Sentencia Nº 379C2018 de Sala de lo Penal, 20-03-2019

• Emisor: Sala de lo Penal
• Sentido del fallo: HA LUGAR
• Número de sentencia: 379C2018
• Fecha: 20 Marzo 2019
• Materia: PENAL
• Tipo de Recurso: RECURSO DE CASACION
• Normativa aplicada: D.L. Nº 733 del 22 de Octubre de 2008 - VIGENTE
• Delito: Contrabando de Mercaderías
• Tribunal de Origen: Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, San Salvador

379C2018

SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las ocho

horas y quince minutos del día veinte de marzo del año dos mil diecinueve.

La presente resolución es emitida por la Magistrada D.L..R.G. y los Magistrados

J.R.A.M. y L.R.M., para resolver los recursos de

casación interpuestos el primero, por los licenciados C..O.E. y M.E.

.

F.S., en calidad de defensores particulares de JFAM; el segundo, por los

licenciados F.E.U.V.F. y R..A.P.V., en calidad de

defensores particulares de los imputados MEGM, JFAM y PLS, quienes solicitan se controle el

fallo dictado a las quince horas con doce minutos del treinta de mayo del año dos mil dieciocho,

por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro con sede en la ciudad de

San Salvador, mediante el cual confirma la sentencia definitiva condenatoria pronunciada por el

Tribunal Segundo de Sentencia de la misma localidad, en el proceso penal instruido en su contra

y otros, por el delito de CONTRABANDO DE MERCADERÍAS, previsto y sancionado en el

Art. 15 literal g) de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras (LEPSIA), en

perjuicio de la Hacienda Pública.

Interviene además, la licenciada Gloria Esperanza Escobar de H., en calidad de agente

auxiliar del Fiscal General de la República.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO: El Juzgado Sexto de Instrucción de esta ciudad, celebró la audiencia preliminar en

contra de los expresados incoados y otros, y una vez concluida la misma, elevó las actuaciones al

Tribunal Segundo de Sentencia de la misma localidad, sede que conoció de la vista pública y con

fecha cuatro de enero del año dos mil dieciocho, dictó sentencia definitiva condenatoria para los

tres antedichos incoados y absolutoria para otros dos, conociendo en apelación de las defensas

técnicas, la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, quien al resolver los

diferentes recursos interpuestos, confirmó la decisión condenatoria. Teniéndose por acreditados

los siguientes hechos: “...el día quince de mayo de dos mil quince, a las seis horas con treinta

minutos, agentes policiales pertenecientes a la Unidad de Delitos Especiales de la División

Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, Grupo Anti contrabando, en residencial

**********, frente a la casa número **********, San Salvador, procedieron a la detención de

los imputados JFAM, MEGM y PLS; los dos primeros llegaron al lugar en una camioneta color

ocre Ford placas P-********** , la cual era conducida por el primero y el segundo el

acompañante; que la casa número en referencia es el lugar de domicilio del último de los

acusados; que también el lugar fueron intervenidos los imputados OOR y JFAC; que dichos

agentes los observaron que se encontraban descargando bultos dentro de bolsas color negro que

las ingresaban al garaje de la casa número **********, en referencia.- Que al ver la presencia

policial los sujetos se dieron a la fuga, siendo perseguidos por los agentes policiales logrando su

captura; se procedió a incautar la evidencia encontrada consistente en una camioneta Placas P -

********** de la cual era descargada la mercadería, así como diecinueve bultos de cigarrillos

marca M., los cuales unos estaban en el suelo, otros en la cochera de la vivienda y otros

todavía estaban en el vehículo en referencia. Que al no establecerse la adquisición legítima de

dicha mercadería, se procedió a la detención de los imputados...”. (Sic).

SEGUNDO: La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, dictó resolución

en los siguientes términos: “...a) Confírmese la sentencia condenatoria, pronunciada por la Juez

del Tribunal Quinto de Sentencia, licenciada M.d.P.A.go de A., emitida a las

catorce horas del cuatro de enero de dos mil dieciocho, en la que se condenó a los señores

JFAM, MEGM y PLS, por la comisión del delito calificado provisionalmente como Contrabando

de Mercadería, descrito típicamente y sancionado en el artículo 15 literal g de la Ley Especial

para Sancionar Infracciones Aduaneras - en adelante LESIA -, en perjuicio del orden

socioeconómico, específicamente la Hacienda Pública...”. (Sic).

TERCERO: Al agotar el estudio de naturaleza formal, ordenado por el Art. 484 Pr. Pn., esta Sala

procede a realizar un estudio formal de los recursos interpuestos mediante una lectura objetiva y

exhaustiva, se entra al análisis del escrito presentado por los licenciados C.O.E.

.

M. y M.E.F..S., advirtiéndose que no han cumplido con los

requisitos de admisibilidad contenidos en el Art. 480 Inc. 1º Pr. Pn., por lo que se hacen las

siguientes consideraciones: se observa que los quejosos alegan dos motivos que enmarcan, el

primero, como la mala aplicación de la sana crítica; y, segundo, la falta de fundamentación de la

sentencia, Arts. 478, 479 y 480 Pr. Pn.

No obstante lo anterior, se aprecia que si bien señalan cada una de las reglas y principio

correspondientes a la sana crítica, en su mínimo desarrollo se limitan a efectuar planteamientos

relacionados exclusivamente a los hechos ocurridos y sobre valoración probatoria, es decir, los

impugnantes estructuran brevemente su reproche de manera tal que no logran mostrar a esta Sede

de qué modo la Cámara inobservó las normas procesales indicadas, Arts. 478 No. 3 Pr. Pn.,

generando un vacío en la fundamentación del recurso de tal entidad que impide al Tribunal de

Casación verificar si lo denunciado ha ocurrido en el caso de autos.

A manera de ilustración, se tiene: “...1) Principio de Identidad (...) este principio se vulneró en el

sentido que la conducta descrita por el señor JFAM, fue calificada como coautor del delito de

CONTRABANDO DE MERCADERÍAS, (...) el juez no valoró que dicho señor no encontrado

con mercadería en sus manos no cerca de él, ya que si bien fue encontrado cerca del lugar de los

hechos esto no quiere decir que su conducta fue de un delincuente que haya en verdad cometido

dicho ilícito...”.

“...Reglas de la Psicología, (...) este principio se vulneró en el sentido que toda la prueba no fue

valorada como debió ser en el sentido de que le restaba credibilidad porque no se mencionó que

fuese nuestro representado quien estuviese bajando los bultos de dicha mercadería de ningún

vehículo automotor, ni que este estuviera introduciendo al país por un punto fronterizo, o que éste

se condujere en un vehículo, sino más bien que este fue encontrado a barias (Sic) cuadras del

lugar de los hechos y posteriormente capturado por los Agentes Policiales...”. “...en ningún

momento se le incautó mercadería alguna, por lo que ha existido una mala valoración al momento

de fundamentar la sentencia ahora objeto de alzada, ya que se valoró mal la prueba testimonial de

cargo.

Como se logra evidenciar en los trozos transcritos, en ningún punto desarrollado en sus reclamos

embisten la decisión del órgano de segunda instancia, los recurrentes tuvieron que acreditar que

el raciocinio expuesto en la providencia de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección

del Centro no es coherente, o lógico, o que desconoció las reglas de la sana crítica. No pueden los

gestionantes, limitarse a hacer valoraciones personales respecto a la apreciación de la prueba,

incluso comentarios carentes de un sustento lógico y jurídico hechas por el juzgador, omitiendo

señalar el defecto formal que a su entender invalida los razonamientos de la Cámara.

Con relación al planteamiento desarrollado por los quejosos, es importante recordar que, el

recurso de casación no es un correctivo de la prueba practicada en el juicio oral; en tal sentido, se

advierte que, el contenido del reproche con el que se pretende exponer el defecto, de ninguna

manera tiene como objeto atacar la decisión de segunda instancia, sino que, por el contrario, el

propósito de los recurrentes es seguir su debate jurídico probatorio al cuestionar desde su

particular visión e intereses procesales, cómo sucedió el evento criminoso, es decir, cuestiones

fácticas, así como también, la ponderación que se le otorgó a las declaraciones de los testigos

agentes captures, y al proyectar tal actividad, se desnaturalizan los fines respecto de los que fue

constituida la Casación. En consecuencia, el recurso es incapaz de abrir esta vía impugnativa, por

lo que debe ser declarado inadmisible de manera liminar.

En razón de lo anterior, no es posible enmendar a través de una prevención las deficiencias

advertidas en los párrafos que anteceden, ya que esta opera cuando el error cometido por el

impugnante sea subsanable, situación que no ocurre en los casos de mérito, según lo prevé el Art,

453 Inc. 2º del Código Procesal Penal. En consecuencia, no habiéndose realizado una

fundamentación fáctica y jurídica coherente con el motivo invocado, procede declarar

inadmisible el recurso interpuesto.

En relación al recurso interpuesto por los licenciados F.E.U.V.F. y

R.A.P.o V., esta Sala constata que se han cumplido todas las formalidades

exigidas para su interposición, previstas en los Arts. 453, 478, 479 y 480 Pr. Pn., por lo que

ADMÍTESE el mismo.

CUARTO: A los licenciados F..E.U.V.F. y R..A.P....

.

V., se les ha admitido un único motivo, que consiste en la errónea aplicación e interpretación

del Art. 15 literal “G” LESIA, en relación con el Art. 5 Inc. 2º de la Ley de Impuesto Sobre el

Tabaco.

QUINTO: Interpuestos los memoriales por quienes recurren, tal como lo dispone el Art. 483 del

Código Procesal Penal, se corrió traslado a la licenciada, G.E..E. de H.,

en calidad de agente auxiliar del Fiscal General de la República, a fin de que emitiera su opinión

sobre los recursos interpuestos, sin que hiciera uso de su derecho.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como se indicó en párrafos anteriores, los recurrentes invocan como vicio de casación la errónea

aplicación e interpretación del Art. 15 LEPSIA, en relación con el Art. 5 Inc. 2º de la Ley de

Impuesto Sobre el Tabaco, por cuanto estiman, que de los hechos acreditados no se configura el

tipo de Contrabando de Mercaderías, ya que la única acción concreta desplegada por sus

defendidos, consistió en descargar bultos que contenían cigarrillos que se encontraban en el

interior de un vehículo tipo camioneta, los cuales colocaron en el interior de una vivienda que se

encontraba en un pasaje privado.

Para quienes reclaman, nunca se demostró que los imputados hayan sustraído o evadido los

controles aduaneros, la mercadería fue decomisada en una actividad específica de carga y

descarga sin que se demostrara a través de otro medio de prueba que los imputados ejercían o

tenían el acto o señorío o tenencia efectiva de la mercadería, en el sentido de haberse demostrado

que todos participaron en la sustracción de la actividad aduanera, que todos adquirieron o

compraron el producto y que todos como dueños de la mercadería iban a obtener un lucro de la

misma.

Continúan sosteniendo: “...la Cámara (...) a partir de la pag. 25 y 26 de la resolución que nos

ocupa interpreto de manera excluida el Lit. “G” del Inc. 1º lo cual llanamente significa que de

acuerdo a esa lógica las personas que tengan o estén comercializando con mercadería las cuales

no se encuentran amparadas por una declaración de mercancías estarían incluidas en delito de

contrabando, como lo ha razonado la Cámara (...) en virtud de haberse encontrado los cigarrillos

en el vehículo automotor bajo la supuesta tenencia de nuestros representados...”. (Sic).

“...de acuerdo al cuadro fáctico, supone la inobservancia del Art. 4 Pn. pues en primer lugar no se

demostró en la Vista Pública la actuación dolosa de los mismos, en el sentido de una imputación

de evadir los controles aduaneros correspondientes para ingresar al país mercadería de forma

ilícita; no ha quedado acreditado que los tres imputados estuvieran consientes de encontrarse ante

un acto de introducción de mercadería, si no lo que se ha establecido, son actos de tenencia de

mercancías sujetas a control, tenencia que ilegitima pero no en el sentido de contrabando si no de

una RECEPTACIÓN...”. (Sic).

Al respecto, razona el órgano de segunda instancia lo siguiente: “...Desarrollados que han sido los

presupuestos establecidos anteriormente es pertinente analizar lo sucedido en el caso venido en

apelación; y es que se ha condenado a los imputados por la comisión del delito de contrabando de

mercadería, en virtud que se les sorprendió con la tenencia de 850 paquetes de cigarrillos marca

modem, que son originarios de China, con un valor unitario de $7.83 dólares de los Estados

Unidos de América, haciendo un valor total de $6,655.50 dólares. Dichos datos se obtienen de la

pericia realizada por el contador vista H.A.edo M.N., de la Dirección General de

Aduanas...”. (Sic).

“... Al contrastar dicha pericia con la prueba testimonial de los agentes captores, se obtiene que al

momento en el que se les interceptó con dicha mercadería, ninguno de los procesados pudo

comprobar la procedencia de la mercancía, lo cual se verificó después de haberse dado a la fuga y

ser capturados por los agentes policiales. Con todo ello, se ha comprobado que los procesados,

por los que se presenta recurso de apelación, tenían en su poder una cantidad exagerada de

paquetes de cigarrillos, los cuales son originarios de China, y que los mismos - por su naturaleza -

son generadores de impuestos aduaneros que deben ser pagados, y de lo cual no existe una

documentación que respalde el control aduanero de dicho producto...”. (Sic).

“...Tomando como base lo desarrollado en los párrafos precedentes se puede observar que se han

cumplido los elementos, tanto objetivos como subjetivos, del delito de contrabando de

mercadería, pues es evidente que existe tenencia de mercadería de origen extranjero (1), dicha

mercadería no se encuentra amparada por una declaración o formulario aduanero (2), lo que

refleja que se ha sustraído de los controles aduaneros (3), causando de esta manera un perjuicio

económico a la Hacienda Pública (4); y se demostró que existía conocimiento de los sujetos en

cuanto a que la conducta de tenencia de mercancía sin un documento que ampare la legalidad es

constitutivo de delito (5). Esto último se ha verificado a raíz de la declaración de los agentes

captores, quienes son coincidentes en detallar que cuando los procesados se percataron de su

presencia trataron de huir del lugar. En cuanto al perjuicio económico de la Hacienda Pública,

basta con identificar que en la pericia realizada por el contador vista, que se encuentra agregada a

folios 123 y 124, se ha tasado el valor de los paquetes de cigarrillos incautados, así como los 27

impuestos que los mismos generan, por lo que se concluye que el perjuicio a la Hacienda Pública

asciende a $34,935.02...”. (Sic).

En consecuencia, sobre la temática expuesta esta Sala hace las siguientes consideraciones:

El Art. 15 Inc. 1º y literal g) de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras regula:

“... Constituye delito de Contrabando de Mercaderías las acciones u omisiones previstas en esta

Ley por las cuales, la importación o exportación de mercancías se sustraen de la correspondiente

intervención Aduanera y produzcan o puedan producir perjuicios económicos a la Hacienda

Pública o evadir los controles sanitarios o de otra índole que se hubieran establecido legalmente.

Constituyen Contrabando de Mercancías las conductas siguientes: g) La tenencia o

comercialización de mercancías extranjeras sin que las mismas se encuentren amparadas por una

declaración de mercancías o el formulario aduanero respectivo, a menos que se compruebe su

adquisición legítima.”

De lo prescrito por el tipo penal, se establece como conducta básica punible, a efecto de que éste

se configure, que se acredite que la importación o exportación de mercaderías ha sido sustraída

total o parcialmente de la intervención aduanera y que esta acción u omisión produzca o pueda

producir perjuicios económicos a la Hacienda Pública, de conformidad a las cantidades previstas

por las leyes correspondientes de la materia, y para el caso, la tenencia o comercialización de

mercancías extranjeras, sin estar amparadas por una declaración de mercancías o el formulario

aduanero respectivo, a menos que se compruebe su adquisición legítima.

Agregado a lo manifestado, sobre los elementos del tipo penal de Contrabando de Mercaderías,

esta Sala ha emitido la sentencia marcada con la referencia 632-CAS-2007, de fecha siete de

mayo del año dos mil ocho, en la que se indica: “... de conformidad con el Diccionario de la

Lengua Española, ... Contrabando significa “1. Comercio o producción de géneros prohibidos por

las leyes a los productores y mercaderes particulares.// 2. Géneros o mercaderías prohibidos.// 3.

Acción o intento de fabricar o introducir fraudulentamente dichos géneros o de exportarlos,

estando prohibido...”. (...) tal expresión lingüstica tiene varias acepciones, sin embargo, puede

claramente establecerse un común denominador en las mismas, cual es: comercio, producción,

fabricación, introducción o exportación de géneros o mercaderías prohibidas por las leyes ...”.

(Sic).

Asimismo, en dicho proveído también se dijo: “... Por otra parte, el citado artículo 15, en el inciso

primero, señala dos elementos normativos (...) constituye delito de Contrabando de Mercaderías

las acciones u omisiones previstas en esta Ley y por las cuales: 1) La importación o exportación

de mercancías se sustraen de la correspondiente intervención aduanera; y 2) Produzca o pueden

producir perjuicios económicos a la Hacienda Pública (...) el primero de tales elementos

normativos, importación o exportación de mercancías que se sustraen a la intervención aduanera,

y a tal respecto cabe aclarar que, por “intervención aduanera”, se debe entender que el Estado,

personificado en la Hacienda Pública, ejerce un control sobre las salidas y entradas de

mercaderías en el territorio nacional (...) una razón fundamentalmente de carácter económico, por

cuanto el Estado tiene, en el cobro de ciertos derechos sobre las operaciones de entrada y salida

de mercancías, no sólo una fuente de ingresos sino que además constituye uno de sus más

tradicionales modos de financiación; concluyéndose que, el bien jurídico protegido a través de

este tipo penal es fundamentalmente el patrimonio del Estado, aunque no el único bien jurídico

protegido (...) o exportación de mercancías produzcan o puedan producir perjuicios económicos a

la Hacienda Pública. De conformidad con el diccionario arriba citado, el vocablo Perjuicio

significa: “1. Efecto de perjudicar o perjudicarse.//2. Ganancia lícita que deja de obtener o de

méritos o gastos que se ocasionan por acto u omisión de otro, y que éste debe indemnizar, a más

del daño o detrimento material causado por modo directo...”. Y por perjudicar habrá de

entenderse: “Ocasionar da o menoscabo material o moral”...”. (Sic).

De igual forma, consta en la sentencia pronunciada por esta Sala, referencia 125-CAS-2010, de

fecha veinte de mayo del año dos mil once, lo siguiente: “... para que el delito de Contrabando de

Mercaderías se produzca, deben acreditarse los elementos objetivos y subjetivos siguientes: a)

Tenencia o comercialización de mercancía extranjera; b) Que la mercancía no esté amparada por

una declaración o por el formulario aduanero respectivo; c) Que tal mercancía se haya sustraído

de la correspondiente intervención aduanera o evada los controles sanitarios o de otra índole que

se hubieren establecido legalmente; d) Que la acción de sustracción a la intervención aduanera,

produzca o pueda producir un perjuicio económico a la Hacienda Pública. Éstos como elementos

objetivos del tipo penal, y como elemento subjetivo que debe inferirse de los hechos probados; e)

El Dolo, que consiste en el conocimiento que el agente tiene de que tal conducta, la tenencia de

mercancía sin los requisitos de legalidad, es típica, pero no obstante ese conocimiento, orienta su

voluntad a producir la conducta prohibida por la ley...”. (Sic).

Se deja constancia que los proveídos relacionados previamente, fueron dictados bajo la

legislación procesal penal derogada, pero son aplicables al caso sub judice, por mantenerse

incólume el criterio sustentado en los mismos.

Una vez establecido lo anterior, es factible afirmar que la sentencia objeto de análisis evidencia la

configuración de ciertos elementos objetivos del tipo requerido para el delito de Contrabando de

Mercaderías, como lo son la tenencia de mercancía extranjera y que ésta no estuviere amparada

por una declaración de mercancías o el formulario aduanero respectivo, pues se manifiesta que

los testigos JLHP, EAV, ambos destacados en la División Central de Investigaciones de la

Unidad de delitos Especiales, Grupo Anticontrabando, interceptan a los imputados en

**********, quienes se encontraban descargando bultos dentro de bolsas color negro que las

ingresaban al garaje de la casa número **********, y al observar la presencia policial los sujetos

se dieron a la fuga, siendo perseguidos y posteriormente capturados por los agentes policiales. Al

verificar el contenido de los bultos, se constata que contenían paquetes de cigarrillos, eran en

total 850 paquetes, marca MODERN, originarios de China, tratándose de mercancías extranjera.

Sin embargo, la Cámara en lo relativo a que la mercancía haya sido sustraída por parte de los

imputados de la correspondiente intervención aduanera y que producto de la misma se produjera

un perjuicio económico a la Hacienda Pública, no indica, ni tampoco detalla en su resolución la

derivación de esas conclusiones con las probanzas inmediadas en el juicio: es decir, no se señala

qué elementos probatorios llevaron a comprobar que los imputados eran los responsables de

evadir el control aduanero y por ende el pago de cualquier arancel generado por la mercadería

decomisada, lo que implica, que esas condiciones que se vuelven esenciales para la configuración

del delito no han sido acreditadas.

En otras palabras, el énfasis de la argumentación del tribunal de alzada se finca en la

comprobación de la tenencia de los bienes de origen extranjero (cigarrillos producidos en China)

por parte de los imputados, sin plantear cuáles eran las circunstancias que permitan inferir la

vinculación de esta tenencia material con la actividad de importación y exportación de mercancía

sustraída de los controles aduaneros.

En criterio de este Tribunal, la experiencia indica algunas circunstancias que racionalmente

revelan la conexión de la tenencia de mercadería con el ciclo del contrabando, dentro de las que

se incluye: la elevada cantidad de mercancía; el traslado o depósito de manera oculta, la evasión

ante la presencia de autoridad; la proximidad espacial a puestos fronterizos o “puntos ciegos”; o

bien, la acreditación de un plan delictivo conjunto o estructura ilícita dedicada al contrabando.

(V. sentencia con ref. 118C2015, de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince).

En tal sentido, se trata de una visión integral del hecho probado que permita inferir que la persona

ha intervenido en el ingreso o egreso de bienes sin seguir los controles aduaneros, sanitarios, o de

otra índole, ya sea de manera individual o conjunta. En los casos que no sea posible acreditar este

extremo, el legislador ha previsto otras figuras punibles que eventualmente pueden ser aplicables,

como los delitos de Receptación o Conducción de Mercaderías de Dudosa Procedencia.

Partiendo de lo antes expuesto, de acuerdo a los hechos acreditados puede identificarse ciertos

aspectos que no permiten concluir con certeza que existía tal conexión y que los imputados eran

concientes de la misma. Y es que, en efecto, se advierte que el producto decomisado corresponde

a una cantidad relativamente grande, ya que se trata de un total de ochocientos cincuenta

paquetes de cigarrillos de origen Chino. Pero dicha circunstancia resulta insuficiente por sí

misma, ya que debe tenerse presente que no concurren otros datos que fortalezcan la hipótesis de

una participación en el contrabando, como lo es, el hecho que no se advierte proximidad espacial

con fronteras o “puntos ciegos”, pues el hecho fue descubierto en el interior de la residencial

**********, mientras los sujetos descargaban los bultos que contenían los paquetes de

cigarrillos; asimismo, no se observa que se tratara de una actividad realizada de manera

clandestina, esto porque la acción intervenida por la policía se realizaba en horas vespertinas,

cuando los incoados ingresaban los bultos en el garaje de la vivienda antes indicada, sin que sea

posible establecer que la de tenencia de tal mercadería extranjera estuviese enmarcada en el ciclo

económico de contrabando.

En suma, de lo que existe certeza, según los hechos probados y descritos en esta resolución, es

que los encausados estaban ingresando a una vivienda las cajas con la mercadería extranjera, que

al ver la presencia policial estos se dieron a la fuga, al ser interceptados y solicitar la

documentación que demostrase la procedencia de dicho producto, carecían de la misma. Por

consiguiente, es válido inferir, que los sindicados adquirieron este producto sin verificar

previamente su legítima procedencia, por ende, los referidos hechos encuadran en el delito de

Receptación, previsto y sancionado en el Art. 214-A Pn., por no haberse acreditado la conexión

directa de los enjuiciados con la evasión de los controles aduaneros y otros legalmente

establecidos, por tal razón deberán ser responsabilizados por dicha acción delictiva y bajo los

mismos presupuestos del reproche penal y de la justificación de la pena.

Agregado a lo expresado, debe retomarse que la inferencia del derecho aplicable a partir de la

norma general, se estructura a su vez, en dos momentos diversos; la determinación del contenido

de la norma aplicable y su conexión con los elementos del hecho que se juzga. En ese sentido,

tales parámetros dependen de la prueba y del análisis que de ella realice el juzgador, tal análisis

debe de ser respetuoso del principio de derivación, pues el encuadramiento penal es una

operación mental que consiste en vincular un hecho pero a partir de elementos que permiten

arribar a la conclusión inequívoca de que el hecho es de una forma determinada y no de otra,

operación que solo puede ser llevada producto de las conclusiones emanadas de las probanzas

que permitan sustentar la inferencia judicial.

En el caso de autos, se advierte que el proceso de derivación no se cumple, porque las razones

jurídicas que determinan la aplicación de la norma penal al hecho acreditado no resisten el

análisis crítico, ya que tal y como se indicó, se corrobora la subsunción de los hechos al tipo

penal de Receptación y no al delito de Contrabando de Mercaderías, pues sobre esta última

tipología no existe un análisis respetuoso de la ley de derivación. Lo anterior, conmina la

sentencia en su fundamentación y por ende el motivo denunciado se configura; por tanto, deberá

anularse la sentencia proveída por el tribunal se segunda instancia.

Por lo que, en atención a lo dispuesto en el Art. 484 Inc. 3º Pr. Pn., esta Sala enmienda

directamente la violación de la ley sustantiva que ha sido verificada, calificando definitivamente

el comportamiento de los imputados MEGM, JFAM Y PLS, en la figura de RECEPTACIÓN,

y adecuando la pena según los parámetros establecidos en el Art. 214-A Pr. Pn., cuyo rango de

penalidad oscila entre tres y seis años de prisión; retomando los argumentos expuestos por la

Cámara para fundamentar la imposición de la pena mínima de SEIS AÑOS DE PRISIÓN con la

diferencia que esta Sala considera que debe imponerse la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN.

En ese orden, esta sede consciente de la realidad que conlleva el proceso de prisionalización en

toda persona condenada a esta modalidad de sanción, estima que. cuando se trate de penas de

corta duración como la que ahora se impone, es procedente la aplicación de sustitutivos de la

privación de libertad, que si bien constituye en la práctica un trato preferencial para el condenado

por un delito que no tiene mayor reproche, con ello se persigue que la pena no se ejecute,

atendiendo a la finalidad de evitar que sujetos con penas de esta clase ingresen al ambiente

carcelario, y que la mera amenaza del cumplimiento de la sanción, así como la sujeción a ciertas

condiciones tenga en el condenado un efecto disuasivo. En tal sentido, este Tribunal considera

pertinente, en el caso de autos, aplicar en lugar de la pena de prisión, la de prestación de trabajo

de utilidad pública regulada en el Art. 45 No. 5 Pn.

Ahora bien, para el reemplazo de la pena de prisión, la ley sustantiva contempla como requisito

formal que el juzgador de forma motivada y atendiendo a las circunstancias del hecho, reemplace

las penas que no excedan de tres años de prisión; al respecto el Art. 74 Pn., establece: “...El juez

o tribunal deberá, en forma motivada, reemplazar las penas de prisión mayores de seis meses y

que no excedan de un año por igual tiempo de arresto de fin de semana, de trabajo de utilidad

pública o por multa. (---) Así mismo podrá, atendiendo a las circunstancias del hecho cometido,

sustituir las superiores a un año y que no excedan de tres años por igual tiempo de arresto de fin

de semana o de trabajo de utilidad pública.”. C. de este modo con el cometido

expresado en el párrafo precedente.

En conclusión, a criterio de este Tribunal es procedente que a los imputados MEGM, JFAM y

PLS, se les reemplace la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN impuesta en esta sede,

correspondiente al delito RECEPTACIÓN, Art. 214-A Pn., al equivalente en jornadas de trabajo

de utilidad pública, las cuales conforme a la regla de conversión del Art. 75 Pn., son en total

ciento cuarenta y cuatro jornadas, debiendo el Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente,

asignar el lugar y horario laboral de los sentenciados, de acuerdo a sus aptitudes, profesión u

oficio, edad y estado de salud de cada uno de ellos, de manera que no se perturbe la actividad

laboral de los mismos, todo de conformidad a lo previsto en los Arts. 55 Pn., y 37 Nos. 1 y 14, y

56 de la Ley Penitenciaria.

III. FALLO

POR TANTO: De acuerdo a lo apuntado en los acápites precedentes, disposiciones legales

citadas y artículos 50 inciso 2º Literal a), 57, 144, 147, 148, 479, 480 y 484 todos del Código

Procesal Penal, a nombre de la República de El Salvador, este Tribunal RESUELVE:

A) HA LUGAR A CASAR la sentencia dictada por la Cámara Segunda de lo Penal de la

Primera Sección de del Centro de San Salvador, por la errónea aplicación del Art. 15 literal g) de

la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras.

B) MODIFICASE la calificación jurídica realizada por el tribunal de segunda instancia, del

delito de Contrabando de Mercaderías del Art. 15 Inc. 1º y literal g) de la Ley Especial para

Sancionar Infracciones Aduaneras, al de Receptación, previsto y sancionado en el Art. 214-A Pn.

C) MODIFICASE la pena impuesta de SEIS AÑOS de prisión, por la pena mínima de TRES

AÑOS.

D) REEMPLÁZASE dicha pena de tres años de prisión impuesta en esta sede a los incoados

MEGM, JFAM y PLS, por el delito de RECEPTACIÓN, por el equivalente de ciento cuarenta

y cuatro jornadas de trabajo de utilidad pública.

E) QUEDA FIRME LA CONDENA impuesta a los acusados MEGM, JFAM y PLS, por el

delito RECEPTACIÓN, Art. 214-A Pn., en detrimento del patrimonio en general.

F) Vuelvan las actuaciones a la Cámara de procedencia para que certifique lo conducente al

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente, a fin de que se ejecute lo dispuesto en la

presente sentencia; debiendo conforme a la normativa aplicable, asignar el lugar y horario en que

deberán cumplir la pena las personas sentenciadas, de acuerdo a sus aptitudes, profesión u oficio,

edad y estado de salud de cada una, de modo que no se perturbe la actividad laboral de las

mismas.

NOTIFÍQUESE.

D.L.R. GALINDO.-------J.R.ARGUETA.-------L.R.MURCIA.------PRONUNCIADO POR LA

MAGISTRADA Y LOS MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.-------ILEGIBLE.-------

SRIO.-------RUBRICADAS.