Sentencia Nº 44-EM-16 de Cámara de la Cuarta Sección del Centro, Santa Tecla, 09-03-2017

• Sentido del fallo: Confirmase en todas sus partes la sentencia definitiva pronunciada por el Juez de lo Laboral de Santa Tecla.
• Tipo de Recurso: RECURSO DE APELACION
• Emisor: Cámara de la Cuarta Sección del Centro, Santa Tecla
• Fecha: 09 Marzo 2017
• Número de sentencia: 44-EM-16
• Tribunal de Origen: JUZGADO DE LO LABORAL DE SANTA TECLA

44-EM-16

CAMARA DE LA CUARTA SECCION DEL CENTRO: Santa Tecla, a las catorce horas y

veinticuatro minutos del día nueve de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS en apelación de la Sentencia Definitiva pronunciada por el señor Juez de lo

Laboral de Santa Tecla, a las once horas del día trece de octubre del año dos mil quince, en el

Proceso Ejecutivo Mercantil, promovido por el abogado GUILLERMO JOSE

CASTELLANOS CLAROS, como apoderado del BANCO PROMERICA, SOCIEDAD

ANONIMA, continuado por los abogados J..E.T., A.

.

A..C. y A..G..M.,apoderados de la Sociedad

AFIANZADORA GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad Guatemalteca,

cesionaria de la acción litigiosa del banco Promerica, Sociedad Anónima, quienes fueron

sustituidos por el abogado R.O., mayor de edad, del domicilio de San Salvador,

en contra de la Sociedad EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE EL SALVADOR,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia EQCO DE EL

SALVADOR, S.D.C., y sus codeudores solidarios, señora A..M.D..L.

.

A.S.E.D..D., R.A..T.D.M., la Sociedad MAQUINAS Y SERVICIOS

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MAQUINAS Y

SERVICIOS S.A. DE C.V.,y la Sociedad PAVIMENTOS BAJO NORMA, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia PAVIMENTOS BAJO NORMA,

S.A. DE C.V.

Intervinieron en Primera Instancia como parte actora inicialmente el citado abogado

CASTELLANOS CLAROS,como apoderado del BANCO PROMERICA, SOCIEDAD

ANONIMA, posteriormente los abogados J..E..T., A.

.

A..C., A..G..M., como apoderados de la Sociedad

AFIANZADORA GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA, cesionaria de la acción litigiosa del

banco Promerica, Sociedad Anónima, quienes fueron sustituidos por el abogado R..

.

O., de las generales y en la calidad mencionada. Por parte de los demandados, el abogado

YOHALMO GIL VALLE AYALA, como apoderado de la Sociedad MAQUINAS Y

SERVICIOS, S.A. DE C.V., y del señor R.A.D..M., y la señora A.

.

M.S.E.D.D., actuando en su carácter personal y como Representante Legal de la

Sociedad EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia EQCO DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.; en

esta Instancia intervinieron, como parte apelante, el abogado YOHALMO GIL VALLE

AYALA, apoderado de la Sociedad MAQUINAS Y SERVICIOS, S.. DE C.V., el señor

R.A.D.M., en su carácter personal, y la señora A.M.D.L.

.

A.S..E.D..D., en su carácter personal. Como parte apelada, el abogado R.

.

O., apoderado de la Sociedad AFIANZADORA GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA.

I) ANTECEDENTES DE HECHO

La parte actora en su demanda presentada el día quince de marzo de dos mil seis,

agregada a Fs. 1- 4 p.p., expuso: ““II) EJERCICIO DE LA ACCIÓN: Que en ejercicio del

mandato relacionado, vengo a poner en conocimiento jurisdiccional una pretensión dirigida a

obtener una manifestación de voluntad mediante la que se trata de llevar a cabo una actividad que

modifique un estado moratorio calificado de antijurídico, y sobre el que no hay que hacer

declaración de derechos, por aparecer estos especialmente documentados. Es decir, que persigue

llevar a la práctica lo que consta en determinados títulos a los que la ley les reconoce fuerza

ejecutiva, esto es, validez y vigor para ser impuestas las obligaciones que en aquellos se

documentan, aún en contra de la voluntad del deudor. La actividad ejecutiva que ahora me ocupa

se dirige entonces, a la plena efectividad de las obligaciones documentadas que en este caso

consisten en dar una cantidad dineraria determinada. III) DESCRIPCIÓN SUSTANCIAL DE

LOS TÍTULOS EJECUTIVOS: Así, el contenido de las obligaciones a que me refiero, su

liquidez, vencimiento y exigibilidad, aparecen documentadas en los instrumentos que describo a

continuación a saber: 1- a) Escritura pública otorgada a las diecisiete horas y veinte minutos del

día treinta y uno de mayo de dos mil cinco, ante los oficios notariales de C..A.A.,

en que consta un contrato mercantil de apertura de línea de crédito rotativa, celebrado por la

sociedad EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE, que se abrevia EQCO DE EL SALVADOR, S.A DE C.V., como

acreditada, representada en ese acto por la señora AMALIA MARÍA DE LOS A.S.E.

.

D.D.; y mi patrocinada, como acreditante, según el cual, la segunda abrió a favor de la primera

una línea de crédito rotativa, poniendo a su disposición la suma de CINCUENTA MIL

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de la cual podría hacer uso por

cantidades parciales. La sociedad acreditada haría uso de tal apertura de crédito dentro del plazo

que vence el día treinta uno de mayo de dos mil seis, con un plazo de giro inicial hasta el día

treinta y uno de mayo de dos mil cinco, cuya vigencia sería confirmada por los períodos

adicionales de un año cada uno, a opción y previo análisis de mi representada, mediante el simple

cruce de cartas entre los contratantes, el cual debía efectuarse por lo menos con treinta días de

anticipación a la confirmación del siguiente período. Los retiros parciales sobre la cantidad de

dinero puesta a disposición de la acreditada, se documentarían por medio de pagarés con

vencimiento a ciento veinte días plazo, y se entenderían por ello, incorporados a la escritura

pública relacionada, sin perjuicio de establecer el saldo adeudado de conformidad con la ley. Las

sumas de dinero retiradas en uso de la apertura de crédito, devengarían el interés nominal del

NUEVE por ciento anual sobre saldos, pagaderos mensualmente y revisables a opción del

acreditante. En caso de mora, la deudora se obligó a pagar además un interés del CINCOpor

ciento anual, lo cual se calcularía sobre la porción del capital en mora y no sobre el saldo total del

crédito, sin que eso significase prórroga, y sin perjuicio del derecho del acreedor de reclamar

judicialmente el cumplimiento de la obligación, Cada suma retirada se pagaría en el plazo

máximo de ciento veinte días contados a partir de cada fecha de retiro, y en la forma siguiente:

intereses mensuales y el capital al vencimiento del plazo pagaré, sin exceder de ciento veinte días

plazo. b) Estado de cuenta certificado por el contador de mi patrocinada con el visto bueno del

gerente de la misma, en que se fija el saldo a cargo de la sociedad acreditada en razón del uso de

la apertura de crédito apuntada. 2.- Escritura pública otorgada a las dieciséis horas y cuarenta y

cinco minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil cinco, ante los oficios notariales de L.

.

E.E.P., en que consta un contrato de mutuo mercantil celebrado por la sociedad EQUIPOS

Y CONSTRUCCIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE, que se abrevia EQCO DE EL SALVADOR, S.A DE CV., como mutuaria,

representada legalmente en ese acto por la señora A.M..D.L.A.S.E.

.

D.D., y mi poderdante, como mutuante, en la que aparece que la primera recibió de la segunda,

la cantidad de QUINIENTOS ML DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en

calidad de mutuo; estableciéndose que el pago de tal suma se haría dentro del plazo de ocho años

contados a partir de la fecha del otorgamiento del documento. La suma mutuada devengaría un

interés nominal del ONCE POR CIENTO ANUAL sobre saldos, pagaderos mensualmente y

revisable a opción del acreedor. Sobre las cantidades en mora, la sociedad deudora se obligó a

pagar a mí representada, un interés adicional del CINCO por ciento anual, lo cual se calcularía

sobre la porción del capital en mora y no sobre el saldo total del crédito; sin que esto significase

E.D.C., al momento de otorgar el poder era apoderado de la Sociedad Afianzadora General

S.A., por lo tanto, tal otorgamiento fue en nombre y representación de dicha sociedad; por

consiguiente mientras la sociedad exista jurídicamente el poder es válido, salvo que el mismo sea

revocado; por otra parte no se ha desvirtuado que el abogado Oliva, ya no sea apoderado de la

Sociedad, si no, que el señor J.E.D.. C. dejo de ser el Representante Legal de

Afianzadora General S.A. a partir del treinta y uno de julio del dos mil doce, lo que para esta

Cámara constituyen hechos diferentes, que producen efectos jurídicos diferentes. En efecto, el

poder del abogado Oliva sigue siendo válido, teniendo en cuenta que quien otorga el poder es la

sociedad, al tenor del articulo 979 C.Com., que literalmente dice : ““ Quien haya dado lugar,

con actos positivos u omisiones graves, a que se crea conforme a los usos del comercio que

alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de

representación frente a terceros de buena fe, la cual se presume, salvo prueba en contrario””.

Por lo tanto, el poder otorgado al abogado Oliva es suficiente para actuar en instancia de

apelación en esta Cámara.

En lo que respecta a que la sentencia es nula porque condena a los demandados a cancelar

el monto reclamado a la Sociedad Afianzadora General S.A., la cual, no existe porque cambió su

denominación por Seguros Privanza, S. A. Esta Cámara es del criterio que al analizar la demanda

junto con la prueba aportada, se demuestra inequívocamente la configuración de la relación

jurídica procesal, por cuanto existe identidad de sujeto activo y pasivo, siendo el primero la

sociedad Afianzadora General, S.A., y que en virtud que su razón social fue modificada, tal como

consta en la Escritura de Modificación y Cambio de Denominación Social, debidamente inscrita

en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, actualmente se denomina Seguros

Privanza, Sociedad Anónima, no configurándose la falta de legítimo contradictor, ni nulidad en la

sentencia y en ese sentido la sentencia es congruente; por lo que este punto de agravio tampoco

tiene sustento legal.

c) D. tercer agravio, esta Cámara advierte que el apelante no ha razonado de forma

clara y específica su punto de agravio ya que solamente manifiesta: ““ En el transcurso del

proceso se han detectado momentos de inactividad procesal respecto al impulso del proceso,

periodos que han sobrepasado los seis meses y el Juzgado no declaró la caducidad de la instancia,

a pesar de que debió haberse pronunciado ““ Véase que el apelante no señala cuales son los

momentos de inactividad procesal, no menciona ninguna norma procesal infringida, tampoco

consta en el proceso que haya pedido la caducidad en primera instancia, solo se limita a indicar

una inconformidad sin base legal, por lo que esta Cámara no puede entrar a conocer de dicho

punto.

d) En lo que respecta al cuarto agravio, es decir, que existe improponibilidad de la

demanda por falta de litisconsorcio, esta Cámara advierte que dicho punto ya fue analizado

anteriormente en la presente resolución, por lo que nos remitimos a dicho análisis.

e) Con relación al quinto agravio, el apelante alega la vulneración del debido proceso o

proceso constitucionalmente configurado. Art. 14 Cn., por considerar básicamente que: ““ El juez

a quo en reiteradas resoluciones ordenó la apertura a pruebas entre las resoluciones que se pueden

mencionar están la de las catorce horas y cuarenta minutos del día nueve de enero de dos mil

ocho; de las once horas del día veintitrés de enero de dos mil trece; ordenó emplazar en múltiples

ocasiones; generando una incertidumbre entre las partes, anulo emplazamientos que después los

declaró, como el contenido en la resolución de las once horas con treinta minutos del día cinco de

septiembre de dos mil doce, como se puede ver el caso de marras desde un principio fue envuelto

con irregularidades generándose con ella unas nulidades como las planteadas, las cuales fueron

alegadas y no resueltas por el juez a quo ””.

El Proceso Constitucionalmente Configurado o Debido Proceso, es considerado como una

serie de principios constitucionales que pretenden articular esencialmente todo el desarrollo del

procedimiento, informando además, de manera conjunta, otras garantías como lo son por ejemplo

el contradictorio yla igualdad procesal. La Sala de lo Constitucional ha entendido por Debido

Proceso como: ““ Aquella obligación que tiene todo juzgador de guiarse y de fundamentar sus

resoluciones en leyes pronunciadas con anterioridad al hecho de que se trate, ceñirse al texto

de la Constitución, la ley y de respetar las disposiciones de los cuerpos normativos vigentes, es

decir, quien aplica la ley debe cumplir los parámetros que ésta franquea, pues excediéndose de

aquellos, el juzgador se convierte en generador de inseguridad jurídica””(Sentencia en

Proceso de Habeas Corpus del 23-IV-99. Ref. 87-99 citado en la obra “ Líneas y Criterios

jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional “ , C.ro de Jurisprudencia, Corte Suprema de

Justicia. S.S. enero 2000 pág. 98). El derecho al Debido Proceso o al Proceso

Constitucionalmente Configurado, tiene como base, esencialmente, los Principios de Igualdad,

Audiencia y Legalidad, reconocidos por nuestra Constituciónen los Arts. 3, 11 y 15,

respectivamente.

En armonía con lo expresado en los párrafos anteriores, esta Cámara observa que el

presente proceso ha sido tramitado al margen del principio de igualdad, audiencia y legalidad, y

que no existen las irregularidades que menciona el apelante, ejemplo de ello, es que la apertura a

prueba ordenada por medio del auto de las catorce horas y cuarenta minutos del día nueve de

enero del dos mil ocho, quedó sin efecto en virtud de la nulidad declarada de conformidad al Art.

1124 Pr.C., en el auto de las quince horas y nueve minutos del día dieciocho de febrero de dos

mil ocho, es por esa razón que se volvió a ordenar nuevamente la apertura a pruebas por auto

dictado a las once horas del día veintitrés de enero de dos mil trece, demostrando que contrario a

lo señalado por el apelante, en el presente juicio si se cumplió con el debido proceso.

f) El sexto agravio consiste en la irregularidad al momento de resolver los escritos, lo

cual vulnera el debido proceso; respecto a este agravio, esta Cámara advierte que dicho punto ya

fue analizado anteriormente en el párrafo anterior, por lo que nos remitimos a dicho análisis,

aclarando que con relación a que los escritos presentados por el apelante no fueron resueltos en

tiempo, ello no vulnera el derecho de defensa, pues como manifiesta en su escrito, su peticiones

si fueron resueltas; en cuanto a la irregularidad del emplazamiento, dicho punto también ya fue

analizado anteriormente en la presente resolución.

g) Concerniente al séptimo agravio, el apelante alega la falta de dirección y

ordenamiento del proceso, en cuanto a este agravio, ya existe pronunciamiento por parte de los

Suscritos Magistrados en la presente resolución, pues este mismo agravio fue alegado por la

señora A.M. de los Á.S.E..D.D., en su escrito de apelación, por lo que nos

remitimos a dicho pronunciamiento.

h) Con relación al octavo agravio y noveno agravio, esta Cámara no entrará a conocer

en vista que en el octavo agravio lo que se ataca en esencia es la vulneración al debido proceso, y

respecto a dicho tema esta Cámara ya se pronunció; y en cuanto al noveno agravio, el apelante no

ha invocado ninguna norma como infringida, por otra parte, no ataca la sentencia definitiva, sino

aspectos de forma del proceso.

Finalmente, constando en autos que la Sociedad Afianzadora General, S.A., cambió su

denominación por Seguros Privanza, S.A., tal como consta en la Escritura de Modificación y

Cambio de Denominación Social, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la República

de Guatemala, con su respectiva autentica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la

República de Guatemala, y del Consulado General de la República de El Salvador en Guatemala,

es procedente modificar el fallo de la sentencia definitiva dictada en Primera Instancia en el

sentido de condenar a la Sociedad Equipos y Construcciones de El Salvador, S.A. DE C.V., y en

calidad de codeudores solidarios: a la Sociedad M. y Servicios, S.A. DE C.V., la señora

A.M. de los Ángeles S. E. DE D. y al señor R..A.D.M.., a pagar a la Sociedad

Afianzadora General, S.A., ahora Seguros Privanza, S.A.. Todo lo demás queda sin modificación

alguna.

POR TANTO: Con base en lo antes expuesto, y disposiciones legales citadas, y Art.

1089 Pr. C. ( derogado), en nombre de la República de El Salvador FALLAMOS: 1)

CONFIRMASE en todas sus partes la sentencia definitiva pronunciada por el Juez de lo Laboral

de Santa Tecla, a las once horas del día trece de octubre de dos mil quince, con la única

modificación de condenar a la Sociedad Equipos y Construcciones de El Salvador, S.A. DE

C.V., y en calidad de codeudores solidarios: a la Sociedad Maquinas y Servicios, S.A. DE C.V.,

la señora A.M. de los Ángeles S. E. DE D. y al señor R..A.D.M., a pagar a la

Sociedad Afianzadora General, S.A., ahora Seguros Privanza, S.A.. 2) CONDÉNASEen costas

procesales de esta instancia a la parte apelante; y 3) Oportunamente remítanse los autos al

Tribunal de origen con certificación de esta Sentencia.-NOTIFIQUESE.

PRONUNCIADA POR LA SEÑORA MAGISTRADA Y EL SEÑOR MAGISTRADO QUE LA

SUSCRIBEN (S.L.CH.B./J.M.CH.L.)