de frecuencias para

realizar pruebas de transmisión de televisión terrestre digital de diversos operadores.

Lógicamente, si la resolución T-0315-2014 -que no fue publicada íntegramente- revocó

parcialmente la resolución T-1043-2012 -que sí fue publicada íntegramente-, la publicación de la

primera debía seguir el mismo mecanismo y el nivel máximo de publicidad dado a la segunda.

En este sentido, la resolución T-0315-2014 sí debía publicarse íntegramente con el objeto

de informar a los operadores y público en general los cambios en la regulación y ordenación del

espectro radioeléctrico en el proceso de transición de la televisión analógica a la terrestre digital,

en favor de la eficiente utilización e igualdad de oportunidades en el aprovechamiento del mismo.

En consecuencia, no resulta aplicable al presente caso la posición jurisprudencial de la

Sala de lo Constitucional sobre el conocimiento público de las elecciones de segundo grado

realizadas por la Asamblea Legislativa que la parte actora propone para justificar que la

resolución T-0315-2014 se hizo de “conocimiento público” a través de diversos medios de

comunicación escritos y televisivos en los que se difundieron “noticias periodísticas” sobre la

reasignación del canal 11 de televisión (folio 9 vuelto) y que ello -según la demandante- era

suficiente para que los operadores respectivos conociesen su contenido.

iii. Por otra parte, frente al argumento de ilegalidad de la sociedad demandante relativo a

que «(...) la Autoridad Demandada, en franca inobservancia del derecho a la seguridad jurídica,

pronunció el Acto Reclamado (…) como culminación de un recurso de apelación que debió

declararse inadmisible [por] hallarse ejecutoriada la resolución de reasignación (…) de forma

previa a los recursos de apelación interpuestos por los terceros beneficiados en este proceso

(…)» (SIC) (folios 11 frente); esta Sala realiza las siguientes consideraciones.

El artículo 13, inciso 2° de la LCSIGET establece: «(...) De las resoluciones del

Superintendente existirá el recurso de apelación, que deberá ser interpuesto dentro de los tres

días después de la notificación del mismo. A efecto de resolver, la Junta de Directores

únicamente podrá pronunciarse sobre la legalidad de los actos y el cumplimiento del

procedimiento por parte del Superintendente, debiendo resolver a más tardar sesenta días

después de haberse interpuesto el recurso. De no interponerse el recurso dentro del plazo

establecido, se considerara firme la resolución emitida (…)» (el subrayado es propio).

Tal como se expuso en los apartados precedentes, la resolución T-0315-2014, emitida por

el Superintendente, fue publicada en el Diario Oficial N° 71, tomo N° 403, de fecha veintidós de

abril de dos mil catorce, tal como consta en las copias simples de las páginas 1, 2, 3 y 111 de tal

publicación, agregadas a folios 2430 al 2432 del expediente judicial.

Dicha publicación, conforme a lo establecido en la constancia número 4330, emitida por

el Jefe del Diario Oficial, el veintiocho de mayo de dos mil catorce (folio 2436), salió a

circulación a las catorce horas con veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Sin embargo, la falta de publicación del texto íntegro de la resolución T-0315-2014 en el

Diario Oficial y la ausencia de notificación de la misma a los operadores que podían resultar

afectados con las decisiones administrativas adoptadas, justificó en sede administrativa que la

Junta de Directores de la SIGET contabilizara el plazo para la interposición del recurso de

apelación a partir del día siguiente a aquel en que el Registro de Electricidad y

Telecomunicaciones entregóa los operadores apelantesuna copia certificada de la resolución

que se comenta.

Fue hasta este momento que los mencionados operadores conocieron la integridad de la

resolución T-0315-2014 y tuvieron, por ende, certeza sobre las decisiones que inciden en su

esfera jurídica, conocimiento claro y efectivo que no fue posible con la publicación hecha en el

Diario Oficial.

Tal como se precisó supra, en aplicación directa de la Constitución -derecho de audiencia

y defensa: artículo 11- dichos operadores debían ser puestos en conocimiento de la decisión yde

los fundamentos a partir de los cuales el Superintendente (i) revocó parcialmente los efectos de la

resolución T-1043-2012 sin especificar el alcance de tal revocatoria, y (ii) reasignó a la

Universidad Francisco Gavidia el canal 11 de televisión.

La Sala de lo Constitucional de esta Corte, al analizar en el proceso de amparo 745-2014,

el contenido de los derechos de audiencia y defensa, señaló lo siguiente: «(...) el derecho de

audiencia -art. 11 inc. 1° de la Cn. - posibilita la protección de los derechos subjetivos de los

quees titular la persona, en el sentido que las autoridades están obligadas a seguir, de

conformidadcon lo previsto en la ley de la materia o, en su ausencia, en aplicación directa de la

disposiciónconstitucional citada, un proceso en el que se brinde a las partes la oportunidad de

conocer lasrespectivas posturas y contradecirlas, previo a que se provea un acto que cause un

perjuicio a losderechos de alguna de ellas. Así, el derecho de defensa - art. 2 inc. 1° de la Cn.-

está íntimamente vinculado con el derecho de audiencia, pues es dentro del proceso donde los

intervinientes tienen la posibilidad de exponer sus razonamientos y de oponerse a su

contraparteen forma plena y amplia (…)» Así, “(...) los actos de comunicación o notificación

constituyen manifestaciones del derecho de audiencia, que posibilitan a las partes procesales

intervenir en su defensa dentro de las causas judiciales o administrativas en las que se dirime

determinada controversia, razón por la cual se exige que se encuentren revestidos de una serie

de formalidades con las que se pretende garantizar que éstos cumplan con su finalidad, esto es,

hacer saber a las partes los acontecimientos primordiales del proceso o procedimiento para que

puedan intervenir de la manera que mejor les parezca (…)»(el subrayado es propio) (Sentencia

emitida a las once horas con veintiséis minutos del diez de febrero de dos mil dieciséis).

Establecido lo anterior, es importante mencionar que la autoridad demandada, en el

escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil catorce (folios 1416 al 1434), manifestó:

«(...) Cabe aclarar que de la vista del texto original de la resolución y de lo publicado en el

Diario Oficial la Junta se advirtió que tal publicación no era fiel con su original, situación

especial que habilitó a la admisión de los demás recursos de apelación relacionados en el caso,

a efecto que los recurrentes hicieran uso de sus derechos constitucionales, los cuales se

interpusieron después de los tres días que siguieron a la certificación emitida por el Registro de

Electricidad y Telecomunicaciones de la SIGET (…)» (SIC) (folio 1427).

Como se advierte, la decisión de la autoridad demandada de tramitar los recursos de

apelación interpuestos en sede administrativa, computando el plazo respectivo a partir de la fecha

en que los operadores tuvieron conocimiento real, íntegro y efectivo de la resolución que les

afectaba, es acorde con la protección del derecho constitucional de defensa.

No está demás señalar que la sociedad demandante no ha presentado a este Tribunal

medio de prueba alguno tendiente a acreditar que los operadores relacionados tuvieron

conocimiento íntegro de la resolución T-0315-2014 en una fecha distinta. Por el contrario, la

parte actora se limitó a exponer que «(...) el recurso de apelación fue admitido por la Junta de

Directores en el entendido que los recurrentes se encontraban dentro del plazo legal para su

interposición y para sostener ello, incluso se afirma que la contabilización del plazo se realizó

“desde el momento en que cada empresa manifestó y comprobó haber tenido conocimiento del

acto recurrido”, situación que, a juicio de la Autoridad Demandada, se da a partir del día

siguiente en que el Registro de Electricidad y Comunicaciones extendió a algunos operadores

certificación de la resolución del Superintendente No. T-0315-2014, o en otros casos desde la

publicación de dicho acto, saliendo a circulación el día veintisiete de mayo de dos mil catorce

(…) interpretar que no es la fecha de inicio para contabilizar el plazo la fecha en que se hizo

pública la resolución, no produce otro efecto más que generar inseguridad jurídica, en tanto un

eventual recurrente, a su conveniencia, considerará que, por ejemplo, y muy a pesar de ser una

decisión de conocimiento público, el plazo para recurrir iniciará a su arbitrio, es decir, cuando

se le antoje solicitar una certificación al Registro de Electricidad y Comunicaciones (…) la

emisión de la resolución No. T-0315-2014 de la SIGET no afectó la esfera jurídica de los

recurrentes en apelación, puesto todo lo alegado por éstos no son más que una serie de

suposiciones y posibilidades sobre la frecuencia donde se encuentra el canal 11 de Televisión.

No se acreditó que existiera un perjuicio real y actual, una pérdida en términos económicos, de

fama mercantil ni de cualquier índole en sus patrimonios (…)» (SIC) (folios 9 frente y vuelto, 15

vuelto).

Conforme con lo expuesto en los apartados precedentes, esta Sala advierte que en el

presente caso, el plazo para la interposición de los recursos de apelación presentados por CANAL

DOS, S.A. de C.V., CANAL SEIS, S.A. de C.V., YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V., CANAL 12

DE TELEVISIÓN S.A. de C.V., e INDESI, S.A. de C.V., debía contabilizarse -tal como lo hizo

la autoridad demandada- a partir del día siguiente a aquel en que dichos operadores recibieron del

Registro de Electricidad y Telecomunicaciones la certificación íntegra de la resolución T-0315-

2014.

Según consta en la certificación del expediente administrativo incorporada al presente

caso, YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V., por medio de su apoderado general judicial, licenciado

CFAC, manifestó que la copia certificada de la resolución T-0315-2014 le fue entregada en fecha

veintitrés de mayo de dos mil catorce (folios 279 vuelto). Así, el plazo para la interposición del

recurso de apelación descrito inició el veintiséis de mayo de dos mil catorce y finalizó el

veintiocho de mayo del mismo año.

CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V., por medio de su apoderado general judicial,

licenciado Juan Carlos Antonio Nieto Menéndez, expresó que tuvo conocimiento de la resolución

T-0315-2014 a partir de su publicación parcial en el Diario Oficial, en fecha veintisiete de mayo

de dos mil catorce (folio 476 frente y vuelto). En ese sentido, el plazo para la interposición del

recurso de apelación antedicho, inició el veintiocho de mayo de dos mil catorce y finalizó el

treinta de mayo del mismo año.

Por su parte, CANAL SEIS, S.A. de C.V., por medio de su representante legal, licenciado

CFAC, señaló que la copia certificada de la resolución T-0315-2014 le fue entregada en fecha

treinta de mayo de dos mil catorce (folio 634 vuelto), por lo que, el plazo para la interposición del

recurso de apelación inició el dos de junio de dos mil catorce, y finalizó el cuatro de junio del

mismo año.

INDESI, S.A. de C.V., a través de su apoderado general judicial, licenciado José Luis

Grande Álvarez, manifestó que la copia certificada de la resolución precitada le fue entregadael

cinco de junio de dos mil catorce (folio 754 vuelto). Así, el plazo de interposición del recurso

respectivo inició el seis de junio de dos mil catorce, y finalizó el diez de junio del mismo año.

Finalmente, CANAL DOS, S.A. de C.V., por medio de su representante legal, licenciado

CFAC, indicó que se le hizo entrega de la copia certificada de la resolución T-0315-2014, en

fecha uno de julio de dos mil catorce (folio 898 vuelto). En ese sentido, el plazo para la

interposición del recurso de apelación inició el dos de julio dos mil catorce y finalizó el cuatro de

julio del mismo año,

Del examen de las actuaciones administrativas se tiene por acreditado que YSU TV

CANAL 4, S.A. de C.V. interpuso su recurso de apelación el veintiocho de mayo de dos mil

catorce (folios 279 al 289), CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V. el treinta de mayo de

dos mil catorce (folio 476 al 484), CANAL SEIS, S.A. de C.V., en fecha cuatro de junio de dos

mil catorce (folios 634 al 649); INDESI, S.A. de C.V., el nueve de junio de dos mil catorce

(folios 754 al 756) y CANAL DOS, S.A. de C.V., el dos de julio de dos mil catorce (folios 898 al

913).

Así los hechos, esta Sala constata que los operadores precitados interpusieron dentro del

plazo establecido en el artículo 13 inciso 2° de la LCSIGET el recurso de apelación respectivo,

computado dicho plazo a partir del día siguiente al de la entrega de la certificación de la

resolución respectiva a cada operador. De ahí que, al haberse interpuesto oportunamente dicho

medio de impugnación, la resolución T-0315-2014 no adquirió firmeza.

En este punto este Tribunal considera necesario puntualizar que, en caso de computarse el

plazo señalado a partir del día siguiente al de la publicación parcial de la resolución T-0315-2014

en el Diario Oficial, el resultado sería que los operadores YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V. y

CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de C.V. habrían interpuesto sus recursos de apelación en

tiempo, pues dicha publicación circuló oficialmente el día veintisiete de mayo de dos mil catorce

y los operadores en mención interpusieron sus recursos los días veintiocho y treinta de mayo de

dos mil catorce, respectivamente. Lo precisado reafirma el hecho que la resolución T-0315-2014

no adquirió firmeza al haber sido impugnada oportunamente por los operadores en mención.

iv. En suma, conforme con lo expuesto en los apartados precedentes, esta Sala concluye lo

siguiente.

a. La resolución T-0315-2014 afectó la esfera jurídica de CANAL DOS, S.A. de C.V.,

CANAL SEIS, S.A. de C.V., YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V., CANAL 12 DE TELEVISIÓN

S.A. de C.V., e INDESI, S.A. de C.V., puesto que por medio de la misma el Superintendente

revocó parcialmente la resolución T-1043-2012 sin establecer los alcances de tal decisión

generando con ello incertidumbre sobre sus efectos y, además, reasignó a la Universidad

Francisco Gavidia el canal 11 de televisión.

b. La publicación de la resolución T-0315-2014 debió realizarse íntegramente en favor de

la protección de los derechose intereses de los operadores relacionados y en aplicación del

principio de máxima publicidad, al ser el espectro radioeléctrico un bien público.

c. Las “noticias periodísticas” generadas a partir del veintidós de mayo de dos mil catorce

en diversos medios de comunicación escritos y televisivos sobre la reasignación del canal 11 de

televisión (folio 9 vuelto), no constituyen actos de comunicación legales a partir de los cuales

pueda tenerse por notificado el contenido real e íntegro de la resolución T-0315-2014 a los

operadores antedichos.

d. El plazo para la interposición de los recursos de apelación presentados por los

operadores relacionados supra debía contabilizarse, tal como lo hizo la autoridad demandada, a

partir del día siguiente a aquél en que los mismos recibieron del Registro de Electricidad y

Telecomunicaciones de la SIGET la certificación de la resolución T-0315-2014.

e. Los recursos de apelación en sede administrativa fueron interpuestos dentro del plazo

legal, teniendo como consecuencia que la resolución T-0315-2014 no adquirió firmeza.

f. La Junta de Directores de la SIGET conoció válidamente de los recursos de apelación

interpuestos en sede administrativa.

Así, deben desestimarse los vicios de ilegalidad alegados por la sociedad actora relativos a

la vulneración a los artículos 13 inciso 2° de la LCSIGET, 17 inciso 1° de la Constitución, 61 y

81 de la LT, y el derecho a la seguridad jurídica.

B. Vulneración del artículo 66 del CPCM.

1. La parte actora expresó que la resolución T-0315-2014 emitida por el Superintendente

no afectó la esfera jurídica de las sociedades recurrentes en apelación ya que los argumentos

expuestos por las mismas en los recursos pertinentes “no son más que una serie de suposiciones y

posibilidades” respecto a la frecuencia asignada al canal 11 de televisión. Así, indicó la actora,

dichas sociedades no acreditaron la existencia de “un perjuicio real y actual, una pérdida en

términos económicos de fama mercantil ni de cualquier índole en sus patrimonios” (folio 15

vuelto).

La sociedad demandante expuso que no existía obligación, para la autoridad demandada,

de notificar la resolución T-0315-2014 a las sociedades apelantes, ello, dado que no eran titulares

de un derecho subjetivo afectado o un interés legítimo vulnerado. De ahí «(...) que en las mismas

resoluciones pronunciadas por la Junta de Directores a lo largo de los recursos de apelación

depurados y que forman parte del expediente administrativo (…) consta que ninguno de los

apelantes pudo comprobar fehacientemente, y sin lugar a dudas, un interés o agravio, por lo cual

no había obligación de notificar; y, por tanto, el plazo para que el acto adquiriera firmeza

comenzó a correr a partir de la notificación al operador de canal 37, como único afectado (…)»

(SIC) (folio 15 vuelto y 16 frente).

2. La Junta de Directores de la SIGET manifestó que al analizar los recursos presentados

por las sociedades recurrentes determinó que, si bien dichas sociedades no eran titulares de un

derecho subjetivo “(...) sí mediaba para todas ellas un interés legítimo y directo que les

amparaba para que su caso fuera conocido en sede administrativa (…)» (SIC) (folio 1429

vuelto).

Dicha autoridad agregó que al analizar «(...) en la fase correspondiente que todas las

sociedades apelantes habían planteado a la SIGET solicitudes que no habían sido resueltas, a

manera de ejemplo: CANAL DOS, S.A. de C.V. señaló que con la migración hacia la Televisión

Digital Terrestre, dicho canal debía ser movilizado, por lo que se cuestionó que se decidiera sin

el procedimiento legal correspondiente que el canal 11 de televisión le correspondía a la

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA (…)» (SIC) (folio 1429 vuelto); se habilitó el

conocimiento de los recursos respectivos.

Así, la Junta de Directores de la SIGET concluyó que las sociedades recurrentes “si

ostentaban legitimación para cuestionar la resolución T-0315-2014, emitida por el

Superintendente y mediante la cual se reasignó indebidamente el canal 11 de televisión” (folio

1430 frente).

3. Los terceros beneficiados con el acto administrativo impugnado manifestaron que la

aseveración hecha por la demandanterelativa a que los argumentos del recurso de apelación son

una “suposición y probabilidad”, es errónea.

Los terceros beneficiados señalaron que lo anterior “solamente [pone] al descubierto la

falta de conocimiento que [la] demandante tiene del sector telecomunicaciones y de las

resoluciones existentes, a partir de las cuales, la SIGET ha dejado consignado que la frecuencia

en donde operan, desaparecerá con la entrada de la Televisión Terrestre Digital, por lo que la

migración de mi mandante se vuelve un imperativo, ya que la reasignación de su frecuencia no

es una posibilidad o un hecho incierto, como tal sociedad ha precisado”(folios 1516 vuelto, 1685

vuelto, 1832 frente).

4. Precisados los argumentos jurídicos de las partes y terceros beneficiados con el acto

impugnado, esta Sala hace las siguientes consideraciones.

i. El artículo 66 del CPCM -disposición normativa que la actora estima vulnerada-

establece: “Tendrán legitimación para intervenir como parte en un proceso los titulares de un

derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión. También se

reconocerá legitimación a las personas a quienes la ley permita expresamente actuar en el

proceso por derechos e intereses de los que no son titulares”.

ii. En lo que importa al presente caso, tal como se concluyó en el apartado «A.

Vulneración de los artículos 13 inciso 2° de la LCSIGET, 17 inciso 1° de la Constitución, 61 y 81

de la LT y el derecho a la seguridad jurídica» de esta sentencia, la resolución T-0315-2014 -

impugnada por medio de los recursos de apelación deducidos en sede administrativa- afectó la

esfera jurídica de CANAL DOS, S.A. de C.V., CANAL SEIS, S.A. de C.V., YSU TV CANAL 4,

S.A. de C.V., CANAL 12 DE TELEVISIÓN S.A. de C.V., e INDESI, S.A. de C.V., pues las

decisiones administrativas emitidas por el Superintendente relativas a (i) “revocar parcialmente

los efectos de la resolución T-1043-2012”sin especificar el alcance de tal revocatoria y (ii)

reasignar a la Universidad Francisco Gavidia el canal 11 de televisión, generaron incertidumbre

sobre la vigencia de las suspensiones contenidas en la resolución T-1043-2012.

Por otra parte, la resolución T-0315-2014 -impugnada por medio de los recursos de

apelación deducidos en sede administrativa- afectó la esfera jurídica de los operadores aludidos,

ello, dado que tal resolución no fue notificada a las sociedades en cuestión, ni fue publicada

íntegramente en favor de la protección de los derechos e intereses de los operadores relacionados,

lo cual implicó que no tuvieran la participación legalmente permitida en las decisiones

administrativas adoptadas por el Superintendente.

Es en este sentido, que los operadores mencionados adquirieron uninterés legítimo frente

a los efectos derivados de la resolución T-0315-2014.

iii. En suma, conforme con lo expuesto en los apartados precedentes, debe desestimarse el

vicio de ilegalidad alegado por la sociedad actora relativo a la vulneración al artículo 66 del

CPCM.

C. Vulneración al derecho a la seguridad jurídica como consecuencia de la falta de

motivación y congruencia de la resolución impugnada.

1. La sociedad demandante manifestó que el acto administrativo impugnado carece de

motivación puesto que el mismo parte equivocadamente de «(...) equiparar sobre la base de las

tasas aplicables, a los canales 38 (UHF) y 9 (VHF) y [de] un análisis hecho vía informe técnico

por parte de la Gerencia de Telecomunicaciones de SIGET para la Asamblea Legislativa para la

asignación de dicho canal (…) [con] (…) los canales 37 y 11, dejando al margen que se trata de

canales y circunstancias distintas, y sin que la decisión se hubiese basado en un análisis técnico

en el que se hubiese acreditado fehacientemente, y de acuerdo a las circunstancias particulares

de El Salvador, la ventaja del canal 11 (VHF) sobre el 37 (UHF) (…)» (SIC) (el subrayado es

propio) (folio 17 frente).

La parte actora agregó que la falta de motivación alegada se fundamenta, también, en el

hecho que la autoridad demandada, al resolver los recursos de apelación en sede administrativa,

no evidenció o justificó un interés o agravio en las sociedades recurrentes. Además, la Junta de

Directores de la SIGET no expuso las razones por las que consideró que la resolución T-0315-

2014 no había adquirido estado de firmeza “luego de pasados tres días de la notificación a

TVRED, como único afectado en su esfera de derechos subjetivos por el acto emitido” (folio 17

vuelto).

2. La autoridad demandada expuso que motivó la resolución impugnada y, para ello,

analizó el hecho que la normativa de telecomunicaciones establece un trato económico

diferenciado para las bandas de frecuencias UHF y VHF, pues ambas poseen condiciones

técnicamente diferentes.

La Junta de Directores de la SIGET señaló que « (…) el estudio y opinión técnica emitido

sobre la diferencia entre ambas bandas de frecuencias se realizó en el marco de un

procedimiento administrativo de concesión para la Asamblea Legislativa, en el cual la Gerencia

de Telecomunicaciones de la SIGET opinó que habían condiciones diferentes entre dos canales

disponibles y que estaban situados en dos bandas de frecuencias diferentes (…)» (SIC) (folio

1430 vuelto).

En este orden de ideas, la autoridad demandada señaló que el mencionado antecedente fue

utilizado para motivar el acto impugnado, en el sentido de estimar que efectivamente existía una

ventaja en la frecuencia del canal 11 de televisión -VHF- sobre la frecuencia del canal 37 -UHF-.

La parte demandada precisó que el Superintendente, al “reasignar” a la Universidad Francisco

Gavidia la frecuencia del canal 11 de televisión, colocó a dicho operador en una situación jurídica

con mayores beneficios que el de los restantes operadores que aún continuaban operando en una

frecuencia UHF y quienes, además, no podrían acceder a una frecuencia VHF en virtud de los

efectos del acto emitido por el mismo Superintendente. Según la Junta de Directores de la SIGET

«(...) lo que (…) hizo fue utilizar un antecedente en el cual (…) ya antes se había (…)

manifestado (…) que las bandas de frecuencias UHF y VHF reportaban beneficios y condiciones

diferentes, y que justamente por ello, la Ley de Telecomunicaciones les impone condiciones

económicas diferenciadas (…) Pretender que no se puedan utilizar los antecedentes

institucionales para hacer valoraciones a la hora de emitir una decisión, se equipara a decir que

al momento de sentenciar, los Tribunales de justicia no pueden recurrir a la jurisprudencia (…)»

(SIC) (folio 1431 frente).

Finalmente, la autoridad administrativa demandada señaló que el no explicar

detalladamente, en el acto administrativo impugnado, cada una de las razones por las cuales se

entiende que los recurrentes están legitimados, no determina la ilegalidad del mismo, ello, dado

que “el tema de la legitimación es un examen que se hace al inicio del procedimiento

administrativo” y que se supera “con el hecho de haber sido admitido el recurso” (folio 1431

frente).

3. Sobre este punto, los terceros beneficiados con el acto administrativo impugnado

señalaron que “los hechos relacionados por [la] demandante consisten únicamente en una simple

inconformidad con lo actuado por la Junta de Directores de SIGET, pues, no es que la autoridad

demandada no haya motivado la resolución, sino que las razones que se expusieron como parte

del fundamento que contribuyó a determinar el criterio de diferenciación entre las bandas VHF y

UHF, le parece inadecuado”(folios 1520 vuelto, 1689 vuelto, 1836 frente).

4. Precisadas las posiciones jurídicas de las partes y terceros beneficiados con el acto

cuestionado, esta Sala hace las siguientes consideraciones.

i. Como primera precisión obligatoria debe señalarse que la sociedad actora, bajo el

argumento de falta de motivación y congruencia de la resolución T-0642-2014, expresó que la

autoridad administrativa demandada (a)no basó su decisión en un análisis técnico en el que se

hubiese acreditado fehacientemente, y de acuerdo a las circunstancias particulares del país, la

ventaja del canal 11 (VHF) sobre el canal 37 (UHF), (b) no justificó el interés o agravio que

ostentaban los apelantes para impugnar la resolución T-0315-2014, y (iii) no justificó las

razones por las que no se consideró firme la resolución precitada.

Consecuentemente, si bien la demandante invoca como vicio de ilegalidad, además de la

ausencia de motivación, la falta de “congruencia” del acto impugnado, el concreto alegato

deducido consiste en cuestionar categóricamente la falta de motivación de la decisión, en los

términos señalados en el párrafo anterior.

Establecido lo anterior, esta Sala analizará si el acto administrativo impugnadocarece de

motivación, en los específicos términos expuestos por la impetrante.

ii. En reiterada jurisprudencia esta Sala ha determinado que la motivación del acto

administrativo constituye la exigencia, para la Administración, de plasmar en sus resoluciones las

razones de hecho y de derecho que le determinan adoptar su decisión (sentencias de fechas

dieciséis de octubre de dos mil uno, seis de junio de dos mil seis, cuatro de junio de dos mil doce

y veintiocho de marzo de dos mil catorce, emitidas en los procesos contenciosos administrativos

174-C-2000, 235-R-2003, 47-2007 y 149-2009).

La ratio essendi de la motivación permite ejercer un mejor control de legalidad, constatando

si las razones de la actuación administrativa están fundadas en derecho y si se ajustan a los fines

que persigue la normativa aplicable.

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la autoridad está en la

obligación de expresar los motivos en que funda su resolución cuando ésta implique afectación de

derechos, además, debe de justificar y razonar sus decisiones como medio necesario para dotar de

eficacia el proceso correspondiente y no vulnerar derechos protegidos por la Constitución «Este

deber de motivación se deriva del derecho de seguridad jurídica y defensa, contenidos

respectivamente en los artículos 2 y 12 de la Constitución; así, conforme a estas disposiciones,

toda autoridad en garantía a la seguridad jurídica y derecho de defensa, se encuentra obligada a

motivar sus resoluciones, a fin de que la persona conozca los motivos considerados para proveer la

decisión, y pueda defenderse utilizando los medios impugnativos previstos por la ley (…)»

(sentencia definitiva de las doce horas con dos minutos del día veintiocho de octubre de dos mil

ocho.Hábeas Corpus 111-2008).

iii. Pues bien, analizado que ha sido el contenido de la resolución T-0642-2014, emitida

por la Junta de Directores de la SIGET a las dieciocho horas del veinticinco de agosto de dos mil

catorce -acto administrativo impugnado-, esta Sala advierte que los hechos relevantes en el

presente caso, su análisis, su contraste con el ordenamiento jurídico aplicable - artículos 6, 12, 13,

17, 61, 116, 126 inciso 1° de la LT, 9 de la Ley de Privatización de la Administración Nacional

de Telecomunicaciones, y 13 de la LCSIGET- y las conclusiones jurídicas de la Junta de

Directores demandada, en el acto administrativo impugnado, fueron las siguientes: (…) Se debe

destacar que a pesar que no existe en la normativa un trámite específico señalado para la

emisión de la modificación de una concesión, la Administración pública no se puede desvincular

de la obligación de emitir los actos administrativos correspondientes cuando sean necesarios, y

antes de su pronunciamiento debe emplear los principios procesales que inspiran a la normativa

sectorial aplicable y garantizar así los derechos constitucionales esenciales a los posibles

afectados con la emisión de esa decisión. Siguiendo el anterior orden de ideas, de la revisión del

expediente administrativo se observa que el procedimiento inició de oficio, por medio de la

resolución No. T-0298-2014 dictada a las once horas con quince minutos del día dos de abril de

dos mil catorce, en cuyo texto se determina que «(...) IV. Esta Superintendencia considera que es

necesario revisar la asignación del señalado rango de frecuencias, a fin de cumplir a cabalidad

con el mencionado artículo 10 de la Ley de Telecomunicaciones y en miras al aprovechamiento

del espectro radioeléctrico.--- V. Por lo antes expuesto, se hace necesario solicitar informe

técnico a la Gerencia de Telecomunicaciones, con el fin de resolver sobre el aprovechamiento

más eficiente técnicamente del rango de frecuencias 608 a 614 MHz (...) Por lo tanto, de

conformidad con los artículos 5 literal a) de la Ley de Creación de la Superintendencia General

de Electricidad y Telecomunicaciones, así como de los artículos 2 literal d) 10, 65, 69y 113 de la

Ley de Telecomunicaciones, esta Superintendencia en uso de sus facultades RESUELVE: a)

Iníciase el procedimiento para determinar la viabilidad técnica y legal del uso de la banda de

608 a 614 MHz para el servicio RADIODIFUSIÓN-b) Requiérese informe técnico a la Gerencia

de Telecomunicaciones referente a la situación actual del uso de la banda de 608 a 614 MHz

para el servicio de RADIODIFUSIÓN (Canal 37) tal como lo establece actualmente el Cuadro

Nacional de Atribución de Frecuencias -CNAF- y, de acuerdo con el resultado del mismo, la

posible factibilidad de reasignar al concesionario actual de la citada banda, canal alternativo

para seguir operando la concesión del servicio de RADIODIFUSIÓN. Dicho informe deberá ser

rendido en un plazo no mayor de cinco días hábiles». El Superintendente dictó la resolución

administrativa definitiva No. T-0315-2014, la cual tuvo como antecedente solamente la

resolución de inicio de oficio y el informe técnico205/14, actos de trámite de relevancia, que no

fueron hechos del conocimiento de absolutamente nadie, ni siquiera de la persona cuya esfera

jurídica se vería directamente afectada por la decisión administrativa.Se hace necesario en este

punto hacer referencia al contenido de la resolución No. T-1043-2012 (…) Decisión

administrativa, que por su contenido, se publicó en el Diario Oficial Número 178, Tomo No. 396,

del veinticinco de septiembre de dos mil doce; y, además, en el periódico de circulación nacional

“La Prensa Gráfica”, del día veinte de septiembre de dos mil doce. Tal publicación se da en

virtud del contenido de la misma y la multiplicidad de operadores del sector interesados en el

otorgamiento de concesiones y asignación de rango de frecuencias, ya que en su texto se

relacionan tales solicitudes recibidas por la Superintendencia, presentadas por: CANAL DOS,

S.A. de C.V.; YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V.; CANAL SEIS, S.A. de C.V.; CANAL 35, S.A. de

C.V.; ALQUILERES E INVERSIONES, S.A. de C.V.; MASTER COMMUNICATIONS, S.A. de

C.V.; MISIÓN BAUTISTA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MISIÓN CRISTIANA ELIM;

LARM y RAR. Es decir, que existía con anterioridad a la resolución impugnada una decisión

administrativa que había sido hecha del conocimiento de todos los operadores del sector y del

público en general, de que se suspendían temporalmente los efectos que desplegaban algunos

actos administrativos, así como el otorgamiento de frecuencias y el diligenciamiento de

solicitudes de asignación de rango adicional de frecuencias. Entonces, se ha comprobado que los

operadores del sector -algunos de los cuales ya habían manifestado su interés de acceder a

determinadas frecuencias - conocían la situación de suspensión ordenada por la institución

reguladora, pues la resolución No. T-1043-2012 se publicó por los medios correspondientes:

tanto en un periódico de circulación nacional como en el Diario Oficial. En otras palabras, era

un hecho cierto y conocido que no se podía acceder a nuevos canales durante el tiempo que

precedía a la migración a la Televisión Terrestre Digital.De la lectura de la decisión apelada se

extrae que, la reasignación del canal 11 no era viable sin antes dejar sin efecto la resolución No.

T-1043-2012. Adviértase que la orden desuspensión era un impedimento real para que se le

diera a la concesionaria, derechos de explotación sobre el canal 11. Es decir, antes de poder

efectuar la modificación de la concesión en los términos pretendidos se debían hacer cesar los

efectos de la resolución No.T-1043-2012.El Superintendente entendió que con la emisión del acto

controvertido superó la problemática, pues manifestó «c) Revóquese parcialmente la suspensión

contenida en la resolución T-1043-2012 (...)», pero tal impase no se venció como se pretendía,

pues cuando manifiesta revocar parcialmente lo ordenado por la resolución No. T-1043-2012,

omite considerar que en dicho acto se detallan varias suspensiones: primero, suspender los

efectos de las resoluciones Nos. T-390-2009, T-0417-2009 y, T-0535-2009; segundo, suspender

el otorgamiento de concesiones para la explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico,

en las bandas de 54-88 MHz y 470-806 MHz; y, tercero, suspender las solicitudes de asignación

de rango adicional de frecuencias. Se observa que en el acto cuestionado no hay precisión

alguna sobre el punto de la resolución que se revocó, porque se sabe que no es su totalidad, pero

se omitió aclarar la parte correspondiente. Siendo un aspecto imprescindible de las revocaciones

el deber de determinar claramente cuál es la parte de la decisión administrativa que se deja sin

efecto. Sumado al vicio antes indicado, se debe apuntar que la decisión que ordenaba iniciar el

proceso de revocación de la resolución No. T-1043-2012 debió hacerse del conocimiento de

todos los operadores que se habían visto afectados por ella, esto en virtud de los principios de

igualdad, transparencia. En tal sentido, llama la atención que se omitiera publicar lo relativo a

tal decisión ya que era un aspecto determinante que afectaba a las sociedades que ya habían

formulado peticiones a la SIGET y cuyos procesos se encontraban y se encuentran suspendidos.

La transparencia es un principio que sirve de instrumento para garantizar que se respete untrato

en igualdad de términos a los operadores de un sector que se rige por normas deconcurrencia y

competencia. De ahí que, cuando una decisión se publica y establece condiciones igualitarias

para todos los operadores (tal como la suspensión de concesiones), la resolución que deja sin

efecto tal obstáculo debe ser puesta en conocimiento de todos aquellos que fueron afectados en

iguales condiciones, para mantener el trato igualitario entre ellos.Siguiendo el anterior orden de

ideas, esta Junta considera atentatorio al principio de igualdad que se decidiera revocar

parcialmente una suspensión temporal que afectaba a todos los operadores y, además, que la

aludida revocación carezca de los elementos necesarios paraidentificar que parte de la

resolución No. T-1043-2012 se estaba dejando sin efecto. En tal sentido, la decisión No. T-0315-

2014 carece de un presupuesto necesario para su legal emisión: no existe certeza sobre los

alcances de la revocación parcial de la suspensión de la resolución No. T-1043-2012, pues ésta

no se hizo respetando el principio de transparencia e igualdad, como tampoco la especificidad

requerida para el caso.Como segundo punto de ilegalidad CANAL 12 DE TELEVISIÓN, S.A. de

C.V., aduce que la resolución No. T-0315-2014 debió publicarse íntegramente, pero no se

cumplió con tal aspecto de legalidad (…) Se ha indicado precedentemente que el contenido de la

parte resolutiva de la resolución No. T-0315-2014 es compleja, y contiene una variedad de

cuestiones, algunas de las cuales son de obligatorio cumplimiento. Así pues, tenemos que la

misma está conformada por los literales relativos a la modificación y actualización del CNAF; la

revocación parcial de la suspensión contenida en la resolución No. T-1043-2012, la

reasignación del canal 11 de televisión a la UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA y las

condiciones técnicas para transmisión; la liberalización de el radio de frecuencias 608 a 614

MHz, correspondientes al canal 37, para que sea utilizado a titulo primario por estaciones de

servicio de RADIOASTRONOMÍA, y a título secundario por estaciones de servicio móvil por

satélite salvo móvil aerodinámica por satélite (Tierra-espacio); el otorgamiento al operador del

canal 37 de un plazo máximo de seis meses a partir de la notificación de dicha resolución, cese

el uso de tal canal e inicie operaciones en canal 11; la inscripción de la modificación del CNAF

en el Registro de Electricidad y Telecomunicaciones; la orden de publicación en el Diario

Oficial de dicha resolución, únicamente en lo referente a la modificación del CNAF; y la

notificación al operador del canal 37 para que hiciera uso, si así lo disponía de los recursos de

ley correspondiente (…)Lo anterior evidencia el hecho que el Superintendente limitó la

publicación de la resolución impugnada a la modificación y actualización del CNAF, obviando

el informar la decisión de “revocar parcialmente la resolución T-1043-2012”, que suspendía la

concesión y asignación de frecuencias. Decisión que como se indicó anteriormente vulnera los

principios de transparencia, igualdad y concurrencia, lo que trascienden claramente en los

derechos de los demás operadores del sector. Tal decisión causa perjuicio a los operadores que

habían sido afectados originalmente con la suspensión, ya que los coloca en una situación de

desventaja al desconocer la situación de revocación de tal impedimento que se les había

impuesto. La resolución T-0315-2014 no cumple con el requisito esencial que la Ley instaura de

la correcta publicación, recuérdese que la Ley de Telecomunicaciones ordena que las

resoluciones que contengan modificaciones al CNAF deben publicarse, a efecto de dar certeros

efectos al cambio en la normativa cuestión (…) Al analizar los elementos de la concesión

otorgada originalmente a la UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA se observa que la

frecuencia del canal 37 (que se dio en concesión) estaba situada en la Banda de frecuencia de

UHF, específicamente del 608 al 614 MHz. Sin embargo el Superintendente después de conocer

el informe técnico 205/14 de la Gerencia de Telecomunicaciones decidió “reasignar” la

concesión, pasando de la Banda de Frecuencia UHF a la de VHF, pues determina que se

otorgará el Canal 11 que va del rango 198 a 204 MHz (…) cuando el Superintendente mediante

la resolución No. T-0315-2014 decidió modificar la concesión a favor de la UNIVERSIDAD

FRANCISCO GAVIDIA -con la figura de la reasignación- debió mantener las condiciones

similares a las originalmente conferidas, entiéndase con ello, podía trasladar la señal a una

banda de frecuencia dentro del mismo rango de las que poseía, pero no se le facultaba para

conferir condiciones nuevas y más favorables. Por otra parte, las sociedades recurrentes

coinciden en el hecho que la reasignación se da en contravención con los principios de

legalidad, igualdad y seguridad jurídica que deben inspirar y regir la actuación administrativa.

Fundamentando que la resolución apelada les pone en una posición de desventaja,

desconocimiento y agravio, ya que les impide acceder a un proceso en el cual se pone en juego el

otorgamiento de un nuevo canal para otro operador, y al cual podrían haberse opuesto en virtud

de lo dispuesto en la Ley de Telecomunicaciones.En primer lugar, el contenido del derecho a la

seguridad jurídica, para lo cual resulta útil acudir a lo sentado en la jurisprudencia de la Sala

de lo Constitucional, que en la sentencia de amparo 424-2000 dictada el diez de octubre de dos

mil uno ha señalado lo siguiente “(...) nuestra Constitución la prevé como categoría jurídica

fundamental, a través de ella se obtiene la certeza de que una situación jurídica determinada no

será modificada más que por procedimientos regulares y autoridades competentes, establecidos

previamente». En tal sentido, no se puede obviar el hecho que el Superintendente sabía que las

modificaciones a las concesiones debían darse en condiciones similares a las otorgadas, y que

un cambio en la calidad de la misma repercutía ostensiblemente en los derechos de los demás

operadores del sector. Recuérdese que las concesiones se dan en el ámbito del uso de los bienes

públicos, por lo que su eficiente utilización es uno de los fines que persigue garantizar el Estado,

lo cual se logra mediante la utilización de procedimientos transparentes y públicos que aseguren

que los más capaces para gestionar tales bienes serán los encargados de ello.El agravio en el

presente caso se traduce en el hecho que, mediante un acto de modificación se realiza una

mejora de calidad y de condiciones técnicas para la nueva concesionaria del canal, obviando

que una decisión de tal naturaleza era de trascendencia e impacto para los demás operadores

del sector, algunos de los cuales ya habían manifestado su interés por acceder a la asignación de

frecuencias y por lo tanto tenían derecho a conocer de la revocación ordenada por el

Superintendente de la resolución 1043-2012, a efecto de poder participar en el mismo en

condiciones de igualdad y transparencia. Se advierte que la asignación del canal 11 está viciada

pues atenta lo prescrito en el artículo 126 de la Ley de Telecomunicaciones, y transgrede el

derecho a la seguridad jurídica y el principio de igualdad que gozan los recurrentes, pues con

dicha decisión obvia los derechos de los operadores que ya habían manifestado a la SIGET su

intención de que se les asignaran canales dentro del espectro radioeléctrico. De tal suerte que, la

SIGET debió asignar el canal 11 mediante un procedimiento público, en el que se permitiera a

los demás operadores participar y conocer los alcances de esa concesión (…)» (SIC) (el

subrayado es propio).

En este punto debe señalarse que la Junta de Directores de la SIGET, luego de realizar una

integración de los elementos fácticos y jurídicos relacionados, fijó su postura definitiva sobre el

objeto de controversia, estableciendo lo siguiente: « (…) En virtud de todo lo señalado esta Junta

de Directores concluye que, la decisión No. T-0315-2014 mediante la cual el Superintendente

reasignó el canal 11 de televisión a la UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA se dictó

vulnerando requisitos formales y de fondo, por lo que la misma debe ser dejada sin efecto,

esencialmente porque atenta los principios de igualdad, transparencia, publicidad, concurrencia,

seguridad jurídica, así como lo dispuesto en los artículos 126 y 61 de la Ley de

Telecomunicaciones.En consecuencia, la decisión impugnada desaparece del mundo jurídico y

las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de su emisión de dicha resolución, es

decir, que los efectos de la decisión ilegalmente adoptada se retrotraen al momento en que la

misma fue adoptada.Lo anterior de ninguna manera implica que TVRED S.A. DE C.V. se ve

vulnerada en su esfera jurídica con la presente decisión, ya que la misma viabiliza el que opere

bajo las condiciones originales -banda, frecuencia, canal- estipuladas en el contrato de

compraventa suscrito con la UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA. Cabe advertir que llama

la atención el hecho que la sociedad TVRED, S.A. de C.V. ha utilizado escuetamente las

oportunidades procesales que se le han conferido, no obstante haber tenido a su disposición

todos los mecanismos pertinentes para hacer valer la legalidad de la resolución apelada, pues ni

siquiera en la etapa probatoria aportó algún elemento que respaldara el derecho que manifiesta

tener y que está siendo debatido en el presente caso. Obsérvese que, las consecuencias de la

presente resolución son extraer del mundo jurídico una decisión que aún no había adquirido

estado de firmeza, y mediante la cual se vulneró la legislación sectorial de telecomunicaciones,

es decir, que la misma no pretende modificar en manera alguna el CNAF con la intención de

ampliar la esfera jurídica de ninguna empresa, sino que se presenta como consecuencia natural

de declarar ilegal la resolución No. T-0315-2014, lo cual desvanece todos los efectos que ésta

ocasionó.Se debe apuntar además que el proceso de inconstitucionalidad 65-2012, antes

relacionado y a cuya medida cautelar se refirió, analiza el procedimiento de subasta para el

otorgamiento de concesiones del espectro radioeléctrico, situación que es diferente al acto que

se controvierte. Finalmente, recuérdese que la Ley de Creación de la SIGET es clara cuando

estipula que la Junta de Directores se encuentra obligada a resolver las apelaciones presentadas

para su conocimiento, en un plazo de sesenta días hábiles, después de haberse interpuesto el

recurso respectivo. De ahí que, como órgano respetuoso de la legalidad ha tramitado y conocido

el caso porque no se puede desatender de sus competencias y potestades, las cuales se ejercen en

completo respeto del Principio de Legalidad y obediencia a las resoluciones judiciales (…)»

iv. Conforme con lo relacionado en el apartado anterior, la autoridad demandada, en la

resolución T-0642-2014, de las dieciocho horas del veinticinco de agosto de dos mil catorce,

expuso las premisas fácticas y jurídicas que fundamentan su decisión, manifestando las razones

de derecho que a su juicio evidenciabanla vulneración del Superintendente a la normativa

sectorial de la materia, en lo relativo a la “reasignación” del canal 11 de televisión a la

Universidad Francisco Gavidia -del cual ahora es titular TVRED, S.A. DE C.V.-,por omitir el

procedimiento administrativo que la LT establece para tal efecto.

Consecuentemente, el acto administrativo relacionado suprano carece de motivación, en

el aspecto analizado en este punto.

v. Por otra parte, frente al argumento de ilegalidad de la sociedad demandante relativo a

que la autoridad demandada, al resolver los recursos de apelación en sede administrativa, no

evidenció o justificó un interés o agravio en las sociedades recurrentes, ni expuso las razones por

las que consideró que la resolución T-0315-2014 no había adquirido estado de firmeza “luego de

pasados tres días de la notificación a TVRED, como único afectado en su esfera de derechos

subjetivos por el acto emitido” (folio 17 vuelto); esta Sala realiza las siguientes consideraciones.

La Junta de Directores de la SIGET, en el acto administrativo impugnado (folio 35 al 55),

al analizar -en el apartado a), romano X- «los derechos adquiridos alegados por TVRED S.A. DE

C.V.» expuso lo siguiente: «(...) de acuerdo a lo estipulado en múltiple jurisprudencia (…) un

acto administrativo adquiere firmeza cuando éste admite recurso administrativo y no es

interpuesto en el tiempo y en la forma que indica la ley, o bien cuando habiéndose agotado la

denominada vía administrativa no se ejerce la acción contenciosa dentro del plazo prescrito en

el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La Ley de Creación de

SIGET prevé en el artículo 13 «De las resoluciones del Superintendente existirá el recurso de

apelación, que deberá ser interpuesto dentro de los tres días después de la notificación del

mismo», y para el caso de autos, se verificó que (…) éste fue interpuesto dentro del plazo legal

establecido para tal efecto por cada una de las sociedades recurrentes, reuniendo además los

requisitos de forma. Debe señalarse que el plazo para accesar a la instancia de apelación, se

contabilizó desde el momento en que cada empresa manifestó y comprobó haber tenido

conocimiento del acto recurrido. Situación que se da a partir del día siguiente en que el Registro

de Electricidad y Telecomunicaciones extendió a algunos operadores certificación de la

Resolución T-0315-2014, o en otros casos desde la publicación de dicho acto, el cual fue

realizado en el Diario Oficial los días veintidós y veinticuatro de abril del presente año, saliendo

a circulación el primero de ellos el día veintisiete de mayo de dos mil catorce. De ahí que no es

posible afirmar que la resolución impugnada ya ha causado estado y por lo tanto TVRED S.A. de

C.V. goza ya de derecho adquiridos (…)» (SIC) (folio 39 vuelto).

A su vez, respecto al interés que los terceros beneficiados guardaban con la resolución que

impugnaban por medio del recurso de apelación, la autoridad demandada señaló: «(...) existía con

anterioridad a la resolución impugnada una decisión administrativa que había sido hecha del

conocimiento de todos los operadores del sector y del público en general, de que se suspendían

temporalmente los efectos que desplegaban algunos actos administrativos, así como el

otorgamiento de frecuencias y el diligenciamiento de solicitudes de asignación de rango

adicional de frecuencias. Entonces, se ha comprobado que los operadores del sector - algunos de

los cuales ya habían manifestado su interés de acceder a determinadas frecuencias - conocían la

situación de suspensión ordenada por la institución reguladora, pues la resolución No. T-1043-

2012 se publicó por los medios correspondientes: tanto en un periódico de circulación nacional

como en el Diario Oficial. En otras palabras, era un hecho cierto y conocido que no se podía

acceder a nuevos canales durante el tiempo que precedía a la migración a la Televisión

Terrestre Digital (…) El agravio en el presente caso se traduce en el hecho que, mediante un

acto de modificación se realiza una mejora de calidad y de condiciones técnicas para la nueva

concesionaria del canal, obviando que una decisión de tal naturaleza era de trascendencia e

impacto para los demás operadores del sector, algunos de los cuales ya habían manifestado su

interés por acceder a la asignación de frecuencias y por lo tanto tenían derecho a conocer de la

revocación ordenada por el Superintendente de la resolución 1043-2012, a efecto de poder

participar en el mismo en condiciones de igualdad y transparencia (…)» (SIC) (folio 43 frente y

46 vuelto).

Como se advierte, la autoridad administrativa demandada, en la resolución T-0642-2014,

justificó el interés legítimo de las sociedades recurrentes y expuso las razones por las que

consideró que la resolución T-0315-2014 -impugnada por medio del recurso de apelación- no

había adquirido estado de firmeza.

vi. En suma, en atención a las consideraciones esbozadas en los párrafos anteriores, debe

desestimarse el vicio de ilegalidad alegado por la sociedad actora relativo a la vulneración al

derecho a la seguridad jurídica como consecuencia de la falta de motivación del acto

administrativo impugnado.

D. Vulneración al artículo 126 de la LT y al derecho a la seguridad jurídica.

1. La sociedad demandante señaló que la autoridad demandada, para emitir el acto

administrativo impugnado, aplicó una disposición normativa que no se encontraba vigente.

Concretamente, el artículo 126 de la LT, disposición normativa de “naturaleza transitoria” pues

tenía como finalidad establecer un régimen especial y temporal a los operadores previo a la

entrada en vigencia de la nueva ley.

La actora expuso que para identificar el plazo de vigencia de talnorma, la misma debe

integrarse con el artículo 103 de la LT que establece: «(...) LAS DISPOSICIONES

TRANSITORIAS ESTARÁN VIGENTES DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO

OFICIAL, SALVO LAS EXCEPCIONES QUE SE ESPECIFICAN, Y TENDRÁN VENCIMIENTO

EN UN PLAZO DE UN AÑO (…)». Esta última disposición normativa, según la actora, debe

considerarse como “una regla general respecto a la vigencia de las disposiciones transitorias en

toda la LT”.

Así, la parte demandante concluyó que «(...) la Junta de Directores aplicó una

disposición que carece de vigencia -el Art. 126- para resolver sobre la apelación, lo que vuelve

ilegal su actuación (…)» (SIC) (folio 18 vuelto).

2. La Junta de Directores de la SIGET manifestó que «(...) en materia de aplicación de

las leyes se debe recordar que rige el principio que la Ley rige a futuro, y que ésta deroga a las

normas que la contraríen y que sean previas a éstas, lo cual puede hacerse de manera expresa o

implícita (…) La ultractividad de la norma se presenta como un problema de aplicación de la

ley en el tiempo y está estrechamente vinculada al principio de seguridad jurídica, de tal suerte

que: (…) los hechos y actos jurídicos deben regirse por la normativa que era vigente al

momento de su ocurrencia, realización o celebración (…)» (SIC) (folio 1433).

Así, indicó la autoridad demandada, el concepto de ultractividad de la norma es el que

explica el contenido del artículo 126 de la LT, ello, dado quesi bien tal disposición normativa se

denomina como “transitoria”, su vigencia no puede entenderse limitada al año de emisión de la

LT «(...) pues las concesiones se entienden válidamente conferidas por un plazo de veinte años,

por lo que la restricción no puede [ser]impuesta al regulador debe extenderse hasta que la

última concesión otorgada antes de la vigencia de la ley haya finalizado, por lo que su efecto

alcanza por lo menos hasta el año dos mil diecisiete (…)» (SIC) (folio 1432 frente).

3. Los terceros beneficiados con el acto administrativo impugnado señalaron que el

artículo 126 de la LT es una “norma vigente en su plenitud y produce todos los efectos jurídicos

que toda norma legal se encuentra destinada a producir, en consecuencia, los argumentos de

TVRED, responden a la copia fiel del voto disidente contenido en la resolución T-0642-2014”

(folios 1521 vuelto, 1690 vuelto, 1837 frente).

4. Establecido lo anterior, esta Sala hace las siguientes consideraciones.

i. El artículo 126 inciso 1° de la LTsin la reforma hecha por medio del Decreto

Legislativo N° 372, de fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial

N° 91, tomo N° 411, de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, establecía lo siguiente:

«(...) TRANSITORIO (…) Toda concesión, licencia, acuerdo, autorización o permiso para los

servicios indicados en este régimen especial, actualmente vigentes a la entrada en vigencia a

esta Ley, conservarán las condiciones y restricción de explotación con que fueron otorgadas, a

excepción de la restricción de uso. Asimismo, a los titulares de dichas concesiones, licencias,

acuerdos, autorizaciones, sin importar el plazo que reste para el vencimiento de las mismas, se

les concede por ministerio de Ley, concesión para la explotación de los servicios mencionados,

por un plazo de veinte años, prorrogables automáticamente por períodos iguales, contados a

partir de la entrada en vigencia de esta Ley. La SIGET deberá otorgar concesiones para

regularizar el uso de las frecuencias de enlace utilizadas para transmitir las señales en las

zonas autorizadas. Con el fin de permitir el desarrollo de nuevas tecnologías de

telecomunicaciones, dichas frecuencias de enlace podrán no ser las mismas con las cuales están

operando actualmente. La autorización para estas frecuencias de enlace y repetidoras para

radio y televisión, no causará ningún pago (…)» (el subrayado es propio).

A su vez, el artículo 103 de la LT establece: «(...) Las disposiciones transitorias estarán

vigentes desde la fecha de publicación en el Diario Oficial, salvo las excepciones que se

especifican, y tendrán vencimiento en un plazo de un año (…)».

ii. A partir de la interpretación literal del artículo 126 de la LT, esta Sala advierte que

dicha disposición normativa posee el carácter de “transitoria”.

Dicha transitoriedad indicaba, al tenor literal de la norma, que (a) sus efectos jurídicos

eran aplicables a las concesiones, licencias, acuerdos, autorizaciones o permisos otorgados antes

de la entrada en vigencia de la LT, (b) en cuanto a la conservación de las condiciones y

restricciones de explotación con que fueron otorgadas tales categorías-”a excepción de la

restricción de uso”-, (c) hasta concluir el plazo correspondiente.

Ahora bien, la disposición normativa que se analiza tambiénproducía el efecto de conferir

por ministerio de ley “concesión para la explotación de los servicios mencionados, por un plazo

de veinte años, prorrogables automáticamente por períodos iguales, contados a partir de la

entrada en vigencia de esta Ley”, circunstancia cuya naturaleza no puede vincularse alplazo

instaurado en el artículo 103 de la LT relativo a un año.

Así, siendo que el titular de la frecuencia del canal 37 -que fue favorecido con la

“reasignación” de la frecuencia del canal 11- poseía una concesión pactada con anterioridad a la

entrada en vigencia de la LT, el artículo 126 de tal cuerpo normativo se encontraba vigente al

veinticinco de agosto de dos mil catorce, fecha en la que la Junta de Directores demandada

emitió el acto administrativo impugnado en el presente caso.

De ahí que es errónea la aseveración de la actora relativa a que la autoridad demandada,

para emitir el acto controvertido, aplicó una disposición normativa que no se encontraba vigente

-refiriéndose al artículo 126 de la LT-.

Finalmente, esta Sala considera necesario precisar que no desconoce la sentencia emitida

por la Sala de lo Constitucional de esta Corte, a las doce horas del veintinueve de julio de dos

mil quince -Incons. 65-2012AC-, mediante la cual declaró la inconstitucionalidad de la

expresión “automáticamente” del inciso segundo del artículo 115 e inciso segundo del artículo

126, ambos de la LT.

Tal como se estableció al inicio de este apartado, la última disposición normativa

relacionada establecía: “Asimismo, a los titulares de dichas concesiones, licencias, acuerdos,

autorizaciones, sin importar el plazo que reste para el vencimiento de las mismas, se les

concede por ministerio de Ley, concesión para la explotación de los servicios mencionados, por

un plazo de veinte años, prorrogables automáticamente por períodos iguales, contados a partir

de la entrada en vigencia de esta Ley” (el subrayado es propio).

Pues bien, en la sentencia de inconstitucionalidad señalada -Incons. 65-2012AC-,el

respectivo Tribunal concluyó que «(...) la expresión “automáticamente”, del inciso segundo del

art. 115 y del segundo inciso del art. 126, ambas disposiciones de la LT, vulnera la libre

competencia del art.110 Cn (…) quedando eliminado del texto de las disposiciones referidas, el

vocablo “automáticamente” (…)»

Establecido lo anterior, debe aclararse que en el presente caso, la declaratoria de

inconstitucionalidad relacionada suprano incide en el objeto de controversia analizado por esta

Sala, ello, dado que el argumento de la impetrante está dirigido a cuestionar la vigencia del

artículo 126 de la LT y su aplicación en el acto administrativo impugnado, el cual no posee

como contenido esencial la “prórroga automática” de alguna concesión del espectro

radioeléctrico.

Así, por todo lo expuesto en los apartados precedentes, debe desestimarse el vicio de

ilegalidad alegado por la parte demandante relativo a la vulneración al artículo 126 de la LT y al

derecho a la seguridad jurídica.

E. Vulneración a los artículos 4, 6 y 44 del CIT y 5 del RR.

1. La sociedad demandante expuso que «(...) El Salvador ha ratificado la Convención

Internacional de Telecomunicaciones y (…) la misma se encuentra vigente (…) la Junta de

Directores ha inobservado su contenido al no respetar la modificación del Cuadro Nacional de

Frecuencias (CNAF) en la banda de frecuencia 608-614 MHz, realizado por el Superintendente

de esa época quien, en respeto y observancia a la normativa internacional (…) destinó y atribuyó

dicha banda al servicio de Radioastronomía, y consecuentemente a ello, también actualizó dicho

Cuadro (CNAF) (…)» (SIC) (folio 19 vuelto).

Así, la actora señaló que las actuaciones del Superintendente consignadas en la resolución

T-0315-2014 tienen su fundamento en los artículos 113 de la LT y 5 del RR. Por ende, la Junta de

Directores de la SIGET actuó ilegalmente al revocar tal decisión, vulnerando, así, los artículos 4,

6 y 44 del CIT y 5 del RR.

2. La autoridad administrativa demandada señaló que la modificación del CNAF y la

competencia del Superintendente para aplicar la normativa internacional e incorporar las

modificaciones que considerara convenientes, no fueron controvertidas en el presente caso.

Por el contrario, según indicó, la ilegalidad de la resolución T-0315-2014 tiene su

fundamento en el hecho que, el Superintendente “reasignó una concesión cuando el contenido del

acto conlleva una nueva concesión, sin que haya seguido el procedimiento que la ley establece

para tal efecto” (folio 1432 frente).

3. Los terceros beneficiados con el acto administrativo impugnado indicaron que la

asignación del canal 37 en la banda de radioastronomía “es coherente con las necesidades de

frecuencias al momento de su asignación por parte de la Administración Nacional de

Telecomunicaciones. Sin embargo, su uso en el pasado o presente no ha reñido con las

asignaciones nacionales o internacionales, ni con convenios bilaterales o multilaterales

adoptados por nuestro país”.

En ese sentido, “dicha asignación se hizo de acuerdo a las normas de asignación del

CNAF y conforme a los lineamientos de la UIT vigentes a esa fecha, esto queda establecido

también en el numeral 2.1.1 del informe de SIGET sobre el cual se hizo la argumentación para el

cambio de frecuencia del canal 37, que establece “las atribuciones del reglamento de

Radiocomunicaciones -RR- de la UIT son la guía para todas las administraciones miembros de

la UIT para la elaboración de sus tablas o Cuadros Nacionales de Atribución de Frecuencia -

CNAF-,”.

Por lo anterior, indicaron los terceros beneficiados, “no hay ninguna restricción u

obligación que determine dogmáticamente que la guía proporcionada por la UIT debe de

atribuirse como tal sin tener en cuenta las necesidades de cada país miembro” (folios 1524 frente

y vuelto, 1693 frente y vuelto, 1839 vuelto al 1840 frente).

4. Establecido lo anterior, esta Sala hace las siguientes consideraciones.

i. Del examen del acto administrativo impugnadose advierte que la revocatoria de la

resolución T-0315-2014 no tiene a su base un examen de la legalidad de la “modificación” del

CNAF efectuada por el Superintendente o su competencia respecto atal modificación.

En la parte expositiva del acto controvertido la autoridad demandada se limitó a analizar

los argumentos expuestos por CANAL 12 DE TELEVISIÓN S.A. de C.V., INDESI, S.A. de

C.V., CANAL DOS, S.A. de C.V., YSU TV CANAL 4, S.A. de C.V., y CANAL SEIS, S.A. de

C.V., en los recursos de apelación presentados. Dichos argumentos estaban orientados a

controvertir: (a) el contenido de la resolución T-0315-2014, (b) el procedimiento para la

modificación de concesiones otorgadas por la SIGET, (c) la vulneración de los principios de

transparencia y publicidaden relación a la resolución T-0315-2014, y (d) la vulneración al

artículo 126 inciso 1° de la LT, en relación con el principio de igualdad y seguridad jurídica.

En consonancia con lo anterior, la autoridad administrativa demandada, en el escrito

presentado el veintitrés de octubre de dos mil catorce (folios 1416 al 1433), señaló a esta Sala que

«(...) La modificación del CNAF no se ha puesto en controversia, tampoco la competencia del

titular de la SIGET para aplicar la normativa internacional e incorporar las modificaciones que

se consideren convenientes, por lo que resulta incomprensible lo manifestado por la parte actora

al respecto (…) De ahí que no pueda acogerse este motivo pues la Junta de Directores no ha

expuesto que el Superintendente esté limitado en ese sentido (…)»(SIC) (folio 1432 frente y

vuelto).

ii. Pues bien, analizado el contenido del acto administrativo controvertido, resulta

necesario destacar la conclusión de la Junta de Directores de la SIGET relativa a que «(...) la

decisión No. T-0315-2014 mediante la cual el Superintendente reasignó el canal 11 de televisión

a la UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA se dictó vulnerando requisitos formales y de fondo,

por lo que la misma debe ser dejada sin efecto, esencialmente porque atenta los principios de

igualdad, transparencia, publicidad, concurrencia, seguridad jurídica, así como lo dispuesto en

los artículos 126 y 61 de la Ley de Telecomunicaciones (…)» (SIC) (folio 46 frente).

Lo expuesto en el párrafo precedente permite concluir que, si bien el Superintendente, por

medio de la resolución T-0315-2014, formalmente modificó el Cuadro Nacional de Frecuencias

(CNAF) en la banda de frecuencia 608-614 MHz, atribuyendo dicha banda al servicio de

Radioastronomía -en cumplimiento de los artículos 4, 6 y 44 del CIT y 5 del RR, como lo señaló

la demandante-, dicha decisión no fue la única contenida en la mencionada resolución T-0315-

2014.

En este punto, esta Sala considera necesario precisar que la autoridad administrativa

demandada, al rendir el informe de legalidad del acto administrativo impugnado (folios 1416 al

1433), señaló: «(...) que la ilegalidad de la resolución No. T-0315-2014 deviene porque [el

Superintendente] “reasignó” una concesión cuando el contenido del acto conlleva una nueva

concesión, sin que (…) haya seguido el procedimiento que la Ley establece para tal afecto»

(SIC) (folio 1432 frente).

Sobre ello, conviene puntualizar lo siguiente.

a.El Superintendente, por medio de la resolución T-0298-2014, de las once horas con

quince minutos del dos de abril de dos mil catorce (folios 2377), al analizar la banda de

frecuencia 608-614 MHz, determinó que según el Reglamento de Radiotelecomunicaciones de la

UIT, dicha banda debía estar atribuida a título primario al servicio de Radioastronomía, y a título

secundario al servicio móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite. Sin embargo, en

nuestro país, dicha frecuencia se encontraba asignada al servicio de Radiodifusión. Por ello, la

autoridad administrativa aludida resolvió: «(...) a) Iníciese el procedimiento para determinar la

viabilidad técnica y legal del uso de la banda de 608 a 614 MHz para el servicio de

RADIODIFUSIÓN. b) Requiérase informe técnico a la Gerencia de Telecomunicaciones,

referente a la situación actual del uso de la banda de 608 a 614 MHz para el servicio de

RADIODIFUSIÓN (Canal 37) tal como lo establece actualmente el Cuadro Nacional de

Atribución de Frecuencias -CNAF- y, de acuerdo con el resultado del mismo, la posible

factibilidad de reasignar al concesionario actual de la citada banda, un canal alternativo para

seguir operando la concesión del servicio de RADIODIFUSIÓN. Dicho informe deberá ser