Sentencia Nº 504-2013 de Sala de lo Contencioso Administrativo, 27-10-2021

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Sentido del fallo	DECLARATORIA DE LEGALIDAD
Número de sentencia	504-2013
Fecha	27 Octubre 2021
Emisor	Sala de lo Contencioso Administrativo

504-2013

SALA DELOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DELACORTE SUPREMA DE

JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas treinta y seis minutos del veintisiete de octubre de

dos mil veintiuno.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por el alcalde yel

Concejo, ambos del Municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, por medio de su

apoderado general judicial, licenciado S.R.V..R.; contra el Juzgado de lo

Civil de Quezaltepeque y la Cámara Segunda deloLaboral de San Salvador, porla supuesta

ilegalidad de los siguientes actos:

a.La resolución de las catorce horas cinco minutos del once de abril de dos miltrece,

pronunciada por el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, mediante lacual, se declaró nulo el

despido de los empleados municipales, señores FJHN y ARC, se ordenó al alcalde y su Concejo

Municipal elreinstalo de dichos trabajadores y se les condenó a cancelar los salarios dejados de

percibir desde el uno de enero de dos mil trece hasta su reinstalo.

b.La resolución de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del treinta de abril de dos

mil trece, emitida por la misma autoridad judicial mencionada enla letra anterior, que declaró sin

lugar el recurso de revocatoria y confirmó la resolución precedente.

c.La resolución pronunciada por la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, a las

quince horas con doce minutos del veintiséis de julio de dos mil trece, que confirmó el primer

acto venido en revisión.

Han intervenido enel presente proceso: el alcalde y el Concejo, ambos del Municipio de

Quezaltepeque, [parte actora], enla forma indicada; el Juez de lo Civil de Quezaltepeque y la

Cámara Segunda delo Laboral de San Salvador, como autoridades demandadas; y el Fiscal

General de la República, por medio de los agentes auxiliares y delegados, licenciados F.

F.F.A.endarez y B..E.R.S.. Los señores FJHN y ARC,

identificados como terceros beneficiados con las resoluciones impugnadas, no intervinieron en

este proceso a pesar de haber sido notificados desu existencia.

Leídos los autos, y CONSIDERANDO:

I. La parte actora refirió enla demanda, en síntesis, que los señores FJHN y ARC

laboraron para la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque; el primero, desde mayo de dos mildiez,

y elsegundo, desde febrero de ese año, ambos enel cargo de auxiliar de aseo. Asimismo, relató

que dichos trabajadores seencontraban vinculados laboralmente con elMunicipio de

Quezaltepeque mediante un contrato individual de trabajo y que, por tratarse del respectivo

vencimiento del plazo, en ningún momento se les despidió.

Posteriormente, los referidos trabajadores acudieron alJuzgado deloCivil de

Quezaltepeque ypresentaron una demanda de nulidad de despido contra elalcalde yConcejo

Municipal de Quezaltepeque. Luego del procedimiento, ese juzgado emitió la resolución que

declaró nulo el despido de los empleados, ordenó su reinstalo y condenó a aquellas autoridades

municipales a cancelarles a éstos los salarios dejados de percibir desde el uno de enero de dos mil

trece hasta la fecha desu reinstalo. De esa resolución, el alcalde y su concejo municipal interpuso

el recurso derevocatoria, elcual fue declarado sin lugar; finalmente, plantearon elrecurso de

revisión, ante la Cámara Segunda delo Laboral deSan Salvador, el cual fue declarado sin lugar

y, por ende, se confirmó la sentencia recurrida.

Expuso la parte actora que con las actuaciones impugnadas se violentaron los principios

de legalidad, seguridad jurídica y de autonomía municipal. También, los artículos 3, 23, 48

ordinal 1° y 55 incisos 2° y 3° del Código de Trabajo, así como la Ley de la Carrera

Administrativa Municipal [LCAM].

II. Mediante la resolución de ocho horas del ocho de abril de dos milquince (folios 39 y

40), seadmitióla demanda contra el Juzgado delo Civil de Quezaltepeque y la Cámara Segunda

de lo Laboral de San Salvador; se tuvo por parte al Alcalde y al Concejo, ambos del Municipio de

Quezaltepeque, por medio de suapoderado general judicial, licenciado S..R.

V.R.; se solicitó de las autoridades demandadas el informe sobre laexistencia del

respectivo acto atribuido, que ordena elartículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa –ya derogada–, [emitida mediante Decreto Legislativo número ochenta y uno, del

catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, publicado enel Diario Oficial número

doscientos treinta y seis, tomo número doscientos sesenta y uno, de fecha diecinueve de

diciembre demil novecientos setenta y ocho, en adelante LJCA, ordenamientoya derogado pero

aplicable al presente caso en virtud del artículo 124 de laLey delaJurisdicción Contencioso

Administrativa vigente]; asimismo, se declaró sin lugar lasuspensión provisional de los efectos

de los actos impugnados; y,para garantizar el derecho de audiencia y defensa, se ordenó notificar

a los señores FJHN y ARC, terceros beneficiados con los actos impugnados, la existencia de este

proceso.

Los magistrados dela Cámara Segunda delo Laboral de San Salvador señalaron que

emitieron la resolución cuestionada, pero que no se transgredió precepto legal alguno (folio 44).

El Juez de loCivil de Quezaltepeque rindió el primer informe, enelcual expuso que:

«(…)enla Diligencias de Nulidad de Despido, clasificadas internamente bajo la referencia ***-

L-14-1, y que actualmente seencuentra en etapa de Ejecución Forzosa, asignándole la

referencia EJ-***-14-1, (…)a juicio del suscrito, no son ciertos los hechos atribuidos por la

parte impetrante que busca obtener una declaratoria de ilegalidad de laSentencia y resolución

de recurso de revocatoria emitida por este Juzgado (…)» (folio 49).

Por medio de la resolución de las ocho horas ocho minutos del veintitrés de julio de dos

mil quince (folio 66), se tuvo por parte al Juez de loCivil de Quezaltepeque y a la Cámara

Segunda de lo Laboral de San Salvador, y por rendidos el primer informe requerido de cada

autoridad; sesolicitó elrespectivo informe justificativo de legalidad de laactuación

controvertida, a que hace referencia el artículo 24 de laLJCA; se ordenó notificar alFiscal

General de laRepública la existencia de este proceso; yse ordenó librar oficio al Registro

Nacional dePersonas Naturales, alTribunal Supremo Electoral y a la Dirección General de

Migración y Extranjería, para que, enel plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha

de recepción de los mismos, proporcionaran la última dirección que aparecía ensus registros, y la

fecha de actualización de la misma, de los señores FJHN y ARC, a fin de notificarles encalidad

de terceros beneficiados con los actos impugnados; finalmente, se previno al Juzgado de lo Civil

de Quezaltepeque que señalara una dirección para recibir notificaciones dentro dela

circunscripción de este Tribunal.

Los magistrados dela Cámara Segunda de lo Laboral, enel informe justificativo que está

agregado a folio 80, refirieron que: «(…) esta Cámara visto elcontenido de la demanda

presentada en contra denuestras actuaciones, niega totalmente que enel conocimiento del

respectivo incidente de revisión, sehayan violentado los derechos que enla misma se invocan;

particularmente porque como se advirtió enesta Cámara al confirmar lasentencia venida en

revisión, anulando los despidos invocados y demás consecuencias de los mismos, los argumentos

con los cuales se fundamentó ela quo están apegados a la ley, puesto que al margen de lo que el

abogado del C..M. ha reiterado enel sentido que a los trabajadores requirentes se

le[s]aplicaba otra legislación, es decir el Código de Trabajo bajo la idea que habían de por

medio contratos individuales de trabajo, y que lo que hubo fue vencimiento de los plazos de éstos

y no despidos, es de hacer notar que enesta instancia se ratificó que a los mismos si (sic) les es

aplicable la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), porque las labores que

desarrollaban los trabajadores demandantes fueron de carácter permanente e ininterrumpidas y

además, no se encontraban excluidos dela aplicación de dicha ley. Por otra parte esta Cámara

quiere enfatizar que en este tipo de circunstancias, en lugar de procurar deslegitimar la vía

judicial empleada por los trabajadores requirentes como lo ha pretendido en todas las instancias

el abogado VASQUEZ (sic) RAMOS, incluyendo en dicha sala, lo conducente esque el Concejo,

el Alcalde o la Máxima Autoridad Administrativa, siguiera el procedimiento que establece el

artículo 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, es decir, que el Concejo Municipal

debió haber solicitado conforme a la disposición antes citada, la autorización de despido al Juez

de loCivil de Quezaltepeque, bajo argumentos y pruebas objetivas y razonables, lo que no

consta que sehaya realizado. Ensu lugar loque se tiene son argumentos de descargo enun

proceso de nulidad de despido, que solo dejan al descubierto laintención manifiesta de la

Municipalidad por terminar el vínculo que existía con los referidos trabajadores. En este sentido,

pretender hacer uso de la vía contencioso administrativa, con los defectos jurídicos antes dichos,

no es correcto, puesto que cuando esta Cámara confirm[ó]la resolución que conoció en revisión,

no se transgredió disposición legal alguna y por el contrario, podrá observarse que se respetó el

debido proceso y los demás principios que el demandante aduce falsamente se han violentado

(…)»

ElJuez de lo Civil interino de Quezaltepeque, ensuinforme justificativo, expuso que:

«(…) las Diligencias de Nulidad de Despido atravesaron todas sus etapas de conformidad a lo

preceptuado enla Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que fue la legislación atinente al

caso sometido al conocimiento de este Juzgado. El impetrante ataca laresolución enelsentido

que sostiene que los empleados municipales pueden ser cesados en virtud de faltar el elemento

confianza, asimismo, sostiene que no se les violento (sic) su contrato de trabajo para con la

municipalidad, pues seles advirtió únicamente que su contrato vigente en ese momento no iba a

continuar a partir del vencimiento del mismo, y que la notificación utilizada para tal efecto (…)

fue una especie de despido, lo cual fue encuadrado a laluz del Código de Trabajo (…)el

infrascrito juzgador comparte y defiende totalmente laforma y motivación jurídica contenida en

laSentencia emitida por este Juzgado, pues enlamisma se han retomado los hechos, se han

ventilado conforme a las disposiciones legales aplicables, se han hecho los razonamientos de

derecho y se ha fallado conforme a las pruebas producidas en las Diligencias. En consecuencia

de los puntos antes expuestos, a juicio del suscrito, no son ciertos los hechos atribuidos por la

parte impetrante que busca obtener una declaratoria de ilegalidad de la Sentencia y resolución

de recurso de revocatoria emitida por este Juzgado (…) yde conformidad al principio de

completa satisfacción del ejecutante, contemplado enelArt. 552 del Código Procesal Civil y

M., sedio cumplimiento total a laSentencia objeto delaacción contencioso

administrativa, por lo que sobre esto último, es menester que elrespetable Tribunal que conoce

del mismo, valore sise tiene por extinguida la pretensión del mismo» (folio 83).

III. Por medio del auto de las trece horas cuarenta y ocho minutos del ocho de febrero de

dos mil dieciséis (folios 98 y 99), se tuvo por rendido, de parte del Juez de lo Civil de

Quezaltepeque ydelaCámara Segunda delo Laboral de San Salvador, elrespectivo informe

justificativo; sedio intervención al licenciado F.F..F.A., en calidad

de agente auxiliar y delegado del Fiscal General de la República; se ordenó notificar a los señores

FJHN y ARC las resoluciones ahí mencionadas enla dirección proporcionada a folios 75, 76 y

82; se confirió una audiencia a la parte actora, por el plazo de tres días hábiles a partir del día

siguiente alde lanotificación, a fin de que se pronunciara sobre la terminación del proceso

regulado enel artículo 40 letra a)delaLJCA.

Enla resolución de las nueve horas quince minutos del ocho de junio de dos mil dieciséis

(folio 110), se abrió a prueba elproceso, de conformidad con el artículo 26 de laLJCA. En esta

etapa, las partes no ofrecieron prueba alguna.

Mediante la resolución delas nueve horas treinta minutos del treinta de noviembre de dos

mil dieciséis (folio 117), de conformidad conel artículo 28 de laLJCA, secorrió traslado a la

parte actora, a las autoridades demandadas, al Fiscal General dela República y a los terceros

beneficiados con los actos impugnados.

La Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, en el escrito de folio 126, expuso que:

«(…) esta Cámara fue categórica ensuprimer informe (…) al negar las transgresiones en

referencia y confirmó su postura al emitir con fecha veintidós de octubre de dos mil quince, su

segundo informe en virtud del cual,se dieron amplios argumentos sobre la legalidad de nuestras

actuaciones. En resumen, esta Cámara conoció en grado de revisión la resolución emitida por el

Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, Departamento (sic) de La Libertad, incidente en virtud del

cual se confirmó elfallo venido en revisión, que declaró nulos los despidos alegados y ordenó la

restitución a su empleo de los trabajadores requirentes (…)seratificó que a los mismos sí les es

aplicable la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), porque las labores que

desarrollaban los trabajadores demandantes fueron de carácter permanente e ininterrumpidas,

lo que incluso se constata con las fechas de ingreso de los actores como se dijo enla Sentencia

de esta Cámara y además no se encontraban excluidos de la aplicación de dicha ley (…)»

El Fiscal General delaRepública, ahora por medio de su delegado, licenciado B..

E.R.S., evacuó su traslado a folios 127 al 129 y refirió que: «(…)lo actuado por

la Jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Quezaltepeque, y por los señores Magistrados de la

Cámara Segunda de lo Laboral ha sido conforme a derecho, yaque elseñor ALCALDE y el

CONCEJO MUNICIPAL DEQUEZALTEPEQUE incurrieron en“despido”sin seguir el

procedimiento establecido enel artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal; en

tal sentido de haberse seguido eltrámite señalado enlaanterior disposición citada, y

comprobándose que los empleados gozaban de estabilidad laboral, además de que les es

aplicable la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, es procedente reinstalarlos a los

empleados en sus cargos o empleos, o ensucaso, se les coloque en otro de igual nivel y

categoría, cancelándoles por cuenta propia de el (sic) señor Alcalde y elConcejo Municipal de

Quezaltepeque, los sueldos dejados de percibir desde la fecha del despido hasta lafecha en que

secumpla la sentencia (…) Esta Representación Fiscal esdel criterio que [a] las autoridades

demandadas no le[s]han violentado los derechos que enlaDemanda Contencioso

Administrativa invocan, asimismo esdel criterio que fue procedente y pertinente que las

autoridades demandadas anularan los despidos invocados y demás consecuencias de los mismos,

pues los argumentos con los cuales fundamentaron sus resoluciones están apegados a la Ley;

puesto que al margen de lo que el abogado del C..M. de Quezaltepeque ha

reiterado enelsentido de que a los trabajadores requirentes se les aplicaba otra legislación, es

decir elCódigo deTrabajo, bajo laidea que habían depor medio Contratos Individuales de

Trabajo, y que lo que hubo fue vencimiento de los plazos de éstos y no despidos; es de hacer

notar que si (sic) les es aplicable la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por que (sic)

las labores que desarrollaban los empleados despedidos fueron de carácter permanente e

ininterrumpidas y además, no se encontraban excluidos de la aplicación de dicha Ley (…)»

(folios 128 vuelto al 129 frente).

El Juez deloCivil interino de Quezaltepeque, enel escrito agregado a folios 134 al 143,

se propuso realizar un estudio de la pretensión de la parte demandante sobre los siguientes

puntos: «(…)A.Analizar elrégimen constitucional y el marco legal de la relación laboral entre

el Estado, Municipio e Instituciones Oficiales Autónomas y los individuos; B.Determinar las

directrices para identificar en qué casos se puede considerar que un individuo estitular del

derecho a la estabilidad laboral; C...E. sila pretensora enel caso en concreto, era titular

del derecho a laestabilidad laboral antes de producirse eldespido; y D.Verificar laactuación

de la autoridad demandada en cuanto a la separación de su cargo (…)» (folio 134 frente). Y

concluyó que: «(…)se ha hecho un examen ajustado a derecho y por tanto la resolución emitida

por dicha Funcionaria Judicial [la Jueza de lo Civil de Quezaltepeque]debe ser confirmada por

ese alto Tribunal de cierre (…)» (folio 143 frente).

La parte actora y los terceros beneficiados con los actos impugnados no hicieron uso del

respectivo traslado otorgado, pese a haber sido notificados del mismo.

Por medio de laresolución de las ocho horas cuatro minutos del cinco de octubre de dos

mil veinte (folios 144 y 145), se tuvo por contestado el traslado conferido a las autoridades

demandadas y al Fiscal General delaRepública; sedio intervención allicenciado B.

E..R..S., ensucalidad deagente auxiliar delegado por elFiscal General dela

República, para actuar conjunta o separadamente con ellicenciado F..F.F..i.

A.; asimismo, se requirió de las autoridades demandadas la remisión de los expedientes

relacionados con elpresente caso; se previno a todos los intervinientes que señalaran una Cuenta

Electrónica Única para recibir los actos de comunicación en este proceso; y, finalmente, se

ordenó traer para sentencia el presente proceso.

Enel auto de las ocho horas cinco minutos del tres de febrero de dos milveintiuno (folios

160 y 161), se tuvieron por recibidos los expedientes requeridos de las autoridades demandadas

mediante la resolución de folios 144 y 145; setomó nota de las Cuentas Electrónicas Únicas

(CEU), registradas enel Sistema de Notificación Electrónica del Órgano Judicial (SNE); se

tuvieron por recibidos los expedientes administrativos y se ordenó cumplir la resolución de folios

144 y 145 relativa a traer para sentencia el presente proceso.

IV. Una vez efectuado el anterior relato de los principales sucesos acaecidos enel

proceso, esta hará el examen de legalidad tomando en cuenta los motivos invocados a tal efecto y

en estricto apego al principio de congruencia procesal.

Tal como se mencionó al final del romano I. de esta sentencia, el alcalde y el Concejo,

ambos del Municipio de Quezaltepeque, consideran que con las actuaciones impugnadas se

violentaron los principios de legalidad, seguridad jurídica y de autonomía municipal. También,

los artículos 3, 23, 48 ordinal 1° y 55 incisos 2° y 3° del Código de Trabajo, así como la LCAM.

Para fundamentar las anteriores transgresiones, ellos expusieron que: «(...) Las

disposiciones violentadas están contempladas, primeramente, enlanormativa secundaria,

concretamente [en]el Art. 2 literal b) del Código de Trabajo, que excluye laaplicación de dicho

cuerpo normativo, por tratarse de [una] relación laboral que la Municipalidad hace mediante

contrato y que es aplicado al presupuesto Municipal. Se violenta esta normativa, enel sentido

que se aplica el Arts. 55 Inc. 2°y 3° del Código de Trabajo, para tener por establecido que se

trata de un despido (…)la aplicación del Código de trabajo (sic) sehace (…) ignorando lo

dispuesto enelArt. 23 del Código de Trabajo, que ensu numeral 4 establece (…) y elArt. 48 del

mismo Código de Trabajo, al establecer las causas de terminación sin Responsabilidad (sic)

para ninguna de las partes y sin intervención Judicial, enelOrdinal 1ª (sic), se dispone: “Porel

cumplimiento del plazo”.Enel caso que nos ocupa, la notificación se realizó dentro del plazo de

vigencia, pues concluía hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, lo único que sele

notifica es que ya no sele iba a contratar (…) Desde este punto de vista mi representado,

respetuoso del ordenamiento jurídico, ha proyectado su actuación jurídica bajo las pautas

razonables de previsibilidad, es decir siempre tuvo la certeza jurídica que se ha [actuado]

aplicando la ley (…) y que llevó al Gerente General Ad Honorem, a la determinación de que una

vez finalizado el contrato laboral, notificarle a latercera (sic) interesada (sic) que ya no sería

contratada (sic) (…)[en cuanto a]Laautonomía municipal (…)esta autonomía se deriva del

carácter electoral y representativo de sugobierno (Concejo y Alcalde). Esencialmente se origina

enel carácter representativo de ser un gobierno local (Unidad Política Administrativa primaria).

En resumidas cuentas, sus decisiones van encaminadas a lograr los planes de desarrollo en

respuesta a las necesidades del Municipio, por lo tanto, al querer imponer de manera forzosa,

decisiones ilegales, atenta contra este principio (…)»(folios del 4 al 5, ambos frente).

De acuerdo con loanterior, esta Sala procederá a examinar las actuaciones que constan en

el expediente llevado en sede laboral, a fin de verificar, en primer lugar, la violación al principio

de legalidad y seguridad jurídica en cuanto a laley y al procedimiento que son aplicables a los

trabajadores FJHN y ARC, y,si, para el caso, sellevó a cabo conforme con la ley sectorial

correspondiente. Finalmente, seexaminará si existió violación alprincipio de autonomía

municipal.

1.La parte actora ha alegado que la vinculación laboral de los señores FJHN y ARC con

el Municipio de Quezaltepeque fue por medio de un contrato individual de trabajo sujeto a plazo.

Manifiesta que no eran empleados de carrera atendiendo al tipo de vinculación laboral que fue

mediante unos contratos individuales de trabajo presentados en sede laboral; y,además, discrepa

de la normativa que les era aplicable a ambos.

Así las cosas, el tema primordial de la presente sentencia radica en determinar si los

referidos señores se encontraban dentro dela carrera administrativa municipal.

En primer lugar, debe verificarse la documentación que fue incorporada al procedimiento

llevado ante el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque con la finalidad de concluir, como yase

dijo, cuál esla naturaleza de las labores de los trabajadores despedidos y,finalmente, establecer

cuál esel régimen aplicable a éstos.

Enel expediente llevado en sede laboral, específicamente en las diligencias de nulidad de

despido tramitadas enel Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque con la referencia 7-L-13(1), se

encuentra agregada la correspondiente demanda interpuesta por el licenciado V.Y.

S.T., en calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de los señores FJHN

y ARC, enla cual, entre otras cosas, se estipuló que: «(…) ingresaron a laborar por contrato

para este Municipio el primero enel mes de mayo de dos mil diez, y el segundo enel mes de

febrero del año dos mil diez; ambos con el cargo de Auxiliar de aseo; desarrollando sus labores

en una jornada de ocho horas diarias, con un horario de trabajo de la una de la tarde a ocho de

la noche de jueves a martes, registrando su ingreso y salida de sus labores, dicho cargo consistía

en labores de aseo en los mercados de Carnicería (sic), verduras, pupusodromo, cereales y

floristería de esta ciudad, devengando por sus servicios un salario de DOSCIENTOS SETENTA

Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (sic), cancelado de forma

mensual, laborando de manera continua e ininterrumpida desde lafecha de ingreso hasta el día

treinta y uno de diciembre de dos mil doce; sucede que el día catorce de diciembre de dos mil

doce, el Licenciado (sic) R (sic) AP (sic) Gerente General Ad Honorem de este municipio, por

medio de una nota de lamisma fecha, les informaba a mis mandantes que a partir del día treinta

y uno de diciembre del año anterior se da por finalizado su contrato enel cargo de Auxiliares de

aseo (…) dándose de esta manera el despido de mis mandantes de forma ilegal (…)» (folio 1

vuelto del expediente llevado enel Juzgado de lo Civil)

Adicionalmente, se presentó como prueba por parte de los trabajadores dos cartas, cada

una de fecha catorce dediciembre de dos mil doce, suscritas por el licenciado R.A.

P., ensu calidad de gerente general ad honorem de laAlcaldía Municipal de Quezaltepeque;

laprimera, dirigida al señor FJHN (folio 8 del expediente del juzgado), y la segunda, al señor

ARC (folio 16 del expediente del juzgado); mediante las cuales se les hace saber a dichos

trabajadores que: «(…)se les notifica que envista de haber finalizado el plazo de su contrato en

el cargo de AUXILIAR DE ASEO, al 31 de diciembre de2012. Seha tomado la decisión de

prescindir de sus servicios laborales para los cuales había sido contratado dentro de esta

municipalidad. Lo anterior sobre labase de las disposiciones laborales pertinente[s]. Esperando

enel futuro poder contratar sus buenos oficios dentro de esta administración (…)» (folio 8 del

expediente del juzgado y se repite enel folio 16 del mismo).

Por otro lado, se incorporó una constancia emitida por el señor N.M.V.,

secretario municipal ad honorem, enla que se detalla: «(…)En relación a solicitud de informe

sobre laexistencia de Acuerdo Municipal, en que se autorice al Licenciado R (sic) AP(sic), en

calidad de Gerente General Ad Honorem, para realizar funciones de contratar y despedir

personal, a Usted informo: Que hasta lafecha no existe ningún Acuerdo Municipal, enelque se

haya emitido tal autorización. Lo que hago de su conocimiento, para los demás efectos de ley.

Secretaría Municipal, a los veintidós días del [mes de] marzo de del año dos mil trece (…)»

(folio 48 del expediente del juzgado).

También, a folios 49 y 50 se encuentran la certificación de los contratos individuales de

trabajo, correspondientes a los señores FJHN y ARC, de los cuales se extrae: «(…)el señor FJH

(sic) N (…)ELCONTRATADOconvenimos encelebrar elpresente CONTRATO

INDIVIDUAL DE TRABAJO, sujeto a las siguientes [cláusulas], CLÁUSULA PRIMERA:

OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO. EL CONTRATADOsecompromete para con LA

MUNICIPALIDAD a prestar sus servicios como AUXILIAR DE ASEO ENELAREA(sic) DE

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESdentro y fuera delasinstalaciones de las

instalaciones (sic) Municipales, de esta Municipalidad elcargo lo desempeñará de conformidad

a lo establecido enel manual de funciones o descriptor de puestos de esta institución y a efectuar

cualquier otra tarea inherente al cargo que lesea encomendada por elJefe inmediato.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO. Los servicios que proporcionará EL

CONTRATADO los realizará durante elperíodo de SIETE MESES que comprende del uno de

junio de dos mil doce al treinta y uno de diciembre del mismo año (…)»(folio 49 frente del

expediente del juzgado).

Y «(…)el señor AR (sic) C (…)EL CONTRATADO convenimos encelebrar el presente

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, sujeto a las siguientes [cláusulas], CLÁUSULA

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCEDEL CONTRATO. EL CONTRATADOse compromete

para con LA MUNICIPALIDAD a prestar sus servicios como AUXILIAR DE ASEO ENEL

AREA(sic) DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES dentro y fuera de las instalaciones

de las instalaciones (sic) Municipales, de esta Municipalidad el cargo lo desempeñará de

conformidad a loestablecido enel manual de funciones o descriptor de puestos de esta

institución y a efectuar cualquier otra tarea inherente al cargo que le sea encomendada por el

Jefe inmediato. CLAUSULA SEGUNDA: PLAZODEL CONTRATO. Los servicios que

proporcionará ELCONTRATADO los realizará durante el período deSIETE MESESque

comprende del uno de junio de dos mil doce al treinta y uno de diciembre del mismo año (…)»

(folio 49 frente del expediente del juzgado).

Adicionalmente, se tienen dos constancias suscritas por la señora GERR, jefe de Recursos

Humanos de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, la primera, agregada a folio 52 del

expediente del juzgado, establece que: «(…)ELINFRASCRITO (sic) JEFE DE RECURSOS

HUMANOS DE ESTA ALCALDÍA, HACE CONSTAR QUE: Elseñor FJH (sic) N, laboro (sic)

en esta Alcaldía por contrato desde elTres (sic) de Mayo (sic) de Dos (sic) Mil (sic) Diez (sic),

actualmente desempeñando el cargo de AUXILIAR DE ASEO, devengando un sueldo mensual de

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (sic) ($275.00). Siendo empleado de esta

municipalidad hasta el TREINTA Y UNO de Diciembre (sic) dedos mil Doce (sic) (…)».Y,la

segunda constancia emitida por esa funcionaria, refiere que: «(…)EL INFRASCRITO (sic)

JEFE DERECURSOS HUMANOS DE ESTA ALCALDÍA, HACE CONSTAR QUE: Elseñor

AR (sic) C, laboro (sic) en esta Alcaldía por contrato desde el Uno (sic) de Febrero (sic) de Dos

(sic) Mil (sic) Diez (sic), actualmente desempeñando elcargo de AUXILIAR DEASEO,

devengando un sueldo mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (sic)

($275.00). Siendo [empleado] de esta municipalidad hasta elTREINTA Y UNO de Diciembre

(sic) de dos mil Doce (…)» (folio 53 del expediente del juzgado).

Una vez relacionados los medios probatorios supra citados, es pertinente que esta Sala

aborde el punto principal de la disputa, que eslo relativo a la verdadera naturaleza de la

vinculación laboral de los trabajadores.

La Sala de lo Constitucional ha referido que: «(…)enla Administración Pública el

régimen laboral espor tiempo indefinido, pero esto no es impedimento para que, bajo

determinadas circunstancias, se recurra de forma excepcional a lacontratación temporal. Este

tipo de contratos no son por sí mismos inconstitucionales, siempre que, conforme al principio de

la autonomía de la voluntad, provengan del acuerdo entre los empleadores y los trabajadores y,

además, no sean desnaturalizados o utilizados para encubrir de manera fraudulenta una relación

laboral de naturaleza permanente, es decir, para disfrazar como eventual una actividad de

carácter permanente que pertenece al giro ordinario de lainstitución. Así, los contratos a plazo

fijo o de duración determinada se celebran para la realización de labores que no corresponden

al quehacer cotidiano de la institución, esdecir, se utilizan cuando se contrata a personas para

eldesarrollo de tareas eventuales y no permanentes dentro dela institución pública de que se

trate. Entre los supuestos que justifican su utilización se encuentran: (i) la contratación para la

realización de una obra o servicio determinado; (ii) lacontratación derivada de las

circunstancias de producción; y (iii) la contratación de trabajadores interinos para sustituir a

otros con derecho a reserva del puesto de trabajo». (Sentencia de amparo 674-2016, del catorce

de marzo de dos mil dieciocho).

a. A partir de lo anterior, corresponde determinar, primero, siel trabajador FJHN era

titular del derecho a la estabilidad laboral, o si, por el contrario, concurría enél alguna de las

excepciones establecidas enla LCAM y enla jurisprudencia constitucional por ser un trabajador

no permanente. Luego, es importante determinar sila LCAM esla ley aplicable, ya que, según la

parte actora, no encaja en este caso.

Así las cosas, debe tomarse en cuenta que a folio 49 del expediente del juzgado está el

contrato individual de trabajo, suscrito entre la Municipalidad de Quezaltepeque yel señor HN,

relacionado previamente; asimismo, enelfolio 1, está agregada la demanda interpuesta por el

referido trabajador, dela cual se extrae que ingresó a laborar en: «(…)elmes de mayo de dos mil

diez (…) con el cargo de Auxiliar de aseo(…)» Adicionalmente, setiene la constancia de trabajo

emitida por la jefe de Recursos Humanos de la Alcaldía de Quezaltepeque.

En ese orden, debe analizarse que, según el Concejo Municipal, setrata deun contrato a

plazo que había vencido endiciembre de dos mil doce, contrato que, a su vez, dispone que daba

inicio el uno de junio de ese año. Por otro lado, el trabajador manifiesta que inició a laborar en

mayo de dos mildiez. Por ello, dada la discrepancia entre lo manifestado por ambas partes, es

importante examinar, en este caso, sise cumplieron los supuestos que justifican la contratación

para un plazo determinado, según la jurisprudencia constitucional ya referida.

En primer lugar, (i) silacontratación espara la realización de una obra o servicio

determinado. Sobre este punto, de la lectura del contrato, agregado enel folio 49 del expediente

del juzgado, se advierte que el trabajador fue contratado para que realizara su labor como auxiliar

de aseo, enelárea de servicios públicos municipales; es decir, es una función que corresponde a

las competencias naturales de cualquier municipio. Pero, fuera deesta actividad genérica de

servicios de aseo, no se infiere alguna otra específica que le fuera particularmente encomendada

alseñor HN. Ahora, enel documento contractual, seestablece que las funciones las realizaría:

«(…) de conformidad a lo establecido enel manual de funciones o descriptor de puestos de esta

institución y a (sic) [de] efectuar cualquier otra tarea inherente al cargo que le sea encomendado

por el Jefe (sic) inmediato (…)»(folio 49 frente del expediente del juzgado).

Delo anterior, no se vislumbra que lacontratación de dicho empleado fuese para la

ejecución de una obra específica o para un servicio puntualmente determinado; de manera que,

conforme con los términos del contrato relacionado, no se cumple con dicha característica.

En segundo lugar, (ii) sila contratación esderivada de las circunstancias de producción.

Deladocumentación incorporada enelprocedimiento llevado ensede laboral, que fue

proporcionada tanto por el trabajador como por el Concejo Municipal de Quezaltepeque, no se

encuentran elementos probatorios que hagan concluir que la contratación del señor HNresponda

a una circunstancia temporal de satisfacer una necesidad momentánea del municipio; además,

debe tomarse en cuenta que, según laconstancia de trabajo emitida por lajefe deRecursos

Humanos de la municipalidad, dicho empleado se venía desempeñando como auxiliar de aseo

desde el tres de mayo de dos mil diez. Que la función en comento ha sido la misma y corresponde

a una de las actividades propias establecidas enel artículo 4 número 19 del Código Municipal. De

ahí que el cargo del referido empleado se encontraba vinculado con las actividades ordinarias de

la municipalidad, por ende, se evidencia el carácter permanente de las funciones desempeñadas

por aquél dentro dela Alcaldía Municipal de Quezaltepeque. Es decir, no se cumple este

supuesto.

Finalmente, (iii) silacontratación de trabajadores interinos espara sustituir a otros con

derecho a reserva del puesto de trabajo. Dela lectura de la copia del contrato que se ha

relacionado, en ninguna parte se consigna que elseñor HN fue contratado para sustituir de

manera interina las labores de otro empleado.

A partir de lo reseñado, no obstante que el contrato indica un plazo de siete meses, debe

tomarse en cuenta que, según el artículo 11 de la LCAM, lo importante para determinar la

incorporación a la carrera municipal esla permanencia enel cargo o empleo que, desde luego, se

deriva de la naturaleza dela función, sin importar laforma en que se hubiere ingresado al puesto

laboral [que, eneste caso, fue por la suscripción de un contrato de trabajo]. Es decir, ese artículo

preceptúa que para pertenecer a la carrera administrativa municipal es necesario que el

funcionario o empleado municipal desempeñe un cargo permanente, comprendido en los artículos

6 [nivel de dirección], 7 [nivel técnico], 8 [nivel de soporte administrativo] y 9 [nivel operativo],

sin importar laforma enque se haya ingresado al cargo o empleo municipal –que podría ser por

contratación o por nombramiento administrativo–. De ahí que, sumado a que lamisma

municipalidad no ha puesto en duda el ejercicio de la labor del trabajador, se infiere que las

funciones desempeñadas son permanentes.

Sereitera, pues, que eltrabajador comenzó a laborar para lamunicipalidad de

Quezaltepeque desde el tres de mayo de dos mildiez como auxiliar de aseo, tal como se acredita

con la constancia emitida por la jefe de Recursos Humanos; en ese sentido, conforme con la

jurisprudencia, disposicioneslegales pertinentes y documentación relacionada, se concluye que

aquél está incluido enla carrera administrativa municipal y, por ello, goza de los derechos y tiene

la carga de cumplir las obligaciones inherentes a lamisma. En tal sentido, elseñor HN está

protegido por la garantía de la estabilidad enelcargo, salvo las excepciones de ley, y como

consecuencia le nace elderecho de activar la garantía de la nulidad de despido que regulan los

artículos 74 y 75 dela LCAM.

b. Ahora, corresponde analizar siel señorARC era titular del derecho a la estabilidad

laboral, o si, por el contrario, concurría enél alguna de las excepciones establecidas enla

jurisprudencia constitucional y enlanormativa sectorial para ser considerado trabajador

temporal. Luego, es importante determinar sila LCAM eslaley aplicable, ya que, según la parte

actora, no encaja en este caso.

Por lo anterior, debe tomarse en cuenta que enel expediente laboral está agregado, a folio

50 del expediente del juzgado, el contrato individual de trabajo, suscrito entre la municipalidad

de Quezaltepeque y el señor ARC. Deigual manera, se cuenta con la demanda interpuesta por el

referido trabajador, de lacual seextrae que ingresó a laborar en: «(…)el mes de febrero de dos

mil diez (…) con el cargo de Auxiliar de aseo(…)»(folio 1 vuelto del expediente del juzgado).

Eneste caso, también setiene laconstancia de trabajo emitida por la jefa de Recursos

Humanos de la Alcaldía de Quezaltepeque.

Debe analizarse que, según el Concejo Municipal, se trata de un contrato a plazo que había

vencido endiciembre de dos mil doce, contrato que, a su vez, dispone que daba inicio el uno de

junio de dos mil doce. Por su parte, el trabajador manifiesta que inició a laborar en febrero de dos

mil diez. De ahí que es importante examinar, en este caso también, sise cumplieron los supuestos

que justifican la contratación para un plazo determinado, según la jurisprudencia constitucional

ya referida.

En cuanto a que, (i) sila contratación es para la realización de una obra o servicio

determinado. Setiene de lalectura del contrato, agregado a folio 50 del expediente del juzgado,

que eltrabajador fue contratado para que realizara la labor de auxiliar de aseo, enel área de

servicios públicos municipales; es decir, es una función que corresponde a las competencias

naturales de cualquier municipio. Pero, fuera de esta actividad genérica de servicios de aseo, no

se infiere alguna otra específica que lefuera particularmente encomendada al señor C.A., en

el documento contractual, seestablece que las funciones las realizaría:«(…)de conformidad a lo

establecido enel manual de funciones o descriptor de puestos de esta institución y a (sic) [de]

efectuar cualquier otra tarea inherente al cargo que le sea encomendado (sic) por el Jefe (sic)

inmediato (…)»(folio 50 frente del expediente del juzgado).

Delo anterior, no se vislumbra que lacontratación de dicho empleado fuese para la

ejecución de una obra específica o para un servicio puntualmente determinado; de manera que,

conforme con los términos del contrato relacionado, no se cumple con dicha característica.

Respecto a(ii) sila contratación es derivada de las circunstancias de producción. Con

base enla prueba vertida enelprocedimiento llevado en sede laboral, que fue proporcionada

tanto por eltrabajador como por el Concejo Municipal de Quezaltepeque, no se encuentran

elementos probatorios que hagan concluir que la contratación del señor ARC responda a una

circunstancia temporal de satisfacer una necesidad momentánea del municipio; además, debe

tomarse encuenta que, según laconstancia de trabajo emitida por la jefa de Recursos Humanos

de la municipalidad, dicho empleado se venía desempeñando como auxiliar de aseo desde el uno

de febrero de dos mil diez. Asimismo, lafunción ha sido lamisma y corresponde a una de las

actividades propias establecidas enel artículo 4 número 19 del Código Municipal. De ahí que el

cargo del referido empleado seencontraba vinculado con las actividades ordinarias de la

municipalidad, y se ha evidenciado el carácter permanente de las funciones desempeñadas por

aquél dentro de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque; por tanto, no se cumple este supuesto.

Y,(iii) sila contratación de trabajadores interinos es para sustituir a otros con derecho a

reserva del puesto de trabajo. Dela lectura de la copia del contrato que se ha relacionado, en

ninguna parte se consigna que el señor C fue contratado para sustituir de manera interina las

labores de otro empleado.

Deacuerdo con loexpresado, a pesar de que el contrato indica que el plazo es de siete

meses, debe tomarse en cuenta que, según el artículo 11 de la LCAM, lo importante para

determinar la incorporación a lacarrera municipal esla permanencia enel cargo o empleo que,

desde luego, se deriva dela naturaleza de la función, sin importar la forma enque se hubiere

ingresado al puesto laboral [que, en este caso, fue por la suscripción de un contrato de trabajo].

Es decir, ese artículo preceptúa que para pertenecer a lacarrera administrativa municipal es

necesario que elfuncionario o empleado municipal desempeñe un cargo permanente,

comprendido en los artículos 6 [nivel de dirección], 7 [nivel técnico], 8 [nivel de soporte

administrativo] y 9 [nivel operativo], sin importar laforma en que se haya ingresado al cargo o

empleo municipal –que podría ser por contratación o por nombramiento administrativo–. De ahí

que, aunado a que la misma municipalidad no ha puesto en duda el ejercicio de las labores

desempeñadas, se infiere que el cargo o empleo era permanente.

Así las cosas, se reitera que eltrabajador enrelación comenzó a laborar para la

municipalidad de Quezaltepeque desde eluno de febrero de dos mildiez como auxiliar de aseo,

tal como se acredita con la constancia emitida por la jefe de Recursos Humanos; en ese sentido,

conforme con lajurisprudencia, disposiciones legales citadas y ladocumentación relacionada, se

concluye que dicho trabajador está incluido enlacarrera administrativa municipal y,por ello,

goza de los derechos y tiene la carga de cumplir las obligaciones inherentes a la misma.

Consecuentemente, el señor ARC está protegido por la garantía dela estabilidad enel cargo,

salvo las excepciones de ley, naciéndole el derecho de promover la pretensión de nulidad de

despido que regulan los artículos 74 y 75 de la LCAM.

2. Las autoridades demandantes han alegado que: «(…)Se violenta esta normativa [el

Código Laboral], enelsentido que se aplica elArts. 55 Inc. 2° y 3° del Código de Trabajo, para

tener por establecido que se trata de un despido (…)la aplicación del Código de trabajo(sic) se

hace (…) ignorando lo dispuesto enelArt. 23 del Código de Trabajo, que ensu numeral 4

establece (…) y el Art. 48 del mismo Código de Trabajo, al establecer las causas de terminación

sin Responsabilidad (sic) para ninguna de las partes y sin intervención Judicial (sic), enel

Ordinal 1ª (sic), se dispone: “Porel cumplimiento del plazo”(…)» (folio 4 frente y vuelto).

Enel análisis reseñado enel número 1. supra, se abordó el tema de la estabilidad laboral

de los señores FJHN y ARC y se dijo que están incluidos enla carrera administrativa municipal.

Aunado a que esta Sala considera que la LCAM es una ley especial que desarrolla los

principios constitucionales relativos a ese régimen disciplinario y brinda, entre otros derechos, la

estabilidad enel cargo [artículo 1], y, desde esa perspectiva, una de las garantías de los miembros

de la carrera administrativa municipal es que cualquier decisión encaminada a sancionarlos,

suspenderlos o despedirlos, debe estar respaldada enlos procedimientos específicos y

determinados en esta norma.

Por ende, el ámbito normativo aplicable a la situación de los referidos trabajadores eselde

la LCAM. Demanera que, por las razones anteriores, no se puede considerar el motivo de

ilegalidad encuanto a la violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica señalados,

bajo los términos planteados por la parte actora.

3. Finalmente, es procedente verificar sise ha violentado el principio de autonomía

municipal, tal como plantean los demandantes, enel sentido que la decisión de terminar la

relación laboral controvertida va encaminada a lograr los planes de desarrollo enrespuesta a las

necesidades del municipio.

Así, debe tomarse encuenta que la autonomía, como principio directriz del ejercicio

propio de las competencias designadas a las municipalidades, se entiende como aquella capacidad

propia de autodeterminación administrativa, que posibilita la forma más eficaz de cumplir las

atribuciones que constitucional y legalmente competen. Sin embargo, las competencias ejercidas

no pueden iren contra del ordenamiento jurídico que rige a los municipios, especialmente, del

ámbito normativo que prevé la LCAM.

Particularmente, habiéndose conocido el fondo del asunto y concluido que los señores

FJHN y ARCno están excluidos de la carrera administrativa municipal, los demandantes no

pueden ampararse enla autonomía municipal para violentar el derecho a la estabilidad laboral de

los señores enreferencia, ya que tal prerrogativa no esabsoluta sino que debe ejercerse en

consonancia con otros derechos [laborales, para elcaso] que también son potenciados por el

ordenamiento constitucional e, incluso, de mayor sensibilidad en términos de dignidad humana,

fin que persigue y salvaguarda el Derecho Administrativo.

De acuerdo con los puntos señalados, esta Sala considera que no hubo violación del

derecho a la autonomía municipal, en los términos alegados por la parte actora.

POR TANTO, con base en los argumentos expuestos y los artículos 68, 71, 74 y 75 de la

Ley dela Carrera Administrativa Municipal; 216, 217, 218 y 272 del Código Procesal Civil y

Mercantil; y31, 32, 33, 34 y 53 dela Ley dela Jurisdicción Contencioso Administrativa -ya

derogada pero aplicable alpresente caso en virtud del artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa vigente-; en nombre de la República, esta Sala FALLA:

1) Declarar que no existen los vicios de ilegalidad, alegados por el Alcalde yelConcejo,

ambos del Municipio de Quezaltepeque, departamento de LaLibertad, por medio de su

apoderado general judicial, licenciado S.R.V.R., en los siguientes actos: