Sentencia Nº 404-2021 de Sala de lo Constitucional, 18-02-2022

EmisorSala de lo Constitucional
Número de sentencia404-2021
Fecha18 Febrero 2022
404-2021
A.
.
S. de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas
con cincuenta minutos del día dieciocho de febrero de dos mil veintidós.
Analizada la demanda de amparo firmada por el señor SOV, junto con la documentación
anexa, se hacen las siguientes consideraciones:
I. De conformidad a los escritos y resoluciones agregados a la demanda y de lo expuesto
por el peticionario, este desarrolla su actividad económica en el puesto de venta número 600-1
del mercado mayorista La Tiendona desde el año 2018.
De acuerdo a la petición de 5 de marzo de 2021 adjunta a la demanda, se observa que
el peticionario solicitó al Gerente de Mercados de la Alcaldía Municipal de San Salvador que se
corrigieran y verificaran las medidas en metros cuadrados del referido local y se le asignara la
tasa correspondiente, ya que este había sido calificado como local comercial cuando a su
criterio se trata de un puesto fijo espacio de parqueo para venta en piso en camión, el cual
está gravado con una tasa menor.
En virtud de dicha petición, el 13 de abril de 2021 la Gerencia de Mercados emitió
resolución en la que se ordenó entre otras aspectos solicitar a la Sección de Cuentas
Corrientes de la Gerencia de Mercados cambiar el tipo de espacio de venta de local comercial a
puesto fijo, legalizar dicho puesto de venta a favor del señor V y concederle la suscripción de un
plan de pago para cancelar tributos adeudados.
No obstante, de la documentación agregada junto a la demanda se advierte que el 20
de abril de 2021 el peticionario presentó recurso de apelación contra la referida resolución, en el
que cuestionaba únicamente la falta de pronunciamiento por parte de la administración municipal
respecto a la aplicación del art. 120 de la Ley General Tributaria Municipal en cuanto al pago
indebido o en exceso de tributos municipales, pues había pagado más de $10,000.00 debido a la
supuesta errónea calificación del puesto de venta. De acuerdo a la resolución de 8 de octubre de
2021, la Secretaria Municipal remitió dicho recurso al Departamento de Recursos
Administrativos para ... su trámite y sustanciación a efectos de ser presentada para conocimiento
y resolución del Concejo Municipal.
Afirma que la resolución de 13 de abril de 2021 no ha sido ejecutada, pese a que ha
planteado escritos el 21 y 29 de septiembre de 2021 en los que solicita que se cumpla lo
ordenado respecto a la calificación del tipo de espacio de venta, así como la legalización de este a
su favor.
Alega que, aun cuando existe la resolución en comento a su favor, el 18 de octubre de
2021, le fue notificado que la Comisión de Mercados había acordado declarar el cierre del puesto
en cuestión, otorgándole 48 horas a partir de la notificación para desalojar y retirar su mercadería.
Así, expresa que planteó recurso de apelación contra la notificación del cierre de su
negocio, el cual fue declarado improponible de conformidad a la resolución de 21 de octubre
de 2021 por no haber legitimado la personería el apoderado del solicitante. Sin embargo, a
criterio del señor V, ya había operado el silencio administrativo positivo debido al transcurso del
tiempo que la autoridad demoró en resolver dicho recurso, según lo dispuesto en el art. 137 del
En ese orden, asevera que el 25 de octubre de 2021 se procedió al cierre de su local, acto
que fue autorizado por la Comisión de Mercados y el Gerente de Mercados de la municipalidad
de San Salvador, ello sin haber seguido un proceso previo.
El peticionario arguye que la Comisión de Mercados y el Gerente General de Mercados,
ambos de la municipalidad de San Salvador, han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica
por infracción al principio de legalidad, audiencia y defensa como manifestaciones del
debido procesoy estabilidad laboral.
Y es que, afirma que las autoridades municipales no siguieron el procedimiento legal
correspondiente para comprobar el supuesto incumplimiento de sus obligaciones tributarias, más
bien le exigen el pago de tasas municipales que no son legales, pues la Gerencia de Mercados
reconoció en la resolución de 13 de abril de 2021 que le han calificado de forma errónea la
asignación del puesto de venta.
II. En consideración al relato de los hechos efectuado, es pertinente, en atención al
principio iura novit curia el Derecho es conocido por el tribunal y al artículo 80 de la Ley de
Procedimientos Constitucional (LPC), realizar ciertas consideraciones referidas a los términos en
que ha sido planteado el reclamo.
1. En síntesis, el actor alega la posible vulneración a sus derechos a la seguridad jurídica
por infracción al principio de legalidad, audiencia y defensa como manifestaciones del
debido proceso y estabilidad laboral, ya que las autoridades municipales cerraron su negocio
sin haber seguido el procedimiento sancionatorio correspondiente y pese a que existe una
resolución que le favorece con la recalificación del local en el que realiza su actividad comercial.
Con relación a la presunta vulneración a la estabilidad laboral, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que, en términos generales, todo servidor público es titular de este
derecho, por lo que este surte sus efectos plenamente frente a destituciones arbitrarias, es decir,
realizadas con transgresión a la Constitución o a las leyes sentencia de 6 de junio de 2014,
amparo 9-2013.
Por otra parte, la libertad de empresa es una manifestación de la libertad económica que
implica la facultad de los ciudadanos de destinar bienes a la realización de actividades
económicas, con el objeto de producir e intercambiar bienes y servicios, conforme a las pautas y
modelos de organización típicos del mundo económico contemporáneo, y de obtener un beneficio
o ganancia sentencia de 29 de noviembre de 2013, amparo 351-2011.
En tal sentido, se ha señalado que la libertad de empresa se manifiesta en la libertad de
crear o emprender actividades económicas lícitas, de gestionar su empresa para lograr los
objetivos establecidos y cesar el ejercicio de dicha actividad.
En ese orden, se advierte que las alegaciones planteadas por el peticionario referente al
supuesto cierre arbitrario de su fuente de trabajo, pretenden señalar la posible transgresión de su
derecho a la libertad de empresa, ya que con las actuaciones impugnadas presuntamente se
habría afectado el desarrollo de la actividad económica lícita que realizaba en el mercado.
2. Aunado a ello, se observa que el señor V alega que las autoridades municipales
procedieron al cierre de su negocio, pese a que existe una resolución que le favorece
parcialmente, la cual no ha sido ejecutada aun cuando ha solicitado su cumplimiento.
Con relación a tales aseveraciones, esta Sala ha sostenido que el derecho a la protección
jurisdiccional o no jurisdiccional fue instaurado con la finalidad de asegurar la eficacia de los
derechos fundamentales, al permitirle a su titular reclamar válidamente ante las autoridades
correspondiente judiciales o administrativas, frente a actos de particulares o estatales que
atenten contra tales derechos. Este derecho se manifiesta en cuatro grandes rubros: i) el acceso a
la jurisdicción; ii) el proceso constitucionalmente configurado o debido proceso; iii) el derecho a
una resolución de fondo, justificada y congruente; y iv) el derecho a la ejecución de las
resoluciones sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009.
En virtud de lo expuesto en la demanda, se infiere la posible lesión al derecho a la
protección no jurisdiccional, en tanto que el demandante ha afirmado que la resolución que le
favoreció parcialmente y cuyo cumplimiento ha solicitado no ha sido ejecutada, sino que se
procedió al cierre de su negocio.
3. Respecto a la supuesta transgresión a la seguridad jurídica, el interesado ha alegado
que las autoridades demandadas debieron haber seguido un procedimiento legal en el que se [le]
comprobara si legalmente [ha] sido [él] quien no ha cumplido con [sus] obligaciones....
Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala sentencias de 26 y 31 de agosto de 2011,
amparos 548-2009 y 493-2009, respectivamente ha establecido que, si bien el contenido del
derecho a la seguridad jurídica alude a la certeza derivada de que los órganos estatales y entes
públicos realicen las atribuciones que les competen con observancia de los principios
constitucionales, el requerimiento de tutela de este derecho es procedente siempre y cuando la
transgresión alegada no encuentre asidero en la afectación del contenido de un derecho
fundamental más concreto.
En ese orden, se observa que los derechos más específicos que podrían haber resultado
afectados con los planteamientos expuestos son los de audiencia y defensa como
manifestaciones del debido proceso.
4. En atención a lo anterior, en el presente amparo se conocerá sobre la posible
conculcación a los derechos de audiencia y defensa como manifestaciones del debido
proceso, a la libertad de empresa y a la protección no jurisdiccional en sus manifestaciones a
obtener una resolución de fondo motivada y a la ejecución de las resoluciones.
III. Expuestas las consideraciones que anteceden y habiéndose constatado que la demanda
cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la legislación
procesal y jurisprudencia aplicable, su admisión se circunscribirá al control de constitucionalidad
de: i) el cierre del puesto de venta número 600-1 del mercado mayorista La Tiendona, efectuado
el 25 de octubre de 2021, ordenado por la Comisión de Mercados y el Gerente General, ambos de
la municipalidad de San Salvador; y ii) la presunta omisión de ejecutar lo ordenado en la
resolución de 13 de abril de 2021 emitida por la Gerencia de Mercados en la que se resolvió
entre otros aspectos la medición del puesto número 600-1, solicitar el cambio del tipo de
espacio de venta de local comercial a puesto fijo y la suscripción de un plan de pago a favor del
señor V.
La admisión se fundamenta en el hecho que, según expone el solicitante, pese a que existe
una resolución a su favor en la cual se ordenó la medición del puesto número 600-1, el cambio
del tipo de espacio de venta y la suscripción de un plan de pago a favor del actor, las
autoridades municipales no la han ejecutado y, por el contrario, procedieron al cierre de su
negocio sin haber seguido el procedimiento establecido en la ley, lo que vulnera sus derechos de
audiencia y defensa como manifestaciones del debido proceso, a la libertad de empresa y a
la protección no
jurisdiccional en sus manifestaciones a obtener una resolución de fondo motivada y a la
ejecución de las resoluciones.
IV. Corresponde en este apartado examinar la posibilidad de decretar una medida
precautoria en el presente amparo.
I.A. respecto, resulta necesario señalar que la suspensión de los efectos del acto
impugnado se enmarca dentro de la categoría de las medidas cautelares, cuya función es impedir
la realización de actos que, de alguna manera, impidan o dificulten la efectiva satisfacción de la
pretensión, la cual se lleva a cabo mediante una incidencia en la esfera jurídica del demandado o,
incluso, de quien resulte beneficiado con el acto reclamado.
En relación con ello, es necesario indicar que para la adopción de una medida cautelar
deben concurrir al menos dos presupuestos básicos, a saber: la probable existencia de un derecho
amenazado fumus boni iuris y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso
periculum in mora.
2. En el presente caso, se puede advertir que existe apariencia de buen derecho en virtud,
por una parte, de la invocación de una presunta vulneración a derechos fundamentales del actor y
de la exposición de circunstancias fácticas y jurídicas en las que se hace descansar aquella,
específicamente por señalar que existe una resolución a favor del demandante que la
administración municipal no ha cumplido y que, contrario a lo resuelto, procedieron a cerrar su
negocio sin haber seguido el procedimiento previsto en la normativa correspondiente.
En cuanto al peligro en la demora, el peticionario expresa que ha sido afectado en su
negocio y, por ende, en su estabilidad económica al igual que los empleados que laboran junto
a él, pues se ha visto imposibilitado de ejercer su actividad comercial.
En razón de lo anterior, resulta procedente ordenar la suspensión de los efectos del acto
reclamado, en el sentido que, mientras dure la tramitación de este amparo y hasta que se emita un
pronunciamiento definitivo, la Comisión de Mercados y la Gerencia de Mercados, ambos de la
municipalidad de San Salvador, o cualquier otra autoridad municipal, deberán suspender la orden
de cierre temporal del puesto 600-1 del mercado mayorista La Tiendona, permitiendo al
demandante ejercer su actividad económica en dicho local. Asimismo, no deberán ejercerse
acciones administrativas o judiciales tendentes al cobro de la tasa municipal adeudada por local
comercial, ni se generarán intereses o multas por su falta de pago; tampoco se tendrá por
insolvente al demandante ni se denegarán permisos o licencias que este solicite por la falta de
pago del referido tributo, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos legales previstos no
relacionados con el objeto de control del presente proceso.
Lo anterior, mientras se mantenga la verosimilitud de las circunstancias fácticas y
jurídicas apreciadas para la adopción de la medida cautelar en este amparo.
V.C. en este apartado hacer algunas consideraciones sobre la manera en que se
efectuarán ciertas actuaciones procesales en este caso.
1. Se advierte que el actor ha señalado, entre otros, un correo electrónico y un número
de teléfono móvil para recibir notificaciones.
Al respecto, debe aclararse que la Corte Suprema de Justicia cuenta con un Sistema de
Notificación Electrónica y que el artículo 170 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM)
de aplicación supletoria en el proceso de amparo dispone que ... [e]l demandante, el
demandado y cuantos comparezcan en el proceso deberán determinar con precisión, en el primer
escrito o comparecencia, una dirección dentro de la circunscripción del tribunal para recibir
notificaciones, o un medio técnico, sea electrónico, magnético o de cualquier otra naturaleza, que
posibilite la constancia y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad....
Así, pese a que no existe constancia que el correo señalado se encuentre registrado en el
Sistema de Notificación Electrónica de la Corte Suprema, se deberá tomar nota de ese medio
electrónico en virtud de la situación en la que se encuentra el país en el contexto de la prevención
y contención de la pandemia ocasionada por el Covid-19, no así del número de teléfono indicado,
en vista de no posibilitar la constancia de recepción.
2. Con relación a la forma en que deben realizarse los actos de comunicación procesal al
Fiscal de la Corte, como sujeto interviniente en el proceso, es procedente requerirle, tal como se
ha ordenado en la jurisprudencia constitucional autos de 5 y 19 de julio de 2013, pronunciados
en los amparos 195-2012 y 447-2013, respectivamenteque al contestar la audiencia que se le
confiere conforme al art. 23 de la LPC, señale un lugar dentro de esta ciudad o un medio técnico
para recibir notificaciones; caso contrario, estas deberán efectuarse en el tablero de esta Sala, en
virtud de lo dispuesto en los arts. 170 y 171 del CPCM, de aplicación supletoria en los procesos
constitucionales.
Sin embargo, de la situación narrada referente a la pandemia por Covid-19, deberán
efectuársele las comunicaciones a través de la dirección de correo electrónico que proporcionó
para tales fines mediante escrito de 26 de junio de 2020.
3. Asimismo, es importante aclarar que para rendir informes, así como para evacuar
audiencias o traslados, la parte demandante, las autoridades demandadas y demás intervinientes
dentro de este proceso podrán hacer uso del correo electrónico institucional de esta Sala
(sala.constitucional@oj.gob.sv) en atención a lo expuesto.
POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 12,
19, 21, 22, 79 inciso 2° y 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala
RESUELVE:
1. Admitese la demanda planteada por el señor SOV contra la Comisión de Mercados y el
Gerente General de Mercados, ambos de la municipalidad de San. Salvador, por haber ordenado
el cierre del puesto de venta número 600-1 del mercado municipal mayorista La Tiendona y no
haber dado cumplimiento a la resolución de 13 de abril de 2021 emitida por el referido gerente en
la que se resolvió -entre otros aspectos- la medición del citado puesto del mercado, solicitar el
cambio del tipo de espacio de venta de local comercial a puesto fijo y la suscripción de un plan de
pago a favor del peticionario; en virtud de que, pese a lo ordenado en la referida resolución, las
autoridades municipales han procedido al cierre de su negocio sin haber seguido el procedimiento
establecido en la ley, lo que posiblemente lesiona sus derechos de audiencia y defensa -como
manifestaciones del debido proceso-, a la libertad de empresa y a la protección no jurisdiccional -
en sus manifestaciones a obtener una resolución de fondo motivada y a la ejecución de las
resoluciones-.
2. S. inmediata y provisionalmente los efectos del acto reclamado en el sentido
que, mientras dure la tramitación de este amparo y hasta que se emita un pronunciamiento
definitivo, la Comisión de Mercados y la Gerencia de Mercados, ambas de la municipalidad de
San Salvador, o cualquier otra autoridad municipal, deberán suspender la orden de cierre
temporal del puesto 600-1 del mercado mayorista La Tiendona, permitiendo al demandante
ejercer su actividad económica en dicho local. Asimismo, no deberán efectuarse acciones
administrativas o judiciales tendentes al cobro de la tasa municipal adeudada por local
comercial, ni se generarán intereses o multas por su falta de pago; tampoco se tendrá por
insolvente al demandante ni se denegarán permisos o licencias que este solicite por la falta de
pago del referido tributo, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos legales previstos no
relacionados con el objeto de control del presente proceso. Lo anterior, mientras se mantenga la
verosimilitud de las circunstancias fácticas y jurídicas apreciadas para la adopción de la medida
cautelar en este amparo.
3. Informen dentro de veinticuatro horas la Comisión de Mercados y el Gerente General
de Mercados, ambos de la municipalidad de San Salvador, quienes deberán expresar si son
ciertos los hechos que se les atribuyen en la demanda.
4. Instrúyese a la Secretaría de esta Sala que, habiéndose recibido los informes requeridos
a las autoridades demandadas o transcurrido el plazo sin que estas lo rindieren, notifique el
presente auto al Fiscal de la Corte, a efecto de oírlo en la siguiente audiencia.
5. P.a.F. de la Corte que, al contestar la audiencia que se le confiere
conforme al artículo 23 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, señale un lugar dentro de
esta ciudad o un medio técnico para recibir los actos procesales de comunicación; caso contrario,
las notificaciones deberán efectuarse en el tablero de este tribunal, en virtud de lo dispuesto en los
Sin embargo, en virtud de la situación en la que se encuentra el país en el contexto de la
prevención y contención de la pandemia por Covid-19, deberán efectuársete las comunicaciones a
través de la dirección de correo electrónico que proporcionó para tales fines por ese mismo medio
el día 26 de junio de 2020.
6. Identifiquen las autoridades demandadas el medio técnico por el cual desean recibir los
actos procesales de comunicación.
7. Tome nota la Secretaría de esta Sala del medio técnico (correo electrónico) indicado
por la parte actora para recibir los actos procesales de comunicación.
8. N..
““““---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------A. L. J. Z.----- DUEÑAS -----J.A.PEREZ -----L.J.S.M. ---- H.N.G. -------------
-----------------------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN-----------------
----------------R.A.G.B.---SECRETARIO ------RUBRICADAS-----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------”““

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR