Sentencia Nº 499-2019 de Sala de lo Constitucional, 12-07-2021

• Número de sentencia: 499-2019
• Fecha: 12 Julio 2021
• Materia: CONSTITUCIONAL
• Emisor: Sala de lo Constitucional

499-2019

A.

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S. de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con

treinta minutos del día doce de julio de dos mil veintiuno.

Analizada la demanda firmada por el abogado Julio C..G. en calidad de

apoderado de las sociedades TANDEM TUNEL, Sociedad Anónima de Capital Variable (TAT,

S.A. de C.V. o TANDEM TUNEL, S.A. de C.V.) y de TOTAL, Sociedad Anónima de Capital

Variable (TOTAL, S.A. de C.V.), junto con la documentación anexa, se realizan las

consideraciones siguientes:

I. En síntesis, el abogado de las sociedades pretensoras expresa que sus mandantes

iniciaron ante el Juez de Primera Instancia de La Libertad un juicio en contra de los señores

FRMP y MAM, conocida por MAAB, quienes otorgaron un “poder general judicial con facultad

de representación legal y con sus cláusulas especiales” (mayúsculas suprimidas), a favor del

señor JCAB para que los representara en el proceso judicial. Señala que al señor AB se le

confirió la facultad especial para recibir emplazamientos en la cláusula especial del citado

mandato.

Aduce que posteriormente el mandatario delegó parcialmente el poder a favor de los

licenciados C.E.M.I. y M.E.L. de C. solo en cuanto a las

facultades establecidas en el apartado tercero del referido instrumento, es decir, para iniciar,

seguir y fenecer juicios. Según el abogado G. la cláusula especial que contenía las

atribuciones para recibir emplazamiento no fue delegada.

Así, señala que en virtud de que los delegados no tenían facultades para recibir el citado

acto de comunicación, “... carec[ía] de valor legal...” el emplazamiento realizado el 18 de mayo

de 2015 y, por ello, el juez de primera instancia no debió tener por legítimos contradictores a los

señores MP y M.

Sin embargo, al hacerlo, el proceso judicial adolecía de nulidad absoluta que podía

alegarse “... en cualquier instancia, en cualquier momento y puede ser declarada a[u]n de oficio

por el tribunal competente...”. Para el citado profesional, las autoridades demandadas le han

vulnerado a sus representadas el derecho al debido proceso.

II. Determinados los argumentos de la demanda, corresponde señalar ciertas deficiencias

que no permiten identificar la configuración adecuada del reclamo planteado.

1. De manera inicial, se observa que el apoderado de las sociedades pretensoras señala

que el Juez de Primera Instancia de La Libertad declaró inepta la demanda presentada por sus

mandantes y aceptó como “legítimos contradictores” a los señores MP y AB; por su parte,

demanda a la Cámara de la Cuarta Sección del Centro con sede en Santa Tecla en virtud de que

rechazó una nulidad invocada en cuánto al emplazamiento.

Ahora bien, respecto a la decisión del juzgador de aceptar “... y [haber] declarado legal...”

el emplazamiento de los citados señores, es menester señalar que dicha actuación no constituye

un acto de carácter definitivo, sino que de mero trámite dentro del respectivo proceso judicial; en

consecuencia no podría producir un agravio de igual naturaleza en la esfera jurídica de la parte

actora, debido a que no es por sí misma susceptible de ocasionarle un perjuicio concluyente a las

sociedades interesadas, sino que, en todo caso, sería, tal como se ha expuesto para el caso de la

primera instancia, la resolución mediante la cual se declaró inepta la demanda que fue emitida en

el referido proceso la que podría alterar la esfera particular de las pretensoras de esta demanda de

amparo.

De este modo, resulta necesario prevenirle al abogado G. que indique con precisión

cuál o cuáles son las resoluciones de carácter definitivo contra las que dirige su pretensión, el tipo

de proceso en que fueron emitidas y, para el caso del acto proveído por el tribunal de segunda

instancia, especifique la fecha en que fue pronunciado.

Al respecto, es preciso tomar en cuenta que para el efectivo desarrollo del proceso de

amparo, la queja debe dirigirse contra todos los actos u omisiones concretos y de índole

definitivo en los que se hayan desplegado potestades decisorias y en los que se materialicen o

consuman determinadas situaciones jurídicas.

2. Por otra parte, según lo planteado no queda claro cuál es el perjuicio de carácter

constitucional que las autoridades demandadas –presuntamente– han causado en la esfera jurídica

de las sociedades demandantes.

Así, tal como se han consignado los argumentos en la demanda, se denota que la parte

actora basa su pretensión en la supuesta falta de facultades especiales de los apoderados de los

demandados en el juicio ordinario para recibir el emplazamiento; asimismo, el apoderado de las

sociedades demandantes pretende que se revise desde una perspectiva legal la manera en que se

diligenció el emplazamiento y si este adolecía de alguna nulidad de acuerdo con las causas

establecidas en la normativa aplicable. Esas son circunstancias que este Tribunal no es

materialmente competente para dilucidar.

De esta manera, es necesario que el referido profesional establezca con precisión la

estricta trascendencia constitucional del agravio presuntamente ocasionado en la esfera jurídica

de sus representadas por parte de las autoridades judiciales, debiendo tener en consideración, para

tales efectos que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales

(LPC), esta Sala es incompetente para conocer de asuntos de mera legalidad que reflejen una

mera inconformidad con el contenido de las decisiones que los funcionarios públicos emitan en el

ejercicio de sus funciones, así como con la aplicación que estos realicen de las normas

infraconstitucionales y con la valoración que efectúen de las circunstancias particulares de los

casos sometidos a su conocimiento.

3. Por otro lado, el abogado de las sociedades interesadas invoca como vulnerado el

debido proceso; además, cita los artículos 1, 2, 3, 8 y 246 de la Constitución de la República.

A. Con relación al derecho al debido proceso –como manifestación del derecho a la

protección jurisdiccional–, es pertinente hacer mención que la jurisprudencia de esta Sala –

verbigracia la sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009– ha afirmado

que con el concepto de debido proceso o proceso constitucionalmente configurado se pretende

hacer alusión a un proceso equitativo, respetuoso a los derechos fundamentales de los sujetos

partícipes, que agrupa y se desdobla en un haz de derechos filiales que cobran vigencia en todos

los órdenes jurisdiccionales y en las diferentes etapas de un proceso, v. gr. en los actos de

iniciación y en mayor medida en los actos de desarrollo (actos de prueba y alegación) y que

juegan un papel protagónico los derechos de audiencia, defensa, a un proceso sin dilaciones

indebidas y a recurrir.

Con base en lo expuesto, el apoderado de las sociedades demandantes deberá aclarar

cuáles son las manifestaciones concretas del derecho al debido proceso o proceso

constitucionalmente configurado que estima transgredidas como consecuencia de las actuaciones

que finalmente impugne y que, a su vez, indique los motivos en los cuales fundamenta su

presunta afectación.

B. Asimismo, dado que el citado procurador únicamente indica como transgredido el

debido proceso, el cual, tal como se indicó, tiene un contenido procesal y no identifica cuál es el

derecho constitucional de naturaleza material presuntamente vulnerado a sus mandantes como

consecuencia de la inobservancia de aquél, es necesario requerir que se precise el derecho

material concreto que se pretende invocar como quebrantado, así como los motivos precisos en

los que se sustenta su presunta conculcación.

C. También, deberá aclarar cuáles son los derechos constitucionales que procura alegar al

citar los artículos 1, 2, 3, 8 y 246 de la Constitución de la República, así como las razones

concretas en las que basa su infracción.

4. Aunado a lo anterior, es necesario que el referido profesional aclare si las sociedades

interesadas, de acuerdo con la naturaleza del caso que se conoció en sede ordinaria, plantearon en

tiempo y forma el recurso de casación ante la autoridad judicial competente; en caso afirmativo,

deberá expresar el estado en que se encuentra, cuál fue su resultado y si también pretende

reclamar contra dicho acto; en caso negativo, deberá exponer las razones objetivas por las que

omitieron hacerlo.

Con relación a ese aspecto, la jurisprudencia de esta Sala –sentencia de 9 de diciembre de

2009, amparo 18-2004– ha establecido que la exigencia del agotamiento de recursos debe hacerse

de manera razonable, atendiendo a su finalidad y permitiendo que las instancias judiciales

ordinarias o administrativas reparen la lesión al derecho fundamental en cuestión, según sus

potestades legales y atendiendo a la regulación normativa de los respectivos procedimientos.

Por ende, para exigir el agotamiento de un recurso –que es un presupuesto procesal

regulado en el artículo 12 inciso 3º de la Ley de Procedimientos Constitucionales– debe tomarse

en consideración si aquel es, de conformidad con su regulación específica y contexto de

aplicación, una herramienta idónea para reparar la transgresión constitucional aducida por la parte

agraviada, es decir, si esta posibilita que la afectación alegada pueda ser subsanada por esa vía de

impugnación.

5. Finalmente, dado que en la demanda se ha expuesto mínimamente la base fáctica, el

abogado G. deberá hacer un relato preciso y cronológico de las actuaciones acontecidas en

el proceso promovido en sede ordinaria. Además, de ser posible, tendrá que anexar copia de la

resolución en la que el juez de primera instancia declaró inepta la demanda presentada por las

sociedades que representa y el proveído en que el tribunal de segunda instancia confirmó la

decisión apelada y rechazó la nulidad mencionada.

III. Por otra parte, se advierte que el señor JRCG terminó su período como D..

.

P. tanto de la sociedad TANDEM TUNEL, S.A. de C.V. como de la sociedad TOTAL,

S.A. de C.V. el 6 de mayo de 2021 y, por lo tanto, la personería con la cual se muestra parte el

abogado G. a la fecha se encontraría vencida.

De esta forma, tomando en cuenta que ya ha finalizado el período de funciones de quien

otorgó el poder correspondiente, deberá advertírsele al abogado G. que, en caso que exista

un nuevo nombramiento, actualice la personería que habilite su procuración o, de no ser el caso,

compruebe las razones por las que su personería se encontraría vigente; de lo contrario el

representante de las sociedades interesadas deberá comparecer de manera directa. En cualquier

supuesto deberá presentarse la documentación necesaria para acreditar la calidad en la que se

desee actuar de conformidad con los artículos 61, 67 y siguientes del Código Procesal Civil y

M. –de aplicación supletoria en los procesos constitucionales–.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 18 de

la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala RESUELVE:

1. T. al abogado J.C.G. en calidad de apoderado de las sociedades

TADEM TUNEL, Sociedad Anónima de Capital Variable y de TOTAL, Sociedad Anónima de

Capital Variable, únicamente para este acto procesal, por haber acreditado la personería con la

que ha iniciado el presente proceso.

2. P. al referido profesional, que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a

partir del siguiente al de la notificación respectiva, señale con claridad y exactitud:

i) cuál o cuáles son las resoluciones de carácter definitivo contra las que dirige su

pretensión, el tipo de proceso en el que fueron emitidas y, para el caso del acto proveído por el

tribunal de segunda instancia, especifique la fecha en que fue pronunciado;

ii) la estricta trascendencia constitucional del agravio presuntamente ocasionado en la

esfera particular de las sociedades actoras;

iii) cuáles son las manifestaciones concretas del derecho al debido proceso o proceso

constitucionalmente configurado que estima transgredidas como consecuencia de las actuaciones

que finalmente impugne y que, a su vez, indique los motivos en los cuales fundamenta su

presunta afectación;

iv) el derecho material concreto que se pretende invocar como quebrantado, así como los

motivos precisos en los que se sustenta su presunta conculcación;

v) cuáles son los derechos constitucionales que procura alegar al citar los artículos 1, 2, 3,

8 y 246 de la Constitución de la República, así como las razones concretas en que basa su

infracción;

vi) si las sociedades interesadas, de acuerdo con la naturaleza del caso que se conoció en

sede ordinaria, plantearon en tiempo y forma el recurso de casación ante la autoridad judicial

competente; en caso afirmativo, deberá expresar el estado en que se encuentra, cuál fue su

resultado y si también pretende reclamar contra dicho acto; en caso negativo, deberá exponer las

razones objetivas por las que omitieron hacerlo; y

vii) el relato preciso y cronológico de las actuaciones acontecidas en el proceso

promovido en sede ordinaria. Además, de ser posible, tendrá que anexar copia de la resolución en

la que el juez de primera instancia declaró inepta la demanda presentada por las sociedades que

representa y del proveído en el que el tribunal de segunda instancia confirmó la decisión apelada

y rechazó la nulidad que mencionada.

3. A. al abogado G., que, en su próxima actuación procesal, actualice la

personería que habilite su procuración –en caso exista un nuevo nombramiento– o –de no ser el

caso– compruebe las razones por las que su personería se encontraría vigente; de lo contrario el

representante de las sociedades interesadas deberá comparecer de manera directa. En cualquier

supuesto deberá presentarse la documentación necesaria para acreditar la calidad en la que se

desee actuar de conformidad con los artículos 61, 67 y siguientes del Código Procesal Civil y

M..

4. T.e nota la Secretaría de esta Sala de la dirección señalada por el abogado de las

sociedades peticionarias para recibir los actos procesales de comunicación, así como de la

persona comisionada para tales efectos.

5. N..

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----A.L.J.Z.-.D...-.J.A.P.J.S..M.N.G.----

---------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN--------

-RENÉ ARÍSTIDES GONZÁLEZ BENÍTEZ----SECRETARIO INTERINO----RUBRICADAS-

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